Sentencia 13602 de julio 25 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 13602

Aprobado Acta 85

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., veinticinco de julio del dos mil dos.

Resuelve la Corte la acción de revisión promovida por el apoderado de Roberto Julio Camberos Hernández, contra la sentencia de 21 de junio de 1995, mediante la cual el Tribunal Nacional, al confirmar la proferida el 22 de agosto de 1994 por un juzgado regional de Bogotá, lo condenó, junto con Numael Ramírez (a. William), y Roberto Pabón, a la pena principal privativa de la libertad de 28 años de prisión, como coautores responsables de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso homogéneo, rebelión y hurto agravado.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 31 de octubre de 1987, en las horas de la mañana, una escuadra conformada por seis guerrilleros (cinco hombre y una mujer), perteneciente al vigésimo segundo frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, interceptaron en el “Alto de Bejucales” del municipio de Yacopí (Cundinamarca), a más de un centenar de campesinos de distintas veredas que se dirigían en pequeños grupos a la base del Ejército Nacional ubicada en el “Alto de la Mesa”, a cumplir una cita con su comandante. Al cabo de un rato empezaron a liberarlos por grupos, dejando en su poder a diez (10) personas (nueve hombres y una mujer), a quienes decidieron dar muerte, acusándolas de ser colaboradores de los militares. Las víctimas fueron maniatadas e inmovilizadas por parejas, y después atacadas a machete. En desarrollo de estos hechos murieron Rosabelia Carrillo Mahecha (fls. 52, 60, 197/1), José Fabio Soto Medina (fls. 53, 61, 194/1), Pablo Villamil Suavita (fls. 54, 62, 196/1), José Ernesto Villamil Ocaño (fls. 55, 63, 195/1), Gumersindo Carrillo Mahecha (fls. 56, 64, 192/1), Ramiro García (fls. 57, 65, 193/1), Urbino Lugo Carrillo (fls. 58, 66, 191/1) y Álvaro Rodríguez (fls. 59, 67, 190/1), y lograron sobrevivir, no obstante las heridas recibidas, Segundo Eliécer Villamil Ocaño (fls. 96, 124, 332/1) y Juan de Jesús Osorio Melo (fls. 162, 331/1).

Los testimonios de estos últimos, y de varios de los campesinos que fueron retenidos en el lugar del crimen, permitieron establecer desde los albores de la investigación que del grupo guerrillero hacían parte tres personas oriundas de la región: (1) Numael Ramírez (a. William), hijo de la señora Rosa Ramírez, (2) Roberto Pabón, hijo de la señora Leonides Pabón; y (3) Roberto Camberos, hijo de la señora Leonor Camberos, residente en el caserío de la inspección de Patevaca (fls. 117, 125, 131, 138, 142, 147, 150, 153, 233, 236, 243/1).

Con el fin de acreditar la identidad de los imputados, los funcionarios instructores allegaron al proceso copias de las tarjetas decadactilares correspondientes a las cédulas de ciudadanía Nº 462.891 expedida a nombre de Numael Ramírez, hijo de Rosa Ramírez, natural de Ibama – municipio de Yacopí (fls. 136, 205/1); y Nº 3.255.184 expedida a nombre Roberto Pabón, hijo de Leonides Pabón, también natural de Yacopí (fls. 137, 206, 209/1), y realizaron reconocimientos fotográficos, siendo identificados por los testigos (fls. 141, 142, 146, 148, 150, 236/1). En vista de ello, se ordenó emplazarlos por edicto, y se dispuso su vinculación al proceso mediante declaración de personas ausentes (fls. 213, 215, 227 y 229/1).

A nombre de Roberto Camberos encontraron registradas dos cédulas de ciudadanía. La Nº 460.761 expedida a nombre de Roberto Julio Camberos, natural de Topaipí (Cund.), nacido el 18 de mayo de 1937, hijo de Rosenda Camberos; y la Nº 10.165.250 expedida a nombre de Roberto Julio Camberos Hernández, hijo de Roberto Julio Camberos y Tulia Hernández, nacido el 22 de abril de 1959 en Yacopí (fls. 135, 203, 207, 210, 351/1). La primera fue descartada por la edad del titular para la época de los hechos (50 años). La segunda se adjuntó al proceso en copia con ampliación de su fotografía (fls. 207 y 210/1), para ser mostrada a los testigos. También se incorporó al proceso copia del registro civil de nacimiento de Roberto Julio Camberos Hernández, con fundamento en los datos registrados en la tarjeta decadactilar (fls. 337 y 351/1).

En el propósito de determinar si se trataba de la misma persona que había participado en los hechos, se escuchó en declaración a José Cristóbal Zamudio Camacho (testigo), Juan de Jesús Osorio Melo (sobreviviente), Segundo Eliécer Villamil Ocaño (sobreviviente) Jorge Carrillo (hacendado de la región y padre de dos de las víctimas), Luis Alberto Jiménez (testigo), Leonor Camberos (supuesta madre del guerrillero) y Carlos Molano Aguilar (inspector departamental de Policía de Patevaca), a quienes se les mostró y preguntó por la fotografía aportada al proceso, con los siguientes resultados:

Segundo Eliécer Villamil Ocaño (sobreviviente) y Luis Alberto Jiménez Rodríguez (testigo), manifestaron que se trataba de la misma persona que intervino en los hechos (fls. 320 y 323/1). Jorge Carrillo lo identificó como hijo de Leonor Camberos, el mismo que en la región era conocido como Roberto Camberos (fl. 233/1). Juan de Jesús Osorio Melo (sobreviviente) manifestó que tenía parecido con el guerrillero Roberto Camberos (fl. 317/1). José Cristóbal Zamudio Camacho (testigo) afirmó no conocerlo (fls. 236, 239/1). Carlos Molano Aguilar (inspector departamental de Policía de Patevaca), dijo que la fotografía no pertenecía al hijo de Leonor Camberos (fls. 164, 326/1), y María Leonor Camberos (presunta mamá), aseguró que la persona de la fotografía no era su hijo, ni lo conocía (fl. 354/1). Precisó que el hijo suyo nació el 2 de agosto de 1962 en la Vereda San Luis del Municipio de Yacopí, es hijo de Luis Eduardo Vega, fue bautizado en la parroquia de Yacopí, y desde la edad de 13 años abandonó su casa, sin haber vuelto a tener noticias de su paradero. Algunos dicen que se incorporó a la guerrilla, y otros que se encuentra en Bogotá. Su nacimiento no fue registrado civilmente, y hasta donde tiene entendido no prestó servicio militar (fls. 352-3454/1).

Con fundamento en estos señalamientos, el Juzgado instructor ordenó el emplazamiento de Roberto Julio Camberos Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 10.165.250 de La Dorada (Caldas), hijo de Roberto Julio y Tulia, y lo vinculó al proceso mediante declaración de persona ausente (fls. 345, 346, 355 y 362/1). También fue vinculada al proceso a través de declaración de persona ausente, Claudia Esperanza Rusinque Osorio, con cédula de ciudadanía Nº 65.729.961 de Ibagué (fls. 428, 434 y 435/1), y mediante indagatoria, Nelson Soto Vanegas, quien se entregó voluntariamente a las autoridades meses después de los hechos, y reconoció haber tomado parte en la ejecución del múltiple crimen. Preguntado por los demás integrantes de la escuadra, manifestó conocerlos sólo por sus nombres ficticios, y no estar en capacidad de identificarlos (fls. 260, cdno. 1).

El 26 de agosto de 1988, el juzgado calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación contra los procesados, por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso homogéneo, concierto para delinquir, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares (fls. 455-473/1). Rituado el juicio, y dictada sentencia de primera instancia (fls. 171-193/2), el Tribunal Nacional, en decisión de 20 de agosto de 1991, decretó la nulidad de todo lo actuado desde la clausura del ciclo investigativo, por errónea calificación de la conducta e incompetencia (fls. 10-18, cdno. 3).

El 18 de junio de 1992, un juzgado de instrucción de orden público calificó nuevamente el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación respecto de Numael Ramírez (a. William), Roberto Pabón y Roberto Julio Camberos Hernández, por los delitos del homicidio agravado en concurso homogéneo, homicidio agravado en la modalidad de tentativa en concurso homogéneo, rebelión y hurto calificado; y reapertura de la investigación respecto de Nelson Soto Vanegas y Claudia Esperanza Rusinque Osorio, el primero por no aparecer claramente establecida su edad para la época de los hechos, y la última por ausencia de prueba respecto de su participación (fls. 258-275/2).

El 22 de agosto de 1994, el Juzgado Regional de Bogotá condenó a los acusados a la pena principal privativa de la liberta de veintiocho (28) años de prisión, como autores responsables de los delitos imputados en la resolución de acusación (fls. 460-476/2). Revisado este fallo en virtud del grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Nacional, mediante el suyo de 21 de junio de 1995, lo confirmó en todas sus partes (fls. 40-56, cdno. 3). Seis meses después (dic. 20/95), habiendo la sentencia hecho tránsito a cosa juzgada, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, dio captura a Roberto Julio Camberos Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 10.165.250 de La Dorada (Caldas), en las oficinas de reseña en Bogotá, cuando se disponía a tramitar el certificado judicial (fls. 495, 507, 508/2).

(...).

Se considera

1. Competencia.

La Corte es competente para pronunciarse de fondo sobre las acciones de revisión promovidas contra las sentencias dictadas en segunda instancia por el desaparecido Tribunal Nacional, como la que es objeto de estudio, acorde con lo dispuesto en el artículo 68.2 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D. 2700), hoy 75.2 del nuevo estatuto (L. 600/2000).

2. Causal invocada. Presupuestos. Alcance.

Se fundamenta en la causal tercera del artículo 232 del Decreto 2700 de 1991 (220 de la L. 600/2000), que autoriza la revisión del juicio “cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado o su inimputabilidad”. Dos son, por tanto, los presupuestos básicos para la configuración de este motivo de revisión: (1) que sobrevenga una situación fáctica o probatoria ex novo no conocida en el curso del proceso, y (2) que esta nueva evidencia fáctico probatoria tenga la virtualidad de establecer la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. Brevemente la Sala se referirá a cada uno de ellos.

1. Situación ex novo. Debe consistir en un hecho nuevo, o una prueba nueva. Por hecho nuevo en materia de revisión ha sido entendido, según reitera doctrina de la Corte, todo acaecimiento o suceso fáctico vinculado al hecho punible materia de investigación, del cual no se tuvo conocimiento en ninguna de las etapas de la actuación judicial, de manera que no pudo ser controvertido. Por prueba nueva, todo mecanismo probatorio (documental, pericial o testimonial) no incorporado al proceso, que da cuenta de un evento desconocido (se demuestra por ejemplo que fue otro el autor del hecho), o de una variante sustancial de un hecho conocido en las instancias, cuyo aporte ex novo tiene la virtualidad de derruir el juicio positivo de responsabilidad que se concretó en la decisión de condena (Cfr. revisión, dic. 1º/83, M.P. Reyes Echandía, y oct. 15/99, M.P. Arboleda Ripoll, entre otras).

Como puede verse, se trata de conceptos distintos, pero estrechamente ligados entre sí por una relación necesaria de complementación contenido – continente: El contenido son los hechos, en cuanto deben ser objeto de prueba. El continente es el medio probatorio, en cuanto recoge el hecho y sirve de medio para su incorporación al proceso. El hecho requiere de la prueba para su demostración, y la prueba del hecho para adquirir configuración jurídica. Por eso se ha dicho, con razón, que la referencia al hecho nuevo que trae la norma resulta innecesaria, y que bastaría la exigencia de la prueba nueva.

Contenido y entidad demostrativa de la prueba ex novo: Los hechos o pruebas nuevas deben tener un contenido específico: establecer la inocencia del procesado, o su condición de inimputable. Se ha planteado, en razón a la configuración de la causal, si para la procedencia de la revisión es necesario que exista certeza de la inocencia o inimputabilidad, como pareciera derivarse de la forma como quedó formulado el precepto a partir de la reforma de 1987 (D. 050), o si la prueba puede ser de menor entidad demostrativa, como lo preveía el estatuto anterior (D. 409/71), que autorizaba la revisión cuando surgían pruebas o hechos nuevos que establecieran la inocencia del condenado, y también cuando los hechos y pruebas nuevos constituían indicios graves de ella.

Para la Corte es claro que ambos supuestos siguen latentes en la nueva configuración de la causal, y que la prueba ex novo que legitima en consecuencia la revisión del juicio no puede ser sólo la que establece en grado de certeza que el procesado es inocente, o inimputable, sino también, la que contrasta de tal manera la evidencia probatoria en la cual se fundamentó la decisión de condena que ha hecho tránsito a cosa juzgada, que de haber sido conocida antes de su proferimiento, la decisión hubiese sido opuesta (de absolución), o distinta (el procesado habría sido declarado inimputable).

Esta conclusión responde a dos fundamentos, uno de contenido lógico sustancial, derivado de las finalidades de las acción, y otro de carácter procesal: (1) Sabido es que la revisión tiene por finalidad remover los efectos de cosa juzgada de una decisión injusta, connotación que la sentencia adquiere no sólo cuando logra probarse, más allá de toda duda razonable, que el sentenciado es inocente, o inimputable, sino cuando la evidencia ex novo tiene la entidad probatoria suficiente para tornar la condena en absolución, o el juicio positivo de imputabilidad en declaración de inimputabilidad. (2) De carácter procesal, porque sí es aceptado que la revisión sólo procede cuando logra demostrarse, en grado de certeza, que el procesado es inocente, o inimputable, el juicio rescisorio se haría innecesario, dado que ningún sentido tendría repetir la actuación para probar lo ya demostrado.

En síntesis, la causal se configura no sólo cuando se obtiene conocimiento cierto de que el condenado es inocente, o que actuó en estado de inimputabilidad, hipótesis que implicaría llegar probatoriamente al extremo opuesto del que se presume debe sustentar la sentencia (acreditación, más allá de toda duda razonable que el procesado es responsable, o imputable), sino cuando dejan de cumplirse los presupuestos sustanciales requeridos para proferir el fallo de condena, esto es, cuando la nueva evidencia probatoria torna discutible la declaración de verdad contenida en el fallo, haciendo que no pueda jurídicamente mantenerse.

3. Cuestión planteada en el caso concreto.

La acción se orienta a demostrar la primera hipótesis prevista en la causal planteada: que el sentenciado es inocente. Para el efecto, se aportaron pruebas testimoniales y documentales encaminadas a evidenciar que Roberto Julio Camberos Hernández, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 10.165.250 de La Dorada, es diferente de Roberto Camberos, indocumentado, a quien desde un comienzo se sindicó de haber participado en la masacre objeto de la investigación, y que nada tiene que ver con los hechos.

4. Fundamento probatorio del fallo de condena.

Las sentencias de instancia no relacionan en concreto las pruebas que sirvieron de fundamento para concluir que Roberto Julio Camberos Hernández (condenado) es el mismo Roberto Camberos que varios testigos señalaron como coautor de la masacre. Empero, por las referencias generales que hacen a los medios de prueba, debe asumirse que el juicio positivo de responsabilidad se sustentó básicamente en el “reconocimiento fotográfico” que hicieron los testigos Segundo Eliécer Villamil Ocaño (fl. 320/1), quien aseguró que se trataba del mismo Roberto Camberos que había participado en los hechos; Juan de Jesús Osorio Melo (fl. 317/1), quien manifestó que tenía parecido (fl. 317/1); y Jorge Carrillo, quien aseguró que se trataba de la misma persona conocida en la región como Roberto Camberos, hijo de Leonor Camberos (fl. 233/1), probanzas que consistieron en mostrar directamente a los testigos de la fotografía del implicado para que manifestaran si se trataba de la misma persona.

5. Nueva evidencia probatoria. Carácter ex novo. Eficacia.

El carácter ex novo de las pruebas allegadas para demostrar los fundamentos básicos de la causal invocada, resulta indiscutible, aunque conviene aclarar que existen dos clases de pruebas: Unas (la mayoría), que no hicieron parte del proceso cuya revisión se solicita, y dan cuenta de situaciones no conocidas por los juzgadores al momento de dictar sentencia, cuyo carácter ex novo deviene evidente. Otras (como la declaración de Leonor Camberos o Lozano, por ejemplo), que ya habían sido incorporadas, pero que contienen información adicional trascendente, desconocida también por los juzgadores al momento de dictar sentencia, situación que hace que materialmente revistan la condición de prueba nueva, en cuanto propician una percepción diferente (nueva) de la realidad histórica (fls. 81 de la Corte y 84 del anexo 1).

¿Qué demuestran los nuevos elementos de prueba aportados en el trámite del juicio rescindente, y cuál su incidencia en la declaración de verdad contenida en el fallo? Básicamente acreditan dos hechos: (1) Que Roberto Camberos y Roberto Julio Camberos Hernández son personas distintas, y no la misma como equivocadamente concluyeron los juzgadores de instancia. Y (2) que Roberto Julio Camberos Hernández ha desarrollado desde su infancia una vida en sociedad aparentemente normal, y que sus actividades en este campo, como en el personal, laboral y familiar, han sido públicamente conocidas, desenvolvimiento que contrasta con el que podría llevar un guerrillero de las características de los que cometieron el crimen.

El primer aspecto (personalidad distinta) quedó establecido con las declaraciones de María Leonor Camberos y Tulia Nieto Hernández (fls. 84 y 100 anexo 1), sus documentos de identidad (fls. 92 y 103 anexo 1, y 215 y 247, cdno. de la Corte), sus registros fotográficos (fls. 247 anexo 1), los registros fotográficos de sus hijos Roberto Camberos y Roberto Julio Camberos Hernández (fls. 91 y 276 anexo 1), la partida de bautismo de María Leonor Camberos y su hijo Roberto Camberos o Lozano (fls. 82 y 83, cdno. de la Corte), y el registro civil de nacimiento de Roberto Julio Camberos Hernández, que ya hacía parte del proceso (fl. 351, cdno. 1).

Del contenido de estas pruebas surge que Roberto Camberos, conocido también como Roberto Lozano, nació el 2 de agosto de 1962, en la vereda de San Luis del municipio de Yacopí, es hijo de María Leonor Camberos o Lozano y Luis Eduardo Vega, tiene cinco hermanos, se formó en la Inspección de Patevaca, carece de registro civil de nacimiento, es indocumentado, y abandonó su hogar a los catorce años para incorporarse a la guerrilla. Y que Roberto Julio Camberos Hernández, el sentenciado, nació el 22 de abril de 1959 en la vereda Terama del Municipio de Yacopí, es hijo de Roberto Julio Camberos y Tulia Hernández o Nieto, estudió y se formó en la Inspección de Puerto Libre o Rionegro (municipio de Puerto Salgar), y se identifica con la cédula de ciudadanía Nº 10.165.250.

A la demostración del segundo aspecto (que Roberto Julio Camberos Hernández, ha tenido un desenvolvimiento familiar, laboral y social de un ciudadano aparentemente normal), confluyen varias corrientes probatorias:

— Los testimonios de Roberto Julio Camberos (papá. Fl. 93 anexo 1), Tulia Nieto o Hernández (mamá. Fl. 100 ibíd.), Óscar Yesid Camberos (hermano. Fl. 104, ibíd.), Hermesenda Rodríguez Rocha (primera compañera marital. Fl. 225, ibíd.) y Anatilde Peralta Torres (segunda compañera marital. Fl. 144, ibíd.). De estas pruebas surge que Roberto Julio Camberos Hernández vivió en Puerto Libre o Rionegro al lado de sus padres hasta la edad de 18 años; que entre 1979 y 1989 convivió con Hermesenda Rodríguez Rocha, inicialmente en Puerto Libre y luego en la Dorada, de cuya unión nacieron dos hijos: Jenny Alejandra el 29 de julio de 1980 (fl. 233, ibíd.) y Roberto Julio el 23 de julio de 1983 (fl. 232, ibíd.); que desde 1992 hasta cuando fue detenido (dic./95) convivió con Anatilde Peralta Torres, primero en la Dorada y luego en Bogotá; y que de esta unión nació Samay Viviana el 25 de septiembre de 1993 (fls. 224 y 284, ibíd.).

— Los testimonios de Rodolfo Castillejo Ramírez (fl. 109, anexo 1), Carlos Eduardo Melgarejo Moreno (fl. 112, ibíd.), José Alfredo Sabogal Rojas (fl. 114, ibíd.), Ana Jesús Santamaría (fl. 129 ibíd.), Pedro José Martínez García (fl. 133, ibíd.) Carlos Julio Cárdenas Herrera (fl. 137, ibíd.) y Teresa Medina (fl. 140, ibíd.), residentes todos en el municipio de La Dorada, con los cuales se demuestra que Roberto Julio Camberos Hernández es una persona conocida en La Dorada desde mediados de la década de 1980, que ha desempeñado oficios varios (vendedor de “líchigo”, dependiente en el asadero “Los Arrayanes” de propiedad de Carlos Eduardo Melgarejo Moreno, vendedor de mercancías a crédito, y fotógrafo), y que su conducta familiar y social ha sido buena.

— Prueba documental que acredita, entre otros hechos, los siguientes: (1) que en el año de 1972 cursó tercer año de primaria en la Concentración “Mercedes Abrego” de la Inspección de Puerto Libre, municipio de Puerto Salgar (fl. 88, cdno. de la Corte). (2) Que entre el 2 de mayo de 1977 y el 29 de abril de 19 79 prestó servicio militar obligatorio (fls. 90, cdno. de la Corte y 168 del anexo 1). (3) Que encontrándose en el servicio militar obtuvo la cédula de ciudadanía (fl. 207/72). (4) Que en 1980 validó el quinto año de primaria en la escuela Marco Fidel Suárez del municipio de La Dorada Caldas (fl. 91, cdno. de la Corte). (5) Que entre los años de 1983 y 1985 mantuvo activa la cuenta de ahorros Nº 60-18625-2 del Banco de Colombia de La Dorada y realizó movimientos permanentes (fls. 92, cdno. de la Corte y 169 del anexo 1). (6) que entre 1984 y 1995 solicitó en tres oportunidades certificado judicial y de policía: el 5 de diciembre de 1984, el 2 de enero de 1990, y el 20 de diciembre de 1995 (fls. 221, cdno. de la Corte y 235-239 del anexo 1). (7) Que en el primer semestre de 1987 realizó operaciones comerciales de venta de mercancía a crédito (fls. 173-218 del anexo 1).

— Registros fotográficos correspondientes a diferentes épocas de su vida: cuando prestó servicio militar obligatorio en el Comando Aéreo de Combate Nº 1; cuando trabajó con la firma Stirling International en la construcción de puentes en la autopista Medellín-Bogotá; cuando vivió en el municipio de La Dorada con su familia, y cuando se trasladó y residenció en la ciudad de Bogotá (fls. 60-64, 68, 72 y 152-157 del anexo 1).

Paralelamente a esta nueva situación probatoria, indicativa, como ya se dejó dicho, de que Roberto Camberos y Roberto Julio Camberos Hernández son personas distintas, y que este último no ha sido guerrillero, se tiene que los testigos Juan de Jesús Osorio Melo (fls. 22 y 24 anexo 2), Jorge Carrillo (fl. 25, ibíd.), Segundo Jiménez Rojas (fl. 27, ibíd.), Segundo Eliécer Villamil Ocaño (fl. 37, ibíd.) y Carlos Molano Aguilar (fl. 42, ibíd.), al identificar a la mamá del guerrillero que participó en los hechos, señalaron la fotografía de Leonor Camberos, es decir, la correspondientes a la mamá de Roberto Camberos, descartando de esta manea la posible participación del hijo, de Tulia Nieto, cuya fotografía hacía también parte del álbum sometido a examen de los testigos (fls. 247 y 269-275 del anexo 1).

Socava también los fundamentos históricos del fallo atacado, la circunstancia de que Segundo Eliécer Villamil Ocaño, Luis Alberto Jiménez Rodríguez y Jorge Carrillos, únicos testigos que en el curso del proceso señalaron la fotografía de Roberto Julio Camberos Hernández como correspondiente a uno de los autores del hecho, no lo identificaron en la diligencia de reconocimiento en fila de personas; y que tampoco lo hicieron los testigos Nelson Soto Vanegas (fl. 278 del anexo 1), Segundo Jiménez Rojas, Luis Vicente Pérez, Teófilo Carrillo Virguez, Evelio Triana, José Rodrigo Martínez Rodríguez y Carlos Molano Aguilar. Solamente acertó, después de un intento fallido, Juan de Jesús Osorio Melo, pero cuando debió identificar a su progenitora terminó señalando la fotografía de Leonor Camberos, es decir la correspondiente a la mamá del otro implicado (fls. 20-34 y 35-47 anexo 2).

En resumen, se tiene que la persona que está cumpliendo la pena no es hijo de Leonor Camberos, y que desde la mayoría de edad, de acuerdo con la prueba aportada en el curso del juicio rescindente, ha llevado una vida de ciudadano corriente, situaciones ambas que debilitan los fundamentos básicos de la decisión de condena, haciendo que su contenido de justicia se torne discutible. De una parte, porque la sentencia se construye sobre el supuesto de que el condenado es la misma persona a la cual se refirieron los testigos, es decir, el hijo de Leonor Camberos, y esta verdad es rebatida por las nuevas pruebas. De otra, porque se estructura sobre el supuesto de que el sentenciado es guerrillero, perteneciente al Vigésimo Segundo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y los nuevos medios tienden a demostrar que Roberto Julio Camberos Hernández ha vivido siempre en sociedad, llevando una vida laboral regular, totalmente distinta de la que podría corresponder a un guerrillero que tiene la condición de combatiente activo.

Esto, sumado a los otros aspectos revelados por las nuevas pruebas, como la circunstancia de ser la señora Leonor Camberos y no Tulia Nieto la madre del guerrillero que participó en los hechos, situación que se deduce del señalamiento que de ella hicieron los testigos en diligencia de reconocimiento fotográfico, y los resultados negativos que arrojaron los reconocimientos del sentenciado en fila de personas por parte de los testigos Segundo Eliécer Villamil Ocaño, Luis Alberto Jiménez Rodríguez, Jorge Carrillo, Nelson Soto Vanegas, Segundo Jiménez Rojas, Luis Vicente Pérez, Teófilo Carrillo Virguez, Evelio Triana, José Rodrigo Martínez Rodríguez y Carlos Molano Aguilar, permiten afirmar que existen elementos de juicio abundantes para concluir que la verdad contenida en la sentencia puede no corresponder a la verdad histórica, y que de haber los juzgadores tenido acceso a la información de que ahora se dispone, antes del pronunciamiento del fallo, la decisión hubiese sido en sentido opuesto (de absolución).

Se cumplen, en consecuencia, los presupuestos requeridos para declarar fundada la causal de revisión planteada.

6. Fallo rescindente. Libertad del condenado.

Acorde con lo dispuesto en los artículos 240 del Código de 1991 y 227 del actual, la Corte invalidará la sentencia motivo de la acción en cuanto dice relación con la condena del sentenciado Roberto Julio Camberos Hernández, y ordenará el envío del proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito del municipio de La Palma (Cundinamarca), por ser el competente por razón de los delitos investigados, y el lugar donde ocurrieron los hechos (factor funcional y territorial), para que tramite nuevamente la causa, desde el acto de apertura a juicio (CPP, art. 400), y vuelva a dictar sentencia de conformidad con las pruebas que obran en el proceso, las que se aportaron y practicaron en la Corte, y las que se incorporen en la fase de juzgamiento.

Se dispondrá, así mismo, la libertad provisional del sentenciado, previa caución prendaria de un salario mínimo legal mensual ($ 309.000), que depositará a nombre de la Corte en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario. Para la obtención del beneficio deberá suscribir también diligencia de compromiso en los términos del artículo 368 del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Cumplidas estas condiciones se librará la correspondiente boleta de libertad, con la advertencia de que sólo produce efectos si Camberos Hernández no es requerido por otra autoridad en virtud de proceso diferente. Para el cumplimiento de este trámite se comisiona al presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto de la procuradora delegada, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Declarar fundada la causal de revisión a cuyo amparo se demandó la sentencia proferida en contra de Roberto Julio Camberos Hernández.

2. Invalidar la condena impuesta a Roberto Julio Camberos Hernández, contenida en los fallos de primer grado de 22 de agosto de 1994 proferido por un Juzgado Regional de Bogotá, y de segunda instancia de 21 de junio de 1995, dictado por el Tribunal Nacional. En los demás aspectos estos fallos mantienen su firmeza.

3. Disponer la reposición del trámite respecto de dicho procesado, desde el acto de apertura a juicio (CPP, art. 400).

4. Ordenar la libertad provisional de Camberos Hernández, en los términos indicados en la parte considerativa de esta providencia.

Notifíquese y cúmplase.

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