Sentencia 13606 de abril 4 de 2002

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 05001-23-24-000-1994-3606-01(13606)

Consejera Ponente:

Dr. María Elena Giraldo Gómez

Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa y otros

Demandado: Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho - Fiscalía General de la Nación)

Bogotá, D.C., cuatro de abril de dos mil dos.

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia denegatoria proferida, el día 20 de febrero de 1997, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

II. Antecedentes procesales

A. Actuación de primera instancia

1. Demanda:

Fue presentada el día 17 de febrero de 1994 por los señores Jorge Elkin, Adriana, Albeiro de Jesús, Laura Gredis, Omaira Mejía Figueroa y Samuel Mejía Sarria quien actúa en nombre propio y en el de su menor hija Ángela Mejía Figueroa (fls. 10 a 22, cdno. ppal.).

a. Pretensiones:

“2.1. QUE SE DECLARE A LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE JUSTICIA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - responsables solidaria, administrativa y extracontractualmente de los perjuicios morales y materiales causados a los demandantes al ser privado injustamente de la libertad y recluido en la Cárcel Nacional de Bellavista en el Municipio de Bello (Ant.), por órdenes del demandado, JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA, entre las fechas del 9 de febrero de 1990 y el 23 de abril de 1993.

2.2. QUE SE CONDENE solidariamente A la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE JUSTICIA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - a pagarle a los demandantes:

a) POR PERJUICIOS Y DAÑOS MORALES.

Con el equivalente en pesos de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, de mil gramos oro fino, para todos y cada uno de los demandantes, en aplicación de los artículos 106 del Código Penal, 4º y 8º de la Ley 153 de 1887 y de la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado.

b) POR PERJUICIOS Y DAÑOS MATERIALES

Consistente en la pérdida de ingresos monetarios que durante el tiempo que estuvo recluidlo en la cárcel, dejó de recibir, suma que se actualizará conforme lo preceptúa el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

LA NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE JUSTICIA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176, 117 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

Todo pago, así lo ordenará expresamente el fallo, se imputará primero a intereses, al tenor de los artículos 1654 del Código Civil” (fls. 11 y 12, cdno. ppal.).

Este último pedimento fue sustentado así:

“Por la pérdida de los ingresos económicos sufridos por el demandante Jorge Elkin Mejía Figueroa, mientras estuvo contra su voluntad e injustamente en la prisión y teniendo en cuenta que devengaba un salario de $ 80.000 mensuales, suma de dinero, que, al momento de pagarse, será actualizada” (fl. 17, cdno. ppal.).

b. Hechos:

“3.1. El 9 de febrero de 1990, fue capturado y puesto a disposición del Juzgado Séptimo de Orden Público, JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA.

3.2. El día 23 de abril de 1.993 se le concedió la libertad incondicional, por orden de la Jurisdicción de Orden Público;

3.3. Hecho anterior que constituye una PRESUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO ANTIJURIDICO, imputable a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE JUSTICIA - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN porque:

a) JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA, al momento de ser aprehendido el 9 de febrero de 1990 no era requerido por ninguna autoridad judicial;

b) tampoco estaba en situación de flagrancia o cuasi-flagrancia que ameritara su captura;

c) fue remitido por órdenes de la Rama Judicial, Juzgado Séptimo de Orden Público de Medellín, a la Cárcel,

d) Permaneció (91'411.200 o un total de 1.058 DIAS (sic) privado de su condición y derecho más sagrado, de LA LIBERTAD, en la Cárcel Nacional de Bellavista en el Municipio de Bello (Ant.);

e) El 23 de abril de 1.993 el Estado le concedió la libertad aduciéndole las siguientes razones:

‘no está demostrada la concurrencia del hecho...’;

no cometieron el hecho punible investigado’ (CONCEPTO DE LA FISCALÍA)

3.4. Al demandante le violaron los siguientes de derechos fundamentales:

a) su dignidad humana (C.N., art. 1º)

b) se violó su vida, su honra, su integridad moral, se le menoscabó la estimación social de que gozaba, y el buen Juicio que sobre él se había formado el grupo a que pertenece, frente a sus amigos, sus vecinos, su comunidad (C.N., art. 2º y 11);

c) su intimidad personal y familiar; (el recluso arrastra hasta su prisión, a toda su familia) (C.N., art. 15);

d) no se le respetó el derecho a su buen nombre (a él se le denominó durante mucho tiempo SINDICADO);

e) se le negó el derecho al libre desarrollo de su personalidad (art. 16);

“...La cárcel es un lugar sin condiciones higiénicas, donde carece el inculpado de lo preciso para su vestido y sustento; donde, sino es muy fuerte, pierde la salud; donde, sí enferma, no tiene conveniente asistencia y puede llegar a carecer de cama; donde, confundido con el vicioso y criminal, espera una justicia que no llega o llega tarde: “DE LA CAPTURA A LA EXCARCELACION, texto.

f) no gozó de la libertad, es decir, fue esclavo, o como técnicamente se le nombra en política criminal: —sindicado —detenido, aprehendido, —recluido, —condenado, etc.

g) se le negó e impidió el derecho a circular libremente; artículo 24 Constitución Nacional; (desterrado)

h) se le negó e impidió el derecho a la libre asociación (el hombre es un animal sociable), artículo 38 Constitución Nacional.

i) se le negó e impidió el derecho a la libertad de elegir al trabajo; mejor dicho, no faltó sino que se hubiera muerto de pena moral para así completar el cuadro patológico del daño total.

3.4. Se demanda a la Fiscalía, que forma parte de la Rama Judicial, tiene autonomía administrativa y presupuestal y el Fiscal tiene su representación frente a las autoridades del poder público y los particulares, artículo 49 de la Constitución Nacional, Decreto 2699 de 1991;

3.5. Se demanda al Ministerio de Justicia porque, en los procesos administrativos, la NACIÓN estará representada por dicho Ministro en lo referente a la rama judicial o jurisdiccional, artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.

3.6. JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA es hijo de SAMUEL y ÁNGELA; nacido en Sopetrán (Ant.) el 29 de Junio de 1.951

3.7. Son sus hermanos, ADRIANA MEJÍA FIGUEROA, SAMUEL ORLANDO MEJÍA FIGUEROA, ALBEIRO DE JESUS MEJÍA FIGUEROA, LAURA GREISD MEJÍA FIGUEROA, OMAIRA MEJÍA FIGUEROA, ÁNGEL MEJÍA FIGUEROA.

3.8. La reclusión en prisión de JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA, causó daños y perjuicios morales, imputable a la Administración, pues ella responde por el hecho de sus agentes y sus cosas” (fls. 12 a 15 cdno. 1).

2. Actuación procesal.

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda el día 25 de febrero de 1994, la corrección el 18 de marzo siguiente (fl. 32, cdno. ppal.); estas decisiones se notificaron al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación el día 9 de mayo del mismo año (fls. 33 y 34, cdno. ppal.).

a. Intervención de la Nación (Ministerio de Justicia). Afirmó que la actuación seguida por la administración de justicia se ajusta a la constitución y a la ley; que la afectación que soportó el señor Mejía Figueroa es la misma que corresponde a todas las personas que se encuentran en la misma condición, lo cual significa que no hay violación de la justicia distributiva que justifique jurídicamente la responsabilidad y destacó lo siguiente de las diligencias penales que obran en el expediente:

“si existió (sic) contra el actor Mejía Figueroa serios indicios sobre su responsabilidad según el juicio del juzgador de primera instancia, lo cual determinaba que esa actuación no apareciera libre de toda sospecha hasta el punto de afirmarse que su detención careciera de fundamento y si bien es cierto que a consideración de la Seccional de las Fiscalías Regionales de Medellín, esa actuación no alcanzó el grado de certeza que permitiera su condena, sí resalta que el fin perseguido por el investigador penal se encaminó directamente al esclarecimiento de la verdad procesal, por lo que según el principio de favorabilidad in dubio pro reo, se procedió a su absolución” (fl. 39, cdno. ppal.).

Adujo además que el demandante se limitó a reclamar indemnización de perjuicios materiales y morales sin explicar o justificar su existencia. Propuso la excepción de indebida representación con fundamento en que la ley otorga la representación legal de la Fiscalía General de la Nación al señor Fiscal General de la Nación, “correspondiéndole, por tanto, actuar, como parte demandada”. Finalmente solicitó “calificar dentro del proceso la conducta de los servidores públicos, quienes en la época de los hechos impugnados, 9 de febrero de 1993, se encontraban prestando sus servicios en el Juzgado Séptimo de Orden Público de Medellín y quienes dieron origen a esta demanda, con el objeto de que en la decisión definitiva se declare si son responsables por haber actuado con dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones y en caso de condena a la parte demandada, se les fije la cantidad de dinero con que deben contribuir al pago de los perjuicios señalados” (fls. 36 a 42, cdno. ppal.).

b. Intervención de la Nación (Fiscalía General de la nación): Explicó que en casos como este la jurisdicción administrativa ha sido reacia a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación, salvo que “se haya presentado una actuación dolosa de los funcionarios judiciales, o estos hayan incurrido en error grosero, de una magnitud tal que comprometa la responsabilidad de la entidad encargada de la prestación del servicio”. Precisó que la detención del señor Mejía Figueroa se ajustó a lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, si se tiene en cuenta que un declarante, el señor Luis Alfaro Durán Blandón, ante el Juzgado Séptimo de Orden Público, el día 14 de febrero de 1990, lo señaló como miembro de la Banda del Cerro que operaba en el barrio Villa Roca; que “tan acertada fue la decisión del Juzgado de Orden Público que otro despacho judicial, al resolver una petición de Habeas Corpus hecha por el señor Mejía Figueroa, denegó la libertad”; que dicho declarante Durán Blandón tuvo que abandonar la ciudad por las serias amenazas recibidas con ocasión de las denuncias que hizo con singular valor civil; que el mismo juzgado negó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento bajo el argumento de que la detención se fundamentó en una declaración de testigo que ofrece serios motivos de credibilidad y seriedad, mediante providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público mediante providencia del 5 de diciembre de 1990. Concluyó que, como existió fundamento legal para dictar y mantener la medida de aseguramiento de que fue objeto el señor Mejía Figueroa, no se dan los supuestos jurídicos que determinan la responsabilidad del Estado por estos hechos (fls. 52 a 58).

Posteriormente fracasó la etapa de audiencia de conciliación, que se realizó el día 30 de abril de 1996, porque no hubo acuerdo (fls. 124 y 125, cdno. ppal.).

3. Alegatos de conclusión.

El Tribunal ordenó el traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación de los escritos finales el día 30 de abril de 1996 (fl. 126, cdno. ppal.).

La Nación (Fiscalía General de la Nación) solicitó negar las pretensiones de la demanda con fundamento en que las acciones que dieron lugar a la privación de la libertad del señor Jorge Elkin Mejía Figueroa no le son imputables, toda vez que la detención la realizó el Ejército Nacional y la instrucción los Jueces de Orden Público que no hacen parte de la Fiscalía General de la Nación y, explicó lo siguiente:

“los juzgados de Orden Público no dependían orgánicamente de la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y jamás fueron incorporados a la Fiscalía General de la Nación como se desprende de una simple lectura del artículo 27 transitorio de la Constitución que enumera los organismos y recursos humanos que pasarían a la recién creada Fiscalía General de la Nación, y en cuyas obligaciones se subrogaría y en el cual no se mencionan los Juzgados de Orden Público”.

Agregó que los Jueces de Orden Público, por disposición del Decreto 2700 de 1991, se integraron a la jurisdicción ordinaria desde el momento en que empezó su vigencia y se denominaron Jueces Regionales. Concluyó que no es responsable por los daños alegados en la demanda, porque no impartió orden de captura contra Jorge Elkin, no lo capturó, no lo sindicó y tampoco lo investigó, pues sólo intervino en su favor para precluir la investigación (fls. 127 a 131).

Por su parte, el señor Agente del Ministerio Público es del criterio que debe accederse sobre las súplicas de la demanda con fundamento en que la retención se produjo sin orden de autoridad competente y sin que se encontrara en estado de flagrancia o cuasi flagrancia; precisó además que la declaración que sirvió de sustento a la medida es insuficiente y carece de respaldo probatorio. Echó de menos la vinculación al proceso de la Nación (Ministerio de Defensa) en consideración a que la detención, que a su juicio es ilegal, fue realizada por miembros del Ejército Nacional. Analizó lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, vigente para la época, y encontró acreditados los supuestos allí previstos para que proceda la indemnización por privación injusta de la libertad toda vez que el hecho imputado no existió (fls. 137 a 146, cdno. ppal.)

4. Sentencia apelada.

Denegó todas las súplicas de la demanda porque no se acreditaron los elementos que determinan la responsabilidad demandada. En relación con la indebida representación, precisó que el centro de imputación es la Nación por virtud de las acciones u omisiones predicables tanto del Ministerio de Justicia y del Derecho como de la Fiscalía General de la Nación, “de ahí que no se configure la excepción propuesta aunque la actividad final que supuestamente causó el daño estuviera a cargo de la Fiscalía General de la Nación”. Relacionó las actuaciones procesales surtidas a partir de la detención del señor Mejía Figueroa y dijo:

“Los encargados de administrar justicia obraron todo el tiempo bajo el imperio de la ley, acatando todos los requisitos y términos que ordenaba el Código de Procedimiento Penal para cumplir con sus funciones, que en este caso eran demostrar la responsabilidad penal del actor, función de la que en ningún momento se puede predicar falla alguna, pues las pruebas que se tenían eran suficientes para haber decretado la medida de aseguramiento, de acuerdo con los presupuestos exigidos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, además se observa que se le respetaron todos los derechos y garantías al retenido, pues se cumplió con todas las etapas de la fase instructiva, tratando de obtener todas las pruebas requeridas para dar certeza al juzgador ya fuera de la responsabilidad de los implicados o su inocencia, y en este caso no se puede olvidar, que se trataba de un proceso con más de 13 sindicados, donde la misma ley penal había suspendido todos los términos a que estaban sometidos los jueces de orden público, y que durante su tramitación se produjo la transformación de los juzgados de Instrucción de orden público o Fiscalías, además de que todas las solicitudes de libertad que presentó el actor como su defensor siempre se resolvieron lo más pronto posible y su negativa fue respaldada jurídicamente, más cuando la misma legislación permanente aplicable únicamente a los procesos tramitados ante la Jurisdicción de Orden Público expresamente prohibía otorgar el beneficio de la libertad provisional o condicional”.

Agregó, que “si bien existieron algunos inconvenientes relacionados con la competencia de algunos órganos que intervinieron en las decisiones, siempre la actuación estuvo encaminada a tratar de allegar las pruebas que generaran la certeza moral para resolver la situación de los procesados y los cuales coincidieron en que la declaración del testigo y el informe policial inicial ameritaban la medida mientras no desapareciera la duda que pesaba sobre la inocencia de los sindicados. No puede endilgarse falta de gestión en la investigación sino dificultad fáctica en su consecución, pues el principal y único testigo existente, fue sacado del medio con las amenazas que afectaban su integridad y la de su familia, tal como certificó el Despacho que tenía a su cargo el conocimiento del expediente”.

Con fundamento en apartes de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el día 25 de julio de 1994 (expediente 8666), señaló que el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, vigente para entonces, no prevé una responsabilidad objetiva del Estado sino que condiciona la procedencia de la indemnización que consagra, a la existencia de una actuación abiertamente injurídica de la autoridad judicial, de manera que si el funcionario que ordena la detención “lo hace obedeciendo los postulados de la ley, legitima su actuación y si se ejerció sin abuso o desviación de poder no puede predicarse ninguna responsabilidad”.

Explicó que la detención del señor Jorge Elkin Mejía Figueroa fue justificada y legal por lo cual no se configura ninguna de las causales establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal para que proceda la indemnización de perjuicios, porque es requisito indispensable “que se demuestre que la detención se originó porque el juez no expidió las resoluciones conforme a derecho, previa a una valoración seria y razonable de las distintas pruebas y circunstancias del caso”.

Además afirmó que todos los ciudadanos tienen la obligación de asumir cargas para lograr la convivencia social, dentro de las cuales está permitir al Estado el desarrollo de las actuaciones necesarias para perseguir a un delincuente y el de soportar las relativas a una investigación penal cuando existan serios motivos indicativos de que se ha cometido un delito.

Precisó que para la fecha en que fue detenido el señor Mejía Figueroa eran aplicables los decretos legislativos expedidos en vigencia de la Constitución de 1886, dentro de los cuales estaba el Decreto 180 de 1988, denominado Estatuto para la democracia, que en su artículo 7º consagró el tipo penal “Concierto para delinquir” por el que fue vinculado el hoy actor al proceso penal y que fue adoptado como legislación permanente mediante el decreto extraordinario 2266 de 1991, artículo 4º; el Decreto 2790 de noviembre de 1990, por medio del cual se dictó el estatuto para la defensa de la justicia que integró en una sola jurisdicción a los jueces de orden público y los especializados y el Decreto 99 de enero 14 de 1991, por medio del cual se modificó, adicionó y complementó el estatuto para la defensa de la justicia contenido en el Decreto-Ley 2790 de 1990 (fls. 154 a 176).

5. Recurso de apelación.

El demandante al interponerlo solicitó la revocatoria de la sentencia y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda; afirmó que el fallo es “inhumano, cruel, degradante” y contradice todos los postulados constitucionales y legales que consagran los derechos a la libertad, al debido proceso y la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y con fundamento en apartes de las sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado en los días 15 de septiembre de 1994, expediente 9391 y 12 de diciembre de 1996, expediente 10.299, indicó lo siguiente; que:

— es irrelevante el estudio de la conducta del juez para desestimar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad;

— la única condición sine qua non para que se excluya la responsabilidad del Estado prevista en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal es que se demuestre una actitud dolosa o culposa por el sindicado o los damnificados;

— si se prueba que el sindicado no cometió el hecho que se le imputó, pues es innecesario demostrar que el juez expidió resoluciones contrarias a derecho para que proceda la indemnización prevista en el mentado artículo 414, porque la norma no consagra ese requisito;

— la Administración no se exonera de responsabilidad con la sola prueba de diligencia o con la demostración de que la providencia se ajusta a derecho;

— la responsabilidad de la Administración no está condicionada a la existencia de una falla del servicio, el artículo 414 ibídem consagra, expresamente, un caso de responsabilidad objetiva que hace irrelevante el estudio de la conducta del juez (fls. 179 a 186, cdno. ppal.).

B. Actuación en segunda instancia:

La apelación se admitió el día 1º de julio de 1997 (fl. 191, cdno. ppal.) y luego se ordenó el traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación de escritos finales, el día 29 (fls. 191 y 193, cdno. ppal.). En dicha oportunidad la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio; la Nación (Fiscalía General de la Nación) solicitó mantener la decisión recurrida con fundamento en que la actuación que determinó la privación de la libertad del señor Mejía Figueroa se ajustó a derecho y en que los hechos de la demanda no le son imputables (fls. 195 y 196, cdno. ppal.).

Como no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, los presupuestos procesales se encuentran cumplidos y no existe reparo sobre la legitimación material en la causa, tanto por activa como por pasiva, se procede a decidir previas las siguientes,

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia denegatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de febrero de 1997, para lo cual examinará los siguientes aspectos: la indebida representación, propuesta como excepción; la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la detención preventiva; los hechos probados relevantes para la decisión; el caso particular y los perjuicios.

A. Excepción “de Indebida representación”.

De entrada se advierte fácilmente que lo propuesto como excepción de fondo no lo constituye; la indebida representación atañe con un hecho que, de ser cierto, sería constitutivo pero de nulidad procesal saneable. Basta examinar el Código de Procedimiento Civil para corroborar tal aserto. En efecto: su artículo 140 indica a la indebida representación como una de las causales procesales de nulidad (num. 7º) y como saneable (144 ibíd.).

La Sala comparte lo afirmado por el Tribunal en relación con la no prosperidad del hecho imputado por el apoderado de la Nación (Ministerio de Justicia y del Derecho) toda vez que sí se demandó a la Nación por hechos que dicen de la presunta responsabilidad de ésta, entre los representantes legales de dicha persona y que para este juicio están el Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación, porque la demanda indica la participación de esas autoridades en los hechos demandados.

En efecto:

• El artículo 149 del Código Contencioso Administrativo, contenido en el texto original del Decreto-Ley 1 de 1º de marzo de 1984, dispuso que “el Ministro de Gobierno representa a la Nación en cuanto se relacione con el Congreso y el de Justicia en lo referente a la Rama Jurisdiccional”.

• Como consecuencia de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 7 de julio, previó el funcionamiento desconcentrado y autónomo de la administración de justicia (art. 228),

• Posteriormente el Decreto-Ley 2652 de 25 de noviembre de 1991 le asignó al Director Nacional de Administración Judicial la función de “llevar la representación jurídica de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura” (art. 15, num. 4º).

• En la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Nº 270 de 7 de marzo 1996, se asignó al Director Ejecutivo de Administración Judicial la representación de la Nación - Rama Judicial - (art. 99, num. 8º).

Para la época de presentación de la demanda que motivó este proceso, día 17 de febrero de 1994, y en relación con los hechos procesales demandados intervinieron el Ministerio de Justicia, en lo que respecta a las actuaciones de los jueces de orden público, y la Fiscalía General de la Nación, en relación con las actuaciones de miembros de esa entidad(1) que participaron en la investigación penal que determinó la detención del señor Mejía Figueroa; nótese que esos hechos son anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 7 de marzo de 1996. Por lo tanto, es obvio jurídicamente y por el tiempo, que no se configura la indebida representación.

Ahora, como al momento en el cual se profiere el fallo la ley Estatutaria de la Administración de Justicia ya entró a regir habrá que tener presente esta circunstancia jurídica para que en el evento de que la Nación fuera declarada responsable y condenada a indemnizar los perjuicios causados habría que examinar cuál parte del presupuesto de las autoridades de la Nación sería(n) al(los) que se cargaría el pago de la condena. En el evento que dicho pago se ordenara con cargo a presupuestos diferentes del Ministerio de Justicia y/ Fiscalía General de la Nación no habría vulneración del derecho al debido proceso de la Nación, como entidad demandada, porque ella es una sola, y estuvo representada legalmente y tuvo en juicio todo el derecho de contradicción(2). Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 30 de octubre de 1997, en la que señaló la diferencia existente entre la legitimación pasiva y la indebida representación judicial:

“Podría afirmarse que el centro genérico de imputación —Nación— es una persona jurídica unitaria y como tal, para efectos procesales, considerada parte, sólo que en cuanto a su representación esa imputación se particulariza teniendo en cuenta la rama, dependencia u órgano al que, específicamente para los efectos de la responsabilidad extracontractual del Estado, se le atribuya el hecho, la omisión, la operación administrativa o la ocupación causante del daño indemnizable (CCA, art. 86).

Se trata, pues, de un problema de representación, no de legitimación en la causa, como acertadamente concluyó el a quo”.

En dicha providencia además se indicó que la condena debe imponerse a la dependencia de la Nación que le sea imputable el hecho u omisión que produjo el daño antijurídico que determinó la responsabilidad patrimonial del Estado, quien legalmente deberá asumir el pago de la condena.

Resulta ilustrativo tener en cuenta lo explicado al respecto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación cuando al resolver el conflicto de competencias administrativas surgido entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con ocasión del cumplimiento de una condena proferida en contra de la Nación (Ministerio de Justicia) por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el demandante, dijo:

“Advierte la Sala que la persona jurídica condenada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue la Nación y que el papel que desempeñó el Ministerio de Justicia en el proceso que dio origen a la mencionada sentencia, fue el representante de aquella, por derivarse responsabilidad de actuaciones de funcionarios de la Rama Jurisdiccional, como lo tenía establecido el inciso 3º del artículo 149 del Código Contencioso Administrativo.

No obstante, en virtud de la ley, aquella representación, fue radicada por el artículo 99,8 de la ley estatutaria de la administración de justicia (270/96), en cabeza del Director Ejecutivo de Administración Judicial, quien además, según el numeral anterior es el ‘ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan’.

Entonces, si por mandato de la ley la representación de la Nación en tratándose de procesos judiciales en que se la ha demandado por actos o hechos atribuidos a la Rama Judicial la tiene aquel Director Ejecutivo, resulta insustancial que la sentencia en cuestión le haya atribuido esa representación al Ministerio de Justicia, porque en el momento en que aquella se profirió, el 17 de junio de 1999, ya no la tenía.

Es claro, para la Sala, que la presencia del representante de la Nación en un proceso judicial, no lo convierte en la parte demandante o demandada (…).

Además, la circunstancia de que aquí se resuelva que es la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la encargada por la ley para satisfacer las obligaciones pecuniarias de la Nación - Rama Judicial, no significa que se esté modificando la providencia judicial contentiva de la condena, porque de ninguna manera se ha cambiado a la persona jurídica condenada, la Nación, y lo que se hace es simplemente reconocer lo que la ley ha establecido, en el sentido de que el representante de aquella ya no es el mismo que la representó cuando se inició el proceso, sino otro.

En síntesis, dándole la Sala prevalencia al derecho sustancial que acaba de exponerse, frente a la forma utilizada en la sentencia de expresar, sin necesidad, quien era el representante de la persona condenada, resulta imperativo resolver este conflicto de competencias, en el sentido indicado anteriormente”(3).

Las situaciones jurídicas vistas conducen, de un lado, a concluir que la indebida representación alegada —como hecho— por la Nación no es constitutiva de excepción de fondo porque, de ser cierta, no enervaría las pretensiones procesales sino que daría lugar a la anulación procesal, como se indica en el numeral 7º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. Como se puede ver la excepción de fondo sirve para destruir total o parcialmente las súplicas de la demanda mientras que la nulidad procesal sirve o para aniquilar el juicio.

Despejado el terreno sobre ausencia de vicios procesales anulables, se entra en materia de la contienda.

B. Responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación de la libertad

1. Consideración preliminar.

La responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de administrar justicia se derivó en vigencia de la Constitución Política de 1886, de lo dispuesto en el artículo 16 según el cual “Las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes, y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares”.

Posteriormente, en la Constitución de 1991 quedó ese tipo de responsabilidad y cualquiera otro quedó definida en el artículo 90, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de todas autoridades públicas.

Luego en consonancia con la última y precitada norma constitucional, la Ley 270 de 7 de marzo 1996, reguló ampliamente la responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados “por la acción o la omisión de sus agentes judiciales” y estableció que esa responsabilidad se daría o por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia, o por el error jurisdiccional y la privación injusta de la libertad (arts. 65 a 69).

Cabe resaltar que singularmente, en este caso, los hechos demandados según la demanda ocurrieron entre el 9 de febrero de 1990 y el 23 de abril de 1993, y que las normas jurídicas aplicables son tanto la Constitución de 1886 como la de 1991; se precisa que posteriormente a esos hechos de expidió la ley Estatutaria de Administración de Justicia. En claro esas situaciones se hará referencia a los derechos subjetivos cuya garantía la parte demandante invocó en la demanda, la regulación legal de la detención preventiva para el momento de ocurrencia de los hechos alegados y los supuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado fundados en esta circunstancia.

2. Derecho a la libertad.

Bajo la Constitución de 1886 estaba previsto en el artículo 23, el cual informaba lo siguiente:

“Nadie podrá ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definido en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo el arraigo judicial”.

Y en la Carta Fundamental de 1991 sobre tal derecho y en especial con la “libertad de movimiento”, se concretó así:

ART. 28.—Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas; así:

• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 en la cual se expresa, igualmente, que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

• En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972 que prescribe: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental relativo, porque está restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal. Este tema no es nuevo en la jurisprudencia; en tal sentido la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas’”(4).

3. Presunción de inocencia.

Es de categoría constitucional, por virtud del cual toda persona sindicada de cometer un delito está eximida de presentar pruebas que demuestren su inocencia y por tanto las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(5).

Estaba previsto desde antes de la expedición de la Carta de 1991, es decir bajo la vigencia de la Constitución de 1886, en las siguientes normas con fuerza material de ley:

• Ley 74 de 1968, que como ya se dijo antes ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su artículo 11 enseña que “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”(6).

• Ley 16 de 1974, por la cual se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en la cual el artículo 8º dispone: “Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...”.

• Decreto-Ley 50 de 1987 por medio del cual se expidió el Código Penal; su artículo 3º indicó la presunción de inocencia, al disponer que “Toda persona a quien se atribuya un hecho punible se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en sentencia ejecutoriada”.

En la Constitución de 1991 —que entró en vigencia el día 7 de julio del citado año— se consagró en el inciso 4º del artículo 29, según el cual: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”.

Luego, el legislador extraordinario en el Decreto-Ley 2700 dictado el día 30 de noviembre de 1991, que contiene el Código de Procedimiento Pena, expresa en el artículo 2º que: “En desarrollo de las actuaciones penales prevalece el principio de la presunción de inocencia según el cual toda persona se presume inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se produzca una declaración definitiva sobre su responsabilidad”. El precitado decreto ley entró en vigencia el día 1º de julio de 1992, según términos del artículo 1º transitorio ((7) ), es decir, para el caso, durante la detención preventiva a la que alude la demanda.

4. Detención preventiva en la ley penal.

Constituye una medida de aseguramiento, entre otras, por virtud de la cual la ley permite la limitación del derecho a la libertad de la persona sindicada “en aras de la persecución y prevención del delito confiadas a la autoridad”, que garantiza “el juzgamiento y penalización de las conductas tipificadas en la ley, entre otras cosas para asegurar la comparecencia del acusado al proceso”(8) e impide “al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción”(9).

Tiene respaldo en las siguientes fuentes jurídicas:

Antes de la Constitución de 1991, en vigencia de la Carta de 1886:

En la ya nombrada Ley 74 de 1968, aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su artículo 9º expresa:

“Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta (…). La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

En la citada Ley 16 de 1972 (aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José):

“ART. 7º—Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes y por las leyes dictadas conforme a ellas”.

Bajo la Constitución de 1991 el artículo 28, atrás citado textualmente, prevé la detención preventiva en determinadas y estrictas condiciones.

El legislador extraordinario en el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991 dispuso lo siguiente:

“ART. 397.—La detención preventiva procede en los siguientes casos:

1. Para todos los delitos de competencia de jueces regionales.

2. Cuando el delito que se atribuya al imputado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos años.

3. En los siguientes delitos:

• Cohecho propio (art. 141);

• Cohecho impropio (art. 142);

• Enriquecimiento ilícito (art. 148);

• Prevaricato por acción (art. 149);

• Receptación (art. 177);

• Fuga de presos (art. 178);

• Favorecimiento de la fuga (art. 179);

• Fraude procesal (art. 182);

• Incendio (art. 189);

• Provocación de inundación o derrumbe (art. 191);

• Siniestro o daño de nave (art. 193);

• Pánico (art. 194);

• Falsificación de moneda nacional o extranjera (art. 207);

• Tráfico de moneda falsificada (art. 208);

• Emisiones ilegales (art. 209);

• Acaparamiento (art. 229);

• Especulación (art. 230);

• Pánico económico (art. 232);

• Ilícita explotación comercial (art. 233);

• Privación ilegal de libertad (art. 272);

• Constreñimiento para delinquir (art. 277);

• Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (art. 278);

• Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (art. 303);

• Lesiones personales con deformidad (art. 333);

• Lesiones personales con perturbación funcional (art. 334);

• Lesiones personales con perturbación psíquica (art. 335);

• Lesiones personales con pérdida anatómica (art. 336);

• Hurto agravado (art. 351);

• Los contemplados en el Decreto 1730 de 1991.

4. Cuando en contra del sindicado estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión.

5. Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

6. Cuando el sindicado, injustificadamente no otorgue la caución prendaria o juratoria dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que la imponga o del que resuelva el recurso de reposición o cuando incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el acta de caución, caso en el cual perderá también la caución prendaria que hubiere prestado.

7. En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333, 334, 335, 336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone sin justa causa el lugar de la comisión del hecho”.

Respecto de la naturaleza excepcional de la detención preventiva y las condiciones necesarias para su procedencia resulta ilustrativo tener en cuenta lo manifestado por la Corte Constitucional

• “Los artículos 29 de la Constitución y 9º del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles impiden que, con base en simples indicios, se persista en la prolongación de la detención luego de un cierto lapso que de ninguna manera puede coincidir con el término de la pena ya que siendo ello así se desvirtuaría la finalidad eminentemente cautelar de la detención preventiva que terminaría convertida en un anticipado cumplimiento de la pena y se menoscabaría el principio de presunción de inocencia. Pese a que no es posible en abstracto traducir el concepto de detención preventiva razonable a un número determinado de días, semanas, meses o años o a una equivalencia según la gravedad de la ofensa, entre los múltiples factores a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del plazo de detención preventiva debe considerarse el tiempo actual de detención, su duración en proporción a la ofensa, los efectos materiales o morales sobre la persona detenida, la conducta que exhiba el acusado durante la reclusión, las dificultades objetivas propias de la investigación —complejidad respecto a los hechos, número de testigos o acusados, necesidad de una evidencia concreta, etc.—, la conducta de las autoridades judiciales competentes, el peligro de fuga, la posibilidad de reincidencia y la capacidad de destrucción de la evidencia”(10).

• “La detención preventiva, que implica la privación de la libertad de una persona en forma temporal con los indicados fines, previo el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 28, inciso 1º, de la Constitución Política, no quebranta en sí misma la presunción de inocencia, dado su carácter precario que no permite confundirla con la pena, pues la adopción de tal medida por la autoridad judicial no comporta definición alguna acerca de la responsabilidad penal del sindicado y menos todavía sobre su condena o absolución.

La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelanta el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal”(11).

• “El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no está en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales…”(12).

La secuencia normativa y la jurisprudencia indicada muestran que el derecho positivo Colombiano consagró y consagra el derecho a la libertad como un derecho fundamental no absoluto, limitado a ciertas condiciones y supuestos o constitucionales o legales; que una de las particulares restricciones a tal derecho es la detención preventiva que tiene carácter excepcional y está condicionada a supuestos también legales fundamentados en la efectividad de la presunción de inocencia.

5. Supuestos para la configuración de responsabilidad por “detención preventiva”.

La Sección Tercera del Consejo de Estado en la interpretación del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, contenido en el Decreto-Ley 2100 de 1991, ha adoptado dos clases de posiciones: una tesis “subjetiva o restrictiva” y otra “objetiva o amplia”.

El contenido de esa norma es la siguiente:

ART. 414.—Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

a. La primera de esas tesis, “subjetiva o restrictiva”, condiciona la mencionada responsabilidad del Estado en cuanto a la conducta, a que la imputada esté fundada en decisiones jurisdiccionales arbitrarias y abiertamente ilegales; al respecto pueden verse las siguientes providencias:

— Sentencia proferida el 1º de octubre de 1992; sostuvo que la providencia judicial que ordenó la detención preventiva que causa el daño debe contener una decisión ilegal, ostensible y manifiestamente errada(13).

— Sentencia dictada el día 25 de julio de 1994; precisó que “La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”, de manera que “la absolución final (...) no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención”(14).

— Sentencia expedida el día 15 de septiembre de 1994 en la cual se destacó que el error judicial es conducta que puede dar lugar a la responsabilidad del Estado; se dijo:

“En relación con la responsabilidad de la administración por PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, la Sala desea hacer las siguientes precisiones, por la vía jurisprudencia, a saber:

a) Ella toma apoyo en el artículo 90 de la Constitución Nacional y en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y se ubica en el ámbito de la responsabilidad directa del Estado por error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, y previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso, o como lo ha dicho la Corte Constitucional Italiana: ‘Todo procedimiento judicial que prive a la persona de uno de sus derechos fundamentales y que luego sea considerado erróneo’ (Sent. 12, feb. 2/78).

b) El error judicial puede responder a una errónea apreciación de los hechos, o a una desfasada subsunción de la realidad fáctica en la hipótesis normativa, o a una grosera utilización de la normatividad jurídica, en el caso sometido a consideración del juez.

c) El error de hecho, por sí solo, jamás será determinante de la responsabilidad administrativa, pues como lo enseña bien el Profesor Guido Santiago Tawil, (…) cualquiera que sea el vicio determinante de la resolución, el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismos considerados, sino en el MODO DE SUBSUMIR a éstos en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación en cada caso resulte obligada”. (La Responsabilidad del Estado y de los Magistrados y Funcionarios Judiciales por Mal Funcionamiento de la Administración de Justicia”. Depalma, pág. 54).

d) La responsabilidad de la Administración, dentro del ámbito que se estudia, no opera sólo en los casos contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues la Constitución Nacional ordena reparar el daño que se genere por una conducta antijurídica de ella. Con esto se quiere significar que el error judicial se debe reparar, no sólo en los casos de una INJUSTA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, sino en todos los eventos en que se demuestre, con fuerza de convicción, la existencia de una manifiesta equivocación. (...)

e) Además de la existencia del error judicial, en el pronunciamiento judicial, debe probarse la existencia de UN DAÑO FÍSICO O MORAL, evaluable económicamente, y una relación de causalidad entre el error y el daño indemnizable.

f) Conditio sine qua non para que se pueda declarar la responsabilidad de la Administración es la de que no se registre una ACTITUD DOLOSA 0 CULPOSA POR PARTE DEL SINDICADO o de los DAMNIFICADOS. (...)

g) La reparación por el daño causado debe ser integral, esto es, se debe indemnizar tanto el daño emergente, como el lucro cesante y el daño moral. Ni la Constitución Nacional ni ley alguna han puesto limitaciones en este particular”(15).

— Sentencia pronunciada el día 17 de noviembre de 1995, se precisó que fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal el demandante debe demostrar no sólo que la detención preventiva que se le dispuso fue injusta, sino que fue injustificada y que “habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no sería otra que el error jurisdiccional”(16).

— Sentencia dictada el día 2 de octubre de 1996(17); indicó que “Para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medidas privativa de la libertad”.

b. En la segunda tesis jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado causada en detención preventiva, “objetiva o amplia”, se sujeta esta responsabilidad y en cuanto a la conducta imputada a que la persona que ha sido privada de la libertad y que posteriormente ha sido liberada como consecuencia de una decisión de autoridad competente, ésta haya sido fundamentada en que el hecho no ocurrió, o no le es imputable o que no constituyó conducta punible, sin necesidad de valorar la conducta del juez o de la autoridad que dispuso la detención.

La Sala adoptó la última posición jurisprudencial mencionada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de 1991 y mediante la interpretación del artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991; expresó que bastaba la demostración de la antijuridicidad del daño imputable a la Administración para que se configurara la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que fuera menester la evaluación de la conducta del funcionario judicial y la de comprobación de si la misma era errada, ilegal, arbitraria o injusta. Los principales lineamientos de esta jurisprudencia están contenidos en las siguientes providencias:

— Sentencia proferida el día 30 de junio de 1994(18):

“el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal consagra una acción indemnizatoria en contra del Estado y a favor de quien ha sido privado injustamente de la libertad, cuando sea exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible. Como en el sub iudice se determinó la inexistencia de hecho punible, el actor tiene derecho a reclamar del estado colombiano, una indemnización por los perjuicios sufridos. Este artículo 414 es fiel desarrollo del artículo 90 de la Carta Política, sólo que circunscrito al daño antijurídico proveniente de las precisas circunstancias allí previstas”.

— Sentencia proferida el día 12 de diciembre de 1996(19):

“Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiere la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en este caso se traduce en la demostración de que dicha providencia estuvo ajustada a la ley (...).

Por las mismas consideraciones, en estos casos tampoco puede exigirse al demandante, como requisito de procedibilidad de su pretensión indemnizatoria que haya interpuesto los recursos legales contra la providencia que ordenó la detención; y este es el motivo por el cual, a juicio de la Sala, la Ley 270 de 1996 al enunciar los presupuestos de la responsabilidad estatal por error judicial dentro de los cuales se encuentra el de que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, exceptúa los casos de privación de la libertad, disponiendo que en dichos eventos no es necesario el cumplimiento de tal requisito”.

— Sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001(20):

“No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado” (resalta la Sala)”.

c. Posición actual de la Sala.

La Sala reitera lo manifestado en la sentencia proferida el día 27 de septiembre de 2001 porque considera que en estos eventos la responsabilidad del Estado existe cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de un sujeto que fue absuelto porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 90 de nuestra Constitución Política el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, de manera que si un sujeto es privado de la libertad en desarrollo de una investigación penal y posteriormente liberado mediante providencia judicial en la que se resuelve desvincularlo del proceso penal, los daños que demuestre y que deriven de la detención deben serle indemnizados, toda vez que no estaba en el deber de soportarlos. 

Dicho en otras palabras, cuando una persona es privada de la libertad por virtud de decisión de autoridad y luego puesta en libertad por la misma autoridad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, ya sea porque el hecho imputado no existió, o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, este daño es indiscutiblemente antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

No es necesario, generalmente, demostrar la existencia de una decisión errónea; conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que una providencia judicial proferida conforme a la ley que prevé y regula la detención preventiva, puede causar un daño antijurídico cuando en el curso de la investigación penal no se desvirtúa la presunción de inocencia del sindicado que, en cumplimiento de dicha providencia, ha sido privado de la libertad. 

Se precisa igualmente que no es de recibo el argumento, aducido por el Tribunal, según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la convención de derechos humanos y en nuestra carta magna, en particular el in dubio pro reo. Al efecto cabe tener en cuenta que la Sala consideró, en sentencia proferida el día 18 de septiembre de 1997 que: “No puede aceptarse que la falta de actividad probatoria por parte del Estado la tengan que soportar, privados de la libertad los sindicados, cuando precisamente del cumplimiento a cabalidad de dicha función depende el buen éxito de la investigación y desde luego solamente con una adecuada prueba, indicio grave de responsabilidad, se repite, era procedente la imposición de la medida de aseguramiento”(21)

El estudio anterior hecho (CPP, art. 414) muestra que la responsabilidad patrimonial del Estado por detención preventiva procede cuando se cumplen los siguientes supuestos:

• que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad;

• que sea exonerado mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente;

• que la decisión absolutoria se haya fundado en que el hecho no existió, en que el sindicado no lo cometió o en que el hecho que realizó no era punible; y

• que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños.

• que el sindicado no haya determinado su detención con su conducta dolosa o gravemente culposa.

Según el artículo que se comenta, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima.

Cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible la privación de la libertad resulta siempre injusta, puesto que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar.

Partiendo entonces del principio de legalidad analizado y de la interpretación de la jurisprudencia se analizarán los hechos demandados y los medios de convicción que existen al respecto para definir el recurso único, interpuesto por el demandante contra la sentencia denegatoria.

C. Caso particular.

Los actores pretenden la declaratoria de responsabilidad del Estado por los daños materiales y morales que, afirman, les fueron causados con la privación de la libertad de que fue objeto el señor Jorge Elkin Mejía Figueroa, la cual se dio entre los días 13 de febrero de 1990 y 21 de abril de 1993

1. Hechos probados relevantes para la decisión.

En el juicio están contenidas las diligencias y las actuaciones adelantadas contra el señor Mejía Figueroa por la jurisdicción de orden público y por la Fiscalía General de la Nación, las cuales fueron trasladas a solicitud de ambas partes.

a.1. El día 13 de febrero de 1990 Jorge Elkin Mejía Figueroa fue retenido por miembros del Ejército Nacional en desarrollo de la operación Génesis, encaminada a capturar a los supuestos miembros de las bandas que operaban para la época en las comunas de Medellín. El señor Mejía fue capturado junto con aproximadamente 30 personas y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Criminal y de Reparto por el director del Batallón de Infantería Nº 10 Girardot. En el correspondiente informe se afirma que pertenecía a la banda de sicarios denominada “EL CERRO” (fl. 54, anexo 1).

a.2. El día 14 de febrero de 1990 el señor Luis Alfaro Durán Blandón rindió declaración ante la Juez 7ª dentro del expediente radicado Nº 2036, en el que relacionó los nombres de numerosas personas retenidas por el Ejército y manifestó que pertenecían a las bandas de sicarios que operan en el nororiente de Medellín. De su declaración la Sala destaca lo siguiente.

“Diego Fernando Vélez es de la banda El Cerro, Alberto Alonso Zapata Holguín, también es de la banda El cerro, Juan Carlos Ruíz Gallego, es de la banda de Guilligan; Jorge Elkin Mejía Figueroa, de la banda El cerro; Jorge Luis Tobón Bedoya no es de ninguna banda, es hijo de una señora que me colabora mucho y me da información a mí... Preguntado. Porque tiene conocimiento de quienes pertenecen a una y otra banda? Porque la comunidad de los vecinos ahora que yo metí la cabeza para limpiar el barrio Villa Roca me están colaborando y me han señalado y explicado como se llama el uno y como se llama el otro y yo personalmente los conozco a ellos pero no les sabía los nombres hasta hace poco, pues dentro del barrio Villa Roca hay unos amigos que tienen un hermano que es propietario de una carnicería en el barrio Versalles, cerca al sector donde funciona la banda El cerro” (fls. 124 a 126, anexo 1).

a.3. El día 16 de febrero de 1990 fue recibida en el Juzgado 7 de Orden Público una comunicación, suscrita por la Junta de Acción Cívica Liberal del Barrio Manrique Colima, en la cual algunas personas afirman que el señor Jorge Elkin Mejía Figueroa reside en ese barrio, es un ciudadano de bien que se desempeña como zapatero y que simplemente extravió sus documentos de identidad (fl. 129 anexo 1).

a.4. El 19 de febrero de 1990 dicho señor fue oído en indagatoria por la juez 7ª de Orden Público de Medellín (fl. 120, anexo 1).

a.5. En los días subsiguientes a esa captura la juez 7ª de orden público recibió varias declaraciones de habitantes del sector quienes manifestaron que no conocían al señor Jorge Elkin y que por lo tanto desconocían si fuese o no miembro de alguna banda de sicarios (fls. 34 a 76, anexo 1.)

a.6. El día 2 de marzo de 1990 el Juzgado 7 de Orden Público requirió a los agentes que participaron en la operación Génesis, en la cual fue capturado el señor Mejía Figueroa, para escuchar su versión. Este requerimiento fue atendido por el ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Infantería Nº 10 Girardot, quienes mediante oficio del 20 de marzo siguiente informaron que los sujetos requeridos se encontraban en otros municipios en cumplimiento del plan “DEMOCRACIA” (fls. 180 y 257, anexo 1).

a.7. El día 12 de marzo de 1990 la juez 7ª de Orden Público decretó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por violación a los decretos 180 de 1988 y 3664 de 1986 contra seis de los sindicados; fundó su decisión en la declaración rendida por el señor Luis Alfaro Duran Blandón y en los informes de las autoridades obrantes a folios 49 y 54 de expediente (fl. 199 y ss., anexo 1).

a.8. El día 13 de marzo de 1990 el Juzgado 15 Superior de Medellín negó la libertad solicitada por el señor Mejía Figueroa en ejercicio de la acción de habeas corpus, con fundamento en que la medida de detención se ajusta a derecho. Esa decisión fue comunicada al Juzgado 7º mediante oficio 074 de marzo 14 de 1990 (fls. 229 y 230, anexo 1).

a.9. Familiares, vecinos, amigos y conocidos del señor Jorge Elkin Mejía declararon ante la juez 7ª de orden público de Medellín; le manifestaron que el sindicado era un sujeto honesto, trabajador, amable, tranquilo, sano, solitario, que vivía con sus padres y hermanos, que devengaba entre $ 1.000 y $ 1.500 pesos diarios como zapatero, que dedicaba su ingreso para sus gastos y los de su madre. También afirmaron que al señor Mejía le gustaba el licor, pero no era de malos tragos ni vicioso y que su problema era que no portaba sus documentos de identificación (fls. 240, 245, 248, 247, 250, 251, 312 ss. anexo 1).

a.10. El día 14 de junio de 1990 el defensor del señor Mejía solicitó al Juez 7 de orden público revocar la providencia por virtud de la cual decretó la detención preventiva; le adujo la inexistencia de prueba suficiente en su contra y le invocó testimonios recibidos en el plenario de los cuales se destaca la honorabilidad y honradez del sindicado (fl. 396, anexo 1).

a.11. El día 15 de junio de 1990 el juzgado 7º de Orden Público negó la revocatoria de la medida de aseguramiento con fundamento en lo siguiente:

“el Despacho, disiente de lo afirmado por el abogado, pues no fue un ‘indicio grave de responsabilidad’ lo que dio soporte al auto que ordenó la detención preclusiva de su poderdante, sino una declaración de testigo que ofrece serios motivos de credibilidad, ya que con la cooperación del señor Luis Alfonso Durán Blandón ante las autoridades militares y policivas y posterior versión bajo la gravedad de juramento ante este Juzgado, señala a Jorge Elkin como uno de los integrantes de la denominada banda ‘El Cerro’, y no solo lo señala a él, sino también a los demás miembros de la criminal organización con sus respectivos nombres y apellidos, mencionando entre ellos como pertenecientes a la renombrada banda a: DIEGO FERNANDO VELEZ, ALBERTO ALONSO ZAPATA HOLGUÍN, JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA, JAIME ALBERTO ARBOLIDAD, etc., al tiempo que indica algunos otros elementos que hacen parte de diferentes organizaciones delictivas (fls. 125)” (fl. 407, anexo 1).

a.12. El día 20 de junio de 1990 el Secretario del Juzgado 7º de orden público registró en el expediente que “el testigo LUIS ALFARO DURAN BLANDÓN, por motivos de seguridad y porque venía siendo seriamente amenazado, tuvo que abandonar la ciudad y de ello se dejó constancia dentro del sumario Nº 213 donde él también fue testigo, razón por la cual pidió al Despacho se abstuviera de practicar diligencia de reconocimiento con los sindicados para no poner en mayor peligro su integridad personal y la de su familia. No sobra advertir que esta manifestación la hizo la semana pasada en presencia de un Abogado visitador de la Procuraduría Regional de esta ciudad cuando practicaba visita precisamente al sumario 213” (fl. 404 vto. anexo 1).

a.13. El día 26 de junio de 1990 el apoderado del señor Jorge Elkin Mejía Figueroa apeló el auto por el cual el juzgado 7º negó la revocatoria de la medida de detención preventiva (fls. 412 a 415, anexo 1).

a.14. El día 3 de julio de 1990 el señor Jorge Elkin Mejía pidió a la Juez 7ª de Orden Publico su libertad y le anexó el documento suscrito por el presidente de la junta de acción comunal del barrio Manrique Central y por otras personas, en el cual se lee que el señor Mejía es un hombre trabajador que se desempeña como zapatero “junto con su padre para dar servicio económico a sus familiares” (fls. 437 y ss. anexo 1).

a.15. El día 17 de julio de 1990 el señor Jorge Elkin formuló nueva petición de libertad con fundamento en que su única falta es haber estado indocumentado cuando se produjo su detención y en la necesidad de asistir a su madre que está enferma a causa de su detención (fl. 445, anexo 1).

a.16. El día 18 de julio de 1990 el defensor del señor Mejía Figueroa solicitó al Juez instructor la práctica de nuevas pruebas para demostrar la inocencia de su poderdante y el juez las negó con fundamento en que el principal testigo, Durán Blandón, “pidió al juzgado se abstuviera de practicar cualquier diligencia con su concurso porque su vida corría peligro toda vez que venía siendo amenazado por amigos y familiares de las personas encarceladas hasta el punto de que tuvo que abandonar la ciudad” (fls. 446, 447 y 449, anexo 1).

a.17. El día 8 de agosto de 1990 la Juez 7º de Orden Público revocó la detención preventiva decretada respecto de otro, Alcides Torres Guisao, de los sindicados junto con el señor Mejía con fundamento en las declaraciones de vecinos y testigos que afirmaron que este sujeto era una persona honesta y honorable y porque no se entregó al juzgado el trabuco que “el ejército afirmó haberle decomisado” (fls. 450 a 452, anexo 1).

a.18. El día 22 de agosto de 1990 el Tribunal Superior de Orden Público se abstuvo de conocer del recurso de apelación interpuesto por el señor Mejía Figueroa, por falta de competencia, y lo remitió al Tribunal Superior de Medellín; consideró que el único delito imputable al señor Mejía era el de porte ilegal de armas puesto que, a su juicio, no debía sindicársele del delito de concierto para delinquir (fl. 569, anexo 2).

a.19. El día 28 de septiembre de 1990 la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín manifestó que no conocería del recurso de apelación y, por lo tanto, remitió el conflicto al Tribunal Disciplinario (fls. 424 a 435, anexo 1).

a.20. El día 8 de noviembre de 1990 el Tribunal Disciplinario le asignó el conocimiento del proceso al Tribunal Superior de Orden Público (fl. 553, anexo 2).

a.21. Ese mismo día el señor Mejía Figueroa pidió, nuevamente, al Juzgado 7º de Orden Público decretar su libertad; adujo el grave estado de salud de su madre y su inmensa tristeza. Y el día 13 siguiente el juzgado le negó la libertad porque con la declaración de Durán Blandón se comprometió seriamente al sindicado; consideró:

“Bajo ningún concepto y por ningún momento o motivo, el peticionario tiene derecho a ningún beneficio, comenzando porque en la jurisdicción de Orden Público no hay derecho a libertad, provisional o condicional, rebaja de pena, condena de ejecución condicional, etc., si Jorge Elkin fuera inocente, desde cuando se le definió la situación jurídica, se le hubiera dejado en libertad, pero los cargos que pesan sobre el mismo aún prevalecen y por ende la Medida ha de mantenerse vigente tal como se anotó en párrafo anterior” (fls. 512 y 513, anexo 2).

a.22. El día 5 de diciembre de 1990 el Tribunal Superior de Orden Público confirmó dicho auto y precisó que la medida preventiva quedaba “vigente por el delito de concierto para delinquir únicamente, en lo relacionado con el apelante”. En la misma fecha el señor Jorge Elkin Mejía reiteró su solicitud de libertad con fundamento en lo dispuesto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (fls. 516 y 518, anexo 2).

a.23. El 20 de diciembre de 1990 el defensor del señor Mejía Figueroa solicitó nuevamente la libertad de éste; adujo que el sindicado llevaba más de 10 meses preso y que los jueces no habían obrado en forma pronta y eficaz (fl. 524, anexo 2).

a.24. El día 21 de diciembre de 1990 la Juez 7ª negó esas peticiones y reiteró el fundamento contenido en providencias anteriores (fls. 518 y 526, anexo 2).

a.25. El día 15 de enero de 1991 el Juzgado 7º profirió auto mediante el cual dispuso remitir todas las diligencias adelantadas en relación con el señor Jorge Elkin Mejía Figueroa a la Dirección Seccional de Orden Público, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2790 de 1990. En la misma fecha informó al Asesor Jurídico de la cárcel de Bellavista que el sindicado Mejía Figueroa quedaba a disposición de la Seccional de Orden Público en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 2790 de 1990 (fls. 534 y 535, anexo 2).

a.26. El día 6 de febrero de 1991 el Tribunal Superior de Orden Público remitió, mediante oficio 126, al Director Seccional de Orden Público los cuadernos correspondientes al expediente 1329 (sic), en el cual aparece como procesado el señor Jorge Elkin Mejía y le manifestó que “el presente proceso no se había enviado a esa Dependencia, de acuerdo a lo estatuido por el Decreto 2790/90, complementado por el Decreto 99/91, el cual suspendió términos debido a la reestructuración de la jurisdicción de Orden Público. El detenido JORGE ELKIN MEJÍA FIGUEROA, queda a disposición de esa Dirección en la Cárcel Bellavista de esa ciudad” (fl. 596, anexo 2).

a.27. El 9 de septiembre de 1991 el defensor del señor Mejía Figueroa solicitó al Director Seccional de Orden Público de Medellín decretar la práctica de nuevas pruebas tendientes a demostrar la inocencia de su defendido; igualmente refirió a testimonios obrantes en el proceso que dan cuenta de la honestidad del sindicado y solicitó su libertad en consideración al largo tiempo durante el cual ha estado detenido y a que la justicia ha cometido una gran equivocación (fls. 541 y 542, anexo 2).

a.28. El 16 de octubre de 1991 la División Primera de Instrucción de la Dirección Seccional de Orden Público solicitó a la Oficina de Reparto de la misma Dirección remitir el cuaderno original de proceso radicado bajo el número 2039 en el que aparece sindicado el señor Jorge Elkin Mejía Figueroa.

a.29. El 31 de octubre de 1991, la Dirección Seccional de Orden Público informó, mediante oficio 4398, a la Procuraduría Provincial de Medellín que el proceso 2039 se encontraba en etapa de instrucción; que el 23 de mayo de 1991 fue repartido a un Juez de Instrucción de Orden Público de Medellín y que la última notificación al sindicado la hizo el Juzgado 7º de Orden Público, por orden del Tribunal Superior de Orden Público de Bogotá, quien le comunicó que se había negado la revocatoria del auto de detención (fl. 551, anexo 2).

a.30. El día 7 de noviembre de 1991 el Juez de Orden Público dejó la siguiente constancia en el expediente:

“Con fecha de 23 de abril del corriente año le correspondió a este Despacho por reparto el proceso radicado bajo el 2039, CON PRESO. Habiéndose hecho entrega únicamente del cuaderno DE COPIAS con 463 folios, argumentando que el cuaderno original estaba en Bogotá, en apelación de un proveído, ante la insistencia de los abogados y de la Procuraduría sobre el estado del proceso, el suscrito Juez, en repetidas oportunidades averiguó por el regreso de tal cuaderno y siempre las respuestas fueron negativas, hasta el día veintiocho de octubre que personalmente volví a la oficina de reparto y como en veces anteriores nada sabían del mismo, y esa misma fecha se me pasa el citado expediente informando que estaba en un anaquel” (fl. 597 anexo 2).

Luego, tal juzgado envió el proceso a la Secretaría para que repartiera el expediente al fiscal correspondiente (fls. 597 y 598, anexo 2).

a.31. El 14 de noviembre de 1991 el Fiscal de Orden Público asignado al proceso 2039 observó que los términos de instrucción se encontraban vencidos y solicitó al Juez declarar cerrada la investigación; el juez en respuesta a esta petición ordenó la designación de defensor a los procesados que no los tuviesen (fls. 600 y 601, anexo 2).

a.32. El 4 de diciembre de 1991 el Juez de Instrucción de Orden Público declaró cerrada la investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto 2790 de 1990 (fl. 603, anexo 2).

a.33. El día 7 de enero de 1992 el Ministerio Público solicitó al Juez de Instrucción decretar la reapertura de investigación contra Mejía Figueroa (fls. 631 a 644, anexo 2).

a.34. El día 27 de febrero de 1992 el Juzgado de Instrucción de Orden Público calificó el sumario y resolvió reabrir investigación contra Mejía Figueroa por el delito de concierto para delinquir (fl. 675, anexo 2).

a.35. El día 19 de marzo de 1992 se dejó constancia secretarial: “pasa el cuaderno copia del proceso 2039 a la Sala de Radicación de la Seccional para que sea sometido a reparto entre los jueces de conocimiento” (fl. 700, anexo 2).

a.36. El día 12 de mayo de 1992 Jorge Elkin pidió al Juez de Orden Público dejarlo en libertad provisional en consideración al largo tiempo que ha permanecido en el penal y a que es inocente (fl. 703, anexo 2).

a.37. El día 28 de mayo de 1992 el Tribunal Superior de Orden Público revisó en grado de consulta la calificación realizada por el Juzgado de Instrucción de Orden Público y lo confirmó en lo relativo a la situación de Jorge Elkin Mejía Figueroa (fls. 690 a 696, anexo 2).

a.38. El día 5 de junio de 1992 el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Medellín negó la libertad solicitada por el señor Mejía Figueroa (fls. 705 a 709, anexo 2).

a.39. Luego se decretaron nuevas pruebas dentro de la etapa procesal subsiguiente a la reapertura de investigación, dentro de las cuales se incluyó una nueva declaración de los miembros del Ejército Nacional que participaron en la operación Génesis y del señor Durán Blandón que relacionó a los miembros de las bandas que operaban en los barrios de Medellín (fls. 726 ss., anexo 2).

a.40. El día 16 de junio de 1992 se informó al Jefe de la Unidad Investigativa de Orden Público que no había sido posible encontrar al señor Alfaro Durán Blandón para tomarle la declaración decretada, como tampoco a los miembros del Ejército Nacional requeridos con el mismo fin (fl. 746 anexo 2).

a.41. El día 18 de junio de 1992 el señor Jorge Elkin pidió nuevamente al Juez de Orden Público dejarlo en libertad (fl. 721, anexo 2).

a.42. El día 25 de agosto de 1992 la Fiscalía Regional Delegada dispuso el cierre de la investigación adelantada dentro del proceso Nº 2039 (fl. 764, anexo 2).

a.43. El día 15 de septiembre de 1992 el Ministerio Público rindió concepto dentro del proceso 2039 en el cual solicitó la preclusión de la investigación en favor de los procesados, con fundamento en la ausencia de pruebas; cuestionó fuertemente el valor probatorio de los testimonios que sirvieron de fundamento a la detención preventiva; dijo:

“La prueba testimonial como medio probatorio reclama y exige unas calidades y características que si no se encuentran en la declaración se impone su total rechazo. De ahí que a más de ser el testimonio de algo escrito y juramentado debe también ser un testimonio espontáneo, es decir que corresponda en origen a un acto libre en el que el testigo haga un relato que corresponda únicamente (sic) lo que hasta él llegó a través de sus sentidos, no por rumores y cometarios. Debe también ser el testimonio exhaustivo, preciso, sin ambigüedades, sin imprecisiones, que no incurra en generalidades pues se corre el riesgo, como ocurre en este proceso, de volverse un testimonio gaseoso y no poco contradictorio. Y las anteriores calidades imponen otra no menos importante y de gran significación, debe ser un testimonio razonado, es decir, ni más ni menos, que el declarante ha de indicar y expresar la razón de sus dichos y afirmaciones. Debe, finalmente, corresponder el testimonio a otras características como ser sincero, conteste, responsivo y provenir de sujeto procesalmente identificado. Ninguna de las anteriores calidades y características, señor Fiscal Regional, se aprecian o advierten en el par de declaraciones que ha servido de piedra angular para orientar la presente investigación (resalta la Sala; fl. 807, anexo 2).

a.44. El día 30 de octubre de 1992 el abogado defensor del señor Jorge Elkin Mejía pidió nuevamente preclusión de la investigación por ausencia de prueba. Cuestionó el proceder del Fiscal al no adoptar esta decisión frente al señor Mejía en la misma providencia mediante la cual decidió cerrar la investigación respecto de otro sindicado dentro del mismo proceso (fl. 825, anexo 2).

a.45. El día 6 de noviembre de 1992 el agente del Ministerio Público dentro del proceso 2039 advirtió al Fiscal de conocimiento que los términos para la nueva calificación de fondo “se han vencido en exceso”, a la vez que le solicitó agilizar el impulso procesal y “evitar de esta manera mortificantes informes a la Procuraduría en busca de un severo correctivo disciplinario” (fl. 827, anexo 2).

a.46. El día 8 de febrero de 1993 el señor Jorge Elkin pidió nuevamente su libertad definitiva, con fundamento en el largo período que ha permanecido recluido, en su buen comportamiento, en la ausencia de pruebas y en el grave estado de salud de su madre que por su reclusión sufre trastornos mentales que provocaron su ingreso al servicio de psiquiatría de la seccional del Instituto de Seguros Sociales. Anexó certificado del ingreso al centro hospitalario (fls. 842 y 843, anexo 2).

a.47. El día 18 de febrero de 1993 el señor Mejía Figueroa reiteró su solicitud de libertad; adujo presunta pena cumplida (fl. 849, anexo 2).

a.48. El día 2 de marzo de 1993 la Fiscalía Delegada Regional calificó por segunda vez el mérito del sumario, ordenó la preclusión de la investigación en contra de varios de los sindicados, entre ellos Jorge Elkin Mejía Figueroa; indicó:

“...en nuestro caso la prueba se hace aún más confusa por no haber flagrancia y por no haber decomisado ningún tipo de material en manos de los encartados. Dentro de ese marco nacen gran cantidad de dudas en torno a la responsabilidad de los encartados. En esta segunda oportunidad se pone de manifiesto la falta de claridad en la prueba, que no alcanza a demostrar la responsabilidad de los encartados dentro de los marcos de la resolución de acusación, solo queda y como lo solicita el señor representante del Ministerio Público, ordenar la cesación de todo proceso a favor de cada uno de los encartados. (…).

El concierto para delinquir, conducta permanente que exige demostrar su permanencia con el fin concreto de cometer delitos, la prueba está ausente dentro de esta averiguación. Tampoco se demostró la presencia de los sindicados en hechos delictivos que den lugar a la permanencia de la banda o a la vinculen con ella. Cada uno de los vinculados en las diferentes épocas del proceso, precisa que no pertenece a la banda y nos da unas razones de no haber permanecido en el lugar del delito, las que en ningún momento fueron desvirtuadas. (...).

El fundamento primero de la acusación que formula el único testigo, curiosamente aparece en otros procesos y aparece dentro de la presente investigación como una prueba trasladada. Dentro de estos parámetros no es prudente darle entera credibilidad dentro del marco del artículo 414 Ídem. (...).

El valor de la única prueba, el testimonio de Alfaro Durán y la versión del sargento Mesa Gutiérrez no permiten siendo el fundamento para una sindicación, cuando como lo destaca el señor representante del ministerio público, sus acusaciones nacen de un rumor, no reúnen por lo tanto la seriedad que se amerita. Estos vacíos probatorios no fue posible llenarlos en la segunda fase investigativa, razón por que queda sin ningún fundamento legal la prueba en contra de los encartados” (fl. 852 y ss.).

a.49. El día 21 de abril de 1993 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional revisó en grado de consulta la decisión que calificó el mérito del sumario y la confirmó en su integridad; dijo:

“(…) el funcionario que conoció inicialmente del mismo invirtió la carga de la prueba de los procesados; con la afirmación hecha por los oficiales que suscribieron los informes de captura y, con el señalamiento sin ningún respaldo probatorio que hiciera el informante Luis Alfaro Durán Blandón, se sostuvo la medida de aseguramiento y la imputación a los procesados a lo largo del proceso, en espera de que ellos que permanecían cobijados con la medida de aseguramiento de detención preventiva, aportaran otra clase de pruebas de su inocencia, diferentes a los testimonios de sus familiares, amigos, vecinos y antiguos compañeros de trabajo, que dieron cuenta de su ajenidad (sic) con los hechos investigados.

Si bien es cierto que en los informes mediante los cuales los militares pusieron a disposición del funcionario de instrucción a los capturados, hacen relación a la existencia de distintas bandas de sicarios en el sector de las comunas nororientales de Medellín, más concretamente en el sector del barrio Manrique; no es cierto que este documento por sí solo sea plena prueba de la existencia de las mismas y de la participación de los procesados como integrantes de esta clase de organizaciones criminales .(...) El declarante Durán Blandón, sostiene en su testimonio que conoce de las actividades de las bandas, porque la comunidad o los vecinos le están colaborando y le han señalado como se llama uno y otro. De lo anterior, se puede concluir que a este ciudadano no le consta a ciencia cierta las actividades de cada uno de sus acusados; menos puede decir que los procesados hacen parte de la banda del cerro; sus afirmaciones, no tienen respaldo probatorio alguno; no existe en el proceso, fuera de su cargo, ningún otro respecto de los sindicados... Mejía Figueroa,... máxime si no fue posible ampliar su testimonio tal como se había ordenado en la providencia en la que se dispuso la reapertura de la investigación (fl. 874, anexo 2).

Con el antecitado material probatorio, se examinará a continuación si se demostraron los supuestos de hecho necesarios para la prosperidad de las pretensiones procesales:

2. Análisis de la responsabilidad en el caso bajo juicio.

La Sala encuentra cumplidos los supuestos legales para que se configure la responsabilidad del Estado, contenidos en el artículo 414 del Decreto-Ley 2700 de 1991, puesto que al señor Jorge Elkin Mejía Figueroa se le precluyó la investigación en la cual se le sindicó de la comisión del delito de concierto para delinquir, con fundamento en que el hecho no existió. En efecto los medios de convicción, la mayoría documental pública, evidencia la realidad de los siguientes hechos:

• Que Jorge Elkin Mejía Figueroa fue retenido sin orden de autoridad competente y sin que se hubiesen presentado hechos de flagrancia; luego detenido preventivamente mediante decisión de autoridad judicial en desarrollo de investigación penal por el delito de concierto para delinquir;

• Que mediante providencia judicial ejecutoriada se dispuso la preclusión de la investigación y se ordenó su libertad;

• Que la decisión absolutoria se fundó en varias situaciones: la inexistencia del hecho, la ausencia de realización de alguna conducta por Jorge Elkin Mejía, menos aún punible;

• Que el sindicado y algunos de sus familiares sufrieron tristeza y congoja, y además se vieron privados de los ingresos que devengaba Jorge Elkin como zapatero;

• Que Jorge Elkin no determinó con su conducta, dolosa o gravemente culposa, la detención de que fue objeto y que por el contrario estuvo dispuesto y atento a contribuir con la investigación.

Tales situaciones fehacientemente representadas en juicio evidencian que la providencia apelada no debe confirmarse y, por tanto, hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación Colombiana. Se precisa además que si bien desde el punto de vista objetivo se estructura la responsabilidad y con ello sería suficiente, también se probaron falencias en las actuaciones penales, cuales son:

=> La ilegalidad de la detención del señor Mejía Figueroa, porque fue retenido sin que mediara orden de autoridad competente y sin que estuviese en flagrancia o cuasiflagrancia. Si bien es cierto que no portaba sus documentos de identidad al momento de su retención, este hecho por sí solo no legitimaba la aprehensión de que fue objeto y menos aún después su detención durante algo más de 3 años.

=> La insuficiencia de pruebas —como mínimo un “indicio grave”— para imponerle al señor Jorge Elkin Mejía la medida de aseguramiento de detención, por lo siguiente:

El informe presentado por el Ejército al momento de remitir los detenidos al juez de orden público sólo relacionó el nombre del señor Mejía; en ese documento no se contienen datos cualificados sobre las circunstancias de su retención relativos a los hechos que se le imputan ni de sus condiciones personales.

La declaración rendida por el señor Durán Blandón es pobre y sin fundamento porque se limitó a relacionar una serie de nombres sin especificar las acciones u omisiones en que incurrieron los mismos; afirmó que los datos que suministraba “le habían sido proporcionados por vecinos suyos”; relacionó gran cantidad de nombres que ubicó dentro de cada banda sin especificar los hechos o circunstancias conocidas por él para referir esa información. Así lo consideró el Ministerio Público al conceptuar dentro del proceso 2039 como también la Fiscalía Delegada Regional al calificar por segunda vez el plenario cuando anotó:

“...en nuestro caso la prueba se hace aún más confusa por no haber flagrancia y por no haber decomisado ningún tipo de material en manos de los encartados. Dentro de ese marco nacen gran cantidad de dudas en torno a la responsabilidad de los encartados. (...).

El concierto para delinquir, conducta permanente que exige demostrar su permanencia con el fin concreto de cometer delitos, prueba esta ausente dentro de esta averiguación. Tampoco se demostró la presencia de los sindicados en hechos delictivos que den lugar a la permanencia de la banda o a la vinculen con ella. Cada uno de los vinculados en las diferentes épocas del proceso, precisa que no pertenece a la banda y nos da unas razones de no haber 0permanecido en el lugar del delito, las que en ningún momento fueron desvirtuadas. (...).

El fundamento primero de la acusación que formula el único testigo, curiosamente aparece en otros procesos y aparece dentro de la presente investigación como una prueba trasladada. Dentro de estos parámetros no es prudente darle entera credibilidad dentro del marco del artículo 414 ídem. (...).

El valor de la única prueba, el testimonio de Alfaro Durán y la versión del sargento Mesa Gutiérrez no permiten ser el fundamento para una sindicación, cuando como lo destaca el señor representante del ministerio público, sus acusaciones nacen de un rumor, no reúnen por lo tanto la seriedad que se amerita. Estos vacíos probatorios no fue posible llenarlos en la segunda fase investigativa, razón por que queda sin ningún fundamento legal la prueba en contra de los encartados” (fl. 852 y ss.).

El Consejo de Estado observa que aunque es cierto que en esas diligencias penales se hicieron esfuerzos para ubicar al señor Durán Blandón y a los miembros de la fuerza pública para que ampliaran sus declaraciones, el sindicado no tenía por que soportar, de una parte, la circunstancia de que dicho testigo hubiese abandonado la ciudad y se hubiese rehusado a ampliar la declaración y, de otra parte, el hecho de que los otros declarantes —miembros del ejército— estuviesen en misión oficial por fuera de la ciudad, pues la consecución de la prueba no tiene porque asumirla el sindicado privado de la libertad, máxime cuando la prueba en que se fundó la medida preventiva era tan incompleta y débil que no se estructuraba como mínimo un indicio grave en su contra, que originara el derecho del Estado a limitar el derecho de libertad de movimiento del sindicado.

Otra de las anomalías que se advierten en esas investigaciones son:

=> El desconocimiento de otro material probatorio que daba apoyo real a la presunción constitucional de inocencia. Recuérdese que el juez 7º de Orden Público, de un lado, no tuvo en cuenta los testimonios rendidos por los habitantes del sector que informaban sobre la honorabilidad de Jorge Elkin, su buena conducta y honradez y, de otra parte, si tuvo en cuenta medios de convicción que aludían a la buena conducta pero de otros sindicados. A más de tal situación desigual frente a hechos similares, debe resaltarse que es al Estado al que le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia y, por lo tanto, para disponer una medida de aseguramiento debe contar con elemento o elementos de prueba que digan de la necesidad de imponer la medida cautelar y, finalmente, que no es al particular al que le corresponde probar su inocencia, porque la Carta Política la presume.

=> Las dilaciones injustificadas. En el material probatorio está representada esta irregularidad, pues la Fiscalía se tomó seis meses más para calificar el sumario y a pesar de que el Ministerio Público había rendido concepto en septiembre de 1992, sólo profirió la providencia de preclusión de la investigación en febrero de 1993, sin tener en cuenta la larga reclusión de un ser humano respecto del cual no había pruebas eficaces que lo incriminaran.

Todas las anteriores situaciones comprobadas son muestra, en primer término, de que desde la perspectiva de la responsabilidad objetiva el Estado es responsable y, en segundo lugar, que igualmente lo es desde el punto de vista de la responsabilidad subjetiva por las anomalías.

En fin la detención preventiva de que fue objeto el señor Mejía fue claramente injusta y le produjo a él y los demás demandantes —como ya se verá— daños antijurídicos que son indemnizables de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

D. Daños, nexo de causalidad e indemnización de perjuicios.

1. Daño moral y nexo de causalidad con la conducta estatal.

La demanda solicitó la indemnización de perjuicios por ese tipo de daño para la víctima directa y para las víctimas indirectas (padre y hermanos) por “el equivalente en pesos de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, de mil gramos de oro fino para todos,” por la tristeza y profundo pesar que les ocasionó la detención injusta, del primero de los nombrados.

La calidad de parientes quedó plenamente demostrada con el registro civil de nacimiento de la víctima directa de la cual se aprecia que es hijo de Samuel Mejía Sarria y con la del registro civil de nacimiento de Adriana, Albeiro de Jesús, Laura Gredis, Omaira y Ángela Mejía Figueroa, en los se advierte que son hermanos de Jorge Elkin Mejía Figueroa, porque todos son hijos del mismo padre (registros civiles a fls. 2 a 7 y 24 a 30, cdno. ppal.).

Para la Sala es indemnizable el daño moral en el caso particular porque, en primer término, infiere del parentesco la relación de afecto y, en segundo término, porque de los hechos ocurridos de retención y detención injustas —hechos probados plenamente— deduce igualmente la afectación del ámbito moral de los demandantes (nexo de causalidad). En efecto:

• Para Jorge Elkin Mejía Figueroa, víctima directa, además de que se presume judicialmente el daño moral, por la inferencia lógica de hechos indicadores, salta a la vista de la prueba documental (memoriales que remitió a los jueces y fiscales que adelantaron la instrucción) que él se encontraba afectado pues solicitó repetidamente su libertad y manifestó su tristeza y depresión provenientes de la su reclusión, que resultó injusta e indemnizable.

• Para las víctimas indirectas (padre y hermanos de aquel) obran, procesalmente, testimonios rendidos en desarrollo de la investigación penal y ante esta jurisdicción, de vecinos del sindicado que dan cuenta que Jorge Elkin Mejía vivía en la casa paterna, que era buen miembro de una familia unida y solidaria y que como consecuencia de la privación de la libertad del mismo este y sus familiares padecieron profunda tristeza (fls. 240, 250, 252, 306, 312, 353, anexo 1; fls. 74 a 78, cdno. ppal.).

A propósito de ese tipo de daño causados en la comprobación de la detención injusta indemnizable, la Sala reitera la tesis, contenida en fallo proferido el día 30 de marzo de 1990:

“(…) como lo demuestran los testimonios, y como lo corrobora la lógica misma, cada uno de los miembros del grupo familiar sufrió una afrenta en su patrimonio moral. El padre, por verse injustificadamente detenido, y por haber debido soportar unos hechos para él bochornosos, no sólo por la imagen que fue proyectada a su familia, sino por aquella que fue proyectada a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos. La Madre y los hijos, por haber tenido que soportar la merma de su patrimonio moral, dentro del cual obviamente también se encuentra la reputación familiar. Se ha demostrado por demás, que a ellos la falla del servicio les causó congoja, pesadumbre, al encontrarse ante una situación a todas luces angustiante. Pero, si bien se da por establecido el perjuicio moral para todos los componentes del grupo familiar, estima la Sala que su tasación no puede hacerse en forma similar para todos ellos, puesto que, como lo ha afirmando la jurisprudencia nacional, ‘si se admite, como es necesario admitir las diferencias de grados, es natural que la reparación de los daños busque una equivalencia más o menos aproximada para que la justicia no pierda su naturaleza de dar a cada uno lo que es suyo’ (CSJ, Sala de negocios generales, dic. 13/43, G.J., Tomo LVI, Nº 20001-2005, pág. 668)”(22).

2. Cuantificación del perjuicio moral.

Determinados, entonces, los extremos de los cuales la jurisprudencia ha inferido el daño moral y con éste el derecho a indemnizar el perjuicio causado, la Sala hará entonces referencia a la nueva jurisprudencia, contenida en la sentencia dictada el día 6 de septiembre de 2001.

En dicho fallo, después de hacerse referencia a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los factores legales y económicos que una y otra han tomado y con objeto de variar la jurisprudencia sobre la forma de cuantificar la indemnización por dicho perjuicio, hizo referencia a varios puntos:

• La modificación del valor del oro en proporción completamente distinta, “por lo general muy inferior, a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano”;

• La inexistencia de un nexo entre las variaciones del valor de estos dos rubros;

• La denominación de las obligaciones en oro “es un método absolutamente inadecuado para conservar la capacidad adquisitiva del acreedor o de la víctima”;

• La reparación integral y equitativa del daño, que exige el artículo 16 de la Ley 446 de 1998;

• El abandono necesario del criterio adoptado por el Consejo de Estado desde el año de 1978, mediante el cual se daba aplicación extensiva a las normas que al respecto traía el Código Penal.

• Las razones nuevas de orden jurídico, “apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión”.

Después de analizar esos puntos el mencionado fallo concluyó:

“Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que éste cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, que en la fecha de la sentencia corresponda (…)”(23).

Para aplicar al caso concreto esa nueva tesis judicial, teniendo en cuenta que la demanda pidió el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes la Sala observa lo siguiente:

— Por las condiciones personales del señor Jorge Elkin Mejía, al lapso largo en que estuvo recluido y la inmensa ansiedad y congoja que demostró dentro de las diligencias penales, la Sala fundamentándose en esos hechos demostrados —criterio razonado— le reconocerá el derecho a ser indemnizado en 900 gramos oro, respecto de los cuales se hará la conversión a salarios mínimos legales mensuales.

— Por la demostración fehaciente del daño moral que sufrieron el padre y los hermanos de Jorge Elkin Mejía, pues estuvieron inmensamente preocupados y tristes por las retención y detención de éste, las cuales resultaron ser injustas, les serán reconocidos a título de indemnización de dicho perjuicio los siguientes valores: A Samuel Mejía Sarria —padre— el equivalente en salarios mínimos legales de 400 gramos de oro y a Adriana, Albeiro de Jesús, Laura Gredis, Omaira y Ángela Mejía Figueroa —hermanos— el equivalente en pesos a 250 gramos de oro.

La conversión de los gramos en salarios mínimos legales es la siguiente:

1 gramo (ene. 21/2002) = $ 20.659,53
900 =$ 18’593.577
400 =$ 8’263.812
250 =$ 5’164.882,5

Esos valores de pesos en salarios mínimos legales mensuales son los siguientes:

Debe partirse que el salario mínimo legal mensual en enero de este año de 2002, es decir por $ 309.000. Ahora, con el objeto de acoger el nuevo planteamiento jurisprudencial sin desconocer la circunstancia de que en el caso la demanda pidió como indemnización el equivalente en pesos a un mil gramos oro para cada uno de los actores a la fecha de esta sentencia, la Sala precisa que como la suma correspondiente al valor de los 1.000 gramos de oro pedidos a favor del señor Jorge Elkin a la fecha de esta sentencia es inferior a 100 salarios mínimos, condenará al pago del valor equivalente en pesos al gramo oro para salvaguardar el principio de congruencia, de conformidad con lo precisado para estos eventos por la Sala en sentencias proferidas dentro de los expedientes 13.553 del día 20 de septiembre de 2001 y 13.340 del día 1º de noviembre de 2001.

• En consecuencia la indemnización para la víctima directa será por 66.85 salarios mínimos legales mensuales ($ 20.659.530).

Pero como se pidió como indemnización del perjuicio moral para cada uno de los otros demandantes (víctimas indirectas) el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro fino, esto es $ 20’659.530 y la Sala explicó que la indemnización para las víctimas indirectas es menor condenará en la proporción correspondiente al número de salarios mínimos legales mensuales sin exceder ese valor, conservando los postulados del principio de congruencia; así(24):

• Para el padre: 40 salarios mínimos = $ 12’360.000.

• Para cada uno de los hermanos: 25 salarios mínimos = $ 7’725.000.

Resumen de la indemnización por concepto de perjuicio moral es la siguiente:

A Jorge Elkin Mejía Figueroa = $ 18’593.577

A Samuel Mejía Sarria = $ 12’360.000

A Adriana, Albeiro de Jesús, Laura Gredis, Omaira y Ángela Mejía Figueroa, para cada uno = $ 7’725.000.

3. Daño material y nexo de causalidad.

La Sala encuentra acreditados esos elementos configurativos de responsabilidad, pero sólo en relación con la víctima directa (sindicado) y el padre de la misma, toda vez que como se indicó en el acápite de pruebas, los familiares, vecinos, amigos y los conocidos del señor Jorge Elkin Mejía declararon ante la juez 7ª de orden público de Medellín y ante esta jurisdicción de que el sindicado era honesto y trabajador, que vivía con sus padres y hermanos, que devengaba entre $ 1.000 y $ 1.500 pesos diarios como zapatero y que dedicaba su ingreso para sus gastos y los de su casa (fls. 240, 245, 248, 247, 250, 251, 312 ss. anexo 1).

Ahora, como a la fecha en que se produjeron la retención y la detención preventiva el salario mínimo legal mensual diario, que estaba fijado en $ 1.367,50, era superior al promedio de los dos valores indicados en el párrafo anterior, que equivale a $ 1.250, la Sala a efecto de cuantificar el perjuicio material tendrá en cuenta el mínimo legal mensual diario(25), siempre que al ser actualizado a hoy sea igual o superior al salario mínimo legal diario vigente al a fecha de esta sentencia(26), de conformidad con lo señalado por la Sala en anteriores oportunidades(27). En efecto, la Sala en desarrollo de los principios constitucionales que aseguran, entre otros, el derecho al trabajo en un marco económico y social justo propio de un Estado Social de Derecho y atendiendo las disposiciones constitucionales que prevén la igualdad de oportunidades para los trabajadores, su derecho a una remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y el derecho al reajuste periódico de las pensiones legales (C.P., art. 53) ha considerado que “nadie puede ganar una suma inferior al salario mínimo establecido legalmente” aún cuando esté probado un ingreso inferior(28).

El valor dejado de percibir durante el período de reclusión, calculado a la fecha de esta sentencia, se obtendrá mediante la aplicación de la fórmula de indemnización debida, acogida por esta jurisdicción. De este valor se tomará el 75% para el sindicado y un 25% para su padre, en consideración a que Jorge Elkin vivía en la casa paterna y contribuía para los gastos de ella. No se reconocerá indemnización de perjuicios materiales respecto de los hermanos de Jorge Elkin porque no se probó que estos dependiesen económicamente de él.

Bases para la liquidación:

• Número de meses de reclusión = 38

• Salario mínimo legal mensual para la fecha de la detención = $ 41.025

• El ingreso mensual será actualizado desde la fecha en que se produjo la privación de la libertad hasta la fecha de esta sentencia(29).

• Para el cálculo del valor dejado de percibir durante el tiempo de la reclusión se aplicará la fórmula de la indemnización debida, en la que n = número de meses que duró la detención.

• La suma resultante de la anterior operación será distribuida así:

• 75% de Jorge Elkin

• 25% para el padre padre =

Actualización: Ra = Ra X I.Final

I. Inicial

Ra = $ 41025,oo X 131,43 (mar. 02)

16.99250 (feb. 1990)

Ra = $ 317.311,50

Indemnización debida: 

n = 38 meses

S = Ra (1 + i)n - 1

i

S = $ 13’209.718,89 Valor total suma debida.

Esa suma se distribuirá, respectivamente, en los siguientes porcentajes para la víctima directa y para su padre: 75% = $ 9’907.289,17 y 25% = $ 3’302.429,72.

D. ¿Qué parte del presupuesto de las autoridades de la Nación debe indemnizar?

El Consejo de Estado advierte que los perjuicios que se causaron a los demandantes provienen de actuaciones judiciales penales surtidas en la etapa de instrucción, desde antes de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991 y hasta el año de 1993.

La instrucción de los procesos penales quedó a cargo de la Fiscalía General de la Nación bajo la nueva Carta Política de 1991 de acuerdo con lo previsto en el artículo 250 ibídem. Igualmente tal autoridad recibió de los antiguos instructores de las investigaciones penales los asuntos adelantados; se le dotó de un presupuesto autónomo y, en virtud del Decreto-Ley 2699 de 30 de noviembre de 1991, la Fiscalía General de la Nación “se subroga en todos los derechos y obligaciones que tengan las entidades que se incorporan a ella” (art. 1987 ibíd.).

Tales consideraciones, constitucional y legal, conducen a determinar que será el presupuesto de tal autoridad el que deberá responder patrimonialmente a los demandantes.

Con fundamento en todo lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada y en su lugar accederá a las pretensiones de la demanda en la forma y cuantía que se acaba de explicar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia denegatoria a las pretensiones procesales, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 17 de febrero de 1994; en su lugar se dispone:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación por el daño antijurídico causado a todos los demandantes con la detención preventiva de que fue objeto el señor Jorge Elkin Mejía Figueroa.

2. CONDÉNASE, como consecuencia de lo anterior, a la Nación (Fiscalía General de la Nación) a indemnizar a cada una de las siguientes personas así:

A. Por concepto de perjuicios morales:

Al señor Jorge Elkin Mejía Figueroa: $ 18’593.577

Al señor Samuel Mejía Sarriá: $ 12’360.000

A Adriana, Albeiro de Jesús, Laura Gredis, Omaira y Ángela Mejía Figueroa: $ 7’725.000 para cada uno.

B. Por concepto de perjuicios materiales

Para Jorge Elkin Mejía Figueroa = $ 9’907.289,17

Para Samuel Mejía Sarria = $ 3’302.429,72.

3. Las sumas liquidadas ganarán intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

4. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

5. Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con la observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 expedido el 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a los demandantes serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, Presidente—Jesús María Carrillo Ballesteros—María Elena Giraldo Gómez, ausente con excusa—Alier Eduardo Hernández Enríquez—Germán Rodríguez Villamizar.

1 Si bien es cierto que la Sala ha precisado que la Nación debe estar representada por una sola entidad, en la práctica comparecen al proceso las entidades que necesitan demostrar la juridicidad de sus actuaciones.

2 En este sentido se pronunció la Sala en sentencias proferidas el 10 de mayo de 2001, expediente 12.719 (actor: Carmen Alicia Bello de Ruiz) y el 22 de noviembre de 2001, expediente 13164 (actor: Fernando Jiménez).

3 Providencia del 27 de junio de 2000, expediente C-642 (actor: Fernando Matallana Usaquén).

4 Sentencia C-397 de 1997, del 10 de julio de 1997; actor: Alberto Yepes.

5 Al efecto puede consultársela Sentencia C-774 del 25 de julio de 2001, de la Corte Constitucional, actor: Diógenes Escobar.

6 Subrayado por fuera del texto original.

7 Diario oficial Nº 40.190 de 30 de noviembre de 1991.

8 Cfol. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-301 de 1993. Actor: Pedro Pablo Camargo.

9 Sentencia C-395 de 8 de septiembre de 1994. Actor: Mario Nicolás Cadavid y otro.

10 Sentencia C-301 de 1993. Ver pie de página 8.

11 Sentencia C-689 de 5 de diciembre de 1996. Actor: María Carola Zuluaga.

12 Sentencia C-634 de 31 de mayo de 2000. Actor: Luis Gonzalo Peña y otro.

13 Expediente 7.058. Sección Tercera. Actor: Carmen Aminta Escobar Mejía.

14 Expediente 8.666. Sección Tercera. Actor: María Berenice Martínez de Bolívar y otros.

15 Expediente 9.391. Sección Tercera. Actor: Alberto Uribe Oñate.

16 Expediente 10.056. Sección Tercera. Actor: Ferney Guateros y otros.

17 Expediente 10.923. Actor: Rafael Antonio Niño.

18 Expediente 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta.

19 Expediente 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez

20 Expediente 11601. Actor: Ana Ethel Moncayo.

21 Expediente 11.754. Sección Tercera. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves.

22 Expediente 3.510. Sección Tercera. Actor: Luis Alberto Cifuentes.

23 Sección Tercera del Consejo de Estado. Expedientes Acumulados 13.232 y 15.646. Actores: Belén González y otros - William Alberto González y otra.

24 Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el día 20 de septiembre de 2001, expediente 12.506. Sección Tercera. Actor: “Hospital Universitario del Valle Evaristo García”.

25 A este respecto debe recordarse que el actor manifestó en la demanda que el señor Jorge Elkin Devengaba un salario de $ 80.000 pesos mensuales (fl. 17, cdno. ppal.) que, si bien es un valor superior al salario mínimo legal mensual vigente para esa época ($ 41.025), permite inferir, junto con los mentados testimonios, que la víctima directa trabajaba tiempo completo por su trabajo como zapatero.

26 En sentencia proferida el 3 de mayo de 1999, expediente 11.169, actor: Vicente Segundo Sierra Pérez, la Sala precisó que debe tomarse como salario base “el mínimo vigente a la fecha de los hechos actualizado a la de esta sentencia, siempre que no sea inferior al mínimo legal vigente”.

27 Al respecto pueden consultarse entre otras las sentencias proferidas el 8 de febrero de 2001, expediente 13.254, actor: Miguel Plata y otros y el 31 de mayo de 2001, expediente 13.321, actor: Inés Villanueva y otros.

28 En este sentido se pronunció la Sala en sentencia proferida el 16 de agosto de 2001, expediente 13131; actor: Aurora Sánchez Tovar y otra.

29 Se precisa que la Sala tomó este valor actualizado porque no es inferior al salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de esta sentencia.