Sentencia 13615 de noviembre 27 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Expediente 13.615

Rad.: 52001 2331 000 1991 4426 01

Consejero Ponente:

Dr. Ramiro Saavedra Becerra

Actor: Juan Francisco Quintero Rojas y otros.

Demandado: Fondo Vial Nacional.

Naturaleza: Complementación sentencia - Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintisiete de noviembre de dos mil seis.

Corresponde a la Sala, con fundamento en el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, proferir la sentencia complementaria solicitada por el apoderado de la parte demandante, respecto de la sentencia del 23 de noviembre de 2005, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 10 de abril de 1997, emanada del Tribunal Administrativo de Nariño.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala accederá a la solicitud de complementación respecto de la providencia proferida el 23 de noviembre de 2005, para lo cual analizará en primer lugar, la procedencia de las sentencias complementarias; en segundo lugar, las razones por las cuales en el presente caso se dieron las condiciones para proferir una sentencia de esta naturaleza; y en tercer lugar, las pretensiones contenidas en el recurso de apelación y respecto de las cuales no se pronunció la Sala en segunda instancia: daño emergente futuro y perjuicio a la vida de relación, respecto de uno de los demandantes.

I. La sentencia complementaria

El Código Contencioso Administrativo no contempla la figura de la sentencia complementaria en los procesos de esta jurisdicción, por lo cual resulta aplicable la remisión general que hace su artículo 267 a las normas del Código de Procedimiento Civil, las cuales regirán en los procesos contencioso administrativos en todos aquellos aspectos no regulados por el Código Contencioso Administrativo, siempre que sean compatibles con la naturaleza de los procesos y actuaciones que corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa; en consecuencia, resulta procedente la aplicación del artículo 311 de la normatividad procesal civil, el cual dispone:

“ART. 311.—Adición. Cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada dentro del mismo término.

El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.

Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término”.

Conforme a los términos de esta disposición, puede concluirse entonces, que la adición o complementación de la sentencia, es procedente cuando se produjo un fallo citra petita, es decir, cuando se dejó de resolver o se omitió la decisión sobre alguno de los extremos de la litis, bien sea en cuanto a las pretensiones de la demanda inicial o de la demanda de reconvención, o cuando dejó de hacer un pronunciamiento expreso sobre puntos que aun de oficio debía resolver el fallador.

Y al respecto, se observa que no es suficiente con incluir en la parte resolutiva de la sentencia fórmulas de carácter general, con las cuales se despachen las pretensiones de la demanda, para entender que efectivamente se decidió sobre todas las elevadas por la parte actora, sino que es necesario que las mismas obedezcan al análisis razonado que el juzgador haya efectuado en la parte motiva del fallo y que permita conocer las razones de tal denegatoria; es así como enunciaciones del tipo “niéganse las demás súplicas de la demanda”, son frases aceptables en la medida en que sea posible advertir que en la parte considerativa de la sentencia, se han analizado todas las peticiones de la demanda y que fue dicho análisis el que condujo al juzgador a la conclusión de que resultaban improcedentes las pretensiones que se están negando.

Por otra parte, lo mismo puede pregonarse respecto del recurso de apelación que se resuelve en segunda instancia, puesto que la sentencia que le ponga fin a la misma, también debe estar en consonancia con el contenido de dicho recurso, refiriéndose a todos los puntos que fueron objeto del mismo, de tal manera que si subsisten aspectos que debió resolver el ad quem y que dejó sin solución en el fallo, resulta procedente la sentencia complementaria, en los términos previstos en la norma procesal civil.

II. El caso concreto

En el presente evento, la sentencia proferida por la Sección Tercera el día 23 de noviembre de 2005 para resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia de primera instancia, del Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a algunas de las pretensiones de la demanda, omitió resolver asuntos que fueron objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, tal y como esta lo manifestó en su escrito de solicitud de adición de la sentencia (fl. 492), según se desprende del siguiente análisis:

2.1. La sentencia del tribunal.

En la sentencia de primera instancia, objeto del recurso de apelación, el a quo resolvió:

“1. Declarar que la Nación colombiana-Ministerio de obras públicas y transporte en la actualidad Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, es administrativamente responsable por la muerte de Rosa Amelia Portillo Gillón, acaecida en accidente de tránsito el 21 de octubre de 1989, en circunstancias que acredita el informativo.

2. Condenar a la Nación colombiana-Ministerio de obras públicas y transporte en la actualidad Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, como consecuencia de la declaración anterior, a pagar a Nelsy Robira Portillo como indemnización por concepto de perjuicios morales subjetivos, un mil (1.000) gramos de oro fino.

(...).

3. Denegar las demás suplicas de la demanda.

(...)” (las negrillas no pertenecen al texto original).

2.2. El recurso de apelación.

En el escrito de sustentación del recurso de apelación, el apoderado de la parte demandante pidió en primer lugar, la confirmación del fallo en cuanto declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada y la condena a favor de Nelsy Robira Portillo; además, manifestó como motivo de inconformidad y pidió la revocatoria de la sentencia en cuanto a la denegatoria, por el juzgador de primera instancia, de los perjuicios de orden material y los perjuicios fisiológicos a favor del señor Bolívar Hernando Bonilla, manifestando que lo pedido fue lo siguiente (fls. 414 a 447):

3. Lo solicitado.

1. Daño emergente pasado.

2. Daño emergente futuro, por los gastos de fisiatra, medicamentos, una auxiliar, siquiatra y por los desplazamientos hasta donde se encuentren los facultativos, desde su residencia.

3. Lucro cesante por la pérdida de la capacidad laboral.

4. Daños y perjuicios fisiológicos (ver fls. 9, 10, 26, 27, 28, 29 y 30 del escrito de demanda o proceso 4426) consistente en la disminución del goce de vivir, o perjuicio a la vida de relación, suplicando 4.000 gramos de oro fino”.

Aludió a las pruebas que reposaban en el expediente sobre estos daños y su cuantificación, que a su juicio eran suficientes para proferir la condena pero que fueron desconocidas por el a quo, y a la ausencia de definición respecto de los perjuicios fisiológicos, a pesar de que estos no fueron objeto de la conciliación parcial que hubo en el proceso.

2.3. La sentencia de segunda instancia.

Observa la Sala que, en los antecedentes enunciados en la providencia proferida por la Sala el 23 de noviembre de 2005, se hizo referencia al recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del fallo de primera instancia, anotando que esta “...solicitó modificar la sentencia del tribunal con el propósito de que se incrementara la condena y se reconocieran los perjuicios en favor de Bolívar Hernando Bonilla. En ese orden de ideas sostuvo que la sentencia no se pronunció respecto de los daños y perjuicios de orden material en favor del citado demandante” (las negrillas no son del texto); es decir, que no aludió a los perjuicios fisiológicos, aunque a continuación, transcribió parte del recurso, en el cual el apelante se refirió a “...la negación de la indemnización por daños y perjuicios fisiológicos, sin que se sepa el motivo o la razón para llegar a tal conclusión en el último folio de la sentencia” (fl. 478).

En las consideraciones que efectuó la Sala para resolver el recurso de apelación, hizo un recuento de los hechos que dieron lugar a la producción de los daños por los cuales se reclamó indemnización de perjuicios en el presente proceso, y se refirió a la responsabilidad de la administración en la producción de los mismos; al analizar nuevamente al objeto del recurso, aludió a la ausencia de limitaciones del ad quem para resolverlo, toda vez que lo habían interpuesto ambas partes. No obstante, se observa que nuevamente, en este capítulo, reitera que la parte actora lo interpuso para obtener que la sentencia de primera instancia fuera modificada “...en el sentido de incrementar la condena y se reconocieran los perjuicios de orden material en favor de Bolívar Hernando Bonilla”, aclarando que “En todo caso, cualquier reconocimiento adicional a que hubiere lugar en favor de la parte actora, se limitará al objeto del recurso de apelación y a la inconformidad manifestada por el apelante relacionada con el reconocimiento de perjuicios materiales en favor de Bolívar Hernando Bonilla” (negrillas fuera del texto original, fls. 484 vto. y 485).

Es decir, que otra vez omitió referirse a los perjuicios fisiológicos negados en primera instancia a este demandante, y que también fueron objeto del recurso de alzada, efectuando el estudio de las pruebas que reposaban en el expediente referentes a los perjuicios materiales, concluyendo que se acreditó la incapacidad laboral del 100% respecto del señor Bonilla, con fundamento en la cual, procedió a liquidar los perjuicios con el salario mínimo legal vigente en la época de los hechos, a falta de otra prueba sobre sus ingresos; es decir, liquidó el lucro cesante.

Y aquí, se advierte la otra omisión en la que incurrió el fallo de la sección, al no estudiar, como fue solicitado en el recurso de apelación, lo concerniente al daño emergente pasado y futuro, a favor del señor Bonilla.

Finalmente, se advierte que a pesar de no haber sido objeto de observación alguna en la parte motiva de la sentencia de segunda instancia, en la parte resolutiva de la misma se omitió confirmar la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño a favor de la señora Nelsy Robira Portillo por concepto de perjuicios morales, en cuantía equivalente a 1.000 gramos oro.

En conclusión, encuentra la Sala que omitió las siguientes resoluciones en la sentencia del 23 de noviembre de 2005:

a) Perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor del demandante Bolívar Hernando Bonilla.

b) Perjuicios fisiológicos o a la vida de relación, a favor del señor Bolívar Hernando Bonilla.

c) Confirmación de la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño a favor de la señora Nelsy Robira Portillo, por concepto de perjuicios morales.

En vista de lo anterior, procederá la Sala a estudiar las pretensiones enlistadas en los literales a) y b), que fueron negadas por el a quo y que a pesar de haber sido objeto del recurso de apelación, no fueron resueltas en la sentencia de segunda instancia; y en cuanto al literal c), será adicionado el fallo para incluir dicha condena.

III. El daño emergente

Tal y como lo tiene definido la ley (C.C., arts. 1613 y 1614), la indemnización de perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, siendo este último, “...la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su cumplimiento”, mientras que la primera de estas modalidades del daño, consiste en “...el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”, lo cual, en materia de responsabilidad, se traduce en el menoscabo económico, la afectación patrimonial que sufre una persona, como consecuencia directa del daño antijurídico que le es ocasionado; es decir, aquellas pérdidas, o aquellos gastos o costos que surgen a cargo del afectado, con ocasión del hecho dañoso y como consecuencia directa del mismo.

La diferencia radica entonces, en que el daño emergente es un bien que sale del patrimonio del lesionado con ocasión del hecho, mientras que el lucro cesante, es un bien que debía ingresar en condiciones normales, pero que no entrará al patrimonio de dicha persona, por razón del hecho dañoso.

La jurisprudencia de la Sala ha reiterado la necesidad de que el demandante acredite el daño que alega haber sufrido, por cuanto el mismo no se presume; es decir que quien afirma que fue lesionado, debe probar el daño, tanto en su existencia como en su extensión (1) ; y específicamente sobre el daño emergente, ha sostenido que “Por lo general la evaluación o la medición del daño emergente no envuelve problemas mayores: el monto de la indemnización corresponderá al valor de reposición del bien o del interés destruido o averiado” (2) .

Así mismo, es claro que el daño debe reunir ciertas características para que sea objeto de reconocimiento: debe ser personal, directo y cierto; y específicamente sobre esta última característica, es decir, en cuanto a la certeza del daño, ha manifestado la Sala que la indemnización de perjuicios,

“... no procede frente a hipotéticos daños que se puedan producir, fundados en suposiciones o conjeturas, sino que ellos deben existir, en el presente o en el futuro, pero de manera cierta, y no como simple posibilidad (...).

En cuanto a la naturaleza del daño antijurídico, reiteradamente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que se trata de aquel que no se está en el deber jurídico de soportar, y la Corte Constitucional ha considerado que corresponde a un concepto constitucional parcialmente indeterminado “cuyos alcances pueden ser desarrollados dentro de ciertos límites por el legislador” (3) , atribuyéndole, por lo tanto, un carácter en cierto modo indefinido (4) ; no obstante, es claro que corresponde a un perjuicio sufrido por el lesionado, del cual este tiene derecho a ser resarcido, en la medida en que se trate de un daño personal, directo y cierto.

Sobre la certeza del daño, ha dicho la doctrina:

“La certeza hace alusión a la verdad de su existencia, como concepto opuesto a todo lo que es hipotético, posible o eventual. Para que el daño sea indemnizable es requisito indispensable que sea cierto, verdadero e incuestionable. Y nada tiene que ver la certeza con la cuantía, porque un perjuicio puede ser cierto pero no ser objetivamente cuantificable o no estar evaluado ...

Tampoco incide en la existencia del daño la circunstancia de que sea pasado, presente o futuro, toda vez que por haberse conjurado o remediado no desaparece como realidad fáctica, ni por ser futuro deja de tener incidencia en el equilibrio patrimonial.

Lo contrario a la certeza es la incertidumbre que se presenta cuando no hay seguridad sobre la real existencia del perjuicio que se invoca; se dice que el daño es incierto cuando los elementos de juicio de que se dispone son insuficientes para sustentar su causación. En esta situación de incertidumbre el daño no es reparable...” (5) .

Por su parte, los autores Mazeaud y Tunc, afirman sobre esta exigencia del daño resarcible:

“Al exigir que el perjuicio sea cierto, se entiende que no debe ser por ello simplemente hipotético, eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no hubiera realizado el acto que se le reprocha. Pero importa poco que el perjuicio de que se queje la víctima se haya realizado ya o que deba tan solo producirse en lo futuro. Ciertamente, cuando el perjuicio es actual, la cuestión no se plantea: su existencia no ofrece duda alguna. Pero un perjuicio futuro puede presentar muy bien los mismos caracteres de certidumbre. Con frecuencia, las consecuencias de un acto o de una situación son ineluctables; de ellas resultará necesariamente en el porvenir un perjuicio cierto. Por eso, no hay que distinguir entre el perjuicio actual y el perjuicio futuro; sino entre el perjuicio cierto y el perjuicio eventual, hipotético...” (6) .

Así mismo, Mosset Iturraspe manifiesta (7) :

“El daño para ser indemnizable, han dicho muchas veces nuestros tribunales, ‘debe ser cierto y no puramente eventual o hipotético’.

(...).

Que el daño deba ser ‘cierto’ no significa que deba ser ‘actual’, es decir, haber ocurrido ya, pues veremos que también es indemnizable el daño futuro-cierto.

No debe tampoco equipararse el requisito: que aparezca suficientemente cierto, con la certeza del ocurrir o la fatalidad; el daño probable, que verosímilmente ocurrirá, también debe indemnizarse (8) .

(...).

Y, por último, no debe confundirse “daño cierto” con “daño serio”, apuntando esta denominación a la magnitud o importancia del daño.

El daño cierto supone una existencia real o, al menos, la probabilidad suficiente de una existencia futura”

Jorge Peirano Facio sostiene:

“De acuerdo a la enseñanza constante de la doctrina el primer carácter que debe presentar el perjuicio para configurarse como relevante a los efectos de responsabilidad extracontractual es el de ser cierto.

(...).

“En un segundo sentido se habla de perjuicio incierto aludiendo a los daños cuya existencia no está del todo establecida, pudiéndose plantear dudas acerca de su realidad… En el sentido que ahora le atribuimos consideramos, pues, perjuicio aquel que es real y efectivo, y no meramente hipotético o eventual. El criterio esencial para determinar en qué casos un perjuicio es cierto, resulta de apreciar que de no mediar su producción la condición de la víctima del evento dañoso sería mejor de lo que es a consecuencia del mismo.

(...).

“Próximo al daño futuro, pero discernible de él en la mayoría de los casos, se encuentra el daño eventual. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de daño se caracteriza suficientemente cuando se recuerda que el daño futuro no es sino una variedad del daño cierto, en tanto que el concepto de daño eventual se opone, precisamente y en forma radical, al concepto de certeza: daño eventual equivale, al daño que no es cierto; o sea, el daño fundado en suposiciones o conjeturas” (9) .

Y específicamente sobre la certeza de la existencia del lucro cesante, ha dicho la doctrina:

“El hecho de que el ordenamiento jurídico sujete a resarcimiento el daño por lucro cesante radica en que si bien constituye el sacrificio de una utilidad no actual, sin embargo, tan pronto como pueda acreditarse que tal utilidad habría tenido existencia, es suficiente para dar lugar a la reacción jurídica contra él.

Cómo se habría producido el lucro cesante de haber existido, queda a la determinación racional del juez, pues solo los beneficios ciertos son los tutelados por el derecho, y ninguna reacción jurídica puede conectarse al daño que afecta a un interés incierto, ya que el derecho no puede considerar las fantasías e ilusiones de eventuales ventajas.

Teniendo en cuenta las circunstancias y las actitudes del perjudicado, es como debe valorar el juez si una determinada ventaja se habría o no realizado a su favor. Aunque debe entenderse bien que la certidumbre, dentro del campo de lo hipotético, no puede ser absoluta, por lo que hay que conformarse con una certeza relativa, o sea, con una consideración fundada y razonable” de Cupis, Adriano; “El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Bosch, Casa Editorial S.A., pág. 315 (10) .

Es claro entonces, que solo en la medida en que no exista duda sobre la existencia del daño, habrá lugar a reconocer la indemnización de los perjuicios pedidos (...) (11) ” (negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con lo anterior, es requisito sine qua non para el reconocimiento de la indemnización de perjuicios, la prueba del daño, sea este actual o futuro, es decir, trátese de las erogaciones que ya se produjeron, o de las que con certeza se producirán más adelante, con ocasión de ese hecho dañoso; si hay un daño emergente probado, la indemnización debe ser exactamente por las pérdidas económicas efectivamente asumidas por la víctima para que quede en la misma situación que antes, o corresponder a los valores exactos que se pruebe que saldrán de su patrimonio en el futuro, con el fin de evitar ese detrimento patrimonial.

Por otra parte, resulta así mismo aplicable en este punto, la regla general de la carga de la prueba consagrada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; de modo que, quien afirma haber sufrido un perjuicio por el que reclama indemnización, está en el deber de probarlo.

Cuando se alega la existencia de un daño emergente futuro, el juez debe constatar que se trate de un perjuicio que, si bien no se ha consolidado aún, proviene de una situación dañosa que ya existe al momento de decidir, por lo cual en estos eventos, el demandante soporta la carga de acreditar ese daño presente y al juez, le corresponde analizar la proyección del mismo en el tiempo, es decir, establecer si el perjuicio causado, se extenderá hacia el futuro.

Eso es lo que cabe esperar en eventos en los que la víctima ha sufrido lesiones que requerirán de curaciones y tratamientos más o menos largos, que le impedirán cumplir con sus labores cotidianas y con su atención personal, lo que hará necesaria la ayuda de una tercera persona para ello y le hará incurrir además en otros gastos, por concepto de tales curaciones y tratamientos, lo que lógicamente prolongará el daño más allá de las consecuencias inmediatas de la lesión o herida propiamente dicha.

Es claro, entonces, que no solo goza de certeza el daño que ya se ha producido al momento de dictar sentencia, por las pérdidas y disminuciones patrimoniales y extrapatrimoniales que ya sufrió la víctima, sino que también puede serlo un perjuicio futuro, respecto del cual hay un alto grado de probabilidad de que se va a producir; caso en el cual, debe haber certeza en el juzgador, respecto de las circunstancias y condiciones actuales, que darán lugar a ese perjuicio futuro.

Se hace énfasis en el alto grado de probabilidad que debe existir respecto del futuro perjuicio, porque si no tiene esta connotación, pasará a ser apenas un perjuicio eventual, es decir hipotético, que puede o no darse, es decir que ya no ofrecerá la certeza necesaria para admitirlo como un daño cierto, que dé lugar a su reparación.

En el caso bajo examen, el demandante señor Bolívar Hernando Bonilla, alegó haber sufrido lesiones y posterior invalidez con ocasión de los hechos que dieron origen a la demanda —accidente de tránsito con vehículo oficial— y solicitó el reconocimiento de perjuicios materiales, en los siguientes términos (fl. 13, cdno. ppal.):

“a.1) Daño emergente pasado, por virtud de las siguientes pautas:

a.1.1). Por los gastos que normalmente tiene que realizar una persona afectada de estas dolencias como lo son: medicamentos, servicios de fisiatra, curaciones, etc.

a.1.2). Por lo que cuesta el salario de una persona que atienda a un enfermo ubicado en estas condiciones de invalidez, que no puede valerse por sí mismo ni siquiera para las necesidades más primarias.

La liquidación se hará “teniendo en cuenta lo que en el medio local valga al momento del fallo, la asistencia necesaria pero suficiente para colocar o tratar de colocar a la víctima en las mismas circunstancias de salud en que se encontraba antes de sufrir la lesión (...).

a.2). Daño emergente futuro, por los gastos que deba realizar para conservar la vida, aunque sea como un simple vegetal, atendiendo las siguientes pautas:

a.2.1). Por lo que cuesten los servicios permanentes de un fisiatra, hasta cuando este determine la necesidad de los mismos, incluyendo lo que cueste el desplazamiento del citado profesional, hasta la población de Imues que es donde se encuentra el afectado reducido en su lecho de enfermo y con imposibilidad de inmovilizarse(sic).

a.2.2). Por los medicamentos que deba consumir en el futuro de acuerdo con las prescripciones de los facultativos.

a.2.3). Por lo que cueste el salario de una persona auxiliar por supuesto experta en este tipo de enfermedades y hasta el (sic) por el término de la vida probable.

a.2.4). Por lo que cuesten los servicios de un siquiatra para que lo ayude a adecuarse a su nuevo modus vivendi.

a.2.5). Por lo que cueste el desplazamiento del enfermo hasta un centro de atención especializado en el manejo de estas enfermedades, para que le ayuden a convertirse en persona útil para la sociedad o por lo menos no se constituya en carga para los demás miembros de su familia (...)” (las negrillas son de la Sala).

Sostuvo el demandante así mismo, que tenía derecho el señor Bonilla al pago de los gastos de hospitalización, atención médica, medicamentos, “...sin que pueda oponer como medio de defensa a esta reclamación la circunstancia de que debido a dificultades de tipo económico, estos servicios no hayan sido cancelados a las instituciones médicas que lo han prestado, pues solo basta la producción del daño y perjuicio para que proceda su efectiva reparación” (fls. 29 y 30, cdno. 1).

Al respecto, la Sala reitera que quien pretende obtener una indemnización de perjuicios, debe probar que los sufrió efectivamente; cuando se alega la existencia de un daño emergente, pues se requiere acreditar aquellos hechos en los cuales consiste esta modalidad de perjuicio, es decir, probar que el demandante sufrió una disminución patrimonial a causa del hecho dañoso, o que por este mismo, en el futuro, se va a presentar dicha afectación económica, porque precisamente esto es lo que constituye un daño emergente: erogaciones efectuadas por el afectado, gastos, pagos, y en general, pérdidas, derivadas directamente de ese evento.

A continuación, analizará la Sala si, en el presente caso, se acreditaron en debida forma los perjuicios materiales reclamados:

3.1. El daño emergente pasado:

Corresponde esta reclamación, a los perjuicios consolidados, respecto de los cuales observa la Sala que el demandante no aportó prueba alguna, puesto que no acreditó las erogaciones efectivamente realizadas con su patrimonio para los efectos descritos en sus pretensiones, es decir que no demostró que con ocasión del hecho dañoso —lesiones sufridas por el actor en el accidente de tránsito con el vehículo de propiedad de la demandada—, tuvo que incurrir en una serie de gastos, tales como los hospitalarios, médicos o de cualquier otra índole; por otra parte, se advierte, que:

3.1.1. En el plenario se acreditó que el señor Bolívar Hernando Bonilla estuvo internado en el hospital departamental, desde el 21 de octubre hasta el 29 de diciembre de 1989, “...por presentar trauma craneoencefálico por elemento contundente en accidente de tránsito...”, según consta en oficio remitido por el jefe de medicina legal de la ciudad de Pasto al Tribunal Administrativo de Nariño, el 9 de junio de 1993, en el que informa que para rendir el dictamen solicitado por esta corporación sobre el estado físico del señor Bolívar Hernando Bonilla, se consultó la historia clínica 080605 de dicha institución hospitalaria (fl. 28, cdno. 2).

3.1.2. Además, en el dictamen del médico psiquiatra al que se referirá más adelante la Sala (fl. 30, cdno. 2), se anotó que el señor Bonilla no recibió ayuda profesional en el campo de la rehabilitación, es decir que por este concepto, tampoco consta que hubiera incurrido el demandante en gastos y costos.

3.1.3. Por otra parte, el tribunal a quo, mediante auto para mejor proveer, del 30 de enero de 1996, decretó de oficio una prueba pericial, con el fin de determinar los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, ocasionados a los demandantes en los procesos acumulados 4426, 4482, 4483, 4515 y 4617; como resultado, se presentó dictamen en el cual los peritos se refirieron al proceso 4426, actor: Bolívar Hernando Bonilla, en el cual, con fundamento en la incapacidad laboral total y permanente que dictaminó medicina legal, la fecha del accidente y el salario mínimo legal vigente para la época del accidente, calcularon el lucro cesante, en la modalidad de indemnización debida o consolidada y de indemnización futura, con base en la esperanza de vida del lesionado, lo que arrojó un total de $ 17.978.372, con relación al daño emergente, manifestaron (fls. 314 y 343, cdno. ppal.):

“12. Daño emergente

para valorar el daño emergente pasado, no aparecen en el proceso, pruebas documentales que demuestren los gastos realizados por este concepto, por lo tanto se carece de elementos de juicio para realizar este cálculo.

Además de lo anterior, el mismo demandante admitió la falta de prueba sobre estos perjuicios, en el escrito en el que pidió la ampliación y adición del dictamen pericial (fl. 351, cdno. ppal.), en el cual sostuvo que “Es verdad que no existen bases para valorar el daño emergente pasado”.

Se concluye de lo anterior, que no hay lugar a reconocimiento alguno respecto del alegado daño emergente pasado, por cuanto a pesar de que se afirmó su existencia, en realidad no se probó.

3.2. El daño emergente futuro.

El apelante considera que este daño está debidamente probado, y que lo que no se acreditó fue su cuantificación; sostuvo en el escrito del recurso, que con los dictámenes periciales que se rindieron en el proceso por medicina legal, se probó el daño futuro consistente en la necesidad de valoración y atención especializada del señor Bolívar Hernando Bonilla por parte de un fisiatra y de los servicios de un auxiliar de enfermería que lo ayudara dada su incapacidad para valerse por sí mismo; y que inclusive, el costo de este último, era fácilmente cuantificable con la certificación expedida por el Instituto de Seguros Sociales sobre dicho costo (fl. 414 y ss., cdno. ppal.).

Al respecto, la Sala observa:

3.2.1. Obra en el proceso el Concepto 1327 del 9 de junio de 1993 del jefe de medicina legal de la ciudad de Pasto (documento público original, fl. 28, cdno. 2), el cual fue decretado por el Tribunal de Nariño (fl. 2, cdno. 2) y rendido por el Instituto de medicina legal a petición de la parte actora (fl. 57, cdno. 1), para que el “... Médico legista de Pasto (N), (...) se traslade a la residencia del señor Bolívar Hernando Bonilla ubicada en Imues (Nariño)...”, se sirva practicar examen físico al señor Bolívar Hernando Bonilla y dictamine sobre el tipo de lesiones, las secuelas, las posibilidades de recuperación, la esperanza de vida probable y para que indique si el señor Bonilla requiere en forma permanente de: tratamiento de fisiatra, una persona con conocimientos de enfermería que lo auxilie, y medicamentos.

En dicho concepto, se informó al tribunal, que fue examinado el señor Bolívar Hernando Bonilla así como la historia clínica del hospital departamental, en donde estuvo internado entre septiembre y diciembre de 1989 luego de un accidente de tránsito; el médico legista estableció que la incapacidad médico legal definitiva era de 90 días y como secuela, le quedó al examinado “deformidad física, perturbación funcional del órgano de la prensión, pérdida funcional del miembro superior izquierdo, perturbación funcional del órgano de la locomoción, pérdida funcional del miembro inferior izquierdo”, todos ellos de carácter permanente, determinando así mismo, una incapacidad laboral total y permanente.

En el anterior dictamen, se advierte en primer lugar, que el mismo se refiere a una perturbación funcional del órgano de la locomoción, por lo cual, no puede afirmarse como lo hace la parte demandante, que el afectado esté totalmente inmovilizado e incapacitado o que tenga imposibilidad absoluta de desplazamiento por sí mismo, puesto que esa perturbación, lo que implica es una disminución —más o menos grave— del correcto funcionamiento del respectivo órgano.

Efectivamente, según el dictamen, el señor Bonilla tuvo pérdida funcional del miembro superior izquierdo y del miembro inferior izquierdo; sin embargo, en cuanto al “órgano de la locomoción”, es necesario tener en cuenta que (12) :

“En anatomía órgano es el conjunto de células y estroma que tiene una función definida, y de esa manera anatómicamente existen órganos pares, tal como los ojos, los oídos, los pulmones, los riñones, los ovarios y los testículos, y órganos impares como la laringe, tráquea, aparato cardiovascular, tubo digestivo, hígado, páncreas, útero, vejiga, uretra y sistema nervioso central. Órgano en medicina legal es la estructura anatómica, o conjunto de ellas que tiene una función conjunta definida, y así el órgano de la visión binocular corresponde medico legalmente a los dos ojos; de la audición biauricular, los dos oídos, de la función respiratoria, los dos pulmones, de los caracteres sexuales primarios, ambos testículos o ambos ovarios; de la excreción urinaria, los dos riñones. La mano derecha en el individuo diestro, o la izquierda en el zurdo es el órgano prensil o de la aprehensión. Si como consecuencia de las lesiones se pierde un órgano par, la secuela médicolegal será una perturbación funcional de carácter permanente.

(...).

La pérdida funcional de órgano o miembro, (...) significa que aunque se preserve anatómicamente un órgano o miembro, la pérdida de su función, y no la simple perturbación de la misma, se erige en figura autónoma. El ejemplo más común lo constituye la sección de la médula espinal a nivel dorsal que dejará como secuela la pérdida funcional del órgano de la locomoción, pues anatómicamente se preservan los miembros inferiores, pero carentes de motilidad (...)” (negrillas de la Sala).

De acuerdo con las anteriores definiciones, es claro entonces que el demandante en el presente caso, sufrió una perturbación funcional del órgano de la locomoción, que sin duda, es menos grave que la pérdida funcional del mismo, y por lo tanto, las consecuencias inhabilitantes no pueden ser iguales.

Por otra parte, a pesar de haber sido solicitado por el demandante como parte de la prueba, no se pronunció el dictamen sobre la necesidad permanente de un tratamiento de fisiatra, o de una persona con conocimientos de enfermería que atendiera al señor Bonilla, como tampoco dictaminó si requería medicamentos en forma también permanente.

A pesar de esta omisión, la parte demandante no adelantó actuación alguna tendiente a obtener respuesta a tales preguntas.

3.2.2. Sin embargo, también a solicitud del demandante, se ofició por parte del tribunal al Instituto de Seguros Sociales y se le envió copia de los dictámenes médico legales del señor Bonilla, para que informara cuál era el costo del servicio de una enfermera capacitada para atender a dicha persona; esta entidad, mediante oficio del 29 de noviembre de 1993, remitió al tribunal a quo el concepto emitido por la Jefatura de la Sección Nacional de Medicina Laboral del ISS, en el cual se consignó que (fls. 45, 43 y 44, cdno. 2):

“Revisado el concepto emitido por psiquiatría forense de la ciudad de Pasto y consultado telefónicamente el psiquiatra respectivo sobre el caso del señor López Bonilla (sic), se encuentra que a consecuencia de accidente de tránsito por él sufrido en octubre 21 de 1989, presentó traumatismo cráneo-encefálico, dejando como secuelas hemiplejía izquierda (neurológica) y reacción depresiva situacional (cuadro ansioso-depresivo moderado).

De acuerdo a las alteraciones clínicas que presenta el paciente, realmente no es necesaria la presencia permanente de una enfermera para el cuidado del citado señor. Se amerita la ayuda profesional de un psiquiatra en forma periódica (cada 30 días) a través de consulta programada”.

3.2.3. También solicitó el demandante, que se oficiara al médico psiquiatra adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal de Pasto (Nariño) para que luego de evaluar al señor Bolívar Hernando Bonilla, dictaminara las consecuencias de orden emocional derivadas para él de su estado de invalidez, y para su familia por no tener conocimiento especial para atender al enfermo; si era necesario adecuar al demandante a su nueva forma de vida, debido a su estado de invalidez, y cómo podía compensarse su vida de relación o el goce de vivir (fl. 57, cdno. 1).

3.2.4. El psiquiatra forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Pasto (Nariño) remitió al tribunal su Concepto Pericial PF-C: 46-93 PTP el 7 de septiembre de 1993; en él se informó que la clase de dictamen forense a efectuar era de “Perturbación Psíquica” y que el señor Bolívar Hernando López Bonilla (sic) fue examinado el 26 de agosto de 1993, cuando acudió acompañado de un cuñado; luego de hacer un recuento de la situación personal y familiar del afectado y de los hechos que dieron origen a la práctica de la prueba (accidente de tránsito, solicitud del demandante), manifestó que se tendría en cuenta el concepto pericial 1327 (sobre el estado físico del examinado), la historia clínica 080605 del hospital departamental y la evaluación del afectado mediante examen clínico psiquiátrico convencional.

En la “discusión” de la evaluación efectuada al señor Bonilla, encontró el psiquiatra que se trata de un adulto que “...presenta una importante limitación funcional secundaria a lesión neurológica con incapacidad laboral total y permanente”, pero que tal limitación no es solo respecto del aparato locomotor y la función de prensión, sino que también se refiere a la capacidad comunicativa, ya que presenta disminución de la agudeza auditiva y alteración del aparato fonador y por lo tanto, dificultades para comprender y expresar mensajes, situación que lo ha afectado también emocionalmente conduciéndolo a un estado depresivo. Sostuvo además, este profesional, que

“Infortunadamente no ha recibido ayuda profesional en el campo de rehabilitación, la cual hubiera podido evitar una buena parte de los síntomas actuales, puesto que si bien presenta una limitación importante, existen recursos terapéuticos para pensar en una recuperación, al menos parcial. De allí que sería importante la valoración por parte de un médico fisiatra, a fin de diseñar un plan casero de fisioterapia, foniatría y terapia ocupacional. Su estado afectivo y depresivo puede ser manejado sin dificultades por medicina general en el municipio de su residencia” (negrillas fuera de texto).

Y con relación a la atención especializada que supuestamente debía recibir el afectado y que no le podía brindar su familia, así como al proceso de recuperación, sostuvo este profesional que la atención se la podía brindar perfectamente su familia sin necesidad de contar con conocimientos especializados, pues solo requerían una orientación; y que el proceso de adecuación a la nueva forma de vida se estaba produciendo normalmente, con el impacto emocional normal para todos los miembros del grupo familiar, pero que ese estado de “tristeza grupal” que se generaba, “...generalmente cede de manera espontánea”; manifestó el psiquiatra:

“Realmente si bien es necesario tener dirección o asesoría profesional para que la familia pueda manejar un paciente minusválido, de ninguna manera se puede pretender poseer “conocimientos especializados” familiares en esta área para suministrar un manejo eficaz a estas personas.

(...).

Finalmente hay que señalar que la respuesta normal es lograr adaptarse al nuevo estado de salud o a la nueva forma de vida que presenta, o adecuarse a esta situación (...). en este momento, el examinado y su familia se están “adecuando” a esta “nueva forma de vida”. Requieren (...) asesoría profesional en el sentido de facilitarle un plan casero que lo lleva a un punto de aceptación de sus limitaciones y que a partir de allí, tomando en cuenta sus capacidades y habilidades (muchas de las cuales no las ha desarrollado), pueda diseñar y ejecutar un proyecto de vida en una perspectiva sana”.

3.2.5. Por otra parte, el demandante pidió que se oficiara a la Fundación Pro Rehabilitación del Minusválido, para que a través de su departamento técnico informaran si un parapléjico o minusválido requiere de un tratamiento especial, después de quedar sometido a este estado y qué consecuencias le pueden sobrevenir; si es necesario adecuarlo a su nueva forma de vida y cómo pueden reemplazarse sus actividades vitales que le hacen agradable la existencia al ser humano; sin embargo, posteriormente, esta parte renunció a la práctica de dicha prueba (fl. 231, cdno. ppal.).

3.2.6. Por otro lado, el tribunal a quo, mediante auto para mejor proveer, del 30 de enero de 1996, decretó de oficio una prueba pericial, con el fin de determinar los perjuicios materiales, daño emergente y lucro cesante, ocasionados a los demandantes en los procesos acumulados 4426, 4482, 4483, 4515 y 4617; como resultado, se presentó dictamen en el cual los peritos se refirieron al proceso 4426, actor: Bolívar Hernando Bonilla), en el cual, con fundamento en la incapacidad laboral total y permanente que dictaminó medicina legal, la fecha del accidente y el salario mínimo legal vigente para la época del accidente, calcularon el lucro cesante, en la modalidad de indemnización debida o consolidada y de indemnización futura, con base en la esperanza de vida del lesionado, lo que arrojó un total de $ 17.978.372, con relación al daño emergente, manifestaron (fls. 314 y 343, cdno. ppal.):

“12. Daño emergente

para valorar el daño emergente pasado, no aparecen en el proceso, pruebas documentales que demuestren los gastos realizados por este concepto, por lo tanto se carece de elementos de juicio para realizar este cálculo.

En cuanto al daño emergente futuro, se hace necesario la valoración por parte de un médico fisiatra, a “fin de diseñar un plan casero en fisioterapia, foniatría y terapia ocupacional”, tal como se recomienda a folio 34, cuaderno número 2 del proceso 4426, que demuestre los gastos de recuperación que se deben efectuar y que permita realizar el cálculo respectivo”.

3.2.7. El apoderado de la parte actora pidió ampliación y adición del dictamen (fl. 351, cdno. ppal.), para que fuera corregida la fórmula de actualización aplicada para calcular el lucro cesante; en cuanto al daño emergente, sostuvo que “Es verdad que no existen bases para valorar el daño emergente pasado”, y sobre el daño emergente futuro, manifestó que “...debe tenerse en cuenta la observación que ha hecho el experto, pues como puede verse en el escrito de la demanda, fueron solicitados como factores de indemnización ...” los servicios permanentes de un fisiatra, los medicamentos, un auxiliar de enfermería, un psiquiatra, y los costos de desplazamiento a un centro de atención especializado; y que por lo tanto, erró el experto “...al no remover los obstáculos que podía tener para proferir su dictamen, toda vez que pudo entrevistar profesionales en las diferentes facetas, como para saber cuánto costaban los servicios de cada uno de ellos; cuánto vale el desplazamiento; cuánto cuesta la atención en un centro de atención especializado...”.

3.2.8. Los peritos, en el escrito de aclaración, manifestaron que no les incumbía a ellos aportar las pruebas de los perjuicios alegados en la demanda, puesto que esa era una carga de la parte actora (fl. 368, cdno. ppal.).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, considera la Sala que, en el sub lite, la parte actora cumplió con la carga de la prueba que le incumbe, en cuanto a la existencia del daño, puesto que acreditó en debida forma, que, a partir de las lesiones sufridas por el señor Bonilla con ocasión del accidente de tránsito que dio lugar a la condena de la entidad demandada, surgió para él un perjuicio futuro pero cierto, en la modalidad de daño emergente, toda vez que conforme al acervo probatorio, es claro que en concepto de los profesionales de la medicina que estudiaron su situación, sería necesario someter al afectado a una serie de cuidados y tratamientos especiales, con miras a obtener la recuperación de su estado de salud y su adaptación a las nuevas condiciones físicas en las que quedó con ocasión de las lesiones padecidas; específicamente, consta en el concepto pericial de medicina legal (fls. 30 a 35, cdno. 2):

— Que el demandante presentaba al momento de la valoración, una importante limitación funcional secundaria a lesión neurológica, reflejada no solo en las lesiones en sus miembros superior e inferior izquierdos, sino también en cuanto a la capacidad comunicativa, por disminución de la agudeza auditiva y alteración del aparato fonador, razón por la cual tenía dificultades para comprender y expresar mensajes, conduciéndolo tal situación a un estado depresivo;

— Que el señor Bonilla, requería ayuda profesional en el campo de la rehabilitación y que no la recibió, a pesar de que hubiera podido mejorar su situación;

— Además, que existen recursos terapéuticos que pueden conducir a una recuperación al menos parcial;

— Que no se le practicó una valoración por parte de un médico fisiatra ni se le diseñó, en consecuencia, un plan casero de fisioterapia, foniatría y terapia ocupacional.

Por otra parte, la jefatura de medicina laboral del ISS, conceptuó que no era necesaria la presencia permanente de una enfermera, pero conforme a los dictámenes médico legales que le habían sido efectuados al señor Bonilla, era evidente que requería atención psiquiátrica en forma periódica (mensualmente) mediante consulta programada (fls. 43 a 45, cdno. 2).

A pesar de lo anterior, no obra en el plenario la cuantificación de este daño, y tampoco se cuenta con los necesarios elementos de juicio para realizarla, puesto que no constan de manera concreta y concisa los tratamientos que requería el paciente, quién debía suministrárselos y por cuánto tiempo y mucho menos, cuál sería el costo de los mismos; es decir que se probó la existencia de los perjuicios materiales futuros alegados en la demanda mas no su monto, razón por la cual, la condena por este concepto se hará en abstracto, para que se liquide mediante el trámite incidental previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Civil que se deberá proponer dentro de los 60 días hábiles siguientes a la notificación del auto que ordena cumplir lo decidido en esta sentencia, con sujeción a las siguientes bases:

1. Ordénese un dictamen pericial por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que a través de sus médicos fisiatras, fonoaudiólogos, psiquiatras y demás que considere necesarios, y con base en el examen físico del señor Bolívar Hernando Bonilla, de su historia clínica, dictámenes anteriores y demás antecedentes obrantes en el proceso, relacionados con sus lesiones, conceptúe sobre:

a) El estado actual del señor Bolívar Hernando Bonilla, en cuanto a las limitaciones físicas derivadas de las lesiones que sufrió en los hechos origen de este proceso y su proceso de recuperación.

b) El tratamiento o los tratamientos y/o terapias a los que debió o debe ser sometido el demandante con ocasión de las lesiones;

c) Por parte de qué clase de profesionales o especialistas debían o deben efectuarse tales tratamientos y/o terapias;

d) Por cuánto tiempo y con qué intensidad horaria eran o son necesarios dichos tratamientos y/o terapias;

e) Si para el tratamiento de las secuelas de las lesiones sufridas en los hechos objeto de este proceso, requirió o requiere el consumo futuro de medicamentos, qué clase y cantidad de medicamentos y por cuánto tiempo.

2. Ofíciese al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad que haga sus veces, para que, con base en el anterior informe, suministre los costos de los distintos tratamientos que requería el señor Bolívar Hernando Bonilla.

3. Obténganse por lo menos tres (3) cotizaciones de distintas droguerías o farmacias respecto de las drogas que según el dictamen deba consumir el demandante, para efectos de obtener el precio promedio del mercado.

4. Con base en la anterior información, deberá calcularse el daño emergente consolidado y el daño emergente futuro, según el caso (13) .

IV. Daño a la vida de relación

El demandante solicita el pago de perjuicios por daño fisiológico, hoy denominado más apropiadamente como daño a la vida de relación y que corresponde al préjudice d’agrément del derecho francés, al cual, el régimen jurídico español, según sus doctrinantes, llama simplemente un daño moral puro (14) :

“Ahora bien, dadas las características del daño moral puro derivado del daño corporal, nos surge una pregunta, ¿coincide su contenido con el más moderno ‘préjudice d’agrément’ (...). Y nuestra jurisprudencia alude a esa noción de forma casi literal. Por ejemplo, la STS de 22 de febrero 2001 (RJ 2001, 2242), afirma que es daño moral ‘la privación para el resto de la vida del disfrute pleno de las propias energías y del desarrollo de la personalidad en el medio social’.

(...).

... en nuestro derecho (...) se ha acogido la categoría del préjudice d’agrément y se la entiende como un perjuicio amplio. Lo mismo se advierte en la jurisprudencia. Así, se ha entendido que es un daño autónomo derivado de una serie de lesiones irreversibles de carácter permanente, ‘la imposibilidad de recibir una información suficiente, elaborarla y relacionarse con los demás’. Así mismo, se ha precisado que ‘la pérdida del ánimo vital’, no necesariamente tiene que ser tan grave como para que se considere un cuadro depresivo. En este sentido la jurisprudencia ha puntualizado que ‘... de los hechos se desprende con carácter natural e inherente el daño moral, resultando evidente que la pérdida funcional de una pierna no solo ha reportado a la víctima una disminución importante de su potencialidad para el trabajo y, consecuentemente, de su rendimiento económico (...), sino que le ha privado para el resto de su vida de la posibilidad de disfrutar plenamente de sus propias energías y de la expansión genérica de su personalidad en el medio social, la pérdida del optimismo necesario para afrontar los avatares de la existencia y, sin llegar a la depresión, una inevitable inclinación al desánimo, en definitiva, una situación de parcial desvalimiento con el dolor moral inherente que acompañará al sujeto durante su existencia, y que debe hallar una traducción económica en el fallo’ (...).

(...) el denominado en lengua francesa préjudice d’agrément no designa una institución desconocida en el derecho español, sino que, refiriéndose al perjuicio causado por una más deficiente calidad de vida respecto a la que se disfrutaba antes de acaecer el hecho que la aminoró, encuentra holgado acomodo dentro del concepto de daño moral puro (...)” (las negrillas no son del texto original).

Entre tanto, la jurisprudencia de esta sección, ha considerado que el perjuicio moral corresponde a la esfera interna del individuo, mientras que el perjuicio a la vida de relación hace referencia, precisamente, al aspecto externo de la vida del perjudicado, a sus nexos con el ámbito exterior de su existencia; es así como, si bien las dos clases de perjuicio se hallan ubicadas dentro de los daños inmateriales, el daño moral es el “...producido generalmente en el plano síquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión a un bien”, mientras que el daño a la vida de relación, corresponde a “...aquel que rebasa la parte íntima o interna de la persona y le afecta su relación con el exterior, entendida esta no necesariamente desde el punto de vista de las relaciones sociales, sino como se sostuvo en sentencia del 19 de julio de 2000 (15) , en sus relaciones con las cosas del mundo externo, pudiendo afectar aún los actos de carácter individual pero exteriores al individuo, ya que se trata de un daño extrapatrimonial a la vida exterior dado que el que afecta su vida interna, espiritual, será siempre moral” (16) .

Conforme a la evolución que el concepto de daño a la vida de relación ha tenido en el tratamiento jurisprudencial, descrito en el fallo anterior, se observa que, en principio, este se denominaba “daño fisiológico” y se refería únicamente a aquellos eventos en los cuales, con ocasión de las lesiones sufridas por el damnificado, se afectaba su disfrute de las actividades placenteras o lúdicas que normalmente puede desarrollar una persona; este criterio posteriormente varió, bajo la consideración de que también se configuraba esta clase de daño, cuando las actividades limitadas o afectadas eran las propias de la vida cotidiana, es decir, aquellas actividades rutinarias que o bien ya no pueden realizarse por el afectado, o requieren de su parte un esfuerzo excesivo (17) ; se reconoce entonces, que este daño no consiste en la lesión física en sí misma, sino en las consecuencias que en razón de aquella se producen en la vida de relación del afectado, frente a todo su entorno, modificando incluso su comportamiento social o alterando de manera significativa sus posibilidades vitales.

Así mismo, reconoció la jurisprudencia, que tal afectación podía presentarse no solo con ocasión de una lesión física sufrida por la persona, sino que también puede provenir de una perturbación sicológica tan grave, que afecte el comportamiento de la persona, y de igual manera, ese daño a la vida de relación puede derivarse en todos aquellos casos en los que se sufra un detrimento de un bien jurídicamente tutelado, como la vida, la integridad personal, la honra, el patrimonio económico, etc., por cuanto “... el reconocimiento de esta clase de daños estuvo signado por el propósito de resarcir en forma integral a la víctima en relación con todos y cada uno de los bienes jurídicos afectados” (18) , recordando además, que al igual que todo perjuicio, este también debe ser demostrado por la persona que persiga su indemnización, puesto que el mismo no se presume (19) , y “... puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas que le haya dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida familiar y laboral” (20) .

El caso concreto

En el presente evento, observa la Sala que, de las pruebas testimoniales y documentales aportadas, se deduce claramente que el demandante cayó en un fuerte cuadro depresivo debido al accidente que sufrió, en el cual perdió parte de sus funciones motoras y comunicativas, afectando sus relaciones con su entorno; así lo declararon los señores José Eulises Florez Jiménez, María Elvira Ascuntar de Rosero, Redulcildo Calpa, Sergio Antonio Rosero Guevara y Julio Graciano Bolaños Mera, mayores de edad, habitantes del Municipio de Imués, quienes manifestaron conocer al demandante desde hace muchos años en virtud de sus relaciones de vecindad y amistad, razón por la cual les consta la afectación sufrida por el señor Bolívar Hernando Bonilla con ocasión de las limitaciones físicas que le quedaron a raíz de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito y que le impiden desenvolverse como una persona normal, al punto de tener que ser asistido por sus familiares para las cosas más simples, como trasladarse de un lado a otro y comer (fls. 12 a 15, 18 y 21, cdno. 2).

Por otra parte, el concepto psiquiátrico forense rendido dentro de este proceso y al que ya se hizo alusión en otro aparte, también da cuenta de las consecuencias perjudiciales sufridas por el demandante, más allá de las solas limitaciones físicas, en cuanto estas afectan su desarrollo personal y su normal desempeño familiar, social, etc.; al respecto, se consignó en dicho concepto:

“La limitación no solo se refiere al aparato locomotor y función de prensión, sino a la capacidad comunicativa, ya que presenta disminución de agudeza auditiva de predominio izquierdo, y alteración del aparato fonador, presentando de esa manera, dificultades para comprender y expresar mensajes. Esto ha determinado un estrechamiento de sus expectativas vitales y un significativo golpe a su funcionamiento yoico que a la postre ha producido síntomas depresivos y de ansiedad que se acompañan de irritabilidad, culpa, sentimientos de minusvalía e indefensión, no solo que lo agobian, sino que alteran su estado de ánimo, sumiéndolo en un estado depresivo” (negrillas fuera de texto).

Y aun sin necesidad del referido concepto profesional, para la Sala es perfectamente comprensible el daño a la vida de relación que se derivó del hecho dañoso para el demandante, si se tiene en cuenta que según el dictamen médico legal, sufrió deformidad física, perturbación funcional del órgano de la prensión, pérdida funcional de los miembros superior e inferior izquierdos, además de la perturbación funcional del órgano de la locomoción, lesiones todas de carácter definitivo y que le producen a quien las sufre, una disminución de las posibilidades de desarrollo de una multiplicidad de actividades normales para cualquier ser humano (30 a 35, cdno. 2).

De acuerdo con lo anterior, está perfectamente probada la existencia del daño a la vida de relación, por lo que hay lugar a proferir condena por este concepto.

Ahora bien, en cuanto a la condena, debe tenerse en cuenta que en esta clase de daños opera el arbitrio judicial, es decir que le corresponde al juez, luego de considerar todos los factores determinantes del perjuicio, a cuánto debe ascender la respectiva indemnización; por otra parte, también es necesario advertir que, respecto al perjuicio a la vida de relación, “... de acuerdo con la jurisprudencia de la sala se viene reconociendo en 400 salarios mínimos legales mensuales” (21) , aunque teniendo en cuenta en todo caso, la limitación impuesta por el monto de las pretensiones de la demanda, que en el presente caso, ascendió por el concepto en estudio, al equivalente a 4.000 gramos de oro.

En consecuencia, la Sala considera que en casos como el presente, debe tenerse en cuenta la naturaleza, gravedad y secuelas de las lesiones sufridas, conforme a lo dictaminado por los peritos de medicina legal, y el carácter permanente de ellas, que sin duda irá acompañado del sufrimiento que causa la pérdida de la independencia física y la imposibilidad de ejecutar las actividades normales de cualquier persona, por el resto de su vida.

Así las cosas, se adicionará la sentencia en el sentido de condenar a la entidad demandada a pagar la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dada la naturaleza y gravedad del perjuicio.

V. Finalmente, tiene razón el peticionario al referirse a la omisión por parte de la Sala, al no confirmar la condena impuesta a favor de Nelsy Rovira Portilla, toda vez que la misma no fue objeto del recurso de apelación por la parte demandante y que no prosperó el interpuesto por la parte demandada, error que se subsanará en la parte resolutiva de esta sentencia, reiterando la condena del a quo, aunque trasladada a salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme al actual sistema de cálculo de estos perjuicios, teniendo en cuenta que para la Sala, en aquellos casos de mayor intensidad del perjuicio moral, debe reconocerse como condena el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ADICIÓNASE la sentencia del 23 de noviembre de 2005 proferida por esta Sala de Decisión, en los siguientes términos:

“MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 10 de abril de 1997, la cual quedará así:

1. DECLÁRASE patrimonialmente responsable al Instituto Nacional de Vías por la muerte de Rosa Amelia Portillo Gillón y las lesiones físicas causadas al señor Bolívar Hernando Bonilla, en accidente de tránsito ocurrido el 21 de octubre de 1989.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías a pagar a favor de Nelsy Robira Portillo como indemnización por concepto de perjuicios morales, la suma de $ 40.800.000, equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. CONDÉNASE al Instituto Nacional de Vías a pagar a favor del señor Bolívar Hernando Bonilla las siguientes sumas de dinero:

— La suma de ciento ochenta y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil novecientos trece pesos moneda corriente ($ 184.363.913), por concepto de lucro cesante.

— La suma de cuarenta millones ochocientos mil pesos moneda corriente ($ 40.800.000), equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto de daño a la vida de relación.

4. CONDÉNASE en abstracto al Instituto Nacional de Vías, a pagar a favor del señor Bolívar Hernando Bonilla los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente futuro; la liquidación en concreto se hará previo trámite incidental y con arreglo a las bases que se dejaron establecidas en la parte motivo de este proveído, el cual se deberá iniciar dentro de los 60 días siguientes a la notificación del auto que ordena cumplir lo decidido en esta sentencia.

5. NIÉGANSE las demás súplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.

6. DÉSE cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo. Para tal efecto, entréguese copia de la misma a las partes y al Ministerio Público; a la parte actora, por conducto del apoderado que venía actuando, con la constancia de ser la primera copia de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

6.(sic) DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente sentencia”.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Sentencia del 22 de febrero de 1991, expediente 6234, M.P. Julio César Uribe Acosta.

(2) Sentencia del 27 de septiembre de 1990, expediente 5835.

(3) Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996. Actor: Emilse Margarita Palencia Cruz, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) Un concepto determinado, es aquel que delimita el ámbito de realidad a que se refiere de manera precisa e inequívoca, como cuando el Código Civil establece que un impúber es el varón que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 (art. 34), mientras que con la técnica del concepto indeterminado, los límites de tal ámbito de realidad no aparecen claros ni se precisan en el enunciado de la ley, pero de él se deduce que busca delimitar un supuesto concreto de la realidad, que permite ser precisado en el momento de la aplicación; lo esencial del concepto jurídico indeterminado, es que la indeterminación del enunciado, no se traduce en una indeterminación de las aplicaciones del mismo, las cuales solo permiten una “solución justa” en cada caso, como sucede con los términos “perturbación del orden público”, “razones de buen servicio”, “mal funcionamiento”, etc.

(5) Bustamante Ledesma, Álvaro; Reparación del Daño en Derecho Administrativo, en “Del Daño. Compilación y extractos”. Editora Jurídica de Colombia Ltda., 1ª edición, 2001; pág. 293.

(6) Mazeaud, Henri y León y Tunc, André. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1977, 5ª edición, tomo I, vol. I, págs. 301-302.

(7) Mosset Turraspe, Jorge; “Responsabilidad por Daños” T. I, Parte General, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos Aires, 1998, pág. 258.

(8) “El daño es incierto —dice Orgaz— cuando no se tiene ninguna seguridad de que vaya a existir en alguna medida, no ofreciéndose aún más que como una posibilidad” (ob. cit., pág. 93, num. 23).

(9) Peirano Facio, Jorge. “Responsabilidad extracontractual”, Editorial Temis S.A., Bogotá, 1981, págs. 362, 363 y 366.

(10) De Cupis, Adriano; “El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Bosch, Casa Editorial S.A., pág. 315.

(11) Sentencia del 19 de octubre de 2005, expediente 11.988.

(12) Giraldo G., César Augusto. Medicina Forense, Señal Editora, 3ª edición, 1982, págs. 31 y 33.

(13) Al respecto, se puede consultar la sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, M.P. Alier E. Hernández E.

(14) Vicente Domingo, Elena. El Daño. Tratado de Responsabilidad Civil, Parte General, Editorial Aranzadi S.A., 2002, págs. 241 a 243.

(15) Expediente 18.142.

(16) Sentencia del 10 de agosto de 2005, expediente 16.205.

(17) Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11842, M.P. Alier Hernández Enríquez.

(18) Sentencia del 10 de agosto de 2005, citada.

(19) Sentencia del 28 de septiembre de 2000, expediente 11755, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(20) Sentencia del 1º de marzo de 2006, expediente 13.887, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(21) Sentencia del 1º de marzo de 2006, ya citada; se advierte que la Sala, en sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, abandonó el sistema de cálculo de los perjuicios morales y a la vida de relación que se efectuaba en gramos oro, para efectuarlo ahora en salarios mínimos legales mensuales.

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