Sentencia 13622 de febrero 14 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

María Elena Giraldo Gómez

Bogotá, D.C., febrero catorce de dos mil dos.

Rad.: 73001-23-31-000-1995-2067-01. Exp. 13.622.

Actor: Enrique González Cuervo

Demandado: Nación (Ministerio de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura)

I. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida el día 31 de marzo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual dispuso: "declarar probada la excepción de caducidad de la acción e inhibirse de resolver en el fondo la cuestión planteada” (fl. 459, cdno. 1).

Il. Antecedentes procesales:

A. Actuación de primera instancia

1. Demanda:

La presentó el apoderado judicial del señor Enrique González Cuervo, el día 17 de enero de 1995, contra la Nación (Ministerio de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura; fls. 252 a 285).

a) Pretensiones

“1. Que la Nación, el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, son administrativa y solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a Enrique González Cuervo, como consecuencia de los daños materiales y morales ocasionados con la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con orden de captura proferida por el entonces juzgado 16 de instrucción criminal ambulante del Tolima el 3 de abril de 1990 confirmada ante el recurso de reposición interpuesto en término por la misma autoridad la cual tuvo una duración de 10 meses dos días fecha en la cual el H. Tribunal Superior de Ibagué en su Sala Penal determinó revocar dicha medida y en consecuencia se ordene reparar a las mismas entidades los perjuicios de orden materiales y morales objetivados y subjetivados actuales y futuros los cuales estimó como mínimo en la suma de ciento veintisiete millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y tres pesos moneda corriente ($ 127''467.893) suma que deberán cancelar a mi mandante los entes demandados sin que el señalamiento de dicha cuantía constituya limitación para que le sean reconocidos superiores perjuicios de la naturaleza y cuantía que resulten probados dentro del presente proceso.

2. La condena respectiva o sea el monto total de la indemnización será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo mediante la aplicación de los mecanismos, procedimientos y fórmulas adoptados por el Consejo de Estado en diferentes oportunidades, actualización que se hará con sus correspondientes intereses legales desde la fecha de la ocurrencia de los hechos dañosos y hasta cuando se dé cumplimiento a la sentencia que ponga fin al proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el fallo definitivo.

3. Si al momento de fallar no se pudiera señalar el monto concreto de la sentencia él mismo se determinará y liquidará en la sentencia complementaria de que tratan los artículos 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil modificados por el artículo 1º numerales 137 y 138 del Decreto 2282 de 1989.

4. Se condene en costas a las partes demandadas de ser procedente.

5. Se servirán ordenar que las partes demandadas le darán cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo (fl. 253, cdno. ppal.).

b) Hechos.

"1. El entonces Juzgado 16 de Instrucción Criminal Ambulante del Tolima inició investigación contra mi mandante el 17 de enero de 1990 por denuncia presentada por la Procuraduría Regional del Tolima el 2 de diciembre de 1989 en aras a establecer la posible responsabilidad en la supuesta adquisición irregular de unos equipos de alarmas para la prevención de posibles desastres en la rivera y por la creciente del río Combeima, hechos acaecidos durante la administración como alcalde de Ibagué de mi mandante.

2. Dentro de la investigación correspondiente iniciada, mi poderdante rindió indagatoria donde en forma clara e idónea explicó su legal proceder, argumentos que no convencieron al juez de la causa y al resolverle la situación jurídica, dispuso proferir en su contra medida de aseguramiento consistente en detención privativa, mediante auto fechado el 13 de marzo de 1990, por los posibles punibles de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad material de empleado oficial en documento público y falsedad ideológica en documento público. En la misma providencia se dispuso inicialmente conferir el beneficio de la libertad provisional, caucionada.

3. El 3 de abril del mismo año 1990, el Juzgado 16 de Instrucción Criminal Ambulante, al resolver los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el entonces agente del Ministerio Público designado para el caso, dispuso —entre otros aspectos—, negar la petición de la revocatoria de la medida de aseguramiento y de la cesación de procedimiento y revocar el numeral tercero de la parte resolutiva de la providencia impugnada y en consecuencia negar la libertad del procesado disponiendo su inmediata captura por parte de las autoridades respectivas y concede el recurso de apelación ante el superior. En la misma providencia revoca la medida de aseguramiento impuesta por la supuesta falsedad material de documento público, por considerar que con las pruebas existentes no se podía edificar una medida de aseguramiento por estos hechos. (negrillas del texto).

4. El recurso de apelación interpuesto y concedido, a que se refiere el número anterior, fue inadmitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, por haber sido presentado extemporáneamente, quedando así en firme la decisión a la que se refiere el numeral anterior.

5. Mi mandante había sido hasta entonces un connotado político en la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima, militando en las toldas liberales que dirigía en el departamento el senador Alberto Santofimio Botero, habiendo ejercido diversos cargos como director de la caja de previsión social del Tolima, secretario de hacienda del departamento, contralor municipal de Ibagué, secretario de gobierno de Ibagué, concejal en varios períodos de la misma ciudad, siendo el presidente de la corporación en varias ocasiones, diputado a la asamblea del Tolima y presidente de dicha corporación y alcalde de la ciudad. Para la época en el Tolima se libraron agrias batallas políticas que no se caracterizaron precisamente por la caballerosidad y gallardía, al contrario, los epítetos y ataques personales se salieron de su cauce hasta el punto de que en varias ocasiones se había intentado con relativo éxito, llevar dichas disputas a los estrados judiciales, en acto de irrespeto supremo a la majestad de la justicia.

6. Meses antes de proferirse la medida injusta contra mi mandante, este había sido candidato a la elección del segundo alcalde popular de Ibagué, disputa política que no fue fácil por cuando prácticamente las posibilidades se circunscribieron a dos candidatos, mi poderdante y Francisco José Peñaloza Castro, quien ya había sido en cinco ocasiones alcalde de la ciudad y quien representaba a las clases altas de la sociedad ibaguereña y al partido conservador. El sectarismo político tomo rumbos penales, se pretendía inhabilitar o liquidar a los contendores saliéndose del foro normal que era y sigue siendo la plaza pública. Lo anterior es del conocimiento general, lo que lo constituye en un hecho notorio y por lo mismo no requiere prueba.

7. Al enterarse mi mandante de lo que se pretendía y que hace relación a los dos anteriores hechos, y de que en su contra se había proferido medida de aseguramiento con orden de captura, y al saberse inocente de los cargos que se le imputaban, no existiendo en esa época la detención domiciliaria ni la ciudad por cárcel, viose (sic) abocado a esconderse para evitar su inminente captura y ser internado en la cárcel distrital de Ibagué (Penal), circunstancia que de haberse hecho realidad, hubiese acrecentado los gravísimos perjuicios que de por sí le fueron causados a mi poderdante, aún más tratándose —como se vio— de una persona de amplia respetabilidad social y política y de un dirigente con preseas ganadas en los campos límpidos de la franca lid.

8. La medida de aseguramiento con orden de captura, proferida en contra de mi poderdante, le causó ingentes perjuicios, pues a pesar de que la privación de su libertad no se hizo efectiva en una cárcel, la misma sí se cumplió, pues debió recluirse en un sitio, sin posibilidades de salir, de trabajar, de ejercer su profesión de administrador de empresas, graduado en la Universidad del Tolima, y dicha reclusión no fue motu proprio, ni por su conveniencia, sino como consecuencia de haberse proferido una medida de aseguramiento en su contra, injusta e ilegal, como a la postre se demostró incurriéndose en el craso error judicial, como pasaremos a verlo. Considero que para que el perjuicio se cause, no se requiere que la privación de la libertad se haya hecho efectiva en un lugar de reclusión oficial, basta que ella se dé, con las consecuencias que ello conlleva, con la situación sicológica y física que ella genera, con el desprestigio que ello igualmente genera, pues por tratarse de una personalidad pública, los medios de comunicación se ensañaron y a grandes titulares los medios hablados y escritos, tildaron a mi mandante de hampón, reo, delincuente, perverso, sin tener la posibilidad de defenderse de ellos, por la detención fáctica que debió padecer como consecuencia de la decisión de la autoridad judicial.

9. En efecto, se libró durante 10 meses una basta y extensa batalla jurídica donde mi mandante debió contratar los servicios de cinco ilustres abogados, doctores Antonio José Cansino, ex miembro de la comisión redactora del Código Penal y de Procedimiento Penal, reconocido jurista nacional y profesor universitario, Gustavo Humberto Rodríguez, ex consejero de Estado y presidente de dicha corporación, tratadista de derecho público y profesor universitario, máxima autoridad nacional en derecho administrativo, Rómulo Perdomo Medina, ex miembro de la comisión redactora del Código Penal y de procedimiento, reconocido litigante penalista en el Tolima, Luis Eduardo Villegas y Emilio Cifuentes, ex magistrados de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Ibagué, ex presidente de la misma corporación. El primero y el segundo emitieron sendos conceptos los que generaron costos, el tercero, fue el primer apoderado a quien se le cancelaron honorarios y los dos últimos fueron sus defensores como abogados principal y sustituto. Ello consta en el expediente y se probará en el presente proceso.

10. Transcurrido el término de diez (10) meses, dos días, durante los cuales mi mandante estuvo privado de su libertad, por estar vigente en su contra medida de aseguramiento sin el beneficio de la libertad con la correspondiente orden de captura, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia del H. magistrado doctor Eduardo Barriga Suárez, mediante auto calendado el cinco (5) de febrero de 1991, al resolver la apelación interpuesta por los defensores de mi mandante, contra la providencia del Juzgado 16 de Instrucción Criminal - Ambulante que había denegado la revocatoria de la medida de caución prendaria así como la detención preventiva y ordenaba que continuaban vigentes las medidas de aseguramiento proferidas, decidió en un acto de juridicidad y legalidad evidente revocarlas y sólo a partir del momento en que quedó en firme dicha decisión mi mandante recobró su libertad, pudo nuevamente circular y ejercer su profesión.

11. En la misma providencia, precitada se dispuso REVOCAR la sindicación que se le tenía a mi representado por la supuesta falsedad ideológica, por considerar dicha H. corporación, que no se podría predicar la falsedad del acta que dio origen al pleito, es decir, inexistencia del delito.

12. Para dicha época (feb. 5/91) ya se había proferido en su contra resolución de acusación o llamamiento a juicio, pero solamente por el presente delito de celebración indebida de contratos, celebrándose la audiencia pública en la cual al proferirse la sentencia, por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Ibagué, mediante la providencia fechada el cinco (5) de noviembre de 1992, mi mandante fue absuelto de todos los cargos por considerarse que los delitos no existieron por ser la conducta atípica, no existiendo la certeza del hecho punible y menos la responsabilidad del acusado. Dicha providencia fue consultada ante el H. Tribunal Superior de Ibagué, en donde se determinó que no era legal dicha consulta, quedando en firme la absolución de mi mandante.

13. Como puede verse fueron diez (10-2) meses dos días, de detención efectiva, pues a pesar de que la misma no se cumplió en un establecimiento carcelario oficial, sí se cumplió de facto, en un sitio de la ciudad, donde se recluyó mi representado durante todo el tiempo de duración de la vigencia de la medida de aseguramiento y de la orden de captura y fueron entonces, magistrados, treinta y cuatro (34) meses contados desde el 17 de enero de 1990 (fecha de iniciación de la investigación) y el 15 de diciembre de 1992 (fecha en que el H. tribunal dispuso que la consulta del fallo absolutorio no era viable), en que mi mandante padeció la zozobra, la desolación, los problemas psíquicos graves que conlleva para un ciudadano honesto y personaje como mi poderdante, el saberse que le está investigando, privado de la libertad, degradado física y moralmente, golpeada su dignidad humana, su honra, colocado en la picota pública como un vulgar delincuente, llamado a juicio y juzgado, sin haber tenido responsabilidad alguna y habiendo sido su único pecado, haberle servido a la comunidad, en especial a los más desprotegidos, desde los cargos de representación popular o en los cuales fue designado por sus méritos, cualidades, capacidades, honestidad y rectitud. Ello amerita un resarcimiento de los perjuicios y así lo solicitamos respetuosamente.

14. Los perjuicios fueron pues ingentes, tanto de índole material como moral, como se verá y determinará en la presente demanda y en el proceso correspondiente” (fls. 254 a 258, cdno. 1).

2. Actuación procesal:

El tribunal admitió la demanda el día 1º de febrero de 1995 (fl. 286, cdno. ppal.), la cual fue notificada a la demandada los días 3 y 10 de agosto de 1995 (fls. 322 y 323, cdno. ppal.).

El día 22 de agosto siguiente, el actor presentó escritos de aclaración y corrección de demanda los cuales fueron rechazados por extemporáneos. mediante auto dictado el día 29 de febrero de 1996 (fls. 309 a 319, 341 y 366, cdno. ppal.).

La Nación (Consejo Superior de la Judicatura) se opuso a los hechos y a las pretensiones con fundamento en la inexistencia de un daño antijurídico y en que la actuación de los funcionarios que adelantaron la instrucción penal se ajustó a derecho; propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y manifestó que quien está llamado a responder por los hechos que se le imputan es la Fiscalía General de la Nación, que tiene autonomía administrativa y presupuestal (fls. 332 a 339, cdno. ppal.).

Finalmente, en escrito separado, llamó en garantía a los señores Cecilia Correa de Hernández y Luis Eduardo Lozado R., por haber sustanciado la investigación penal en su condición de jueces de instrucción criminal en la ciudad de Ibagué (fls. 1 a 3, cdno. 2). El llamamiento fue aceptado el 3 de octubre de 1995 (fl. 4, cdno. 2).

Los llamados en garantía contestaron el libelo oponiéndose a las pretensiones. La doctora Carmen Cecilia Correa de Hernández propuso la excepción de caducidad de la acción con fundamento en que a la fecha de presentación de la demanda ya habían vencido los dos años que prevé la ley toda vez que los mismos empezaron a correr desde la fecha en que se revocó la medida de detención a favor del señor González Cuervo.

La Nación (Ministerio de Justicia) intervino en la correspondiente oportunidad procesal; reconoció la existencia de algunos hechos, negó otros y se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda. Argumentó la inexistencia de una falla en el servicio de la administración de justicia porque hubo mérito jurídico para disponer la detención preventiva del señor González Cuervo y no se presentó un error judicial.

Propuso la excepción de indebida representación de la parte demandada porque debió vincularse a la Fiscalía General de la Nación que, afirma, es la llamada a responder por los hechos que se le imputan a la Nación (fls. 352 a 362, 438 cdno. ppal.).

La audiencia de conciliación se realizó el día 6 de noviembre de 1996; las partes no llegaron a ningún acuerdo (fl. 435, cdno. ppal.).

3. Sentencia apelada.

El tribunal consideró que la acción impetrada estaba caducada, en consecuencia de lo cual se inhibió para fallar el fondo del asunto. Adujo:

De lo expuesto en la demanda y visto en los documentos que como prueba se han animado en providencia del 13 de marzo de 1990 proferida por el entonces juzgado dieciséis de instrucción criminal se decreta en contra de Enrique González Cuervo medida de aseguramiento consistente en detención preventiva como posible responsable de las conductas allí citadas medida esta que es revocada el 5 de febrero de 1991 por la Sala de Decisión del Tribunal Superior.

En este sentido le asiste razón al accionante en cuanto al término de vigencia de tal medida por el término de 10 meses hasta la "fecha en la cual el H. Tribunal Superior de Ibagué en su Sala Penal determinó revocar dicha medida...".

Bajo el supuesto de que el perjuicio que reclama haya sido ocasionado por la decisión judicial señalada, éste desapareció con la providencia del Tribunal es decir, el 5 de febrero de 1991 lo que implica que para cuando se presentó la demanda el 17 de enero de 1995 la acción estaba caducada (...).

Al punto hay que anotar que cuando el hecho, omisión u operación administrativa se prolongan en el tiempo el momento de partida para la caducidad es su desaparecimiento definitivo lo cual es independiente de que los perjuicios se mantengan como efectos de aquellos, consideración que es valedera aun si se tuviera como fecha la providencia que lo desvinculó totalmente del proceso penal mediante sentencia absolutoria.

Independientemente de lo expuesto y si se tuviera que estudiar el fondo del asunto, tampoco advierte el tribunal que le asista razón a quien ejercita la acción porque de una parte la detención preventiva no puede tener el calificativo de error judicial por la sola revocatoria pues tener criterios diferentes sobre una norma jurídica o apreciar los hechos en forma distinta, ello se encuentra dentro del ejercicio de la función judicial y para eso se instituyó el control jerárquico.

De la misma manera, valorar un prueba en forma desatinada con criterios discutibles, no puede constituir error judicial. De ser esto así el solo hecho de revocar una providencia sería fuente de responsabilidad administrativa” (fls. 456 a 460, cdno. ppal.).

5. Recurso de apelación.

El demandante al interponerlo solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia, afirmó que la caducidad de la acción no estaba configurada porque el término para interponer la demanda no debe contarse desde la fecha en que se revocó o levantó la medida de aseguramiento, sino desde la fecha de la última providencia que lo absolvió, esto es, “cuando su situación sea definitivamente resuelta, no antes, pues si bien le revocan la medida de aseguramiento, ello no es óbice para ser declarado culpable y ser sentenciado posteriormente”.

Refirió a apartes de la sentencia proferida, el 12 de diciembre de 1992 (exp. 10.299), por la Sección Tercera del Consejo de Estado y señaló que la misma prevé la responsabilidad del Estado cuando el sindicado sea desvinculado en forma definitiva porque “nadie puede demandar sino cuando su situación sea definitivamente resuelta, no antes, pues si bien le revocan la medida de aseguramiento ello no es óbice para ser declarado culpable y ser sentenciado posteriormente” (fls. 461 a 466, 469 y 470, cdno. ppal.).

B. Actuación en segunda instancia.

El recurso se admitió el día 1º de julio de 1997 y, posteriormente, con auto proferido el día 29 de julio siguiente se dispuso el traslado a las partes y al Ministerio Público para la presentación de alegatos finales. En esta última oportunidad procesal el Ministerio Público y la demandante guardaron silencio; la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, solicitó mantener la decisión apelada.

Como no se observa causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a decidir previas las siguientes.

III. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia por medio de la cual el tribunal declaró la caducidad de la acción de reparación directa y se inhibió para conocer el fondo del asunto.

La apelación interpuesta tiene como punto de partida discutir que no es cierta la afirmación del a quo, concerniente a que ocurrió el hecho jurídico de la caducidad y por tanto el fallador de instancia debió entrar al análisis de los hechos, sus pruebas y definir con base en éste las súplicas de la demanda.

Por tal razón la Sala estudiará el tema genérico de la caducidad de reparación directa específico, en el caso particular, de cómo se cuenta el plazo fijado por la ley, para demandar.

A. Caducidad de la acción.

1. ¿Cuándo ocurre? Se produce cuando el término concedido por la ley, para entablar la demanda, ha vencido.

El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no.

Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina contranon volenten agere non cumt prescriptio es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse.

Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aun contra voluntad del beneficiario de la acción.

La caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado para el ejercicio de acción.

La facultad de accionar comienza con el plazo prefijado y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al caducar o terminar el plazo, improrrogable.

2. Caducidad en la acción de reparación directa por daños ocasionados con la orden judicial de detención preventiva; caso particular:

El artículo 136 Código Contencioso Administrativo, vigente para la época en que ocurrieron los hechos que motivan las pretensiones y para la fecha de presentación de la demanda, establece que el término de caducidad de la acción de reparación directa es de dos años contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión, operación y la ocupación generadora del perjuicio (1) .

(1) El numeral 8º del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 establece la caducidad de la acción de reparación directa en los siguientes términos. Caducidad de las acciones... 8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Se tiene por tanto que tratándose de este tipo de acción el derecho a reclamar la reparación del perjuicio sólo surge a partir del momento en que el presunto daño se produce “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria” (2) .

(2) En este sentido se pronunció la Sala en providencia del 7 de septiembre de 2000, Expediente 13126.

Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Así lo ha manifestado la Sala en profusas providencias (3) dentro de las cuales se resalta lo expresado en el auto dictado el día 2 de febrero de 1996 (exp. 11425) que precisó que la revocatoria de la detención que habilita al detenido para demandar en acción de reparación directa, debe, de una parte, fundarse en los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, de otra, constar en una providencia ejecutoriada:

(3) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 4 de marzo de 1993. Expedientes 7407, 7399.

“Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber:

— Que el hecho no existió.

— Que el sindicado no lo cometió.

— Que la conducta no constituía hecho punible.

Sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza.

Resulta ilustrativo tener en cuenta el texto del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, adoptado mediante Decreto-Ley 2100 de 1991, vigente para la época en que acaecieron los hechos demandados; dice:

"Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave (Resalta la Sala).

De la anterior disposición se colige lo siguiente:

• Cuando una persona es privada de la libertad por virtud de decisión de autoridad y luego es puesta en libertad por la misma autoridad, ya sea porque el hecho imputado no existió, o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, este daño es indiscutiblemente antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

• Cuando el fundamento de la pretensión resarcitoria es la privación de la libertad que fue revocada mediante decisión judicial, la misma puede estar contenida en una sentencia definitiva o en su equivalente. De manera que el presunto daño antijurídico que motiva el ejercicio de la acción no necesariamente se concreta en la sentencia absolutoria definitiva proferida en el proceso penal. Así lo expresó la Sala en sentencia proferida el día 15 de septiembre de 1991 (exp. 9391): “la exoneración puede ser fruto de una sentencia judicial o de una providencia judicial. El artículo 414 del Código de Procedimiento Penal habla de sentencia absolutoria o “su equivalente” expresión que debe tomarse en sentido amplio”.

Con fundamento en lo anterior, la Sala precisa que el artículo 414 del código del citado procedimiento penal, adoptado mediante Decreto-Ley 2700 de 1991, con fundamento en el cual se ha condenado al Estado, en múltiples oportunidades, a la reparación del daño antijurídico causado por la detención preventiva, condiciona la responsabilidad con base en la circunstancia legal relativa a que el sindicado sea exonerado mediante providencia definitiva: o porque el delito no existió, o porque el sindicado no lo cometió o porque su conducta era atípica. Ademas el calificativo definitivo se predica de la situación jurídica del sindicado respecto de la detención preventiva, no del proceso o de la instrucción penal que se adelanta, de manera que cuando la investigación penal termine para el sindicado, con providencia ejecutoriada, fundada en que no hay mérito para mantenerlo vinculado al proceso penal en los términos mencionados, del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, se habrá configurado para él el presunto daño antijurídico y empezará a transcurrir el término de los dos años que la ley prevé para ejercitar la acción de reparación directa.

Nótese cómo dicho artículo y la jurisprudencia, como criterio auxiliar en la administración de justicia, exigen que la revocatoria de la medida de aseguramiento de detención preventiva se produzca con fundamento en una de las tres circunstancias que se mencionaron que: el delito no existió, el sindicado no lo cometió o su conducta sea atípica. Solo así el sindicado queda definitivamente desvinculado del proceso penal, sin la posibilidad de que se produzca una providencia dentro del mismo juicio que determine su responsabilidad penal.

B. Caso particular

Del análisis de la demanda se encuentra que:

• El actor pidió declarar: “Que la Nación, el Ministerio de Justicia y/el Consejo Superior de la Judicatura, son administrativa y solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a Enrique González Cuervo como consecuencia de los daños materiales y morales ocasionados con la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva con orden de captura” (destacado con negrilla por fuera del texto original).

• El fundamento fáctico de las pretensiones, en lo destacable, es:

— Que el demandante fue privado de la libertad mediante providencia proferida el día 13 de marzo de 1990 por el juez 16 de instrucción criminal ambulante (hecho 2);

— Que el mismo juez resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior providencia, mediante auto del día 3 de abril de 1990, en el que decidió negar la libertad del procesado y revocar la detención preventiva impuesta por la supuesta falsedad material de documento público (hecho 3);

— Que la detención preventiva quedó en firme puesto que la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué inadmitió, por extemporáneo, el recurso de apelación que interpuso contra la decisión del juez 16 de instrucción ambulante (hecho 4);

— Que “La medida de aseguramiento con orden de captura, proferida en contra de mi poderdante, le causó ingentes perjuicios, pues a pesar de que la privación de su libertad no se hizo efectiva en una cárcel, la misma sí se cumplió, pues debió recluirse en un sitio, sin posibilidades de salir, de trabajar, de ejercer su profesión de administrador de empresas, graduado en la Universidad del Tolima, y dicha reclusión no fue motu proprio, ni por su conveniencia, sino como consecuencia de haberse proferido una medida de aseguramiento en su contra. Injusta e ilegal, como a la postre se demostro, incurriéndose en el craso error judicial, como pasaremos a verlo. considero que para que el perjuicio se cause, no se requiere que la privación de la libertad se haya hecho efectiva en un lugar de reclusión oficial basta que ella se dé, con las consecuencias que ello conlleva con la situación sicológica y física que ella genera con el desprestigio que ello igualmente genera pues por tratarse de una personalidad pública los medios de comunicación se ensañaron y a grandes titulares los medios hablados y escritos tildaron a mi mandante de hampón, reo, delincuente perverso. Sin tener la posibilidad de defenderse de ellos por la detención fáctica que debió padecer como consecuencia de la decisión de la autoridad judicial”; (hecho 8; resaltado de la Sala).

— Que la Sala Penal del Tribunal Superior de lbagué mediante auto del día 5 de febrero de 1991 al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que dictó aquel juzgado mediante el cual denegó la revocatoria de la detención preventiva decidió revocar las medidas preventivas y de aseguramiento como también la sindicación que se le tenía “por considerar dicha H. corporación que no se podría predicar la falsedad del acta que dio origen al pleito es decir inexistencia del delito” (hecho 10; negrillas fuera del texto original).

— Que a partir de la revocatoria de las medidas preventivas dispuestas en contra del señor González Cuervo éste “pudo nuevamente circular y ejercer su profesión" (hecho 10);

— Que el juez 8 penal del circuito de lbagué mediante sentencia proferida el día 5 de noviembre de 1992 absolvió al señor González Cuervo de todos los cargos por considerar que los delitos no existieron por ser la conducta atípica no existiendo la certeza del hecho punible y menos la responsabilidad del acusado. Dicha providencia fue consultada ante el H. Tribunal Superior de Ibagué, donde se determinó que no era legal dicha consulta quedando en firme la absolución de mi mandante” (hecho 11).

De igual manera el actor en el capítulo “Concepto de la violación" explicó que la Nación había violado disposiciones constitucionales y legales que consagran derechos fundamentales y refirió a sentencias de la Sala relacionadas con los presupuestos de responsabilidad patrimonial del Estado, particularmente con el daño derivado de la privación injusta de la libertad (fls. 265 a 269, cdno. ppal.) y concluyó:

Se probará en el presente proceso el craso error judicial y la manifiesta equivocación en que se incurrió contra mi mandante quien por cuenta de la rama jurisdiccional del poder público estuvo con medida de aseguramiento durante diez meses dos días (10-2) en la picota publica en detrimento de su patrimonio económico y moral, para que después a través de diversas providencias judiciales se reconociera el error y se determinara que había inexistencia de los delitos que se le imputaban (...) (fl. 270, cdno. ppal.; negrilla por fuera del texto original).

También fundamentó la cuantificación de los perjuicios en un capítulo especial, en el cual afirmó que el daño emergente:

“se entiende como el empobrecimiento directo del patrimonio y que se tomará para la actualización la fecha en que se profirió la medida de aseguramiento con orden de captura y sin beneficio de libertad provisional contra mi mandante el 3 de abril de 1990 y la fecha de la providencia que revocó dichas medidas es decir el cinco (5) de febrero de 1991 dentro del proceso general que se le siguió que culminó el 19 de enero de 1993 (fl. 274, cdno. ppal. negrilla de la Sala).

De todo lo anterior la Sala deduce que las pretensiones formuladas por el demandante tienen por causa fáctica y jurídica la medida ilegal de aseguramiento de detención preventiva de que fue objeto el señor González Cuervo en desarrollo de la investigación penal que adelantó el Juez 16 de Instrucción Criminal Ambulante, por los posibles punibles de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad material de empleado oficial en documento público y falsedad ideológica en documento público.

El actor imputó los presuntos daños a la privación de la libertad que se dispuso en su contra y tomó en cuenta la vigencia de esa medida (abr. 3/90 a feb. 5/91) para cuantificar los perjuicios materiales por cuya reparación reclama.

Se tiene entonces que si para el demandante la causa de los perjuicios radica en la detención preventiva que se dispuso en su contra, debió formular la demanda a partir de la ejecutoria de la providencia judicial que revocó tal medida, porque desde esa fecha el señor González Cuervo quedó desvinculado del proceso penal por esos delitos, ya que la revocatoria de la medida preventiva se fundó en que el delito de falsedad ideológica no existió (hecho 11 de la demanda) circunstancia prevista dentro de los mentados supuestos indemnizatorio del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal vigente para entonces.

De igual manera se resalta que si para el actor cesaron los efectos nocivos de la medida de detención desde la providencia del Tribunal que revocó la detención preventiva, el daño antijurídico cesó desde entonces y con ello quedó habilitado para demandar la reparación de los correspondientes perjuicios.

Por todo lo anterior, no son de recibo los argumentos del apelante cuando expresó que el término de caducidad de la acción sólo empezó a correr desde la fecha en que culminó totalmente el proceso penal.

Si la providencia judicial por medio de la cual se revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva, fundada en que el delito no existió, se profirió el día 5 de febrero de 1991 (4) , era a partir de esa fecha que empezaba a correr el término de los dos años previsto en la ley para ejercer la acción de reparación directa con fundamento en la detención preventiva y la absolución posterior, porque como se explicó, hasta entonces se evidenció la antijuridicidad del daño soportado por el sindicado.

(4) Recuérdese que contra esta providencia no procedían recursos porque fue la que decidió el recurso de apelación interpuesto contra la providencia que dispuso la medida preventiva, luego de que el juez negó su revocatoria en primera instancia.

De manera que, como la demanda se presentó el día 19 de abril de 1995, a esta fecha el mentado término ya estaba más que vencido; la acción ya había caducado.

Con fundamento en todo lo anterior se impone la declaratoria de caducidad de la acción, como acertadamente lo consideró el tribunal a quo.

c) La decisión:

El fallo impugnado habrá de modificarse pues si bien estuvo acertado en declarar probado el hecho jurídico de la caducidad de la acción no ocurre lo mismo con la declaración de inhibición, pues la providencia debió desestimar, por tal hecho, las pretensiones de la demanda; esto tiene fundamento en una previsión de ley, según la cual el hecho jurídico de caducidad de la acción es constitutivo de excepción de fondo (CPC, art. 97, último inc.).

El artículo antecitado es claro en indicar que ese hecho constituye por su naturaleza una excepción de fondo, aunque en el proceso civil se pueda proponer como excepción previa al decir: También podrán proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad de la acción (5) .

(5) Véase en el mismo sentido la sentencia proferida el día 14 de octubre de 1999. TE número 7.861. Consejera: María Elena Giraldo Gómez. Demandante: Luis Antonio Hurtado Hurtado. Demandada: Nación (Ministerio de Minas).

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFÍCASE la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el día 31 de marzo de 1997. En su lugar se dispone:

1. Declárase probada la caducidad de la acción de reparación directa.

2. En consecuencia de la declaración anterior deniéganse las súplicas de la demanda.

3. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

______________________________