Sentencia 13623 de noviembre 8 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD DOCUMENTAL

EN DOCUMENTO PRIVADO CON RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE FIRMAS

EXTRACTOS: «1. Estimó el censor que el tribunal incurrió en violación directa de la ley porque seleccionó indebidamente el artículo 220 del Código Penal al tipificar la conducta atribuida a Bohórquez Rodríguez, pues le dio la calidad de documento público a uno privado, como lo es la promesa de compraventa que aparece suscrita por aquél y la señora Rosa Moreno de Gregory.

2. El juez colegiado, acogiendo íntegramente la calificación que de los hechos hizo la fiscalía de segunda instancia (cdno. 1, fl. 538), los enmarcó en un concurso de hechos punibles, provenientes de dos falsedades: una cometida en documento privado, por cuanto en la promesa de compraventa se le falsificó la firma a la promitente vendedora; y la otra, la de particular en documento público, pues se demostró que ésta (Rosa Moreno de Gregory) no concurrió a la diligencia de autenticación de firmas ante la Notaría 32 del Círculo de Bogotá. Así se expresó:

“Y lo puntualizado en la parte motiva fue un concurso de hechos punibles, proveniente de dos falsedades: una cometida en documento privado, como quiera que en la manifestación de la promesa de compraventa, se hizo aparecer “como interviniente a quien se le falsificó su firma, esto es, la de la presunta prometiente vendedora, señora vda. de Gregory”. Y la otra, que concurre con la anterior, es la “deducida por el funcionario instructor, esto es, la de particular en documento público, pues se tiene demostrado que Rosa Moreno no compareció a las multicitadas notarías (32 y 2ª), de conformidad con las diversas pruebas técnicas...”.

Al margen de lo anterior, el censor distorsionó la realidad procesal, pues no es cierto que el tribunal hubiera modificado la naturaleza de la promesa de venta, convirtiéndola en un documento público. El a quo —repítese—, ceñido a la calificación confeccionada por la fiscalía de segunda instancia, entendió que se trataba de un documento con un doble contenido: uno de carácter privado, constituido por la manifestación de voluntad de suscribir el contrato de promesa de compraventa, y otro, el acto de autenticación de las firmas en el que intervino un funcionario público. Es de esta última actuación que se deduce la falsedad de particular en documento público.

Para que la situación quede más explícita, mírese el siguiente recorrido:

a) La fiscalía de primera instancia al calificar el mérito del sumario habló de falsedad en documento público. Dijo:

“...se tiene que siendo falsa la firma de la señora Rosa Moreno v. de Gregory y auténticos los sellos y firmas de las correspondientes notarías, es lógico que para lograr ello, ha tenido que intervenir una supuesta persona que induciendo en engaño a los empleados y funcionarios de las correspondientes notarías logró la autenticación de las firmas de la difunta Rosa Moreno v. de Gregory y en consecuencia, como tal, la elaboración de un documento público falso por lo que tenemos entonces, una conducta punible que fácilmente encaja en el artículo 220 del Código Penal por falsedad material de particular en documento público.

Así las cosas, tenemos que esta conducta sólo puede ser endilgada al señor Alejandro Bohórquez Rodríguez y en calidad de determinador...”.

b) La fiscalía de segunda instancia, que modificó la tipicidad para hablar de concurso, expuso:

“Surge nítido que el documento objeto material del ilícito aquí investigado apareja dos contenidos: uno de carácter privado, contentivo de la manifestación de voluntad en el cual se hace aparecer como interviniente a quien se le falsificó su firma, esto es, la de la presunta prometiente vendedora, señora vda. de Gregory; otro, de índole público en el cual se hace constar que aquella compareció ante oficina notarial a declarar tanto el contenido serio del documento como su suscripción.

Bajo este ideario, tiénese como irrefutable que el hecho de hacerse intervenir a un funcionario público —en este caso a un notario autenticándose ante él un documento privado— en manera alguna éste, el documento, pierde su naturaleza, como que continúa siendo privado. Por manera que en nuestro caso, tal documento se usó en la medida en que con él se quiso, con fundamento en su fuerza probatoria, demostrar ante las herederas de la causante, la propiedad ilícitamente adquirida.

Con la falsedad anterior, concurre también la deducida por el funcionario instructor, esto es, la de particular en documento público, pues se tiene demostrado que Rosa Moreno no compareció a las multicitadas notarías, de conformidad con las diversas pruebas técnicas que se cumplieron sobre los documentos dubitados y su confrontación con las muestras caligráficas, para arribar así a la conclusión de que su rúbrica fue objeto de falsedad por imitación.

Siendo, como en efecto lo es, que en una y otra modalidades delictivas no se requiere que el procesado haya intervenido materialmente, deviene acertada la calidad de determinador por lo cual se le formula formal acusación”.

c) El juez de primera instancia, absolvió.

d) Y el tribunal condenó por el concurso, haciendo las explicaciones ya mencionadas.

Surge de lo anterior, entonces, que no es que se haya convertido un documento privado en público, como lo plantea el casacionista, sino que se trata de dos momentos perfectamente diferenciables: el primero, la falsedad en el contrato de promesa de compraventa, firmada aparentemente por Bohórquez y doña Rosa el 17 de junio de 1988; y el segundo, la falsedad consistente en hacer aparecer a la dama en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá, días después, el 15 de julio del mismo año. El primer momento constituye falsedad en documento privado y el segundo, en documento público, pues que en este mentirosamente se dice que ante el notario comparecieron los dos y declararon que el contenido del escrito era cierto y que las firmas que lo autorizaban habían sido puestas por ellos, todo ello ratificado con sus firma por el funcionario notarial.

Esta afirmación de la Corte no es extraña pues, por ejemplo, en casación del 3 de octubre de 1994 (M.P. Jorge E. Valencia M.), había dicho:

“Es claro para la Sala que cuando el notario manifiesta en el escrito que las firmas que allí aparecen junto con las huellas digitales corresponde a las identidades que los mismos manifiestan, no está avalando o modificando el documento del cual hacen parte. Simplemente le está otorgando credibilidad a sus firmas, con independencia del contenido del escrito. Por ello, este texto notarial conserva su total autonomía y por ser suscrito por un funcionario público, adquiere tal carácter pues lo está haciendo en ejercicio de su cargo” (G.J. T. CCXXXIII, Nº 2472, Segundo Semestre, vol. II, 1994, pág. 575).

De otra parte, para hacer eco a los antecedentes de la Sala que cita el demandante, obsérvese cómo en la sentencia de casación del 13 de marzo de 1997 (M.P. Ricardo Calvete Rangel), traída sólo parcialmente por el actor, la Corte fue nítida:

“La certificación que el notario consigna en el documento privado respecto a que determinadas personas comparecieron y reconocieron sus firmas sí tiene el carácter de documento público, por esta razón cuando la falsedad recae sobre dicha certificación las normas aplicables son las que se refieren a esa clase de documentos”.

La conclusión es similar frente a los otros dos precedentes, pues tanto en el del 25 de febrero de 1991 (M.P. Dídimo Páez Velandia), como en el del 31 de enero del mismo año (M.P. Juan Manuel Torres Fresneda), la Corte se ocupó no solamente de hechos diversos sino de deducciones bien diversas a la esgrimida por el casacionista pues que en los dos eventos se dilucidaba la presentación de un memorial en juzgados, misivas que se tornaban en documentos públicos con su inserción en los expedientes respectivos o con cualquier manifestación hecha sobre ellos por el respectivo despacho judicial (G.J. T. CCXI, Nº 2450, Primer Semestre de 1991, págs. 69 ss. y 1312 ss.).

Lo anterior es suficiente para concluir que el cargo no fructifica».

(Sentencia de casación, noviembre 8 de 2000. Radicación 13.623. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

_____________________________________