Sentencia 13645 de septiembre 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Expediente 25000-23-27-000-2000-01555-01-13645

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: S.L.I. Colombia S.A. C/Superintendencia de Industria y Comercio.

Impuesto de registro.

Fallo

Bogotá, D.C., septiembre veintidós de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección “A”, el 19 de junio de 2002, que denegó las súplicas de la demanda instaurada contra los actos que negaron la solicitud de devolución de las sumas pagadas por concepto de impuesto de registro.

(...).

Demanda

Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sociedad actora por conducto de apodero solicitó la nulidad de las resoluciones 11 del 3 de febrero de 2000, 46 del 17 de abril de 2000 y 13893 del 30 de junio de 2000, las dos primeras expedidas por la Cámara de Comerció de Bogotá y la última por la Superintendencia de Industria y Comercio.

A título de restablecimiento del derecho solicitó la devolución de la suma de $ 24.038.667 más los intereses.

Señaló como normas violadas los artículos 13, 95; numeral 9º y 363 de la Constitución Política, 226 de la Ley 223 de 1995 y 854 del estatuto tributario.

Después de hacer referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre los efectos ex tunc de los fallos de nulidad sobre la incidencia de las sentencias de nulidad en las situaciones sub judice o no consolidadas, la cámara fundamentó su negativa en el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según el cual, solo es posible devolver el impuesto pagado después de notificada la sentencia que declaraba la nulidad del aparte del literal b) del artículo 8º del Decreto 650 de 1996, pues según esta entidad la situación jurídica de los impuestos cancelados con anterioridad a este pronunciamiento y sobre los cuales no exista discusión en la vía gubernativa se hallaba consolidada.

Luego de transcribir las razones que tuvo la cámara de comercio para negar la devolución del impuesto, señaló que la actuación adelantada por las entidades que desarrollaron la actividad administrativa carece de sustento legal, pues se fundamenta en simples cuestiones conceptuales, tales como el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre lo que en su sentir debía hacerse con los trámites de devolución solicitados para el pago del impuesto de registro, por lo tanto consideró que los actos demandados adolecen de falta de motivación, vicio suficiente para proceder a su anulación.

Respecto a la consolidación de la situación jurídica expresó que la actuación de la cámara de comercio violó flagrantemente el artículo 854 del estatuto tributario, dado que la actora presentó la solicitud de devolución el 18 de enero de 2000, es decir dentro de los dos años consagrados por el citado artículo, por lo que no se estaba ante una situación consolidada, pues el término consagrado por dicha norma se encontraba vigente al momento de presentar la solicitud.

Agregó ser errado el argumento de la cámara de comercio, según el cual una vez trascurridos los quince días que consagra el inciso 6º del artículo 15 del Decreto 650 de 1996, no era posible solicitar la devolución de lo pagado por concepto de impuesto de registro. Al respecto mencionó que si así fuere carecería de objeto la sentencia de nulidad sobre el inciso 6º del citado artículo.

Respecto al factor determinante en la exigibilidad de la obligación, advirtió que en el evento de realizar el aumento de capital suscrito antes del fallo del 4 de septiembre de 1998, se genera el hecho generador del impuesto, pero si se paga, se consolida la situación jurídica en contra de quien paga, por el hecho mismo del pago, en tanto que de no pagarse en adelante ese pago no se podía hacer exigible y en consecuencia, también se consolida la situación pero en beneficio de quien efectúa el pago, por lo tanto, se condiciona la exigibilidad de la obligación no a la ocurrencia del hecho generador del tributo (aumento de capital suscrito), sino al pago del impuesto, vulnerando de esa forma los principios constitucionales contenidos en los artículos 95, numeral 9º, 13 y 338 de la Constitución Política.

Finalmente adicionó que existió vulneración al artículo 226 de la Ley 223 de 1995, ya que el pago tiene como efecto liberar al contribuyente de su obligación, de modo que si pretende estructurar la consolidación del impuesto de registro antes de la sentencia que declaró la nulidad del literal b) del artículo 8º del Decreto 650 de 1996, al suceder el hecho generador del tributo (aumento del capital suscrito) resulta contrario a los postulados de las obligaciones fiscales, pues lo ordinario es que nacida la obligación resulte procedente exigir su pago a diferencia de lo señalado por la cámara de comercio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el sentido de que pagada la obligación se daba por hecho la realización del hecho generador y la consolidación de la situación particular.

(...).

Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto, corresponde a la Sala decidir en esta instancia sobre la devolución del impuesto de registro pagado por la sociedad S.L.I. Colombia S.A. el 17 de marzo de 1998, por la suma de $ 24.038.667 en la Cámara de Comercio de Bogotá, por el aumento del capital suscrito, inscrito el 13 de abril de 1998.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda por considerar que no procedía la devolución del impuesto por tratarse de un situación jurídica consolidada y por lo tanto los fallos del Consejo de Estado en relación con el Decreto 650 de 1996 no producían efectos en este caso.

Por su parte, el apoderado de la sociedad actora al sustentar el recurso de apelación objeto de esta instancia, señaló que la situación no se encontraba consolidada pues para la fecha en que profirió el segundo fallo de nulidad sobre el plazo para la devolución del impuesto, ya la sociedad había elevado una petición en tal sentido y no había sido resuelta por la demandada.

Para resolver estima la Sala necesario efectuar un recuento sobre los antecedentes que rodearon la presente litis.

Así, se observa que la sociedad actora pagó el 17 de marzo de 1998, la suma de $ 24.038.667 por concepto de impuesto de registro por aumento de capital suscrito mediante cheque 2980760245 expedido a nombre de la Cámara de Comercio de Bogotá, así mismo el 13 de abril de 1998, se realizó la inscripción en la respectiva cámara.

El 4 de septiembre de 1998, el Consejo de Estado con ponencia del doctor Daniel Manrique Guzmán, declaró la nulidad parcial del literal b) del artículo 8º del Decreto 650 de 1998 que disponía el aumento de capital suscrito como hecho generador del impuesto de registro. El 19 de octubre de 1998, la sociedad actora a través de derecho de petición solicitó ante la Cámara de Comercio de Bogotá en su calidad de agente recaudador del impuesto de registro, la devolución de impuesto liquidado y pagado sobre los montos de los aumentos de capital suscrito.

El 19 de marzo de 1999 el Consejo de Estado declaró la nulidad del inciso 6º del artículo 15 del Decreto Reglamentario 650 de 1996, en razón a que la Ley 223 de 1995, consagraba que los términos para tramitar la devolución del impuesto de registro se regían por las disposiciones del estatuto tributario, artículos 850 y siguientes.

Por otra parte, obra a folio 79, copia del recibo de pago de matrícula de inscripción 00450386 de fecha 18 de marzo de 1998 por un valor de $ 24.038.667; a folio 80 se observa copia de la certificación expedida el 3 de marzo de 1998, por el representante legal de Topluz S.A hoy sociedad S.L.I. Colombia S.A., donde consta el capital suscrito y pagado por la sociedad a la fecha; y finalmente reposa a folio 82 copia del derecho de petición presentado por el representante legal de la sociedad solicitando la devolución del exceso del impuesto de registro sobre aumento de capital suscrito cancelado por ella, con fecha de recibido el 21 de octubre de 1998.

De los antecedentes advierte la Sala, que si bien cuando se realizó la inscripción del documento y se canceló el impuesto, existía la obligación tributaria y estaba revestida de presunción de legalidad, sin embargo, por los efectos ex tunc de la sentencia que declaró la nulidad de la disposición que establecía el impuesto de registro para esta clase de actos, se desvirtuó la presunción de legalidad y el pago se convirtió en un pago de lo no debido que debe ser reintegrado siempre y cuando la situación no se haya consolidado.

Para establecer si la situación de la actora se encontraba consolidada o no, debe tenerse en cuenta que para la fecha de la sentencia de nulidad del plazo previsto en el Decreto 650 de 1996, la actora ya había solicitado la devolución del impuesto y estaba pendiente de resolverse.

En efecto las normas que fueron anuladas deponían:

DECRETO 650 DE 1996 

“ART. 8º—Base gravable en la inscripción de contratos o reforma de sociedades y otros actos. Para los actos, contratos o negocios jurídicos que se relacionan a continuación, el impuesto de registro se liquidará así:

b) En la inscripción del documento sobre aumento del capital suscrito o de aumento de capital social, el impuesto se liquidará sobre el valor del respectivo aumento de capital;

ART. 15.—Devoluciones. Cuando el acto, contrato o negocio jurídico no se registre en razón a que no es objeto de registro de conformidad con las disposiciones legales, o por el desistimiento voluntario de las partes cuando este sea permitido por la ley y no se haya efectuado el registro, procederá la devolución del valor pagado.

Igualmente, procederá la devolución cuando se presenten pagos en exceso o pagos de lo no debido.

Para efectos de la devolución, el interesado elevará memorial de solicitud a la entidad recaudadora, acompañada de la prueba del pago, dentro del término que se señala a continuación:

En el caso de que el documento no se registre por no ser registrable, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del acto o providencia que rechaza o niega el registro.

En el desistimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha del desistimiento.

En los pagos en exceso y pago de lo no debido, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud de registro”.

Contra la expresión resaltada del literal b) de la anterior disposición se presentó demanda ante esta jurisdicción, la cual fue decidida por la Sala en sentencia de fecha 4 de septiembre de 1998 en el sentido de declarar la nulidad de la expresión “aumento del capital suscrito o de”.

Atendiendo esta sentencia, en la reforma tributaria expedida por la Ley 488 de 24 de diciembre de 1998, se consagró legalmente el aumento de capital suscrito de las sociedades por acciones, como hecho generador del impuesto de registro, en la siguiente norma:

“ART. 153.—Todo aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones, inscritas en el registro mercantil, está sometido al pago del impuesto de registro que establece el artículo 226 de la Ley 223 de 1995”.

Sin embargo, solo a partir de la vigencia del artículo 153 de la Ley 488 de 1998, la inscripción del aumento del capital suscrito de las sociedades, genera el impuesto de registro y la cancelación de este tributo efectuado con anterioridad constituye un pago de lo no debido por violación del artículo 226 de la Ley 223 de 1995.

Respecto a los efectos de la sentencia de nulidad parcial del ordinal b) del artículo 8º del Decreto 650 de 1996, ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación al precisar que estos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado.

En el mismo sentido ha expresado la Sala que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Lo anterior es aplicable en relación con la sentencia que declaró la nulidad del inciso 6º del artículo 15 del Decreto 650 de 1996 por ser contrario a la Ley 223 de 1995, que en su artículo 235, dispone que los diversos aspectos que constituyen la administración del tributo a cargo de los departamentos, en los que se incluye el procedimiento de devolución y sus términos, se rigen por las disposiciones del estatuto tributario nacional.

En este sentido se reitera la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente María Inés Ortiz Barbosa, radicado 13196 del 10 de julio de 2003, que señala:

“De acuerdo con los artículos 850 y 854 ibídem los contribuyentes tienen un plazo de dos años contados a partir de la declaración del tributo para solicitar la devolución del pago en exceso o pago de lo no debido. Por consiguiente mientras dicho término no esté vencido la situación no está consolidada y procede la solicitud de su reintegro. Este término fue puesto en claro en la sentencia de marzo 19 de 1999, radicación 9203, en la cual se anuló el inciso 6º del artículo 15 del Decreto 650 de 1996. Precisó entonces la Sala.

Pero, por otro aspecto, no cabe entender que la devolución de que trata el inciso 6º del artículo 15 del aludido Decreto 650 de 1996, haya quedado sin plazo, ni pretenderse que tal plazo sea el previsto por normas generales como la de los artículos 2535 y 2536 del Código Civil, extremos inaceptables, toda vez la propia Ley 223 de 1995, en su artículo 235, como lo admite el actor, dispone que los diversos aspectos que constituyen la “administración” del tributo a cargo de los departamentos, en los que se incluye el procedimiento de devolución y sus términos, se rijan por las disposiciones del estatuto tributario nacional.

Por consiguiente, en cualquier circunstancia en que se tenga por realizado el supuesto del pago en exceso o del pago de lo no debido del impuesto de registro, debe entenderse que el plazo para la devolución de dicho pago se rige por las disposiciones de los artículos 850 y siguientes del estatuto tributario nacional, mientras no se establezca otra norma que disponga válidamente lo contrario”.

Así, las cosas, como la sociedad en el presente asunto pagó el impuesto el día 17 de marzo de 1998 gozaba del plazo para solicitar la devolución hasta el 17 de marzo de 2000 y como la presentó el 21 de octubre de 1999, carece de fundamento fáctico y jurídico el argumento de la cámara de comercio para negar la devolución.

En el anterior orden de ideas, la Sala accederá a las súplicas de la demanda, previa la revocatoria de la sentencia apelada, por lo que se ordenará que se efectué la devolución junto con los intereses a que haya lugar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia apelada, en su lugar,

2. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 11 del 3 de febrero de 2000, 46 del 17 de abril de 2000 expedidas por la Cámara de Comercio de Bogotá y de la Resolución 13893 del 30 de junio de 2000 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio por las cuales no se accedió a la solicitud de devolución de la suma de $ 24.038.667, pagada por impuesto de registro, a favor de la sociedad actora.

3. Como restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Cámara de Comercio de Bogotá reintegrar a la Sociedad S.L.l. Colombia S.A. la suma de $ 24.038.667, más los intereses a que haya lugar.

4. RECONÓCESE personería a la doctora Claudia Patricia Barrantes Venegas como apoderada judicial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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