Sentencia 13657 de julio 25 de 2002

CONSEJO DE ESTADO

Sentencia 13657 de julio 25 de 2002

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: 20001-23-31-000-1996-2694-01(13657)

Actor: Luis Ramos Sánchez y otros

Demandado: Ministerio de Defensa-Ejército Nacional

Referencia: Sentencia (acción de reparación directa)

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Bogotá D.C., veinticinco de julio de dos mil dos.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 6 de mayo de 1997 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones.

Por intermedio de apoderado judicial, los señores Luis Ramos Sánchez y Catalina Espinosa de Ramos, quienes obran a nombre propio y en representación de sus hijos menores Luis Manuel, Gleidys Margarita e Ingris Julieth Ramos Espinosa; Norma Ester, Argemira y Argenol Ramos Espinosa; Nicolás Espinosa Valiente y Carlota Martínez Crespo, en ejercicio de la acción de reparación directa contemplada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo del Cesar el día 16 de febrero de 1996, contra el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional con el objeto de que se profirieran las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: El Estado —Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional— es administrativamente responsable por la muerte del joven Ever Carlos Ramos Espinosas (sic), en hechos acaecidos el 9 de noviembre de 1995 a la altura del puente el Callao en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, corregimiento de Valencia de Jesús y Puente Callao, departamento del Cesar, aproximadamente a las 04:00 horas.

“SEGUNDA: El Estado —Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional— pagará a cada uno de los señores Luis Ramos Sánchez, Catalina Espinosa de Ramos, Luis Manuel Ramos Espinosa, Gleidys Margarita Ramos Espinosa, Ingris Julieth Ramos Espinosa, Norma Ester Ramos Espinosa, Argemira Ramos Espinosa, Argenol Ramos Espinosa , Nicolás Espinosa Valiente y Carlota Martínez Crespo las cantidad equivalente a UN MIL (1.000) gramos de oro fino, por concepto de perjuicios morales ocasionado por la muerte de su hijo, hermano y nieto, respectivamente, Ever Carlos Ramos Espinosa el día 9 de noviembre a la altura del puente el Callao, departamento del Cesar, aproximadamente a las 04:00 horas, de acuerdo al valor del gramo de oro fino para la fecha en que el Estado dé cumplimiento al art. 176 del Decreto 01 de 1984, o para la fecha cuando quede ejecutoriada la sentencia que ponga fin al proceso en forma definitiva, certificado por el Banco de la República, entendiéndose ésta (sic) condena en concreto.

“TERCERA: El Estado —Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional— pagará a los señores Luis Ramos Sánchez y Catalina Espinosa de Ramos por perjuicios materiales, por la supresión de la ayuda económica que venía recibiendo de su hijo Ever Carlos Ramos Espinosa.

...

“Subsidiariamente a falta de bases suficientes para la liquidación matemático-actuarial de los perjuicios que se le deben a la madre reclamante, el tribunal se servirá fijarlos, por razones de equidad, en el equivalente en pesos a la fecha de la ejecutoria de la Sentencia de cuatro mil (4.000) gramos de oro fino, de conformidad con lo reglado en los artículos 4º y 8º de la Ley 153 de 1887”.

2. Fundamentos de hecho.

Los hechos relatados en la demanda pueden resumirse así:

a) El señor Ever Carlos Ramos Espinosa estaba adscrito como soldado regular a la compañía “Gaula”, de Valledupar (Cesar).

b) El 9 de noviembre de 1995 aproximadamente a las 4:00 a.m., cuando cumplía en compañía de otros soldados labores de inteligencia y operaciones de captura de un grupo de extorsionistas, el vehículo oficial en que se transportaba colisionó con un camión marca Dodge a la altura de la carretera que de Valledupar conduce a Bosconia, produciéndose la muerte en forma inmediata del soldado Ramos Espinosa.

c) Dicho accidente, a juicio de los demandantes, se debió a la imprevisión e impericia del conductor del vehículo del Ejército Nacional, que no contaba con licencia de conducción, lo cual sumado a la avería que sufrió el vehículo en las hojas de muelle izquierdo, conduce a que hubo una falla presunta del servicio ocasionada por el riesgo en la operación de cosas peligrosas, que tuvo como efecto el daño de un tercero, atribuible a la ausencia de seguridad y precauciones para garantizar la integridad física de los usuarios del medio inadecuado.

d) La víctima pertenecía a una familia humilde y su fallecimiento le quitó a sus padres un punto de apoyo, al privarlos de la ayuda económica que su hijo les brindaba antes de la conscripción obligatoria y que les seguiría aportando durante su vejez.

3. La sentencia recurrida.

El tribunal consideró que en el caso concreto no se dieron los presupuestos fácticos y legales para derivar la responsabilidad de la entidad demandada, por cuanto no obra dentro del expediente prueba alguna en tal sentido, toda vez que lo que aparece en el expediente son unos testimonios recaudados de manera oficiosa en la investigación penal adelantada, los cuales no tienen el valor probatorio que les asigna el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, ya que en el proceso primitivo no se practicaron a petición de la Nación, ni con su audiencia, con lo cual desaparece el valor probatorio que les atribuye la ley en esos eventos.

No obstante lo anterior, afirmó el a quo que dichos testimonios señalan que el conductor del vehículo oficial se desplazaba a una velocidad moderada y actuó en todo momento de manera prudente, hasta el punto de que se orilló en la carretera para evitar la colisión con el otro automotor. Afirmó que de acuerdo con los referidos testimonios la conducta imprudente podría atribuirse a la propia víctima, quien al momento de la colisión se encontraba de pie realizando sus necesidades fisiológicas, al otro extremo del automotor.

Por último, señaló el tribunal que no obra dentro del proceso croquis para determinar exactamente cuál de los conductores fue el responsable del accidente; además, de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, al actor le incumbía la carga de la prueba y lo cierto fue que en el caso concreto existe un orfandad probatoria que impide demostrar la falla del servicio demandada.

4. Razones de la apelación.

El apoderado de la parte demandante aduce que contrario a lo manifestado por el tribunal, dentro del proceso se encuentra claramente configurada la falla del servicio de la entidad demandada, quien en forma imprudente, negligente e irresponsable permitió que un vehículo oficial con serias averías o fallas mecánicas fuera utilizado para transportar personal, sin las mínimas medidas de seguridad, así como también que dicho automotor fuera conducido por otro soldado que carecía de licencia para su ejecución, lo cual sumado a las largas horas de viaje, alteró su capacidad vigilante y provocó el grave accidente que le costó la vida a uno de los soldados.

También señala con relación al referido accidente y a los testimonios que se recibieron en la investigación penal, que surgen muchas dudas, tales como la velocidad a la que se desplazaba el vehículo oficial, las características del choque y el por qué no se inició inmediatamente la persecución del automotor que ocasionó el accidente, las cuales se debían tener en cuanta en el proceso administrativo como prueba trasladada y que de una u otra forma benefician a los demandantes.

5. Actuación en segunda instancia.

5.1. Dentro del término concedido para presentar alegatos, el apoderado de la parte demandante reiteró todos y cada uno de los argumentos señalados en su escrito de impugnación.

5.2. Por su parte, la entidad demandada hizo suyos los argumentos esbozados por el a quo en la sentencia de primera instancia, solicitando por ello que se confirme la sentencia impugnada y denunciando la falsedad de las aseveraciones hechas por el apoderado de la parte actora en su recurso de apelación al afirmar la imprudencia del conductor del vehículo oficial y las fallas mecánicas de dicho automotor, las cuales a su juicio carecen de respaldo probatorio alguno.

5.3. El Ministerio Público solicitó la confirmación de la providencia apelada, luego de considerar que las pruebas allegadas al expediente en nada comprometen la responsabilidad estatal, toda vez que no hay prueba que señale al conductor oficial como negligente, o que no haya guardado las debidas previsiones, o que condujera a exceso de velocidad; por el contrario, las versiones de sus compañeros señalan que conducía a una velocidad moderada y que al notar la presencia del camión hizo cambio de luces y se orilló para evitar un accidente de mayores proporciones. Tampoco se probó el mal estado del vehículo.

Sin embargo, el Ministerio Público llama la atención en que la conducción de un vehículo sin la licencia respectiva, es una omisión que conlleva las sanciones respectivas, pero no demuestra la falta de idoneidad del conductor, ni que su ausencia haya sido determinante en el accidente.

Por lo anterior, concluye que existieron dentro del proceso dos causas eximentes de responsabilidad de la administración como son: el hecho de un tercero en concurso con la culpa de la víctima, culpa sin duda determinante en el resultado dañoso, ya que se observa que los demás ocupantes que viajaban dentro del camión oficial no sufrieron ninguna lesión como producto del accidente.

Consideraciones de la Sala

I. Se afirma en la demanda que el soldado Ever Carlos Ramos Espinosa falleció como consecuencia de la colisión entre el vehículo oficial en el que se transportaba con un camión, en la carretera que de Valledupar conduce a Bosconia, debido a la imprevisión e impericia del conductor del vehículo del Ejército Nacional, que no contaba con licencia de conducción, lo cual sumado a la avería que sufrió el vehículo en las hojas del muelle izquierdo, conduce a que haya una falla presunta del servicio ocasionada por el riesgo en la operación de cosas peligrosas, que tuvo como efecto el daño de un tercero.

II. La calidad de soldado regular de Ever Carlos Ramos Espinosa se acreditó con las copias de la nómina de agosto y noviembre de 1995 del batallón de artillería Nº 2 La Popa (fls. 59-61) y el expediente que se abrió para el pago de la compensación por muerte a sus beneficiarios (fls. 96-109).

El fallecimiento se acreditó con las copias del acta del levantamiento del cadáver practicado por la fiscalía octava de la unidad de reacción inmediata (fl. 115); del protocolo de la necropsia médico legal realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual se concluye que la víctima falleció como consecuencia directa “del trauma por choque neurógeno” producido por “trauma encefalocraneano severo por elemento contundente, con salida de masa encefálica y fractura conminuta múltiple de los huesos de la bóveda craneana” (fls. 138-139), y copia del registro de la defunción (fl. 99).

La muerte del soldado se produjo cuando se desplazaba en un vehículo de propiedad de la entidad demandada de regreso de una misión oficial, tal como consta en el informativo administrativo por muerte realizado por el comandante del batallón (fl. 72).

El vehículo en el cual se desplazaban los militares era de propiedad del Ejército Nacional, según consta en las tarjetas de antecedentes del vehículo y de propiedad, el revisado aduanero y el manifiesto de aduana (fls. 64, 67-70).

III. Como está demostrado que efectivamente el soldado Ramos Espinosa falleció mientras se transportaba en un vehículo oficial, deberá establecerse en primer lugar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable en este tipo de eventos.

En relación con los daños causados con armas de fuego, energía eléctrica o la conducción de vehículos automotores, la Sala ha aplicado el régimen de responsabilidad objetiva, con fundamento en el riesgo que crea quien explota la actividad, lo cual hace surgir una presunción de responsabilidad contra el causante del daño(1), que sólo se exonera si acredita la existencia de una causa extraña. Ha dicho la Sala:

“El problema de la responsabilidad del Estado debe resolverse con base en lo prescrito en el artículo 90 de la Carta Política, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Debe establecerse, entonces, en cada caso, si existen los elementos previstos en esta disposición para que surja la responsabilidad, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al Estado.

Ha sido reiterada la tesis de la Sala, según la cual en los eventos en que el daño es producido por las cosas o actividades peligrosas (armas de dotación oficial, vehículos automotores, conducción de energía eléctrica, etc.), el régimen aplicable es de carácter objetivo, porque el factor de imputación es el riesgo grave y anormal a que el Estado expone a los administrados. De tal manera, que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. Es ésta la razón por la cual la corporación ha seguido refiriéndose al régimen de responsabilidad del Estado fundado en el riesgo excepcional, en pronunciamientos posteriores a la expedición de la nueva Carta Política.

...

El régimen así denominado por esta corporación en varias oportunidades tenía, sin duda, todas las características del régimen objetivo de responsabilidad, en el que si bien no tiene ninguna injerencia la calificación subjetiva de la conducta —por lo cual no se requiere probar la falla del servicio ni se acepta al demandado como prueba para exonerarse la demostración de que su actuación fue diligente—, los demás elementos de la responsabilidad permanecen y deben ser acreditados por la parte demandante. Recaerá sobre la parte demandada la carga de la prueba de los hechos objetivos que permitan romper el nexo de causalidad, únicos con vocación para exonerarlo de responsabilidad(2).

En dichos eventos (daños producidos por las cosas o las actividades peligrosas), al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. Y la entidad demandada, para exculparse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor, culpa exclusiva y determinante de la víctima o hecho exclusivo y determinante de un tercero”(3).

IV. Adujo la parte demandada que el accidente en el que falleció el soldado Ever Ramos Espinosa no se produjo como consecuencia de una acción u omisión imputable al conductor del vehículo oficial en el que se desplazaba aquel, sino que, por el contrario, éste obedeció al hecho exclusivo de un tercero que implica una ruptura del vínculo causal, razón por la cual dicho accidente no resulta imputable a la administración.

La conducción de vehículos automotores constituye un riesgo potencial permanente para la vida e integridad de las personas, que socialmente se tolera en razón de los beneficios generales que la actividad representa. Cuando se produce un daño relacionado con dicha actividad, lo que debe analizarse es si éste constituye realización del riesgo, por haberse desencadenado el potencial dañoso de la actividad, o si el resultado es ajeno al riesgo y la actividad peligrosa sólo fue causa pasiva en la producción del daño.

Por lo tanto, la entidad que ejerce la actividad peligrosa debe responder por el daño siempre que el hecho le sea imputable, aun cuando por circunstancias internas el peligro latente que envuelve la actividad se haya desencadenado sin su culpa, es decir, responde aún en los supuestos de caso fortuito, pero no automáticamente por el sólo hecho de haber participado la actividad pasivamente en la causación del daño.

En consecuencia, cuando interviene una causa extraña como la culpa exclusiva de la víctima, la fuerza mayor o el hecho de un tercero cuando es causa exclusiva del daño y además, que haya sido imprevisible e irresistible para la entidad, ésta se exonera de responsabilidad. A este respecto, ha dicho la Sala: 

“…en los casos que particularmente se examina la responsabilidad de la administración, por la explotación de actividades peligrosas como la conducción de energía eléctrica… de lo que se trata es de reparar un daño a quien está legitimado para ello, con fundamento en la teoría del riesgo excepcional, que impone la obligación al explotante de una actividad peligrosa reparar los perjuicios derivados de ésta. En efecto, éste es un riesgo de aquellos que implican generalmente a los particulares una explotación del cual se pueda derivar un accidente más o menos grave, y por ello puede decirse que solo la temeridad de la víctima haría fracasar las pretensiones indemnizatorias de los damnificados.

“No obstante lo dicho anteriormente, estima la Sala que la mera generación del riesgo en forma aislada necesariamente no puede llevar a la declaratoria de responsabilidad, pues si la entidad demuestra que el daño se presentó por culpa única y exclusiva de la víctima o por cualquier otra ‘causa extraña - como la fuerza mayor o el hecho exclusivo de un tercero no procede la imputación de responsabilidad contra la entidad demandada.

“Dicho en otros términos, en el régimen de responsabilidad por riesgo excepcional, no se prescinde de la exigencia del nexo causal y por ello cuando la administración demuestra la existencia de una causa extraña, se libera de su obligación resarcitoria”(4).

En síntesis, la entidad responsable del servicio asume patrimonialmente frente a las víctimas los riesgos que su explotación genere, pero sólo en la medida en que éstos sean causa eficiente del daño. Afirmar lo contrario significaría adoptar en relación con los daños derivados de conducción de vehículos automotores, armas de fuego o la conducción de energía eléctrica un régimen de responsabilidad automático, en el cual no se tendrían en cuenta criterios de imputación y sólo bastaría con la simple intervención de la actividad riesgosa en la causación del daño, sin que fuera necesario un comportamiento activo de la misma para derivar responsabilidad en su contra. 

Vale destacar que tanto la doctrina como la jurisprudencia en forma unánime han señalado que el hecho del tercero exonera totalmente de responsabilidad cuando puede tenérsele como causa exclusiva del daño, circunstancia que se configura cuando reviste las características de causa extraña, es decir, que debe ser imprevisible e irresistible y ajeno a la esfera jurídica del demandado. 

Son imprevisibles e irresistibles todas las consecuencias dañosas que atendidas las circunstancias concretas del hecho, el demandado no haya podido evitar, a pesar de haber tomado todas las medidas preventivas que se precisen según la actividad, o haya ejercido en el acto los medios defensivos a su alcance.

Cuando concurren la actividad peligrosa y el hecho de un tercero, el que ejerce aquella actividad deberá responder siempre que la misma sea causa eficiente en su producción pero no cuando sólo sea causa pasiva. 

La actividad peligrosa es causa concurrente del daño cuando este se produce como consecuencia del riesgo inherente a la misma actividad. Así, en la conducción de vehículos automotores serán causas del daño todas aquellas situaciones que se presenten como resultado del vicio interno de la cosa o actividad peligrosa; por ejemplo, si un vehículo pierde una llanta durante el desplazamiento, o explota el tanque de gasolina por recalentamiento; pero no lo será cuando la causa se ajena al mismo, por no tener ninguna incidencia la peligrosidad intrínseca de la cosa o el ejercicio de la actividad en el daño, v.gr. cuando el vehículo está estacionado en lugar adecuado y con observancia de todas las disposiciones reglamentarias respectivas, no responderá el guardián del bien ni quien ejerce la actividad, sino el del vehículo que colisiona contra él, a menos que atendidas las circunstancias concretas hubiera resultado previsible o evitable el accidente para aquéllos, caso en el cual ambos deberán responder.

V. Según los informes oficiales y el testimonio de los militares, la colisión de los automotores se produjo como consecuencia de la imprudencia del camión marca Dodge 600, que se desplazaba a alta velocidad e invadió el carril que le correspondía al vehículo oficial, a pesar del cambio de luces que se le hizo para que corrigiera su marcha, razón por la cual el conductor del mismo se vio obligado a orillarse para evitar un accidente de mayores consecuencias; sin embargo, el automotor particular alcanzó a golpear al camión militar en su parte izquierda, con la desafortunada coincidencia de que en ese preciso momento el soldado Ever Ramos Espinosa se encontraba de pie en ese lado del vehículo.

En relación con las circunstancias en las cuales se produjo el accidente en el que murió el soldado Ever Carlos Ramos Espinosa, obran en el proceso las siguientes pruebas:

1. El informe rendido por el teniente Carlos Rodríguez Chiguiza, comandante de la compañía Gaula de Valledupar (fls. 65-66), en el cual refirió que en cumplimiento de la operación “Pariente, se desplazó el 8 de noviembre de 1995 a las 20:00 horas”, con la compañía a su cargo, por sectores rurales de Valledupar, en dos vehículos oficiales: un campero Trooper, que iba adelante y en el cual él viajaba y un camión Mazda Turbo que lo seguía. En la mañana siguiente, ya de regreso a las instalaciones del batallón La Popa, en inmediaciones al puente el Callao observó un vehículo Dodge 600 que transitaba a alta velocidad y en dirección contraria a la que llevaban. Instantes después, el sargento Rodríguez le comunicó que había un soldado herido, por lo cual se devolvió hasta donde éstos se encontraban. Al llegar al sitio el sargento le informó que “el vehículo Dodge 600 lo cerró y el conductor, soldado Sierra Arévalo tuvo que hacerle el quite para así evitar un accidente peor y simultáneamente el soldado fallecido, por la compuerta izquierda del vehículo venía orinando y fue cuando recibió el golpe en la cabeza”.

En relación con las condiciones en las que se encontraba el vehículo en el que viajaba el soldado señaló que:

“como el área a transitar...era demasiado mala por el invierno, se pudo ver que las hojas del muelle izquierdo tenían un daño y para evitar que siguiese el daño, ordené al personal que se encontraba en el vehículo se recargaran hacia el lado derecho de la carrocería, para así equiparar el peso”.

2. Los testimonios rendidos en la indagación preliminar que adelantó la fiscalía octava, los cuales serán valorados en este proceso a pesar de no haber sido ratificados porque dichas pruebas fueron solicitada por ambas partes, lo cual implica una admisión de las mismas, con todas sus consecuencias(5) (fls. 18 y 38):

a) El teniente Carlos Jhovany Rodríguez Chiluiza (fls. 120-122) ratificó el informe que rindió ante el comandante del Gaula. Agregó que el hecho ocurrió “entre las 5:00 y 5:15 de la madrugada y las condiciones de visualidad (sic), era muy oscuro”.

— El soldado Velvis Walter Sierra Arévalo (fls. 126-128) quien conducía el camión del Ejército, describió así el hecho en el que resultó lesionado el soldado Ramos Espinosa:

“Veníamos a las cuatro y media de la madrugada de hoy; veníamos de hacer un patrullaje y nos dirigíamos al batallón La Popa, de repente apareció el vehículo con las luces en alto; por tres veces le hice el cambio de luces y él no bajó la luz; de ahí el vehículo se arrimó al lado de donde yo venía y me tocó orillarme a la carretera; entonces fue cuando el otro vehículo se arrecostó (sic) al vehículo que yo traía; ahí fue cuando sucedió el accidente del joven”.

Aclaró además que no tenía licencia para conducir, pero que ejercía esa actividad desde hacía 4 años.

c) El soldado José Eliécer Molina Agamez (fls. 123-125), quien afirmó que venía en compañía de los otros soldados en la parte trasera del camión del Ejército, por lo que pudo advertir que el accidente se produjo por culpa del conductor del Dodge:

“Nosotros estábamos en un patrullaje, veníamos de Bosconia hacia el Valle y antes de llegar al puente El Callao, tres kilómetros antes, el carro donde venía la tropa venía en subida y de aquí para allá iba un seiscientos; el conductor de nosotros le hizo el cambio de luces y el camión no lo hizo, entonces el carro de nosotros bajó velocidad y se orilló, entonces el soldado que falleció se le dio por orinar, pero los compañeros le dijeron que no orinara ahí y él se emputó (sic) y dijo que sí y se paró a orinar, entonces cuando el soldado salió a orinar, el camión 600 se le pegó al carro nuestro y cuando el carro pasó, con el retrovisor tocó el carro, con las varillas del retrovisor fue que lo cruzó, cuando nos dimos cuenta fue que el soldado ya había caído dentro del carro, encima de los otros soldados”.

Al ser interrogado sobre cuál consideraba fue la causa del accidente, respondió: “el 600 ocupó la vía que no era de él, el carro donde veníamos nosotros se orilló, el carro de nosotros le sacó el cuerpo y con todo eso lo rozó con el retrovisor”.

d) En términos similares declaró el soldado Yuri José Osorio Torne (fls. 129-130), quien aseguró que viajaba en el camión junto con la víctima y además afirmó que el camión del Ejército se desplazaba a una velocidad de 60 kilómetros por hora porque el vehículo “venía un poco mal, estaba fallando”.

3. La inspección judicial practicada al vehículo oficial, la cual da cuenta de que se encontraron en la parte trasera izquierda de la carrocería restos de sangre y masa encefálica del soldado que falleció durante el accidente. Igualmente, al inspeccionarse la parte externa del citado automotor, se verificó la existencia de tres golpes, ocasionados al parecer por el otro vehículo contra el que colisionó y que afectaron el cuarto, quinto y octavo paral de la misma parte (fls. 118 y 119).

4. La decisión adoptada por la unidad de delitos contra la vida y otros de Valledupar de suspender la investigación previa por el homicidio de Ever Ramos Espinosa, ya que habían transcurrido más de 180 días de dicho trámite sin que se hubiesen logrado obtener los elementos probatorios suficientes para proferir resolución de apertura de instrucción o inhibitoria (fl. 160).

VI. Considera la Sala que con las pruebas que obran en el expediente se acreditó la intervención de la actividad riesgosa desarrollada por la entidad demandada en la muerte del soldado Ramos Espinosa, esto es, quedó demostrado que éste falleció como consecuencia de un accidente de tránsito en el que intervino el vehículo oficial en el que la víctima se desplazaba por orden de sus superiores y en cumplimiento de una misión oficial.

Además se demostró que la conductor del vehículo oficial realizó las maniobras conducentes a evitar el daño pero no lo pudo lograr porque el tercero se desplazaba a gran velocidad e invadió su carril, es decir, el hecho fue irresistible e imprevisible para él.

En efecto, la causa extraña aducida por la entidad demandada se acreditó con el testimonio del soldado Velvis Walter Sierra Arévalo, quien conducía el vehículo oficial y manifestó que viajaba a poca velocidad, observando todas las reglas de tránsito y que fue el conductor de la camioneta Dodge el que colisionó con éste porque se desplazaba a exceso de velocidad y ocupó el carril contrario. A pesar de que su versión fue rendida dentro del proceso penal que se inició por la muerte del soldado Ramos Espinosa, ofrece credibilidad a la Sala porque está respaldada con el testimonio de los soldados José Eliécer Molina Agamez y Yuri José Osorio Torne, quienes aseguraron haber apreciado las maniobras que realizaron los conductores de ambos vehículos en el instante de la colisión porque ocupaban la parte trasera del vehículo.

Además confirman la versión de los soldados, únicos testigos del hecho, las huellas del golpe que quedaron en el vehículo oficial, así como el hecho de que sólo sufrió daño el soldado Ever Ramos por hallarse precisamente en el lado izquierdo del automotor, pero no los demás pasajeros porque se encontraban en el otro extremo del vehículo.

Ahora bien, quedó acreditado en el expediente que el conductor del vehículo oficial no contaba con licencia de conducción y además, que el vehículo tenía fallas. Sin embargo, estas circunstancias no tuvieron ninguna incidencia en el accidente.

No se acreditó de ninguna manera ni existen indicios que permitan afirmar que el hecho de que el conductor careciera de la licencia hubiera incidido en la producción del daño, pues la maniobra que realizó era la adecuada en las circunstancias concretas. Si bien no tenía licencia, el soldado tenía suficiente pericia para conducir el vehículo. Es decir, el hecho habría ocurrido igualmente aunque éste tuviera dicha licencia.

Tampoco le era previsible el hecho, pues si bien es cierto que en el ejercicio de actividades peligrosas es posible que ocurra cualquier accidente, la previsibilidad de los mismos debe mirarse es en la situación particular, es decir, si el accidente en concreto era previsible, de tal manera que habrá responsabilidad siempre que el agente no haya tomado todas las medidas adecuadas para evitarlo.

No se acreditó que los daños en la carrocería (hojas del muelle izquierdo) fueran la causa del accidente. Por el contrario, el hecho de que los demás soldados viajaran al lado derecho del vehículo evitó casualmente que alguien más resultara lesionado.

En conclusión, si bien en la ocurrencia del accidente que le costó la vida al soldado Ever Carlos Ramos Espinosa intervino la entidad demandada, no hay lugar a condenarla porque el hecho se produjo por la culpa exclusiva y determinante de un tercero, la cual le fue imprevisible e irresistible.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 6 de mayo de 1997.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

Magistrados: Ricardo Hoyos Duque—Jesús María Carrillo B.—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez.

(1) Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Buenos Aires. EJEA. 1962. Volumen II, tomo 2, pág. 349.

(2) Cf. Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11.401, actor: María Nuby López y otros.

(3) Sentencia del 15 de marzo de 2001, exp. 52001-23-31-000-1994-6040-01(11222).

(4) Sentencia del 4 de mayo de 1998, exp. 11.044.

(5) Ha considerado la Sala que cuando las partes aceptan que una prueba haga parte del acervo probatorio, no puede luego invocar las formalidades legales para su admisión cuando la misma le resulte desfavorable. La exigencia de la ratificación de la prueba testimonial trasladada tiene por objeto la protección del derecho de defensa de la parte que no intervino en su práctica, pero si ésta renuncia a ese derecho y admite que la prueba sea valorada sin necesidad de dicha ratificación, no le es dable al fallador desconocer su interés para exigir el cumplimiento de una formalidad, que en tal evento no tendría por objeto la protección del derecho sustancial (C.P., art. 228). Al respecto, ver por ejemplo, Sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 2881 (12.622), entre otras.