Sentencia 13698 de octubre 19 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CESE DE ACTIVIDADES POR RETENCIÓN ILEGAL DE SALARIOS

SÓLO PUEDE DARSE MEDIANTE HUELGA Y NO POR PARO INTEMPESTIVO

EXTRACTOS: «Mediante la Resolución 1 del 30 de enero de 1996, objeto de impugnación, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social declaró ilegal el cese de actividades realizado el 13 de octubre de 1995 por los trabajadores de la Sociedad Minerales de Colombia S.A, en las instalaciones ubicadas en el municipio de Marmato en el departamento de Caldas.

En ella se precisó que el aludido cese fue verificado por un funcionario de la dirección regional de trabajo y seguridad social de Caldas, según consta en el acta de la diligencia practicada el mismo día, el cual figura a folios 9 y 10 y que ostentando los servidores de la entidad demandada, —sociedad de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado—, la calidad de trabajadores oficiales, el sindicato que los agrupaba, de conformidad con el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, si bien gozaba de todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores privados, no podía declarar o hacer la huelga.

(...).

Los artículos 26 y 27 del Decreto 2127 de 1945 invocados como fundamento de las pretenciones de la demanda, hacen referencia a la obligación del empleador de pagar a los trabajadores la remuneración pactada en las condiciones, el tiempo y el lugar convenido, así como a la prohibición a los mismos de ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores, que ofenda su dignidad o ataque su honor, disposiciones que, en concepto del demandante, el expedidor de la resolución acusada quebrantó porque “Minerarlco S.A.” incumplió dicha obligación y que también trasgredió el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965 al no tener en cuenta al calificar de ilegal el cese de actividades, que éste se había producido por la retención de los salarios de los trabajadores por aparte de la empresa, caso en el cual, según voces de esta última norma, tal cesación de actividades le sería imputable a ésta y daría derecho a los trabajadores a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de la suspensión de labores.

El artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa que el mismo regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, de los servidores oficiales y particulares.

Por su parte, el artículo 4º ibídem prevé que las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás trabajadores del Estado no se rigen por ese código sino por los estatutos especiales que se dicten, regla que se ratifica en el artículo 491 ejusdem, mediante el cual a partir de la vigencia del Código Sustantivo del Trabajo se suspendieron los preceptos de carácter nacional que regulaban los derechos individual y colectivo de trabajo entre patronos y trabajadores particulares y los del derecho colectivo del trabajo entre la administración pública y sus servidores.

El artículo 9º del Decreto 2351 de 1965 titulado “prohibición especial a los patronos”, luego de proscribir a éstos el cierre intempestivo de sus empresas, establece que si lo hicieren, además de incurrir en las sanciones legales, deberán pagarle a los trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa.

A renglón seguido, prevé “que cuando se compruebe que el patrono en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores, la cesación de actividades de éstos será imputable a aquél y dará derecho a los trabajadores para reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores”.

El Código Sustantivo del Trabajo en su segunda parte titulada “derecho colectivo del trabajo”, en el título II regula lo concerniente a los “conflictos colectivos de trabajo”. En él se contempla la huelga o suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo, previo los trámites establecido en dicho código, como un instrumento legítimo para alcanzar el reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales que garanticen justicia en las relaciones obrero-patronales y el progreso del nivel de vida de los trabajadores.

Sin embargo, en dicho título no se alude al paro o cese intempestivo de labores, como mecanismo tendiente a lograr un propósito específico y puntual por parte de los trabajadores.

Más aún, jurisprudencialmente se ha establecido la diferencia entre la huelga como derecho tutelado por la Constitución Política y el “paro” o cese colectivo de actividades, al cual, a diferencia de lo que acontece en relación con la primera, se llega sin que previamente se agoten los trámites previstos en el Código Sustantivo del Trabajo para que la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo se dé dentro de los marcos legales, esto es, para que dicha suspensión pueda válidamente catalogarse como huelga y pueda otorgarse a los trabajadores que a ella acuden, la protección prevista en tal evento en el ordenamiento jurídico.

No obran en el plenario pruebas que acrediten que con antelación a la ocurrencia del cese colectivo de actividades realizado por los trabajadores de “Mineralco S.A.” el 13 de octubre de 1995 en las dependencias de esa empresa en el municipio de Marmato, en el departamento de Caldas, se hayan agotado las etapas señaladas en el Código Sustantivo del Trabajo como previas a la declaratoria de la huelga.

Por consiguiente, mal puede considerarse que los trabajadores ostentaran un legítimo derecho para realizarlo, como sí lo hubieran tenido en el caso de que se tratara de una huelga decretada con sujeción a los ordenamientos jurídicos pertinentes. Y esto, porque el “paro” es una medida de hecho, que en la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, la única aplicable a los servidores estatales, no está consagrada como instrumento de solución a los conflictos que surgen entre los empleadores y los trabajadores.

De otro lado, el artículo 9º del Decreto 2351 de 1965 además de no estar incluido dentro de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, lo que hace que la órbita de sus mandatos no se extienda a las relaciones laborales entre el Estado y sus servidores, no prohíbe al Ministerio de Trabajo declarar la ilegalidad del cese de actividades que por no pago de sus salarios hayan efectuado los trabajadores, cuando su realización no se haya sujetado a la normatividad reguladora de la única forma legítima de cesación colectiva del trabajo, como lo es la huelga. Esto es, cuando tal cese obedezca a un “paro” intempestivo de labores.

Resulta entonces improcedente admitir que la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades a que se contrae la resolución demandada, es contraria a derecho porque desconoce lo preceptuado en dicho artículo en lo tocante a la imputabilidad al patrono de la cesación de actividades en el evento de que ésta ocurra por la retención ilegal de los salarios, porque tal cesación solo podría darse a través de la huelga, y no mediante el paro intempestivo de labores, pues solo aquella está prevista en la ley como mecanismo de reivindicaciones laborales, lo que no ocurre con éste.

En estas condiciones resulta impertinente avocar el análisis tendiente a establecer si fue o no verídico que “Mineralco S.A.” incumplió con la obligación de pagar a los trabajadores su remuneración en orden a determinar la legalidad o ilegitimidad del cese de actividades que efectuaron en el mes de octubre de 1995, ya que si la empresa incurrió en el incumplimiento de ese deber legal y convencional y si por esa razón querían efectuar una suspensión colectiva de trabajo, conforme al artículo 431 del Código Sustantivo del Trabajo, debían observar los procedimientos contemplados en los artículos 432 y siguientes de dicho código, para sujetar su proceder al ordenamiento legal.

En ese orden de ideas la censura basada en la violación de los artículos 26 y 27 del Decreto 2127 de 1945 y de las estipulaciones convencionales reguladoras del pago de salarios de los trabajadores, amerita desestimarse.

Resta agregar que tampoco procede descalificar la decisión adoptada por medio del acto demandado, aduciendo que por no estar encomendada a “Mineralco S.A.” la prestación de servicios públicos de los calificados por la Ley 142 de 1994 como esenciales, en términos del artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo alcance fue precisado por la Corte Constitucional en sentencia C-110 del 10 de marzo de 1994, sus servidores pueden declarar o hacer la huelga.

Ello porque, como se indicó, la cesación de actividades que dio lugar a la declaratoria de ilegalidad a que dicho acto se refiere, no obedeció a la realización de una huelga, sino a un cese intempestivo de actividades, el cual de acuerdo con la jurisprudencia contencioso administrativa, no puede calificarse como el ejercicio del derecho a la huelga, pues carece de la categoría de tal, habida consideración de que constituye una medida de hecho a la cual acuden los trabajadores para obtener los propósitos que con el mismo persiguen.

De acuerdo con lo anterior, las súplicas de la demanda carecen de vocación de prosperidad, lo que determina su denegatoria».

(Sentencia de octubre 19 de 2000. Expediente 13.698. Consejero Ponente: Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda).

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