Sentencia 13701 de enero 19 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CASACIÓN LABORAL

PROCEDIMIENTO PARA DESPEDIR AL TRABAJADOR

CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES DISPUESTOS EN CONVENCIÓN COLECTIVA

EXTRACTOS: «Para la Corte, el cúmulo probatorio en comento, contrario a lo que dedujo el tribunal, claramente evidencia que la demandada, en dirección de producir el despido de la demandante, observó escrupulosamente el procedimiento disciplinario estipulado en la cláusula 6 convencional a la que se hizo referencia, lo cual permite aseverar, además, que la trabajadora investigada, pudo ejercer en todo momento su derecho de contradicción y defensa, contando para el efecto, inclusive, con la constante asesoría sindical, que intervino activamente en todas las diligencias programadas dentro de la instrucción disciplinaria y a cuya acuciosa actividad se debió la convocatoria final de la comisión de asuntos sociales de la empresa, según se deduce de la exclusiva potestad que para ese fin le otorga el inciso 12 del precepto convencional en reflexión (fl. 37).

Por lo tanto, al haber estado protegido en el proceso disciplinario, como se vio, el núcleo esencial del derecho de defensa y contradicción de la demandante, como que: con oportunidad se le dieron a conocer con precisión los cargos que se le imputaban; estuvo presente, acompañada de los representantes sindicales, en la diligencia de descargos en la que explicó su conducta; se solicitó y obtuvo la convocatoria del comité de revisión que deliberó para estudiar su caso y la decisión empresarial de romper su contrato laboral, y el sindicato de trabajadores al que pertenecía reclamó y logró la deliberación de la comisión de asuntos sociales de la empleadora para que estudiara la decisión de despido de la petente, ratificada en las instancias anteriores, mal puede aducirse, como lo hace el tribunal en su proveído, con notoria errónea apreciación de la convención colectiva laboral y de los documentos que compendian el trámite disciplinario, que tal decisión de la empleadora deviene en ilegal por desconocer la convención colectiva laboral en punto de los ritos formales previos al acto documentado a folio 198; porque no existe en el proceso el trámite disciplinario completo de una forma tal que permita la contabilización de los términos convencionales; porque no se sabe cuándo recibió la trabajadora la convocatoria a descargos; porque no existe copia de la citación al sindicato a dicha diligencia; porque no obra el escrito a través del cual la demandante o el sindicato interpusieron recurso de apelación ante el comité de revisión; porque no se sabe en qué fecha se reunió éste; porque no se aportó copia del escrito de convocatoria a la comisión de asuntos sociales, y porque no existe copia de la misiva en la que se le informaba a la demandante la fecha en que esta comisión se reuniría.

Y lo anterior porque, se insiste, todo el dispositivo garantista de los derechos de la disciplinada, previsto en el acuerdo colectivo de trabajo que le era aplicable, tendiente a que pudiera defenderse con el apoyo y presencia activa del sindicato al que pertenecía, se puso en marcha, ya que de la prueba denunciada como indebidamente apreciada, se infiere: que la demandante conoció con puntualidad los cargos que se le imputaban; la fecha de la diligencia de descargos porque asistió a ella; el sindicato se enteró de la averiguación disciplinaria contra la actora como que también participó diligentemente en ella; se evacuaron cumplida y rigurosamente todas las instancias del proceso interno, es decir, la del comité de revisión y la de la comisión de asuntos sociales, cuya convocatoria y deliberación indican, per se, que el recurso de apelación fue interpuesto contra la decisión del 19 de diciembre de 1995 (competencia del comité de revisión), y que el ente sindical, en defensa de la trabajadora, colocó en conocimiento de la instancia final la decisión de éste (competencia interna de la comisión de asuntos sociales).

En relación con lo anterior, no pierde de vista la Sala que la jurisprudencia laboral ha sido pacífica en identificar la finalidad de los procedimientos convencionales disciplinarios, como el que se estudia, en el sentido de que con ellos se busca garantizar con más énfasis el derecho de defensa de los trabajadores ante las increpaciones de los empleadores, así como la intervención del ente sindical al que aquellos pertenecen. Al respecto, el caso no deja lugar a dubitación que la demandante de manera efectiva pudo ejercer su derecho de contradicción y defensa, en el marco del procedimiento disciplinario reglado en la convención colectiva que la beneficiaba, y que en este trámite pudo intervenir de manera activa la agremiación sindical en auspicio de la trabajadora, contexto que además indica que de manera eficaz se cumplieron los actos de notificación a la inculpada y al sindicato, relativos a las audiencias que en todas las instancias se realizaron al interior de la empresa.

Finalmente, en perspectiva de la importancia que el tribunal otorga a los y ritos y términos del procedimiento disciplinario interno existente en la reclamada, los cuales la Corte, por lo demás, no encuentra transgredidos, por las razones que acertadamente reflexionó el a quo, es importante recordar que los mismos no pueden asumirse en estos eventos como inexorables, y que su incumplimiento no apareja ipso facto, como lo da a entender el proveído gravado, la ilegalidad del rompimiento contractual laboral. Así se pronunció la corporación en su sentencia 11375 del cuatro (4) de marzo de 1999, cuando manifestó:

“Empero, lo anterior no obsta para que la Sala agregue que en asuntos como el que nos ocupa, los juzgadores, teniendo en cuenta cuál es el objetivo perseguido con los acuerdos convencionales que fijan unos trámites y plazos para adelantar investigaciones que culminen con sanciones disciplinarias o terminación del contrato de trabajo, no deben limitarse a determinar si objetivamente éstos y aquellos se cumplieron y, consecuencialmente, concluir, de manera automática e ineludible, la ilegalidad del rompimiento del vínculo contractual, sino que para ello habrán de examinar y valorar si hubo motivos que justificaran la no sujeción a los unos y a los otros. Y esto porque bien puede darse, y de hecho existe, que por la misma particularidad de la presunta falta que ha de investigarse, el cúmulo de pruebas o la complejidad en la práctica, el número de implicados en los presuntos hechos, o cualquier otra circunstancia similar, haga difícil o imposibilite que las etapas y plazos estatuidos previamente en el trámite a seguirse se cumplan a cabalidad, y que antes por el contrario ellas imponen su prolongación en aras de esclarecer plenamente la realidad de los hechos y garantizar aún más el derecho de defensa.

Y lo anterior es todavía más aplicable y cobra más vigencia se tiene en cuenta que en la demanda con que se inició este proceso solamente, en su hecho octavo, se hizo un enunciado general del porqué se tacha el despido de ilegal, pues no se explica qué plazos se incumplieron y por qué “las audiencias, comités y comisiones” no se integraron como lo ordena la convención”.

Por lo tanto, por todas las razones expuestas, erró de manera protuberante el tribunal cuando concluyó que el despido de la demandante es ilegal por el hecho del empleador haber desconocido el procedimiento previsto en la cláusula 6 convencional».

(Sentencia de casación, enero 19 de 2001. Radicación 13.701. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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