Sentencia 13701 de enero 19 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

REQUISA DE OBJETOS DEL TRABAJADOR

PARA PRECAVER CONDUCTAS ANTIJURÍDICAS

EXTRACTOS: «¿En el trámite de las instancias no existió discusión en torno a que el motivo que desencadenó la terminación del contrato laboral entre las partes lo constituyó la negativa de la trabajadora, el 29 de noviembre de 1995, de permitir que funcionarios de la contraloría interna de la empleadora realizaran una requisa en su equipaje, al finalizar el vuelo 007 en el que servía, proveniente de Miami, con el objeto de impedir el ingreso de contrabando al país por parte de las tripulaciones aéreas, actitud ante la cual la demandada consideró que se estaba transgrediendo su reglamento interno de trabajo, en sus artículos 81 numeral primero (1º) y 88 numeral quince (15). Tal es la conclusión que se obtiene a partir de la apreciación de los documentos de folios 188, 189 - 190, 192, 193 y 199 del expediente.

Así mismo, tampoco es objeto de debate que la demandante se negó al tipo específico de requisa que le inquirieron funcionarios de la auditoría interna de la empresa convocada al proceso, y que para el efecto arguyó que únicamente admitiría una diligencia tal ante funcionarios de la DIAN en el aeropuerto, quienes a su juicio eran los competentes para el efecto, pues desconoció el fuero de los representantes de la empleadora para realizar tal procedimiento de control. Así se colige de lo que enseñan las probanzas de folios 189 - 190, 192 y 193 del expediente, que fueron incorporadas al mismo, como las demás antes mencionadas, dentro de la inspección judicial de folios 206 - 207 ibídem, previo cotejo con sus originales.

De igual manera, no es materia de controversia que en la demandada existe un reglamento interno de trabajo, debidamente publicitado según la constatación que se hizo en la diligencia de inspección judicial (fls. 206-207), en cuyo artículo 81 numeral 1º (fl. 231), se estipula:

“Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes, según el orden jerárquico establecido y observar la disciplina en el trabajo”.

Y en el transcurso de la inspección judicial (fl. 207), dentro de las piezas del proceso disciplinario incorporadas al expediente, previo cotejo con su original, se allegó al mismo fotocopia de la misiva que el jefe de investigaciones especiales, subdirección de fiscalización de la DIAN, dirigió al presidente de la demandada, el 23 de agosto de 1995, en el que le informa que se sabe que miembros de las tripulaciones de las aerolíneas que cubren la ruta desde Miami a distintas ciudades del país, están ingresando mercancías sin el lleno de los requisitos legales, por lo cual le manifiesta que, conocida la seriedad y prestigio de la empresa, le informa de tal irregularidad, para que en caso de ser detectada por su equipo de auditoría y control procedan a tomar los correctivos de rigor, conforme a la normas internas y a las disposiciones legales, pues tal tipo de conducta constituye contrabando y de ella deben responder ante las autoridades competentes, no sólo los directamente implicados (piloto o azafata), “sino también la empresa para la cual trabajan”. (fls. 202 - 203).

El anterior recuento desde el contenido de las pruebas allegadas al expediente, para aseverar que, efectivamente, como lo aduce la acusación, el tribunal incurrió en yerro protuberante de hecho, como consecuencia de la equivocada apreciación de los medios de convicción reseñados, cuando concluyó en el fallo gravado que el despido del que fue objeto la reclamante carecía de causa que lo justificara.

Ello, por cuanto es irrebatible que la específica conducta endilgada a la trabajadora en el oficio en el que se le formularon los cargos (fl. 188), y por la cual se adelantó el trámite disciplinario convencional, que fue el haberse negado a la requisa solicitada por funcionarios de la demandada —no a la realizada por autoridades de la DIAN, lo cual carece de trascendencia en el caso—, acaeció en la realidad material, y la misma, contrario a lo que concluyó el tribunal, implica una clara transgresión al numeral 1º del artículo 81 del reglamento interno de trabajo de la empleadora, como quiera que la negativa de la auxiliar de vuelo a someterse a la requisa que le fue inquirida por un miembro de la auditoría interna de la empleadora, el 29 de noviembre de 1995, al finalizar el vuelo 007 proveniente de Miami, implica un evidente desconocimiento de una orden e instrucción que de manera particular le impartió la empresa a través de uno de sus representantes, en ejercicio legitimo de su potestad de subordinación, emanada de la naturaleza del contrato laboral que entonces unía a las partes.

Orden e instrucción concreta que válidamente podía impartir el empleador a la demandante para revisar su equipaje personal, no sólo con el objeto de salvaguardar su disciplina interna, con referencia a sus normas reglamentarias propias, sino también en procura de velar por que la ley no se transgrediera en las instalaciones de la empresa por parte de sus trabajadores, pues independientemente de las atribuciones legales de la DIAN en materia aduanera, que le permitían realizar al ente gubernamental su propia requisa en las instalaciones de aforo del aeropuerto Eldorado, es indiscutible que la empresa de aviación aquí concernida también podía realizar una diligencia tal, como cualquier otro empleador, en perspectiva de la obligación especial que le impone el artículo 57 numeral 9º del Código Sustantivo del Trabajo, consistente en “cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes” y que inclusive reproduce su propio reglamento interno laboral en el numeral 14 de su artículo 80 (fl. 230 vto.).

De tal forma que con la exclusiva finalidad de precaver posibles conductas antijurídicas de sus tripulaciones internacionales, que pudieran aparejar violaciones a la legislación aduanera colombiana, la demandada, inclusive sin el concurso del requerimiento de la DIAN de que da cuenta el documento de folios 202-203, en el marco del respeto a los derechos y a la dignidad de sus trabajadores, incuestionablemente podía, en el contexto de la subordinación y dependencia que trae de suyo el contrato laboral, realizar una requisa como la que le fue solicitada a la accionante, y ésta no podía negarse a ella con el pretexto de que la competencia para ello la tenía únicamente la autoridad aduanera, so pena de la insubordinación que prohíbe no sólo el numeral 1º del artículo 81 del reglamento interno de trabajo, sino también el artículo 58 ordinal 1º del Código Sustantivo Laboral, cuyas consecuencias están previstas en el literal a; numeral 6º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 de aquel estatuto.

Obviamente, el último aserto es tanto más aplicable si la conducta de la demandante se examina al tenor del documento de folios 202 a 203 que, se insiste, fue allegado al expediente en el transcurso de la inspección judicial, tal como lo posibilita el numeral 3º del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al contencioso laboral por la integración adjetiva que permite el artículo 145 del estatuto procesal del trabajo. Tal la afirmación porque de dicha probanza emerge con diafanidad la exigencia de la DIAN a la empleadora para que a riesgo de incurrir en responsabilidad jurídica, realice los procedimientos de control interno, a través de su equipo de auditoría, tendientes a evitar que sus tripulaciones de vuelos internacionales, particularmente los provenientes de Miami, ingresen al país mercancías de contrabando.

Y es que del texto de la documental en comento no es difícil colegir, por ende, que la propia autoridad gubernamental solicitó a la demandada desplegar un mecanismo de seguridad contra el contrabando, en relación con pilotos y azafatas, distinto al que tienen implementado los funcionarios aduaneros en el terminal aéreo. Resalta la corporación que en este escenario es mucho más evidente la obligación patronal de que da cuenta el ordinal 9º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo así como el numeral 14 del artículo 80 del reglamento interno de trabajo (fl. 230 vto.), antes mencionados, pues es en concreto una autoridad del Estado, dentro del fuero de su competencia, la que convoca a la empleadora a hacer respetar las leyes aduaneras por parte de sus servidores a propósito del tipo de labor que despliegan, cometido dentro del que es aún más sostenible en derecho que la empresa tenía, el 29 de noviembre de 1995, la potestad legal y reglamentaria de solicitar a la azafata demandante, auxiliar de un avión procedente de Miami, una revisión a su equipaje de mano, efectuada por sus propios funcionarios, tan pronto finalizó el vuelo 007 del que formaba parte en ejecución del contrato laboral.

De otra parte, frente de la carencia de certeza que aduce el tribunal en torno a si la revisión objeto de análisis se solicitó dentro o fuera del avión, a juicio de la Corte el asunto carece de trascendencia en el caso, en vista de que en ningún momento del trámite disciplinario la demandante explicó su conducta en función de tal circunstancia de lugar, así como tampoco la alegó la agremiación sindical presente en dicho procedimiento. Por el contrario, en el debate probatorio adelantado ante el a quo, tanto trabajadora como sindicato dieron por sentado que los hechos investigados acontecieron dentro de instalaciones de la demandada en el aeropuerto Eldorado. Así se infiere de las intervenciones de la accionante y del sindicato en la diligencia de descargos del 19 de diciembre de 1995 (fls. 188 a 191), equivocadamente aprehendida por el ad quem, en la que la primera dijo que tanto el avión como la zona aduanera son instalaciones de la compañía en el puente aéreo, mientras el segundo adujo, sobre la premisa de que la revisión se realizó en espacio territorial de la empresa que “No vemos procedente y menos acorde en el reglamento interno de trabajo el que se requise a los trabajadores dentro de las instalaciones de la compañía puesto de lo que se trata es buscar elementos propiedad de la empresa”.

En relación con lo anterior en el mismo sentido se pronunciaron inculpada y organización sindical en el trámite adelantado ante el comité de revisión que se reunió el 3 de enero de 1996, cuya acta visible entre folios 192 y 194, fue también erróneamente apreciada por el ad quem pues, además de lo antes dicho, en ella la trabajadora dejó expresamente consignado que la petición de revisión se le realizó en el “gate way”, pasadizo que conduce del avión al puente aéreo, cuyas instalaciones pertenecen a la empresa, según ya lo habían reconocido sin dubitación trabajadora y sindicato.

También resalta la corporación que frente de la especificidad de la situación laboral objeto de debate, en lo absoluto tiene importancia, en dirección de calificar el despido de la actora, el argumento del juzgador de que a la demandante se le pretendió hacer firmar un acta en blanco, pues ni en la génesis del proceso disciplinario, ni en su desarrollo, se le imputó a ella insubordinación en la suscripción de un documento semejante. Adicionalmente, de un proceder tal no se quejó la trabajadora en las probanzas visibles entre folios 189 y 194, pues de lo que en ellas se da cuenta, que es lo que devela con mayor énfasis su equivocada apreciación por el tribunal, es que se negó a firmar un acta en la que se dice que fue renuente a la requisa de su equipaje, que es la misma visible a folios 201 del cuaderno de las instancias. Es claro entonces que no existió el acta en blanco que tanto preocupó al ad quem.

Finalmente, hace notar la Corte que del conjunto del proceso disciplinario adelantado contra la demandada, cuyos elementos obran como pruebas en el expediente entre folios 185 y 203, y que fueron incorporadas al debate en el transcurso de la inspección judicial (fl. 207), no se desprende fuente de convicción alguna de que la instrucción u orden impartida a la trabajadora por los funcionarios de auditoría interna de la empleadora, el 29 de noviembre de 1995, per se constituya un ejercicio de la potestad subordinante de la empresaria que lesione sus derechos y su dignidad humana. Así se afirma, por cuanto la empresa, precisamente en el contexto de la imperiosa consideración de la persona de la auxiliar de vuelo, le solicitó, como no se discute, la revisión en comento, pero no la compelió a que accediera a ella, ante su negativa, sin consideración del lugar o las personas que estuvieran alrededor. En este contexto, la Corte encuentra que si tales eran los respetables escrúpulos de la trabajadora para negarse a la requisa que su empleador le solicitaba, entonces debió permitirla en un lugar que a su juicio respetase la privacidad a la que estimó tenía derecho y que parece alegar ante el comité de revisión convocado en el trámite disciplinario (fl. 192), y de la que se hace eco el tribunal, también erróneamente, a folios 209 y 210, en el fallo acusado.

En todo caso, en relación con lo anterior, hace notar la Corte, contrario a lo dice el juzgador, que según la diligencia de descargos de folios 189 y 190, la trabajadora no explicó a los auditores internos de la empleadora su negativa a la revisión en cuestión con referencia a que haya considerado agredida su dignidad humana y los derechos que le protege la ley, con esa determinación de la empleadora, sino que razonó su renuencia con la única tesis de que la autoridad competente para requisarla era la DIAN, como inclusive quedó documentado en el acta de folio 201 ibídem.

Por último, precisa la Sala que no encuentra razón alguna para que el empleador a través de sus propios mecanismos de seguridad, los que dependerán de la naturaleza de la actividad que desarrolla, sea utilizada para infringir normas legales o reglamentaria (sic), pues, se reitera, que el numeral 9º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo le impone a aquél dentro de sus obligaciones especiales “cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes”.

Empero, también debe anotarse que al aplicar tales medidas de seguridad le es imperativo evitar que se ofenda, como lo expresa el numeral 9º del artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo, la dignidad de los trabajadores.

Por lo tanto, por las razones prolijamente expuestas, erró manifiestamente el tribunal al concluir que el despido de la demandante carecía de causa justa, pues en el proceso existen medios de pruebas que indican lo contrario, y que permiten inferir que el empleador legítimamente dio por terminado el contrato laboral de la accionante».

(Sentencia de casación, enero 19 de 2001. Radicación 13.701. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

SALVAMENTO DE VOTO

Con el respeto acostumbrado discrepo de la decisión mayoritaria en el presente caso por cuanto estimo que el poder subordinante del empleador no otorga en principio la facultad de requisar a los trabajadores, y no aparece en este caso que la actora haya estado obligada a aceptar una requisa proveniente de funcionario alguno de la empresa en virtud de convenio o reglamento especial, menos aún en las condiciones que el proceso indica, valga decir, en lugar público.

Adicionalmente, es claro que la empleada no tenia el propósito de ocultar alguna actividad ilícita, ni estimó que estuviera incumpliendo sus obligaciones, sino al contrario, consideró hallarse en su derecho para reclamar que la requisa la efectuaran las autoridades competentes.

Dejo entonces en estos breves términos salvado mi voto.

Francisco Escobar Henríquez

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