Sentencia 13711 de febrero 24 de 2000 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Proceso 13711

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta 026

Santafé de Bogotá, D.C., veinticuatro de febrero de dos mil.

Vistos

Correspondería a la Sala pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la empresa Copetrán, vinculada en este asunto en calidad de tercero civilmente responsable, de no ser porque advierte una causal objetiva de extinción de la acción penal.

Antecedentes

1. Por hechos ocurridos el 8 de agosto de 1.994 en el kilómetro 43 en la carretera que conduce de Barranquilla a Ciénaga, sitio en el que colisionaron el bus de la empresa Copetrán de placas XVH 191, conducido por Guillermo León Guerrero Blanco y el camión dobletroque de placas UZO 013, al mando de Eliecer José Rios Castro, resultaron muertos Guillermo Rafael Barraza Miranda y Nicanor Eduardo Barraza Miranda y lesionados Eduardo Enrique Barraza Miranda, José Sandoval Pacheco, Ana Sepúlveda Rodríguez y Javier Vicente Cantillo, el 25 de noviembre del mismo año, la Fiscalía Seccional 21 de la Unidad Ciénaga (Magdalena) calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria en contra de Guerrero Blanco por los delitos de homicidio culposo, en concurso homogéneo y el de lesiones personales, también en concurso homogéneo y a su turno, se precluyó la instrucción a favor de Rios Castro

2. Mediante sentencia del 26 de agosto de 1.996, el Juzgado Unico Penal del Circuito de Ciénaga (Magdalena) condenó a Guillermo León Guerrero Blanco a las penas principales de 46 meses de prisión, multa de $ 5.000 y suspensión en la actividad de conducir vehículos por un período igual al de la pena principal, lapso en el que también fueron fijadas la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y la suspensión de la patria potestad, al tiempo que se le negó el subrogado de la condena de ejecución condicional. Igualmente se condenó al procesado al pago de perjuicios materiales por 2.700 y 700 gramos oro, a título de perjuicios materiales y morales “por cada uno de los occisos” y 1.000 y 500 gramos oro para cada uno de los lesionados, por el mismo concepto, respectivamente, al igual que el decomiso del bus afiliado a la empresa Copetrán; y dispuso la expedición de copias para que se investigara al Notario Segundo del circulo de Barranquilla por la presunta inscripción la fraudulenta inscripción de varios menores beneficiarios de la acción civil.

3. Apelado el anterior fallo por el defensor del procesado, el apoderado de la empresa Copetrán y el de la parte civil, el 8 de noviembre de 1.996 el Tribunal Superior de Santa Marta, lo modificó en el sentido de condenar como tercero civilmente responsable a Héctor Josué Meza Díaz y a Copetrán, y como llamado en garantía a la compañía de seguros, Colseguros S.A. a pagar solidariamente los perjuicios ocasionados con los delitos por los que fue sancionado Guerrero Blanco.

4. Durante la etapa del juicio fueron se constituyeron y reconocieron como parte civil, a través de apoderado, José Nicanor Barraza Maldonado, padre de Guillermo Rafael y Nicanor Eduardo Barraza Miranda, quienes resultaron muertos en el accidente, Hilda Rosa Miranda y María Auxiliadora Florez Cerpa, compañeras permantes de la primera y segunda víctimas mencionadas, a nombre propio y en representación de sus hijos.

5. Sin embargo, y no obstante que el 25 de noviembre de 1996, esto es, durante el término de ejecutoria el apoderado de la empresa Copetrán interpusiera el recurso extraordinario de casación, mediante escrito del 30 del mismo mes expuso que los interesados fueron indemnizados integralmente al haber transado el valor de los perjuicios por la suma de $ 30’000.000, precisando que, “con fundamento en este acuerdo indemnizatorio, de manera respetuosa solicito a ustedes se declare la extinción de la acción penal, conforme lo prevenido en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, por reparación integral sin que sea necesario desatar el recurso extraordinario de casación, interpuesto oportunamente contra la sentencia condenatoria de segunda instancia, porque se trata de un mecanismo alternativo mediante el cual se extingue la acción penal para solucionar conflictos penales”.

Al efecto, entonces, allegó en original el acta de transacción suscrita en la ciudad de Bucaramanga el 10 de diciembre de 1996 entre el representante legal y el apoderado de la aseguradora Colseguros S.A., el representante legal y el abogado de la empresa Copetrán y Héctor Josué Meza Días, propietario del vehículo y el Representante judicial de la parte civil en cabeza del señor José Nicanor Barraza Maldonado, padre de los dos occisos y uno de los lesionados y de Maria Florez Cerpa e Hilda Mestre Miranda —según reconocimiento que como tal se hiciera de dicho profesional en auto de jun. 5/96—, debidamente autenticado ante la notaría tercera de dicha ciudad, aportando igualmente copia de los recibos de los pagos hechos por $ 16’000.000 y $ 14.000.000.

En el mismo sentido aportó fotocopia de las actas de transacción llevadas a cabo el 16 de enero de 1995 y 5 de diciembre de 1994 entre Héctor Josué Meza y Ana Sepúlveda Rodríguez por valor de $1’800.000, Eduardo Enrique Barraza por $ 300.000, Javier Vicente Cantillo por valor de $ 100.000 y Jesús Rafael Sandoval por $ 250.000, personas que resultaron lesionadas, los cuales aparecen también autenticados ante notario.

6. Tal petición fue respondida por el Tribunal Superior de Santa Marta, por auto del 19 de mayo de 1.997, concediendo el recurso extraordinario de casación y negando “de plano” las demás pretensiones del apoderado del tercero civilmente responsable, por considerarlas improcedente habida cuenta de la prohibición del artículo 211 del Código de Procedimiento Penal, sobre la irreformbilidad de la sentencia.

Consideraciones

1. Es lo primero precisar que como en este asunto lo concerniente a la casación fue tramitado bajo la vigencia de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, hoy reformadas por la Ley 553 del 13 de enero del año en curso, el sujeto procesal que se sintió agraviado con el fallo de segunda instancia interpuso oportunamente el recurso durante el término de su ejecutoria, siendo posteriormente concedido por el tribunal, habiendo presentado la correspondiente demanda sustentatoria dentro del término de los 30 días a que hacía referencia el artículo 224 del Decreto 2700 de 1991, luego de lo cual, una vez remitida la actuación a la Corte, fue declarada ajustada a derecho por reunir los requisitos formales de que trata el artículo 225 ibídem, disponiéndose correr traslado al procurador delegado para que emitiera concepto.

2. Sin embargo, y como quiera que se observa que no obstante haberse acreditado la indemnización integral de los perjuicios por parte de quienes fueron condenados solidariamente a su pago y elevarse por el tercero civilmente responsable petición ante el tribunal en el sentido de que se diera aplicación a lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 7º de la Ley 81 de 1993, habiendola considerado “de plano” improcedente por considerar que ello implicaba una modificación a la sentencia no prevista en el artículo 211 del estatuto procedimental, la Sala se ve imposibilitada para fallar de fondo el asunto frente al libelo casacional, toda vez, que a no dudarlo, esta situación comporta una causal objetiva de improseguibilidad de la acción penal.

3. En efecto, el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, prescribe:

“Preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por indemnización integral. En los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas, cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva, consagradas en los artículos 330 y 341 del Código Penal, y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos salarios mínimos legales mensuales, excepto el hurto calificado y la extorsión, la acción penal se extinguirá para todos los sindicados, cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.

La extinción de la acción penal a que se refiere el presente artículo no podrá proferirse en otro proceso, respecto de las personas en cuyo favor se haya decretado preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento por este motivo, dentro de los cinco años anteriores. Para el efecto, la Fiscalía General de la Nación llevará un registro de las preclusiones y cesaciones de procedimiento que hayan proferido por aplicación de este artículo.

La reparación integral debe efectuarse de conformidad con el avalúo que del perjuicio haga un perito, a menos que exista acuerdo sobre el mismo”.

4. En este sentido, ha sostenido la Sala que las condiciones de procedencia de la norma aplicada se contraen a. “1. Que el delito respectivo corresponda a uno de los relacionados; 2. Que se haya reparado integralmente el daño ocasionado de conformidad con el dictamen pericial, a menos que medie acuerdo sobre su valor; 3. Que dentro de los cinco años anteriores no se haya proferido en otro proceso preclusión de la investigación o cesación de procedimiento a favor del procesado por el mismo motivo; 4. Que la reparación tenga lugar antes del fallo de casación” (auto de mayo 25/99, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

5. En estas condiciones, es evidente, que en el presente asunto se cumplen a satisfacción los presupuestos que hacen procedente la aplicación del citado artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, pues la sentencia de casación no se ha proferido, al procesado Guillermo León Guerrero Blanco se le acusó y condenó por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas sin deducirle ninguna causal de agravación de las previstas en el artículo 330 del Código Penal y según consta en las respectivas actas de transacción a que se hizo referencia en el acápite de antecedentes de este proveído, todas las personas perjudicadas con los delitos acordaron y recibieron el valor de la indemnización correspondiente, y además, no aparece en el proceso constancia de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a que el procesado haya sido objeto de esta clase de medidas, con anterioridad.

6. Igualmente, importa aclarar que si bien, el acuerdo y pago sobre la acción indemnizatoria y la petición de extinción de la acción penal provino de parte de los terceros civilmente responsables y no del procesado, ello no obsta para su reconocimiento por no constituir una exigencia legal para su procedencia, como lo sostuvo la Sala en el auto ya mencionado, así:

“A pesar de que los pejudicados con el delito no podían desistir expresamente de la acción penal —que en este caso no está sujeta a querella— y que la reparación integral no provino directamente del procesado, dichas eventualidades no se encuentran previstas como condición legal para declarar extinguida la acción penal por la vía del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal. Basta simplemente la satisfacción económica a la víctima del hecho punible o a los perjudicados con el mismo, para que proceda la preclusión de la investigación de la investigación o cesación del procedimiento según sea la etapa procesal en la que se produzca la reparación integral. Esto en consideración a que el contenido de la institución es estrictamente económico y de allí que cuando quien indemnice no sea procesado sino cualquier otra persona (obligada o no a hacerlo en virtud de la ley o cualquier clase de título), dicha indemnización no imposibilita la aplicación de la norma que se comenta a excepción de la póliza de seguro en tanto la causa del pago deriva de un negocio jurídico de naturaleza diversa, como se expresó en decisión reciente”.

Así las cosas, imperativo es, entonces, declarar en este asunto extinguidas la acción penal y civil por indemnización integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, cesando en consecuencia, todo procedimiento respecto del procesado Guillermo León Guerrero Blanco.

En mérito de lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Declarar extinguidas la acción penal y civil por indemnización integral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, cesando en consecuencia, todo procedimiento respecto del procesado GUILLERMO LEON GUERRERO BLANCO.

De lo aquí decidido comuníquese a la Fiscalía General de la Nación.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al Tribunal de origen.

Magistrados: Edgar Lombana Trujillo—Fernando Arboleda Ripoll, no hay firma—Jorge Enrique Córdoba Poveda—Carlos Augusto Gálvez Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Mario Mantilla Nougues—Carlos Eduardo Mejía Escobar—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla.

Teresa Ruiz Nuñez, Secretaria.

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