Sentencia 13712 de mayo 29 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 110010327000200300015-01

Exp.: 13712

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Actor: Carmona y Álvarez Cía. Ltda. C/ la Nación UAE DIAN. Recurso ordinario de súplica.

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil tres.

Auto

Decide la Sala el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad actora contra auto de fecha 28 de abril de 2003 por medio del cual el consejero ponente del proceso rechazó la presente demanda.

Antecedentes

La sociedad Carmona y Álvarez Cía. Ltda. (en concordato) instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución 7405 de julio 30 de 2002, expedidas por la subdirección de fiscalización tributaria de la UAE DIAN, por medio de las cuales se ordenó el registro de que trata el artículo 779-1 del estatuto tributario, a los establecimientos de comercio e instalaciones del contribuyente Carmona y Álvarez Cía. Ltda. (en concordato), ubicada en la carrera 9ª Nº 17-83 de la ciudad de Pereira, comisionando a unos funcionarios de la mencionada subdirección, con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera.

Auto recurrido

Por medio de auto del 28 de abril de 2003, el consejero ponente rechazó la demanda contra la mencionada resolución por considerar que es un acto no demandable ante la jurisdicción, pues la orden de registro constituía un acto de trámite que tiende a la consecución de elementos de juicio dentro de un proceso investigativo fiscal. Al efecto citó y transcribió apartes de las sentencia de la Corte Constitucional C-505 de 1999, se analizaron los efectos de la orden de registro y la naturaleza del acto administrativo que la contiene.

Recurso de súplica

La sociedad actora interpuso recurso de súplica contra el anterior auto, solicitando se revoque y en su defecto, se admita la demanda.

Consideró que la resolución no era necesaria decretarla para impulsar el proceso tributario, pues existen otros medios para obtener las diferentes pruebas tendientes a obtener la realidad de los hechos económicos de un contribuyente.

Señaló que dicha diligencia muere con su materialización y puede arrojar como resultado la inmovilización y aseguramiento de las pruebas, perdiendo el administrado en este caso, control sobre las mismas.

Por lo tanto consideró que si el registro se ordenó por un motivo manifiestamente ajeno al objeto de la investigación, este puede ser demandado ante la jurisdicción para que se cumpla con el control de legalidad correspondiente.

Oposición

La apoderada de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no se opuso al recurso ordinario de súplica propuesto.

Consideraciones

Mediante la resolución demandada, la 7405 de julio 30 de 2002, expedida por la subdirección de fiscalización tributaria de la UAE DIAN, se ordena el registro de que trata el artículo 779-1 del estatuto tributario, a los establecimientos de comercio e instalaciones del contribuyente Carmona y Álvarez Cía. Ltda. (en concordato), ubicada en la carrera 9ª Nº 17-83 de la ciudad de Pereira, comisionando para ello a unos funcionarios de la mencionada subdirección, con el apoyo de la policía fiscal y aduanera.

El fundamento normativo lo constituye el artículo 779-1 del estatuto tributario, que dispone “la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositario de sus documentos contables o archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales”. En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.

Ahora bien, se considera que la resolución demandada, por la cual se ordenó el registro de los establecimientos de comercio e instalaciones de la sociedad actora, no es demandable, pues en primer lugar, no es la motivación que debe contener un acto administrativo, lo que hace determinante de que el mismo sea definitivo o de trámite, en este sentido se pronunció la Sala en auto de mayo 15 de 2003, expediente 13.710, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y auto de 21 de mayo de 2003, expediente 13705, M.P. Ligia López Díaz.

Los actos de trámite son aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, ésta sí, está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.

Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en sí una decisión, y en este sentido adopta el carácter definitivo, siendo por tanto demandable, este no es el caso del acto administrativo que aquí se demanda, pues ni ponen fin a una actuación ni hacen imposible continuarla.

En efecto, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, constituye un medio de prueba señalado por la ley tributaria, como facultad de la autoridad administradora y recaudadora de los impuestos para la correcta determinación de los tributos e imposición de sanciones y por lo tanto cualquier controversia que se suscite en torno a su decreto o práctica, puede ser alegada dentro de las etapas que se adelanten en la actuación gubernativa, con lo cual se garantiza no sólo el derecho de defensa del contribuyente sino que se asegura el debido proceso en su ejecución. De otra parte las conclusiones tomadas por la administración con ocasión del registro, están sometidas a los principios de contradicción por parte del contribuyente, quien dentro de las diferentes etapas administrativas, puede presentar diferentes medios probatorios y de esa forma desvirtuar las pruebas que con ocasión al registro la administración recolectó en su contra.

Sobre la naturaleza de este acto de registro, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-505 de 1999 al estudiar su exequibilidad precisó que se trata de acto administrativo de carácter preparatorio cautelar, un acto de trámite o instrumental “que se constituye en un presupuesto importante para la decisión final que debe adoptar la administración”. Por lo tanto esta declaración de la administración se encuentra incluida dentro del proceso de fiscalización que adelanta la DIAN en su función de determinación correcta de los tributos.

Por las anteriores consideraciones no encuentra la Sala fundamento válido alguno para revocar la providencia recurrida, por lo que forzosamente se concluye que deberá ser confirmada.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto del 28 de abril de 2003.

Modifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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