Sentencia 13722 de septiembre 25 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

DESLEALTAD DEL TRABAJADOR

ABOGADO QUE ACTÚA COMO APODERADO JUDICIAL CONTRA SU EMPLEADOR

Magistrado Ponente:

Dr. Rafael Méndez Arango

Radicación 13722

Bogotá, Distrito Capital, veinticinco de septiembre de dos mil.

Resuelve la Corte los recursos de casación contra la sentencia dictada el 26 de marzo de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, complementada el 2 de septiembre del mismo año, en el proceso que Francisco Jairo Bohórquez Lotero le sigue a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, S.A.

I. Antecedentes

Obrando en su propio nombre, en su condición de abogado, Francisco Jairo Bohórquez Lotero llamó a juicio a la Fábrica del Hilados y Tejidos del Hato para que se declarara que dio por terminado el contrato de trabajo que con él celebró en forma unilateral, ilegal y sin que mediara justa causa para ello y, como consecuencia de tal declaración, se la condenara a reintegrarlo a su empleo en las mismas condiciones que lo dispuso la sentencia ejecutoriada del Tribunal Superior de Medellín de 24 de abril de 1995 o en mejores condiciones laborales, y a pagarle “los salarios, aumentos salariales establecidos convencionalmente, prestaciones sociales de carácter legal y convencional, desde la fecha del despido hasta que sea efectivamente reintegrado” (fl. 1) o, en subsidio, a reconocerle y pagarle la indemnización establecida para el despido injusto e ilegal “según la mejor tabla indemnizatoria legal o convencional que exista” (ibídem).

En la demanda también pidió el abogado Bohórquez Lotero que bien se ordenara el reintegro o bien la indemnización, debía condenarse a la demandada a pagarle “los perjuicios moratorios(sic) infringidos(sic) por Fabricato a raíz del daño moral que me viene produciendo por ser víctima de la persecución de la empresa, materializada en dos despidos ilegales e injustos, los cuales estimo en la suma de novecientos mil pesos ($ 900.000) mensuales contados desde el 17 de noviembre de 1995 hasta el momento de proferirse la sentencia definitiva” (fl. 1) y que se le ordenara “pagar las anteriores sumas de dinero, indexadas conforme a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano” (fl. 2).

Como causa de sus pretensiones adujo Francisco Jairo Bohórquez Lotero que se vinculó a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato del 29 de enero de 1968 y que su último cargo fue en el área de subproductos con un salario diario básico de $ 16.245.36 y un promedio básico diario de $ 18.954.74; que simultáneamente con sus labores en la empresa adelantó estudios superiores de derecho, graduándose como abogado el 19 de octubre de 1990, y el 22 de mayo de 1992 fue admitido como socio del sindicato de trabajadores de la Industria Textil de Colombia “Sintratextil”; que el 17 de junio de 1993 fue despedido sin que mediara justa causa y el 22 de junio de 1995 admitido nuevamente por orden del Tribunal Superior de Medellín que mediante sentencia de 24 de abril de 1995 confirmó la proferida por el juzgado segundo laboral de esa misma ciudad, que condenó a la demandada a reintegrarlo “al cargo de supervisor en aduanas de subproductos en Fabriuno Bello” (fl. 2), reinstalación que se produjo en el área de subproductos mas no como supervisor y en un horario diferente al ordenado en la sentencia, por lo que su labor diaria se redujo a llevar unos datos estadísticos o a hacer las veces de secretario de Julio Zapata L., quien como jefe directamente se ocupaba de todas las decisiones del área y realizaba todas las funciones propias de la supervisión, por lo que tampoco tenía trabajadores a su cargo; que desde el 16 de agosto hasta el 11 de octubre de 1995, cuando su nombre fue excluido del registro sindical, fue miembro integrante de la junta directiva del sindicato en la seccional de Bello, en cuyo desarrollo, y en cumplimiento del mandato para el cual fue elegido, aceptó un poder especial dado por el sindicato de trabajadores de la industria textil de Colombia “Sintratextil” para interponer un recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia en el proceso de dicha organización contra la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, memorial que presentó el 21 de septiembre de 1995 en el juzgado único laboral de Bello; y que el 17 de noviembre de 1995 la demandada le informó su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo en forma unilateral, determinación que ratificó el 1º de diciembre de ese año.

Según el abogado Bohórquez Lotero, con la injusta e ilegal decisión la empleadora no sólo busca aislarlo de su actividad sindical sino también someterlo, junto con su familia, “a una situación de desespero y de hambre” (fl. 4º) y también busca frustrar sus derechos elementales al trabajo, al libre ejercicio de su profesión y a sus derechos prestacionales, causándole un daño irreparable tanto moral como económico.

Textualmente está dicho en la demanda lo siguiente:

“Como abogado y sindicalista, me siento ética y moralmente obligado a defender los derechos de mis compañeros de labor y a divulgar los atropellos y violaciones de las normas legales y convencionales por parte de la empresa, que hagan relación al contrato de trabajo, como los derechos de asociación y de estabilidad, precisamente la ley laboral determina estas funciones a las organizaciones sindicales” (fl. 4º).

Así mismo asevera el abogado Francisco Jairo Bohórquez Lotero que no le asiste razón a la demandada para despedirlo, pues con ello cuestiona su “actividad profesional”, por cuanto “se trata del ejercicio de una actividad liberal enmarcada dentro de los más altos conceptos éticos y morales” (fl. 4º); “se coarta en esta forma la libertad al trabajo consagrada en la Constitución Nacional” (ibídem) y “en este despido se trata de una clara persecución sindical” (fl. 5º) por el hecho de haberse convertido “en un gran apoyo para la mayoría de trabajadores de Fabricato” (ibídem).

Al responder la demanda la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato aceptó que el demandante Francisco Jairo Bohórquez Lotero trabajaba como supervisor en el área de subproductos y que lo despidió el 17 de junio de 1993 aduciendo motivos suficientes “que en su oportunidad no fueron calificados así por la jurisdicción laboral” (fl. 84); que el 22 de junio de 1995 lo admitió nuevamente por orden del Tribunal de Medellín, reintegrándolo como supervisor del área de subproductos; que el sindicato de trabajadores de la industria textil de Colombia “Sintratextil” lo nombró en su junta directiva, lo que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la Resolución 197, contra la que interpuso los recursos de reposición y apelación “logrando que se excluyera de la junta directiva del sindicato al actor, porque la ley prohíbe al personal de dirección o administración de la empresa pertenecer a juntas directivas de sindicatos” (fl. 85).

En la contestación a la demanda igualmente aceptó la demandada que Francisco Jairo Bohórquez Lotero actuó como apoderado de “Sintratextil” en el proceso instaurado contra el Sindicato Textil del Hato y ella, “proceso en el que se debatían problemas de afiliación de trabajadores a uno y otro sindicato y, además, lo concerniente con cuotas sindicales” (fl. 85); pero afirmó que en dicho proceso actuó como mandatario judicial y no en cumplimiento de sus funciones como miembro de la junta directiva del sindicato, pues sostuvo que “una cosa es la función de miembro de la junta y otra bien distinta es la labor como mandatario judicial” y asentó que llamaba la atención el hecho de que la parte allí demandada fue el Sindicato Textil del Hato “entidad que agrupa a la mayoría de trabajadores de la empresa” y también ella “en donde se desempeñaba el demandante con cargo de dirección y administración” (ibídem).

La sociedad anónima Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato se opuso a las pretensiones de Francisco Jairo Bohórquez Lotero, y en su defensa propuso varias excepciones, entre las que para los efectos del recurso resulta pertinente señalar la que denominó “violación del principio de fidelidad y lealtad por parte del trabajador” (fl. 87), excepción que fundó en que el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo dispone de manera general que al patrono incumben obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos de obediencia y fidelidad para con el patrono.

Alegó igualmente como sustento de esta excepción que “si se tiene en cuenta que los elementos fundamentales sobre los cuales gravita el contrato son la lealtad o fidelidad entre las partes y la confianza mutua en el desarrollo de la actividad, es sumamente grave que un directivo de la empresa, como lo es el supervisor[,] en manifiesta contravía con la ley, se haga elegir miembro de la junta directiva del sindicato y sea apoderado del mismo en procesos instaurados contra la empresa” (fl. 87), conforme aparece dicho en el escrito, en el que así mismo aseveró que el propio demandante confesó “en los hechos de la demanda que por su altruismo y por el hecho de haberse recibido como “abogado estaba legitimado para enfrentarse en demandas contra la empresa en defensa de los intereses de los trabajadores por las injusticias cometidas por el patrono” (ibídem).

También adujo que en el reglamento interno de trabajo se determina que los supervisores ocupan un nivel de autoridad y jerarquía y que las políticas dirigidas al personal directivo y administrativo desarrollan el mismo principio, por lo que no resultaba de recibo que Francisco Jairo Bohórquez Lotero, en abierta rebeldía contra ella, se hubiera afiliado al sindicato para pertenecer a la junta directiva y mucho menos que acepte mandatos para representarlo en procesos en contra suya.

Para la demandada —y con tal aserto concluyó la sustentación de esta excepción—, “el demandante con su proceder violó estos principios de lealtad, fidelidad y buena fe que deben ser el soporte de toda relación laboral y por lo tanto existió una justa causa y una incompatibilidad para que continuara el contrato de trabajo” (fl. 89).

El juzgado tercero laboral del circuito de Medellín, que conoció de la causa, mediante sentencia del 11 de agosto de 1997 condenó a la demandada a reintegrar a Francisco Jairo Bohórquez Lotero “al cargo de supervisor o a otro de superior categoría y a cancelarle los salarios dejados de percibir entre el 1º de diciembre de 1995 y cuando efectivamente sea reintegrado a su empleo, en cuantía de $ 17.472.88 diarios, con los aumentos legales y convencionales que se hubieren generado, más una indexación del 9.88%” (fl. 129). Denegó “los intereses moratorias(sic) peticionados”. Declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó en costas a la demandada.

II. La sentencia del tribunal

La alzada se surtió por apelación de ambos litigantes, pues ninguno quedó conforme con el fallo del juzgado, el cual fue modificado el 26 de marzo de 1999 por el tribunal en cuanto ordenó el reintegro, para, en su lugar, condenar a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato a reconocerle a Francisco Jairo Bohórquez Lotero la suma de $ 29.879.624.84 “por concepto de indemnización por despido” (fl. 627); sentencia que complementó el 2 de septiembre de ese año para igualmente “condenar a la empresa demandada a reconocer por concepto de indexación la suma de $ 2.952.008.13” (fl. 251).

Para el juez de apelación quedó probado en el proceso que Francisco Jairo Bohórquez Lotero “durante toda su vida laboral ocupó cargos de representación, pues desde su vinculación en 1968 se desempeñó como supervisor en tintorería y, de conformidad con el hecho séptimo de la demanda, en abril de 1995, se ordenó judicialmente su reintegro al cargo de supervisor en aduanas de subproductos en Fabriuno Bello; esto es, que el demandante siempre ocupó cargos de jerarquía y representación del empleador, pues así se establece en el artículo 78 del reglamento interno de trabajo de la empresa, el cargo de supervisor, en armonía con el artículo 1º del Decreto 2351 de 1965” (fl. 225), conforme aparece dicho en el fallo, en el que igualmente se asienta que si “después de haber ocupado durante largos años al servicio de la empresa demandada, cargos de dirección y representación, decide asumir la posición de abogado litigante en contra de los intereses de su empleador, resulta incuestionable que con esta posición está quebrantando gravemente la obligación de fidelidad y lealtad para con su empleador, pues su condición de trabajador con cargo de jerarquía, le ha permitido adquirir conocimientos especiales en torno a la función empresarial de su empleador, conocimientos que de ser utilizados, pueden traer serios perjuicios a la empresa y consecuentemente favorecer a su contradictor” (ibídem).

El tribunal de Medellín también asentó que “la posición del actor, cumpliendo funciones laborales en la empresa y simultáneamente ejerciendo la abogacía en contra del empleador, constituye un riesgo potencial para los intereses de la empresa, pues se da una colisión de intereses que patentizan la posición desleal del demandante; ya que como abogado debe defender los derechos de su cliente y como dependiente de la empresa debe ser fiel y leal a su empleador” (fl. 225), tal cual se lee en la sentencia; pero no obstante ello concluyó que “la conducta del demandante no comporta causal de despido, pues como tal, no encaja en las faltas que señala la ley para terminación del contrato por justa causa” (ibídem), sino que únicamente constituía una circunstancia que hacía desaconsejable el reintegro al empleo porque “su proceder desleal con el empleador, llevó a que éste perdiera toda confianza en él” (fl. 226), lo que generaba una incompatibilidad para la continuación del contrato de trabajo.

Inconformes con la sentencia de segunda instancia recurrieron en casación ambas partes, recursos que el tribunal concedió y la Corte admitió, habiendo sido sustentado el, del demandante Francisco Jairo Bohórquez Lotero con la demanda que corre del folio 13 al folio 26, que fue replicada como aparece de folios 34 a 37, y el de la demandada Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato mediante la demanda que obra de los folios 40 a 45, y cuya réplica corre de los folios 53 a 55.

Con su demanda el demandante recurrente pretende que se case parcialmente la sentencia del tribunal “en cuanto limitó la condena por indexación sobre la indemnización por despido a la suma de $ 2.952.008.13 para que una vez constituida en sede de instancia y modificando el fallo de primer grado condene a la sociedad demandada a pagar la indexación sobre la indemnización por despido causada entre la fecha del despido y la fecha de la sentencia que pone fin al proceso” (fl. 16 y 17), conforme lo declara al fijar el alcance de su impugnación; mientras que la demandada recurrente pretende que la Corte “case el fallo acusado “junto con su providencia adicional o complementaria” y que luego, en instancia, revoque integralmente el del juzgado y la “absuelva de todo lo impetrado contra ella por el doctor Francisco Jairo Bohórquez Lotero“” (fl. 42).

III. El recurso de fábrica de hilados y tejidos el hato

Dado el mayor alcance de la impugnación de la demanda de la demandada recurrente, por razones de método estudiará primero la Corte la acusación que formula contra la sentencia del tribunal de Medellín.

Para esta recurrente el fallo dejó de aplicar, siendo aplicables en este caso, los artículos 7º, aparte A, numeral 6, del Decreto Legislativo 2351 de 1965, 58, numeral 4, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, “lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, 6º de la Ley 50 de 1990 (según la antigüedad del trabajador), 467, 468, 469 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo (que reconocen la existencia, eficacia jurídica y obligatoriedad de las convenciones colectivas de trabajo), 1º, 19 y 50 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 153 de 1887, 178 del Código Contencioso Administrativo, 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627 y 1649 del Código Civil, 307 y 308 del Código de Procedimiento Civil (D.L. 2282/89 art. 1º, nums. 137 y 138, aplicables en asuntos del trabajo conforme al art. 145 del CPT), 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1993, 48 y 53 de la Constitución Política y los demás preceptos en que la H. Sala funda el sistema de la indexación de las obligaciones laborales” (fls. 47 y 43).

Cargo para cuya demostración argumenta que acepta, como lo halló el tribunal, que el demandante Francisco Jairo Bohórquez Lotero, en su condición de abogado, fue apoderado del Sindicato de la Industria Textil en un pleito que adelantaba contra ella, ejerciendo simultáneamente funciones a su servicio como empleado en posiciones de representación y jerarquía, y que esa conducta “es claramente atentatoria contra la obligación de lealtad y fidelidad que debe tener todo trabajador con su patrono” (fl. 43); puesto que su discrepancia radica en cuanto a la tesis según la cual esa conducta no está tipificada como justa causa de despido.

Aduce la recurrente que “la moral es el conjunto de reglas y de principios que tienden a dirigir la conducta humana hacia lo licito, lo honesto, lo bueno, lo equitativo y lo conveniente para preservar la convivencia colectiva sosegada y la realización del bien común” (fl. 43); y que precisamente el ejercicio de una conducta regida por la moral es el deber que le impone al trabajador el artículo 58, numeral 4º, del Código Sustantivo del Trabajo en las relaciones con el patrono y con los compañeros de trabajo, complementando este deber lo estatuido en su artículo 56 “cuando le exige al patrono brindarle protección y seguridad al trabajador y a este último ser fiel y obediente con aquél, todo ello, claro está, dentro del ámbito de la buena fe en el cual debe ejecutarse el contrato de trabajo por exigencia del artículo 55 del código” (fl. 44).

Asevera por tal razón que no hay duda de que el proceder leal, correcto y honorable del trabajador con su patrono es una obligación impuesta por la ley al empleado y que su inobservancia es justa causa de despido de éste, “según lo estatuye en forma clara, precisa y contundente el artículo 7º, aparte a, numeral 6º, del Decreto Legislativo 2351 de 1965” (fl. 44); y que aplicadas estas reflexiones al caso que se juzga queda claro que tuvo justa causa para despedir a Francisco Jairo Bohórquez Lotero, debido a que él aprovechó su calidad de abogado para representar al sindicato de la industria textil en un proceso que estaba adelantando en su contra, a pesar de ser también un empleado de representación y jerarquía dentro de la empresa. Conducta del abogado Bohórquez Lotero que es “incuestionablemente contraria a los principios de moralidad y lealtad que todo trabajador está legalmente obligado a acatar en sus relaciones con el patrono al cual le presta servicios” (ibídem).

Concluye su argumentación demostrativa aseverando que al no haberlo hallado así el fallo recurrido, quebrantó los preceptos incluidos en la proposición jurídica en las modalidades que indica, puesto que si “tuvo justa causa para despedir al doctor Bohórquez, el tribunal ha debido aplicar, y no aplicó, las normas que consagran esa justa causa y, a la vez, ha debido abstenerse de aplicar las normas que establecen las indemnizaciones legales y reconocen las pactadas convencionalmente por despido sin justa causa y también las que, en concepto de la H. Sala, prevén la indización de las obligaciones laborales, desde luego que en este caso si no hubo un despido injusto sino justo, no hay nada que indemnizarle al demandante Bohórquez ni ninguna obligación indexable, por ende” (fl. 45), para decirlo reproduciendo las textuales palabras de la demanda.

El opositor replica el cargo diciendo que la falta que se le endilga no puede tipificarse dentro de la causal de terminación del contrato consagrada por el artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, literal a, numeral 6, por cuanto la aplicación de la norma supone que el trabajador haya violado en forma grave alguna de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, y el impugnante sostiene que él violó la obligación establecida en el artículo 58, numeral 4º, del Código Sustantivo del Trabajo, “en cuanto prescribe al trabajador el deber de “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus compañeros y superiores”” (fl. 54), cuando su conducta “desde ninguna perspectiva puede enmarcarse como violatoria de la obligación señalada por el recurrente”, cuya finalidad es la de “establecer un parámetro de conducta ético en las relaciones del trabajador con sus compañeros de trabajo y sus superiores” (ibídem).

Para el replicante el comportamiento que le fue imputado no tiene relación directa con dicha norma, ya que el hecho de que hubiera apoderado a una organización sindical en un proceso contra Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato “no puede desde ninguna perspectiva llevar a la conclusión que (...) no guardó la moral en las relaciones con sus compañeros y superiores” (fl. 54), pues, en su opinión, “lo uno no tiene relación con lo otro”; y que si bien “ocupaba un cargo importante en la sociedad demandada, también lo es que pertenecía a una organización sindical” (ibídem).

Concluye su réplica el opositor afirmando que en su condición de abogado, “en defensa de los derechos de la organización sindical de la que era miembro, (...) estaba legitimado, sin que su actuar pueda calificarse como inmoral, para promover actuación judicial contra el empleador” (fl. 55), ya que su conducta no puede ser calificada como ilícita, deshonesta o inequitativa, porque “la pertenencia a una organización y la defensa de los intereses de ésta no pueden calificarse desde ninguna perspectiva como un acto atentatorio de las relaciones con compañeros y superiores” (ibídem).

V. Consideraciones de la Corte

Según los razonamientos expresados por el tribunal de Medellín en la sentencia impugnada, constituye un hecho plenamente probado en el proceso que Francisco Jairo Bohórquez Lotero “durante toda su vida laboral ocupó cargos de representación” y “siempre ocupó cargos de jerarquía y representación del empleador, pues así se establece en el artículo 78 del reglamento interno de trabajo de la empresa, el cargo de supervisor, en armonía con el artículo 1º del Decreto 2351 de 1965”.

También es un hecho plenamente probado en el proceso que Francisco Jairo Bohórquez Lotero, en su condición de abogado, actuó como apoderado en un proceso judicial “en contra de los intereses de su empleador”.

No obstante ello, y aun cuando para el tribunal de Medellín “resulta incuestionable que con esta posición [Francisco Jairo Bohórquez Lotero] está quebrantando gravemente la obligación de fidelidad y lealtad para con su empleador” porque el hecho de estar “cumpliendo funciones laborales en la empresa y simultáneamente ejerciendo la abogacía en contra del empleador, constituye un riesgo potencial para los intereses de la empresa, pues se da una colisión de intereses que patentizan la posición desleal del demandante; ya que como abogado debe defender los derechos de su cliente y como dependiente de su empresa debe ser fiel y leal a su empleador”, no se configuró una justa causa de despido pero sí una circunstancia que hacía desaconsejable su reintegro al empleo “ a las actividades empresariales, pues su proceder desleal con el empleador, llevó a que éste perdiera toda confianza en él”.

Estos hechos no los controvierte la recurrente Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, ni tampoco los discute Francisco Jairo Bohórquez Lotero en su condición de opositor, puesto que su réplica la funda en el acogimiento de la tesis jurídica del tribunal, según la cual el hecho plenamente establecido en el proceso, aunque quebranta “gravemente la obligación de fidelidad y lealtad para con su empleador” y “constituye un riesgo potencial para los intereses de la empresa, pues se da una colisión de intereses que patentizan la posición desleal del demandante”, no configura una justa causa de terminación unilateral del contrato de trabajo.

Enfocado así el problema jurídico no hay duda alguna del desatino en que incurrió el tribunal y que lo llevó a no hacerle producir efectos en el caso, cuando su recta solución lo hacia imperativo, al precepto legal que establece la justa causa que resulta de haber incumplido Francisco Jairo Bohórquez Lotero su obligación especial como trabajador de “guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y sus compañeros”, cuya violación grave constituye una de las justas causas para terminar unilateralmente el contrato que consagra el Decreto Legislativo 2351 de 1965 en su artículo 7º, letra a, ordinal 6º.

Y ello no podría ser de otra manera por cuanto la obligación de fidelidad para con el patrono, que de manera general incumbe a los trabajadores, no es más que una natural consecuencia de la ejecución de buena fe del contrato de trabajo, prevista explícitamente en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo.

A diferencia de lo que pueda ocurrir en otros ordenamientos legislativos, en Colombia la buena fe no es simplemente un principio, sino que expresamente está consagrado tanto de manera general en el artículo 1603 del Código Civil como de manera específica en el artículo 55 del Código Sustantivo del Trabajo, y por tratarse de un precepto legal de carácter imperativo, desde la buena fe presidir la ejecución del contrato de trabajo; buena fe que obliga no sólo a lo que en el contrato se expresa “sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella”.

Aparte de ello en la legislación nacional no solamente se consagró de manera expresa el deber de ejecución de buena fe del contrato de trabajo, sino que, en total armonía con este deber legal, así mismo se impuso como una obligación general de los trabajadores la de “fidelidad para con el patrono”.

Este doble imperativo consagrado en la legislación de deberse ejecutar el contrato de buena fe y de estar obligados los trabajadores de modo general a observar “fidelidad para con el patrono”, les impone el tener que ajustar su conducta a una regla ética que se revela en el total cumplimiento de sus obligaciones, no sólo a las que se expresan en el contrato “sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por ley pertenecen a ella”.

Aun cuando la doctrina al ocuparse del tema de la “fidelidad” del trabajador respecto de su patrono se ha centrado en las obligaciones que éste tiene de “no violar el secreto de la empresa” y “no competir deslealmente”, ello no significa que otros aspectos de la relación laboral sean ajenos a este deber de obrar de buena fe, puesto que en el ámbito de las relaciones jurídicas esta buena fe con la que se debe ejecutar el contrato no es más que una concreta expresión de los usos sociales y una específica aplicación de valores jurídicos que informan la totalidad del ordenamiento positivo.

La “buena fe” y la “fidelidad” entendidas dentro del específico campo de las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores exige que estos últimos cumplan en el comercio jurídico con honestidad y honradez las obligaciones que le imponen la ley y el contrato, lo que implica la plena conciencia de no perjudicar ni engañar, así como la cabal observancia de sus obligaciones de manera franca, sin esguinces, sin trampas, sin abusos.

Es por ello que en este caso no basta la mera creencia de Francisco Jairo Bohórquez Lotero, o su personal convencimiento de hallarse “ética y moralmente obligado a defender los derechos” de sus compañeros de labor y su íntima convicción de estar igualmente obligado “a divulgar los atropellos y violaciones de las normas legales y convencionales por parte de la empresa” por exigírselo así su doble condición de abogado y sindicalista, pues si se considera todo su obrar dentro del contexto específico y concreto de este litigio, ninguna duda puede caber sobre lo desleal de su proceder frente a quien en ese momento era su empleadora, por ser inocultable que transgredió el deber de fidelidad cuando no solamente aceptó un mandato judicial contra los intereses de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, sino que ejercitó dicha actividad como abogado en defensa de los intereses del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil de Colombia.

No hay duda de que riñe con una de las obligaciones especiales que le impone la ley el que un trabajador que “siempre ocupó cargos de jerarquía y representación del empleador” se constituya en apoderado judicial en detrimento de los legítimos intereses de éste, pues su condición de representante del patrono —así expresamente consagrado en el reglamento interno de trabajo de la empresa—, y que como tal lo obliga frente a los demás trabajadores dentro del área en la cual ejerce sus labores, no permite que pueda considerarse un proceder leal, correcto y honesto que simultáneamente se enfrente a su empleador en una causa judicial.

No puede pasarse por alto que las relaciones de trabajo establecen vínculos que no se circunscriben a los efectos meramente económicos, pues otra cosa establece expresamente la ley, al igual que la doctrina y la jurisprudencia.

En efecto, resulta pertinente recordar que en sentencia de 8 de noviembre de 1989, la extinguida Sección Segunda de la Sala de Casación Laboral asentó lo siguiente:

“De vieja data se tiene declarado que la relación de trabajo entraña vínculos que no se contraen o condensan exclusivamente a sus efectos económicos, sino que también se extienden a los de orden moral y ético, los cuales, a la vez, imponen el cumplimiento de las recíprocas obligaciones de manera fiel y de forma que de plano excluyan la posibilidad del daño, entorpecimiento, incumplimiento o concurrencia desleal con la otra parte” (G. J. tomo CXCVIII, pág. 131).

Por lo anterior resulta equivocada la consideración del tribunal, el cual, no obstante calificar de desleal la conducta de Francisco Jairo Bohórquez Lotero, al actuar como apoderado judicial del sindicato de trabajadores de la industria textil de Colombia en un proceso seguido en contra de la recurrente, concluyó que esta conducta desleal de quien como “dependiente de la empresa debe ser fiel y leal a su empleador” no configuraba una justa causal de despido porque “no encaja en las faltas que señala la ley para terminación del contrato por justa causa”.

Resulta entonces forzoso darle la razón a la recurrente cuando acusa al Tribunal de no haber aplicado al caso los artículos 7º, aparte a, numeral 6º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, 58, numeral 4º, 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; infracción directa que lo llevó a aplicar indebidamente los demás preceptos de alcance nacional que establecen las indemnizaciones legales y reconocen las pactadas convencionalmente por despido sin justa causa, así como las que “prevén la indización de las obligaciones laborales”, conforme lo afirma en su demanda, puesto que si no hubo despido injusto, ninguna indemnización se debe a Francisco Jairo Bohórquez Lotero, como tampoco existe “obligación indexable”.

Prospera el cargo, y habrá de casarse la sentencia como lo solicita la recurrente al fijar el alcance de su impugnación, para, actuando como tribunal de instancia, sin otra consideración adicional a la expresada en el recurso extraordinario, revocar la sentencia del juzgado y absolver a Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato de las pretensiones del demandante.

Como es obvio, la prosperidad del recurso de la demandada hace innecesario el estudio del recurso de Francisco Jairo Bohórquez Lotero.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 26 de marzo de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, complementada el 2 de septiembre del mismo año, en el proceso que Francisco Jairo Bohórquez Lotero le sigue a la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, S.A., y actuando como tribunal de instancia, revoca la sentencia proferida por el juzgado tercero laboral del circuito de esa misma ciudad el 11 de agosto de 1997, para, en su lugar, absolver a la demandada de las pretensiones del demandante.

Sin costas en el recurso y las de ambas instancias serán del demandante.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Rafael Méndez Arango—Francisco Escobar Henríquez, con salvamento—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder—Luis Gonzalo Toro Corre, Salvo el voto—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero. 

Gilma Parada Pulido, secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Nos corresponde expresar con el respeto acostumbrado que disentimos de la decisión mayoritaria de la Sala en cuanto resolvió dar prosperidad al cargo de la demanda de casación de la empleadora, toda vez que en nuestro sentir no constituye una violación a los deberes de buena fe y lealtad que atañen a los trabajadores que uno de ellos opte por ejercitar directamente una acción judicial contra su empleador cuando tenga el ius postulandi, siempre que se trate de defender sus propios intereses, dentro de los que se entienden naturalmente los que conciernen a la organización sindical de la cual él forma parte, pues es a través del derecho de asociación sindical, garantizado constitucional y legalmente, que los trabajadores unidos pueden buscar unas mejores condiciones de trabajo. Cosa muy distinta es que un trabajador litigue a nombre de un tercero contra la empresa, lo que sí evidentemente sería una conducta desleal, situación que no se presenta en este caso pues el demandante actuó en un proceso en defensa de la organización sindical a la cual pertenecía, además en asuntos que incumbían particularmente a la agremiación como son los relativos al pago de unas cuotas sindicales y en una actuación que según se deduce de las documentales que obran a folio 192 a 195 no es temeraria.

El pertenecer a una organización social conlleva el cumplimiento de los deberes y obligaciones ínsitos a sus fines, estén o no reglamentados, así como el respeto a las prohibiciones que se desprendan de su naturaleza y las demás que acuerden sus integrantes, postulado que no es ajeno a la organización sindical que como toda asociación esta edificada en los principios de solidaridad e integración, en acatamiento de los cuales actuó en este asunto el trabajador al prestar su concurso en su condición de abogado para representar a la unión sindical a la que pertenecía, en una querella que se suscitó contra la empresa.

Es preciso anotar que las controversias que se presenten entre las agremiaciones sindicales y empleadores y que sean llevadas a los estrados judiciales no tienen la misma índole que las de cualquier otra contención puesto que no se trata de entidades antagónicas e irreconciliables, ya que en última instancia sus propósitos convergen en procura del bien general, en un acercamiento que debe ser su proyecto permanente, cimentado en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, en condiciones de equidad y mutuo respeto, así como de progreso y estabilidad de las empresas como fuentes de empleo y crecimiento de la economía nacional. En este empeño es factible que se presenten entre empleadores y trabajadores polémicas que no puedan resolver directamente, ante lo cual se impone naturalmente que acudan a la vías previstas para la solución de sus conflictos, entre ellas obviamente la judicial, de manera que no se puede ver como un acto inmoral o desleal el que una asociación sindical concurra ante la jurisdicción laboral para que sea ésta la que dirima las discusiones que tengan lugar con el ente patronal, por ser éste el medio civilizado y pacifico de solución de intereses encontrados, propugnar por lo contrario sería incitar a las vías de hecho como medio de resolver las diferencias entre las partes integradas en una relación colectiva de trabajo.

En estas condiciones se impone anotar que ante una discrepancia que se origine entre las organizaciones sindical y empresarial, corresponde a la asamblea general de la primera o a su junta directiva cuanto sea ella la que opte por acudir ante la jurisdicción laboral tomar tal decisión, sin que pueda decirse que los trabajadores de cualquiera de éstos dos órganos sociales que participen en la toma de esa determinación puedan ser tachados de un obrar desleal o de mala fe para con su empleador, salvo claro está que se persiga un fin abyecto, de modo que no existe ninguna diferencia entre que sea el propio trabajador del sindicato que tenga la condición de abogado o un profesional ajeno a la misma el escogido para que lleve la representación en el juicio laboral correspondiente puesto que las pretensiones y los hechos en que se funden no van a ser distintos.

Por otra parte, advertimos que en este caso no se presentaba por parte del trabajador una inhabilidad o incompatibilidad que le impidiese llevar la representación judicial del sindicato al cual pertenecía, dado que no desempañaba un empleo de los denominados de dirección, confianza o manejo, pues su cargo solamente era el de supervisor de subproductos conforme al cual únicamente le correspondía cumplir funciones de coordinación y dirección del personal a su cargo, es decir que tenía una representación muy precaria del empleador, limitada solamente a aspectos disciplinarios y administrativos básicos de coordinación, que no son suficientes para tenerlo como un empleado que ostentaba una de las calidades arriba mencionadas para que estuviese impedido para apoderar judicialmente a la agremiación sindical de la que era miembro.

En estos términos dejamos salvado el voto.

Francisco Escobar Henríquez—Luis Gonzalo Toro Correa. 

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