Sentencia 13733 de febrero 13 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 023

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., trece de febrero del año dos mil tres.

EXTRACTOS: «Se considera:

Único cargo (Violación directa de disposiciones de derecho sustancial).

En relación con el único cargo contenido en la demanda que el defensor del procesado Luis Armando Durán presenta, en verdad que son pocos los agregados que cabría hacer al concepto de la delegada cuyo criterio la Sala comparte.

La jurisprudencia de la Corte insistentemente ha sostenido que los argumentos relacionados con la violación directa de la ley sustancial, han de ser expuestos en estricto raciocinio jurídico, sin que en su desarrollo resulte admisible discutir los hechos declarados en el fallo, o plantear, o sugerir como en este caso, la comisión de errores en la apreciación probatoria, pues de presentarse éstos, habrá de acudirse prevalentemente a la vía indirecta y formularse el cargo en capítulo separado haciendo mención expresa de la clase de desatino probatorio en que incurrió el juzgador, si de hecho o de derecho, y precisar la especie y trascendencia que tuvo en la parte dispositiva del fallo ameritado.

Obedece ello a que en la hipótesis de la violación directa, es de cargo del actor aceptar los hechos tal y como fueron declarados en el fallo, así como el mérito persuasivo asignado a las pruebas que sirvieron de fundamento a la decisión, y, a partir de allí, demostrar que el yerro consistió en la selección o comprensión por el juzgador de la norma sustancial finalmente aplicada; en tanto que si lo pretendido es denunciar la transgresión indirecta de la ley por haberse incurrido en errores probatorios, el casacionista debe precisar los medios sobre los cuales recaen, especificar su clase, si de hecho o de derecho, concretar una de las diversas posibilidades que a su interior pueden presentarse, y demostrar la trascendencia de un tal desacierto en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva del fallo, dando lugar a la aplicación indebida o la falta de aplicación de determinado precepto.

Estos derroteros son desatendidos por el casacionista, quien afirma que el artículo 40.1 del Código Penal de 1980 fue dejado de aplicar, pero ninguna tarea aborda en orden a indicar que el sentenciador hubiere encontrado acreditado que el procesado realizó la acción por caso fortuito o fuerza mayor, y sin embargo omitió aplicar las consecuencias jurídicas correspondientes.

Resulta así que la propuesta impugnatoria no trasciende su enunciado, pues nada se hizo en orden a su desarrollo y demostración, como correspondería para que pudiera entenderse correctamente planteada.

Por el contrario, el casacionista hace depender la demostración del error de selección normativa, de su propio entendimiento de los hechos, así como de la particular fuerza persuasiva que atribuye a la prueba recaudada.

No otra cosa se establece de la afirmación indemostrada en el sentido de que “el señor Palacio Durán empujó al señor Ramírez Mazuera, esa es la acción inicial a la que siguió el hecho fortuito de la muerte que no dependió de la voluntad del señor procesado ni era posible preverse. No olvidemos que entre los actores de este drama no existía ninguna relación que haga atribuir el resultado hipotéticamente a otros factores. No, lo que sucedió es el resultado desafortunado, fortuito, como el que más, de una reacción perfectamente inofensiva y acorde con la situación que se vivía concretamente y que debió reconocerse en la sentencia impugnada para efectos de exonerarse de responsabilidad al señor Luis Armando Palacio Durán”.

O aquella relacionada con “el desconocimiento de la estructura del delito, específicamente en cuanto se refiere a la culpabilidad por no haber reconocido la sentencia la causal exonerativa de responsabilidad del procesado cuando del contexto probatorio emerge indubitable”.

Indica ello que el casacionista no se acoge a la declaración fáctica realizada por el juzgador en el fallo que dice pretende combatir por la vía directa, pues de la argumentación expuesta resulta evidente su desacuerdo con la ponderación de los medios que sirvieron de sustento a la sentencia, para lo cual ha debido acudir expresamente a la vía indirecta de violación de normas de derecho sustancial por aplicación indebida del precepto que define el delito de homicidio preterintencional y falta de aplicación de aquella que establece el caso fortuito como motivo de inculpabilidad, a consecuencia de incurrir en errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, y no a la directa que equivocadamente postula.

De todas maneras, aún de llegar a suponerse que la pretensión del actor es denunciar la configuración de errores de apreciación probatoria, tampoco en dicha hipótesis la censura aparecería correctamente fundamentada; no especifica la prueba o pruebas sobre las que recae el yerro, no concreta la clase o especie a que éste corresponde; no aborda el proceso de demostración y tampoco se da a la tarea de realizar el proceso de valoración integral de los medios a fin de acreditar cómo de no haberse cometido la incorrección la declaratoria fáctica sería diversa, dando lugar a la modificación de la parte resolutiva del fallo en sentido sustancialmente distinto y opuesto a la declaración del derecho allí contenida.

Ante un panorama como el que acaba de exponerse, pues el cargo se presenta a manera de alegado de instancia como si la casación fuera medio de impugnación de plena justicia, no se adentrará la Corte en su estudio de fondo. De hacerlo implicaría suplir las deficiencias del libelo a fin de desentrañar el verdadero propósito perseguido por el demandante con violación del principio de limitación y su carácter dispositivo que rige el instrumento extraordinario a que se acude, desconocer la presunción de acierto y legalidad con que se amparan los fallos cuya desvirtuación compete al actor, y, en general, degradar la objetividad del ordenamiento jurídico.

Se desestima el cargo.

Casación oficiosa

No obstante los errores técnicos y de fundamentación que la demanda ostenta, que, como ha sido advertido, conducen a su destinación, la Corte observa que el fallo objeto del recurso extraordinario fue proferido en juicio viciado de nulidad, pues en el desarrollo del trámite se incurrió en irregularidad sustancial que afecta el debido proceso, y, por lo mismo, hace operante la facultad oficiosa prevista por el artículo 228 del estatuto procesal por el que se rigió en asunto (art. 216 del actual).

Las consideraciones que a continuación realiza la Sala, es pertinente aclarar, se llevan a cabo desde la perspectiva de la ley procesal vigente para cuando se juzgó el asunto en las instancias ordinarias del proceso, sin perjuicio de advertir que ulteriores desarrollos legales (L. 600/2000) y jurisprudenciales prevén durante el juicio la posibilidad de variación de la calificación jurídica de la conducta dada en la acusación, que en todo caso no puede trascender la audiencia ni desconocer el principio de consonancia entre acusación, o su variación, y el fallo.

La jurisprudencia de esta Corte ha dejado sentado que si se concibe el debido proceso como el conjunto de garantías constitucionales establecidas a favor de los asociados y que limitan la actividad del órgano jurisdicente, en cuyo concepto se incluye el derecho a que se respeten las formas propias de cada juicio, es de entenderse que el desconocimiento de las distintas etapas que disciplinan el rito, así como de los principios que la Constitución y la ley han definido como rectores de la actividad judicial, da lugar a viciar de ineficacia lo así actuado y la consecuente corrección mediante el remedio extremo de la nulidad.

El artículo 250 superior no sólo establece la separación funcional entre fiscal y juez para atribuir a la Fiscalía General de la Nación la función de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, sino que también en dicha regla se sienta el principio básico de división entre acusación y juzgamiento atribuidas a uno y otro órgano de manera consecuente pero independiente.

Así entonces, si la facultad de calificar las investigaciones realizadas (salvo los casos de fuero constitucional previstos por el artículo 235-3 de la Carta Política) es privativa de la Fiscalía General de la Nación, resulta claro que cuando dicho órgano decide formular acusación y esta determinación adquiere ejecutoria, es porque con ella se ha culminado la etapa procesal de la instrucción dando inicio a la fase de juzgamiento durante la cual la acusación se convierte en ley del proceso y por lo mismo adquiere carácter vinculante, delimita la competencia, fija el marco fáctico y jurídico en que se ha de desarrollar el juicio, y condiciona el proferimiento del fallo con que se ponga fin al debate.

Si bien la facultad de calificar el sumario radicada en la Fiscalía, no puede ser arbitraria en cuanto por tratarse de una autoridad pública el cumplimiento de sus funciones ha de estar estrechamente vinculado al principio de legalidad, debiendo, por tanto, sujetarse a la prueba recaudada y a la ley preexistente, de modo que si se distancia ostensiblemente de las reglas de la lógica y la comprensión jurídica del caso, y con ocasión de dicho error incursiona en títulos o capítulos del ordenamiento penal sustantivo que tutelan bienes jurídicos completamente ajenos a los de la realidad procesal, en dichos eventos se impone por el juzgador decretar la nulidad por error en la calificación jurídica de la conducta materia de investigación, pues en tales condiciones el juez enfrentaría la imposibilidad de proveer fallo de mérito.

No obstante que la actividad del fiscal se halla subordinada a la legalidad de sus actuaciones procesales, también el control judicial sobre ellas se encuentra condicionado al respecto por el marco de valoración en que aquél desarrolla su función investigadora y calificadora, “así el controlador judicial piense en una calificación que supone más acertada, pues no se trata de que el juez se erija en superior funcional del fiscal, sino que simultáneamente se pretende evitar un quebrantamiento a los principios del acto legal, separación funcional, preclusión del calificatorio e imparcialidad de los funcionarios judiciales” como en tal sentido ha sido establecido por la jurisprudencia de la Corte (Cfr. Sent. Cas. feb. 24/2000. M.P. Gómez Gallego. Rad. 10.809).

Ha precisado igualmente la Sala que si la nulidad es la sanción que establece la ley para las actuaciones violatorias de las formas propias de cada juicio, en principio al juzgador le está vedado decretar nulidades por razones de mérito pudiendo hacerlo sólo por vicios en la regularidad del procedimiento, es decir, por irregularidades cometidas en los actos de composición del proceso, que, por tener aptitud desquiciatoria de la constitución del rito, desvirtúan en el acto procesal su eficacia para cumplir el fin a que están destinados.

En lo relativo a la nulidad de la resolución acusatoria por atentados al debido proceso, la doctrina de esta Corte tiene por sentado que un tal remedio sólo resulta justificado por la presencia de vicios que impedirían al juzgador proveer de fondo y dictar fallo de mérito, de manera que si el fiscal exhibe la motivación básica, fundada en una apreciación racional de las pruebas que obran en el proceso y en una argumentación jurídica propia de su facultad de interpretación, no constituye motivo de ineficacia de lo actuado el hecho de que el calificador por antonomasia en ese momento haya descartado una circunstancia de agravación, o reconocido la atenuante por ira o intenso dolor, o admitido la complicidad como título de participación —en lugar de la autoría que piensa el juez—, o determinado la culpa o la preterintención, en vez del dolo, como componentes del aspecto subjetivo del tipo, por el solo prurito de que el juez razona más elevadamente o de manera diferente a como lo hizo el funcionario calificador.

Acorde con el entendimiento de la normativa procesal por la que se rigió el presente asunto, la jurisprudencia asimismo ha precisado que las discrepancias que se susciten entre juzgador y fiscal, no obstaculizan la decisión de fondo, a menos que la alternativa calificatoria propuesta por el juez comporte un cambio en la competencia y haya lugar a promover la respectiva colisión negativa, “pues, en otras circunstancias, sería un desbordamiento de su poder que acudiera a una especiosa nulidad por falta al debido proceso, con el fin de imponer arbitrariamente la calificación que él concibe. Cosa distinta ocurre si en la pieza acusatoria falta la motivación sobre el hecho constitutivo del gravamen o la degradación, o la misma es ambigua o contradictoria, o el funcionario imagina soportes empíricos o racionales que no existen o que lógicamente no pueden inferirse dentro del proceso (absurdo), pues en tal caso la sentencia no puede dictarse porque carecería del apoyo acusatorio necesario para su congruencia” (Cfr. Sent. de casación. Feb. 4/99. M.P. Gómez Gallego. Rad. 10.918).

Entonces si bien es posible que después de haberse calificado el proceso durante el juicio el director de la causa encuentre que el fiscal se apartó ostensiblemente de las reglas de lógica y comprensión que rigen el proceso de calificación jurídica del comportamiento que encontró acreditado, por el trascender el título o capítulo correspondiente del estatuto punitivo, o porque en razón de dicho error de selección daría lugar a una competencia diferente, ora porque la providencia calificatoria carece absolutamente de motivación sobre un elemento del delito o la responsabilidad del acusado, o en relación con una específica circunstancia de agravación, o la misma es ambigua o contradictoria, o se fundamenta en supuestos fácticos o racionales inexistentes, y en tal medida la acusación no podría ser fundamento legal y razonable para proferir fallo de mérito, la nulidad se erige como la única vía plausible de solución (Cfr. Cas. Mayo 16/02. M.P. Arboleda Ripoll. Rad. 11923).

En relación con el trámite especial de sentencia anticipada, ha sido dicho, que también sigue, en general, estos mismos principios, y si se considera que el acta de formulación de cargos es equivalente a la resolución de acusación, ha de llegarse a las siguientes conclusiones:

1. Es intangible, pues ni el fiscal ni el juez tienen competencia para variar o adicionar la acusación, esto es, para introducir modificaciones a la imputación hecha y aceptada.

2. El juez, por lo tanto, deberá dictar sentencia conforme a los hechos circunstancias aceptados, debiendo existir congruencia entre aquella providencia y el acta de formulación y aceptación de cargos.

3. La intangibilidad de la acusación no impide, según criterio mayoritario de la Sala, que el juez, al proferir el fallo, pueda atenuar la responsabilidad, aunque no agravarla, pero sin desconocer la denominación jurídica imputada, esto es, manteniendo la identidad del género delictivo.

4. La incompetencia del juez para variar la acusación, no obsta para que como supremo garante de la legalidad pueda anular la citada acta cuando advierta que se violaron las garantías fundamentales o que en la misma se incurrió en error en la denominación jurídica de la infracción (Cfr. Cas. Jun. 10/98. M.P. Córdoba Poveda).

En el caso que ocupa la atención de la Sala, de conformidad con la normativa constitucional y procesal que regía el asunto, el juez del circuito carecía de facultad para abstener de proferir el fallo anticipado solicitado por el procesado, pues tanto él como el tribunal sustentaron su decisión en una inexistente violación de garantías fundamentales, y tanto sólo apoyados en la consideración de que las pruebas indicaban la comisión de un delito de homicidio preterintencional, y no culposo por el que se formularon cargos contra el procesado, es decir, no por un error de procedimiento sino por un presunto yerro de juicio que, como se ha dejado visto, salvo los casos en que trasciende la validez de la actuación, no genera nulidad.

Acorde con la reproducción párrafos arriba hecha de los planteamientos expuestos por el fiscal en la providencia mediante la cual definió la situación jurídica del procesado Palacio Durán, los consignados en el acta de formulación de cargos para sentencia anticipada, y las consideraciones de los juzgadores de primera y segunda instancia en relación con la decisión de abstenerse de proferir fallo, no puede menos que afirmarse que sobre unas mismas pruebas tomadas en cuenta en el acto acusatorio, el juzgador realizó una ponderación distinta de la efectuada por el instructor y concluyó que la calificación era equivocada ya que no podía aceptar un homicidio culposo “pues las pruebas enseñan que como mínimo, se estructuró un homicidio preterintencional” y en tal medida dispuso abstenerse de proferir fallo y devolver el diligenciamiento a la Fiscalía “con el fin de que se le formulen al sindicado, cargos que correspondan a lo que verdaderamente se ha probado”.

Se observa entonces, que la discrepancia del fallador con el fiscal radica en la forma de culpabilidad en la comisión del delito de acuerdo a la legislación por entonces vigente, no en la realidad de los acontecimientos y ni siquiera en la calificación jurídica de la conducta como de homicidio, sin embargo esta diferencia de criterios en la valoración probatoria ofrecida por el fiscal en la formulación de los cargos, en ejercicio de su función constitucional y legal de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los funcionarios judiciales competentes, como tal no podía trascender al campo de la nulidad por no afectar garantías fundamentales ni impedía el proferimiento del fallo de mérito, como en sentido contrario se entendió y se dispuso por el juez de conocimiento.

Así resulta clara la violación del principio de imparcialidad, porque el juez hubo de acudir anticipadamente a una evaluación del material probatorio, distinta de la que hizo la Fiscalía, no para evidenciar que el fiscal hubiere incurrido en manifiestas arbitrariedades en la evaluación del caudal probatorio, o porque no tuviere motivación o ésta fuere ambigua o contradictoria, sino para imponer su propio criterio de apreciación de las pruebas, con lo cual no sólo transgredió el principio procesal de preclusión que la acusación ostenta, sino que violó el equilibrio entre acusación y defensa, pues el juez llamado a garantizarlo, se convirtió en acusador y con ello desconoció al tiempo el principio de separación funcional arrogándose la facultad de modificar la acusación en perjuicio del acusado.

Al decidir abstenerse de proferir el fallo, sin siquiera declarar la ineficacia de la diligencia de formulación de cargos, el juez obligó a que, de una parte, no se tuviera en cuenta la voluntad del sindicado de acudir a la terminación anticipada del proceso, sino, también, a que no obstante haber quedado vigentes los cargos formulados, pues la diligencia no fue invalidada, se profiriera una acusación adicional por un hecho punitivamente más gravoso a sus intereses, con lo que vulneró la estructura del proceso, no sólo por irrumpir en una función reservada a la Fiscalía, como lo es la acusatoria, sino, además, porque desconoció que, en ese momento procesal, la acusación había devenido intangible, por lo que ni el mismo fiscal podía variarla.

Merece resaltar que en el caso de la sentencia anticipada existe una razón de más para respetar la intangibilidad de la acusación, consistente en que mientras en el procedimiento ordinario el pliego de cargos es obra exclusiva del fiscal y consecuencia de la prueba practicada y controvertida en la fase sumarial, en el evento de la sentencia anticipada la acusación es fruto de la concurrencia personal del fiscal y del procesado quien participa activamente no sólo cuando manifiesta la intención de someterse a él, sino cuando muestra su conformidad con los cargos formulados por aquel y con base en ellos, y no en otros más gravosos, accede a ser inmediatamente condenado.

Con fundamento, entonces, en la facultad oficiosa consagrada en el artículo 228 del Código de Procedimiento Penal por el que se rigió el asunto (art. 216 del actual), la Corte casará la sentencia impugnada y decretará la nulidad de la actuación cumplida a partir inclusive de la providencia de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas decidió abstenerse de dictar sentencia anticipada (fls. 111 y ss.), a fin de resguardar la garantía fundamental del debido proceso.

Prescripción de la acción penal:

La decisión que tomará la Corte determina la extinción de la acción penal por prescripción. En efecto, el término prescriptivo para el delito de homicidio culposo en la fase de juicio, es de cinco (5) años, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 329 del Código Penal de 1980 (83 y 109 del actual), tiempo que contado a partir de la fecha de la diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada (13 de septiembre de 1995), habría logrado consolidación en el año 2000. En consecuencia, se declarará prescrita la acción, y se ordenará la cesación de procedimiento.

Se dispondrá, además, cancelar las órdenes de captura impartidas contra el procesado y que aún se encuentren vigentes, así como la devolución de la caución prestada para gozar de la libertad provisional (fl. 102), a lo cual se procederá por el Juzgado de Primera Instancia.

En mérito de lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, oído el concepto de la procuradora cuarta delegada para la casación penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. DESESTIMAR LA DEMANDA de casación presentada a nombre del procesado Luis Armando Palacio Durán en el presente asunto.

2. CASAR OFICIOSAMENTE la sentencia impugnada.

3. DECRETAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO a partir inclusive del auto proferido el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante la cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas decidió abstenerse de dictar sentencia anticipada.

4. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, y ordenar la cesación de procedimiento en el presente asunto.

5. El juzgado de primera instancia cancelará las órdenes de captura impartidas en contra de Luis Armando Palacio Durán y devolverá la caución prestada para gozar de libertad provisional.

Contra esta decisión no proceden recursos. Devuélvase al Tribunal de origen. Notifíquese y cúmplase».

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