Sentencia 13753 de junio 26 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Dr. Carlos A. Orjuela Gongora

Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis de junio de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expediente 13753

Autoridades departamentales

Actor: Miguel Ángel López Holguín

EXTRACTOS: «“Ha sostenido el Consejo de Estado que en todo acto administrativo existen ciertos elementos esenciales de los cuales depende su validez y eficacia. Esos elementos son el órgano competente, voluntad administrativa, contenido, motivos, finalidad y forma. En lo que se refiere a los motivos ha expresado que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. En las actividades fundamentalmente regladas, los actos de la administración están casi totalmente determinados de antemano; en cambio, en las actividades discrecionales, la administración tiene un margen más o menos amplio para decidir, pero debe tomar en cuenta las circunstancias y los fines propios del servicio a su cargo. las circunstancias de hecho o de derecho que, en cada caso, llevan a dictar el acto administrativo constituyen la causa, o mejor, el motivo de dicho acto administrativo”. (Auto de marzo 9 de 1971 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo).

En el mismo sentido emerge una expresión doctrinaria que agrega:

“Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas”. (Código Contencioso Administrativo Comentado, Cárdenas Borrero Tiberio y otros, Edit. Leyer, pág. 33).

Así pues, desde el alguno de la confesión de la parte demandada nos hallamos ante un acto carente de motivos, o lo que viene a ser lo mismo, nos encontramos ante un acto apoyado en motivos que no son reales ni serios, y por lo mismo, insuficientes para justificar el imperativo del interés público que debe informar todo acto administrativo

De todo lo actuado se deduce entonces que la administración no actuó con apego al interés general que la gobierna, deviniendo su proceder en una decisión insostenible en el ámbito de la legalidad.

De otra parte el libelista solicita la aplicación del artículo 78 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 235 del Decreto 1222 de 1986. En lo concerniente a la primera disposición se observa que el accionante no acreditó perjuicio alguno, de consiguiente no puede prosperar esta petición; en lo tocante a la segunda norma, la improcedencia del pedimento surge como consecuencia de la anterior desestimación, toda vez que por sustracción de materia el Departamento no podría repetir contra el autor del acto desvinculatorio.

Cosecuentemente, salvo en lo ya acotado, las pretensiones del actor están llamadas a prosperar, por lo cual la sentencia recurrida habrá de revocarse.

Así mismo, de conformidad con la tesis acogida por la Sala en cuanto a la aplicación de los ajustes de valor contemplados en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo (indexación) se pronunciará la sentencia en tal sentido, habida consideración de que se trata de un factor de equidad, en virtud del cual se conserva la capacidad adquisitiva de esas sumas, por manera que lo contrario implicaría un desmedro o empobrecimiento para el actor, y consecuentemente, un enriquecimiento sin causa para el organismo oficial».

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