Sentencia 13771 de abril 26 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad. 68001-23-15-000-1993-9387-01, Ref. proceso 13771 reparación directa.

Consejero Ponente:

Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Leonor Joya Sánchez y otros

Demandado: Nación Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional).

Bogotá. D.C., veintiseis de abril de dos mil dos.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de 03 de abril de 1997, por la cual el tribunal administrativo de Santander denegó las pretensiones de la demanda.

(...).

Consideraciones de la Sala

Se advierte que en el proceso número 13253 respecto del cual se profirió Sentencia el día 14 de febrero de 2002, se reclamaba por el señor Tiberio Villarreal Ramos y otros, indemnización por perjuicios causados a raíz de la muerte de su esposa, ocurrida en los mismos hechos que sirven de fundamento a la presente demanda.

Como los argumentos en los cuales se apoya la demanda que ahora ocupa la atención de la Sala son justamente los mismos esbozados en la demanda ya resuelta, la Sala retoma los planteamientos jurídicos de la Sentencia del 14 de febrero de 2002, lo cual se justifica aún más, teniendo presente que la razón de ser de la responsabilidad pretendía es precisamente la pretendida falta de protección de Villarreal Ramos, y las pruebas recaudadas tanto en uno como en otro proceso penden de las mismas circunstancias respecto de la muerte de Gómez Díaz, fuente de la indemnización en este proceso.

(...).

Así se expresó, la Sala en la Sentencia del 14 de febrero de 2002:

“En el caso sub análisis se evidencia que el daño cuya reparación se demanda fue causado material y directamente por agentes delictivos, sin que haya quedado probado fehacientemente su autoría en cabeza de la subversión; mediante ataque sorpresivo, en área rural (sobre un carreteable), sobre un vehículo en el cual se transportaba el señor Tiberio Villareal Ramos, quien se dedicaba a adelantar su campaña política para aspirar a ser senador de la República, en momentos en que lo acompañaban su esposa y sus escoltas.

(sic) (1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 27 de enero de 2000, Expediente 8490, demandante Sociedad Minera Ibirico; demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

(sic)“... para resolver casos como el presente, se hace necesario intentar una aproximación teórica al punto debatido porque tratándose de hechos cometidos por terceros, que naturalmente no son agentes del Estado, se propugna por responsabilizarlo patrimonialmente en virtud de hechos violentos cometidos por personas al margen de la ley, con características semejantes o del mismo orden que corresponde a los actos terroristas.

“Tradicionalmente en tiempos de paz, el Estado ha sido tenido por responsable, por hechos, actos, omisiones u operaciones atribuibles a la administración, por falla en la prestación de los servicios públicos, o a cualquier otro título de imputación de los retenidos por la jurisprudencia como suficientes para comprometerlo cuando cause daño al administrado.

“Una forma de violencia contemporánea es el denominado terrorismo, del cual pueden citarse las siguientes definiciones.

“Del latín terror. Doctrina política que funda en el terror sus procedimientos para alcanzar fines determinados. El terrorismo no es por lo tanto un fin sino un medio. Su historia es tan antigua como la humanidad. Hay muchas formas de terrorismo: el físico, el psicológico, el religioso, el político, etcétera. El terrorismo es, en suma, la dominación por el terror. En todo caso procede de una manera coercitiva, no dialogada y se impone por la violencia.

Desde el punto de vista del derecho penal, el terrorismo se manifiesta mediante la ejecución repetida de delitos por los cuales se crea un estado de alarma o temor en la colectividad o en ciertos grupos sociales o políticos.

El terrorismo es una figura heterogénea, pues puede revestir formas muy distintas de delitos, aunque predominan los que van contra las personas eligiendo la víctima entre jefes de Estado, ministros, muchedumbre o los que atentan contra la propiedad, ejecutándose en su mayoría por medio de incendios o explosivos (2) ”.

(2) Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo XXVI, Editorial bibliográfica argentina SRL Buenos Aires, 1968, págs. 155 a 161.

“Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Generalmente, el terrorismo es utilizado como medio lucha por algún grupo político, (...). En tiempos más próximos han utilizado el atentado terrorista muchas organizaciones nacionalistas, principalmente en los países colonizados (3) ”.

(3) Gran diccionario enciclopédico Plaza & Janés editores, Tomo XI, 8ª edición, Barcelona (España), 1978.

“Cuando el atentado es dirigido en concreto contra un elemento representativo del Estado, se produce en relación con los administrados damnificados un desequilibrio de las cargas públicas, o un daño especial, que si bien no es causado por el Estado, es padecido en razón de él, y en ese caso surge un título de imputación que permite impetrar la reparación.

”Si el atentado es indiscriminado, no es selectivo, y tiene como fin sembrar pánico y desconcierto social como una forma de expresión, por sus propias características cierra las puertas a una posible responsabilidad estatal ya que es un acto sorpresivo en el tiempo y en el espacio, planeado y ejecutado sigilosamente, y por lo mismo, en principio imposible de detectar por los organismos encargados de la seguridad pública y como ya se ha dicho, los deberes del Estado, que son irrenunciables y obligatorios, no significan que sea por principio omnisciente, omnipresente ni omniponente, para que responsa indefectiblemente y bajo toda circunstancia.

“Tratándose de los actos dañinos causados por la subversión, se tienen otras características adicionales a los definidos como terroristas. En efecto, las organizaciones al margen de la ley con supuestas, o abiertas pretensiones políticas, incluyen en su plan de acción el ataque contra la riqueza pública y privada, su actuar es permanente o latente y su presencia aunque reconocida, es desconocida en cuanto a su ubicación geográfica, pues es más o menos generalizada en todo el terrorismo nacional, actuando de modo sorpresivo, sobreaseguro contra sus blancos elegidos, a la manera terrorista”.

En el caso sub análisis, la información de prensa presentó el hecho del 26 de agosto de 1991 base de la demanda, como una acción terrorista de “una organización alzada en armas que opera en el área del municipio de Rionegro”; las personas que sobrevivieron al ataque afirmaron que los terroristas eran integrantes de grupos subversivos; los organismos de inteligencia corroboraron tal aseveración, aunque esa autoría no quedó probada fehacientemente.

Si bien la Constitución Política de 1991 consagra como una obligación de las autoridades públicas, la protección a la vida, honra y bienes de los colombianos, la misma no es de carácter absoluto.

En estas circunstancias de terrorismo, la imputacio facti respecto de las fuerzas armadas está descartada en forma directa, y como se dijo, la imputación a la administración se relega a uno de estos dos eventos: que el atentado se haya proferido contra un establecimiento público, o contra un alto funcionario de Estado o de otro Estado acreditado en el nuestro, o contra un cuartel o destacamento de la fuerza pública, en fin, una institución, una persona o un elemento que represente al Estado Colombiano; o que por alguna otra connotación política o social, la persona haya solicitado al Estado protección especial y éste la haya desatendido.

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