Sentencia 13800 de septiembre 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000-23-27-000-2001-02307-01-13800.

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Calypso Pereira Ltda. C/UAE DIAN. Impuesto sobre la renta-1997.

Fallo

Bogotá, D.C., septiembre veintidós de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2002 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección “A”, estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada contra la actuación administrativa que determinó oficialmente el impuesto de renta por la vigencia fiscal de 1997.

Consideraciones de la Sala

El problema jurídico que debe resolver la Sala en el presente proceso en relación con los actos administrativos que determinaron oficialmente el impuesto de renta a cargo de la sociedad demandante por el año gravable de 1997, se concreta en determinar la procedencia del descuento tributario pretendido por la actora en su declaración, por $ 78.000.000 correspondiente a la inversión realizada en la sociedad Aceros del Pacífico S.A., y que según los actos acusados, corresponde a una renta exenta por haber sido solicitada en el período gravable siguiente al de la inversión, según lo establecido en el artículo 5º de la Ley 218 de 1995 (Ley Páez).

Pues bien, con la expedición de la Ley 218 de 1995 “por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones” se consagraron beneficios fiscales para las nuevas inversiones que se realizaran en la zona afectada con el fenómeno natural de desbordamiento del río Páez, entre ellas, la deducción del monto de la inversión para el ente inversionista, quien igualmente podría optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto a pagar o como renta exenta, en los siguientes términos:

“ART. 5º—Cuando se efectúen nuevas inversiones por empresas domiciliadas en el país, el monto del desembolso será deducible de la renta del ente inversionista.

PAR.—Las utilidades líquidas o ganancias ocasionales obtenidas durante un período y las inversiones que una empresa nacional o extranjera realice en los municipios señalados en el artículo 1º de esta ley durante los cinco (5) años siguientes a 1994, constituye renta exenta por igual monto al invertido, para el período gravable siguiente.

En caso de que las nuevas empresas establecidas generen pérdidas, la exención se podrá solicitar en los períodos gravables siguientes hasta completar el ciento por ciento (100%) del monto invertido.

El inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta. En ningún caso podrá aplicarlo simultáneamente a ambos rubros.

En relación con esta disposición la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse (1) y ha señalado que del texto de la norma se infieren los siguientes beneficios tributarios consagrados en favor de los inversionistas:

De una parte, la deducción prevista en el inciso primero de la norma, la cual debe hacerse efectiva en el mismo año en que se efectuó la inversión, puesto que el beneficio se establece con el desembolso.

Y de otra, la renta exenta o el descuento tributario (menor valor del impuesto a pagar), por igual monto al invertido, son beneficios que consagra el parágrafo de la misma norma, para ser aplicados “al período gravable siguiente” a aquel en el cual se realizó la inversión, y por los que puede optar el inversionista, con la advertencia de que es uno o es otro, pues el valor invertido no puede aplicarse “simultáneamente a ambos rubros”.

La norma en comento fue demandada y la Corte Constitucional, en Sentencia C-130 de 1998, al decidir sobre su exequibilidad, se refirió al beneficio de la deducción en los siguientes términos:

“1. Según el inciso 1º del artículo demandado, la inversión efectuada por empresas domiciliadas en el país es deducible de la renta del ente inversionista.

Como la disposición no establece ninguna clase de restricciones ni exclusiones al respecto, y por el contrario, la parte final del parágrafo —válida con referencia a toda la norma— permite aplicar “el valor invertido” —no menos de él ni más de él— como un menor valor del impuesto por pagar (una de las alternativas que el inversionista puede escoger), es entendido que la cuantía de la deducción autorizada es igual al monto del desembolso efectuado, lo comprende en su totalidad, elemento que resulta relevante en relación con la constitucionalidad del precepto, al verificar las demás situaciones contempladas y las opciones que se consagran.

Dado que, además, la norma tampoco establece distinción sobre el período gravable al cual se aplica la deducción, no podría decirse que deba llevarse a períodos posteriores sino que es menester que se tenga en cuenta respecto del mismo período gravable en que se efectúe” (resaltado fuera del texto).

En el presente caso, la administración, con base en las anteriores consideraciones y especialmente de las que se resaltan, precisó (2) que “las inversiones a opción del inversionista pueden ser tratadas como un menor valordel impuesto por pagar o como deducción tributaria en el mismo período fiscal en el que se realizó la inversión, o pueden solicitarse como renta exenta por el 100% del monto invertido para el período gravable siguiente” (resaltados fuera del texto).

Por lo tanto la inversión efectuada por la actora en la sociedad Aceros del Pacífico S.A. por valor de $ 78.000.000 en el año 1996, no podía ser aplicada como descuento tributario en el año 1997, porque según lo interpretado por la Corte en la aludida sentencia, el descuento solo era aplicable en el mismo período gravable en el cual se había efectuado la inversión, esto es en el año 1996, y que en consecuencia lo que procedía en el año 1997, era su aplicación como renta exenta. Y en este sentido consistió la modificación oficial.

Como se señaló en la providencia citada, es de nuevo evidente que la administración confunde los conceptos “deducción”, y “descuento tributario” cuando entiende que la deducción consagrada en el inciso primero de la norma, a que se refiere la Corte para indicar que la inversión debe aplicarse en el mismo período gravable en que se efectúe, es equivalente al descuento tributario o “menor valor del impuesto a pagar”, que se consagra en el inciso final del parágrafo de la misma norma, cuando en realidad, la misma Corte advirtió que este último concepto hacía parte de otra modalidad de tratamiento tributario autorizado para las inversiones, que podía ser utilizado a opción del inversionista en el período siguiente al de la inversión.

En efecto, en relación con la disposición contenida en el parágrafo de la norma, reitera la Sala que de la sentencia de la Corte no se deduce la interpretación propuesta por la administración, pues por el contrario, está claro que para la Corte la opción de llevar la inversión como renta exenta o como descuento tributario, está condicionada en ambos casos, porque así lo dispone expresamente la norma, a que su aplicación se haga en el período gravable siguiente. Así lo precisó la Corte:

“El parágrafo estipula, en otra modalidad del tratamiento tributario autorizado, que las inversiones que realice una empresa nacional o extranjera en los municipios señalados por el artículo 1º durante los cinco (5) años siguientes a 1994 constituyen renta exenta por el 100% de lo invertido, para el período gravable siguiente.

Aquí radica justamente la opción que la ley contempla, pues se trata de las mismas inversiones, sólo que el inversionista debe escoger entre aplicar el valor invertido como “un menor valor del impuesto por pagar” o aplicarlo en su totalidad como renta exenta, sin que le sea posible, por disposición expresa de la norma, aplicarlo simultáneamente a ambos rubros.

Del texto de la norma resulta, sin lugar a dudas, que la exención cobija el 100% de lo invertido y se aplica para el período gravable siguiente.

2. El parágrafo, en su primera parte, alude a las utilidades líquidas o ganancias ocasionales obtenidas durante un período por las nuevas inversiones efectuadas en los municipios que la ley señala, durante los cinco años siguientes a 1994. Expresamente dispone que constituyen renta exenta por igual monto, para el período gravable siguiente. La norma es específica en los dos aludidos aspectos: las utilidades líquidas o ganancias ocasionales son exentas en el 100% y se aplican para el período gravable siguiente.

3. El parágrafo contempla también el caso en el cual las nuevas empresas establecidas generen pérdidas, situación que merece trato especial, que el legislador hizo consistir en la posibilidad de solicitar la exención tributaria en los períodos gravables siguientes hasta completar el ciento por ciento (100%) del monto invertido.

En igual sentido se pronunció la Sala (3) al decidir sobre la demanda de nulidad instaurada contra el parágrafo 1º del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, reglamentario de la Ley 218 de 1995, donde se dijo:

“... cabe anotar que la ley al señalar que “el inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como menor valor del impuesto a pagar o como renta exenta” empleó el vocablo “optar”, que conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa “escoger una cosa entre varias”, esto es, que el inversionista podrá elegir desde luego entre dos iguales, que sean comparables como opciones elegibles en razón de su operancia en el tiempo, la alternativa impositiva, pues si hay una opción real frente al concepto “menor valor del impuesto o renta exenta”, la elección debe ser en las mismas condiciones ofrecidas precisamente para el mismo período fiscal”.

Lo anterior, por cuanto el artículo 5º constituye una unidad normativa que debe interpretarse en forma sistemática, por lo que no resulta jurídico su fraccionamiento para deducir que los beneficios tributarios que allí se consagran, concretamente el descuento y la exención, operan en período gravable diferente al de la inversión y que por ello la alternativa de tratarla como menor valor del impuesto a pagar procede en el mismo año en el cual esta se efectuó”.

De conformidad a las anteriores consideraciones no encuentra la Sala ajustada a derecho la liquidación oficial demandada, en cuanto desconoce el beneficio del descuento tributario solicitado por la sociedad en su declaración de renta por el año gravable de 1997, con motivo de la inversión realizada en 1996 y darle el tratamiento de renta exenta, al considerar que el descuento tributario solo procedía en el mismo año de la inversión y no en el siguiente, apreciación que ha sido considerada desacertada por esta corporación, de conformidad al criterio expuesto.

Siendo así las cosas, el recurso de apelación de la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, por lo que se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a la doctora Martha Liliana Campos Peña como apoderada de la Nación en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencia de fecha 6 de mayo de 2004, expediente 13879, C.P. Ligia López Díaz.

(2) Hoja 2 del anexo de la liquidación de revisión 300642000000133 de septiembre 18 de 2000.

(3) Sentencia de julio 11 de 1997, expediente 8228, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, Actor: Paul Cahn-Speyer Wells.

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