Sentencia 13805 de marzo 7 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCIÓN CIVIL DERIVADA DEL HECHO PUNIBLE

EL CONCORDATO NO ES UNA ACCIÓN CIVIL RESARCITORIA

EXTRACTOS: «Se procede a resolver el recurso de casación interpuesto en defensa de los procesados Guillermo Díaz Valderrama, Javier Humberto Mier Jaraba y Víctor Camilo Padilla Sandoval, contra la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla que, en segunda instancia, los condenó por falsedad en documento privado, además por estafa al primero.

Hechos

Al practicarse una visita administrativa a Nutridías S.A., con domicilio en Barranquilla, la Superintendencia de Sociedades encontró alteraciones en los libros de contabilidad y que en el balance general, cortado al 30 de junio de 1989, aparecían utilidades por $148''472.518, cuando en realidad arrojaba pérdidas de $214''258.313, documento suscrito por el gerente Guillermo Díaz Valderrama, el contador Víctor Padilla Sandoval y el auditor interno Javier Mier Jaraba.

Aparentar una solvencia económica de la cual se carecía, facilitó que se obtuvieran créditos de entidades financieras, impagados así: $286.832.563,83 del Banco Internacional; $165.021.806 del Banco del Estado; $120.000.000 del Banco de Crédito; $108.899.534,50 del Banco del Comercio; $73.462.694,14 del Banco Colpatria; $100.712.000 del Banco Ganadero; $37.968.520 de la Financiera Colpatria; $155.193.335,91 del Banco Unión Colombiano; $215.407.825,06 del IFI, y $350.000.000 del Banco de Colombia. No haber sido cubiertas estas acreencias por la empresa deudora, llevó a que Nutridías S.A. fuera intervenida por la Superintendencia de Sociedades y sometida a concordato obligatorio, en donde se reconocieron los créditos, pero su ulterior incumplimiento originó la liquidación de la entidad.

Antecedentes procesales

El Juzgado Catorce de Instrucción Criminal de Barranquilla abrió investigación, oyó en indagatoria a Javier Humberto Mier Jaraba y Víctor Camilo Padilla Sandoval, y declaró persona ausente a Guillermo Díaz Valderrama. Dicho despacho cerró la instrucción y el 13 de octubre de 1992 la fiscalía quinta seccional se abstuvo de decretarles medida de aseguramiento y dispuso “ordenar la continuación de la presente investigación penal” (fls. 622 y ss. cd. 2). Providencia apelada por los representantes judiciales de la parte civil y el 14 de febrero de 1995 el ad quem les impuso medida de aseguramiento de caución prendaria y les profirió resolución de acusación por falsedad en documento privado y estafa, que adquirió firmeza el 7 de marzo siguiente (fls. 77 y ss., cd. 3).

Correspondió al juzgado noveno penal del circuito de esa ciudad adelantar el juicio y, realizada la audiencia pública, el 3 de junio de 1996 absolvió a los procesados. Fallo apelado por el apoderado de parte civil y el 7 marzo de 1997 el Tribunal Superior de Barranquilla condenó a Guillermo Díaz Valderrama a 6 años y 6 meses de prisión y multa de $500.000, por estafa y falsedad en documento privado y a indemnizar los perjuicios respectivos; a Víctor Camilo Padilla Sandoval y Javier Humberto Mier Jaraba por falsedad en documento privado a dos años de prisión y de suspensión en el ejercicio de la profesión de contador público; además se les impuso la correspondiente interdicción de derechos y funciones públicas y se absolvió a los últimos en mención del cargo de estafa. Sentencia de segunda instancia que es objeto de casación.

Las demandas

1. Demandas a favor de Javier Humberto Mier Jaraba y Víctor Camilo Padilla Sandoval y primer cargo del libelo presentado en defensa de Guillermo Díaz Valderrama.

Como formal y sustancialmente las tres demandas son muy similares con relación al reproche de nulidad que efectúan, serán resumidas conjuntamente.

Los impugnantes dicen que la sentencia fue dictada en juicio viciado de nulidad, por violación del debido proceso y ausencia de competencia del Tribunal Superior, que no podía decidir la apelación interpuesta por los apoderados de la parte civil contra el fallo absolutorio, porque los perjudicados habían celebrado un contrato de transacción sobre los perjuicios derivados del hecho punible.

Señalan que las entidades bancarias que se constituyeron en parte civil, posteriormente concurrieron al concordato adelantado por Nutridías S.A. ante la Superintendencia de Sociedades y allí suscribieron dicho convenio sobre los perjuicios ocasionados con los comportamientos delictivos.

Precisan que con el contrato la parte civil perdió legitimidad para seguir actuando en el proceso penal, al haberse extinguido la obligación de indemnizar los perjuicios, como se desprende de lo previsto en los artículos 1494 del Código Civil y 43 del Código de Procedimiento Penal, ya que la víctima no puede perseguir simultáneamente por la vía civil y por la jurisdicción penal la indemnización de perjuicios.

Anotan que el concordato comprendió las obligaciones derivadas de operaciones comerciales y lo relacionado con los perjuicios surgidos de eventuales delitos. Al acordarse la transacción, se tuvieron en cuenta las previsiones hechas por el inciso 2º del literal b del artículo 25 del Decreto 350 de 1989, en el sentido de sumir dentro de la indemnización una reserva para el pago de todas las demás obligaciones sujetas a proceso judicial o arbitral.

Sostienen que los perjudicados al obtener una sentencia favorable, cobraron en dos oportunidades la misma obligación, en contravía de la ley, la equidad y colocándose en una situación que colinda con el enriquecimiento sin causa. Los censores se apoyan en una providencia del 10 de junio de 1993 de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la imposibilidad de ejercer acción indemnizatoria originada en un ilícito y la acción contenciosa, referida al mismo objeto, porque se estaría cobrando doble vez una obligación, en contra de la cosa juzgada.

Insisten en la violación del debido proceso al tramitarse y ser decidida la apelación formulada por los abogados de la parte civil, pues no tenían legitimidad para ello debido a que la impugnación sólo puede ser ejercida por quien es parte en el proceso (legitimatio ad procesum) y tiene interés jurídico (legitimatio ad causam) en el punto que se resuelve.

Concluyen que las pretensiones de la parte civil habían sido satisfechas con la transacción y no era procedente su intervención en el proceso penal, ya que su interés está referido a la obtención de la indemnización de los perjuicios ocasionados con el delito y no a procurar la condena penal de los sindicados.

Por lo anterior, solicitan que se case la sentencia impugnada declare la nulidad a partir del auto del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Barranquilla que concedió la apelación impetrada por los apoderados de la parte civil contra la absolución.

(...).

Concepto del Ministerio Público

Cargo de nulidad: EI Procurador Primero Delegado en lo Penal estima que el reproche está llamado a prosperar, por las razones que a continuación se resumen.

Dice que de acuerdo con el articulo 43 del Código de Procedimiento Penal, el perjudicado únicamente interviene como parte civil para perseguir el resarcimiento de los daños causados con la conducta punible y goza de discrecionalidad de hacerlo ante La jurisdicción civil o ante la jurisdicción penal. Un entendimiento adecuado de la norma excluye del proceso penal a quien “ante la jurisdicción civil” intente obtener tal reparación.

Anota que la expresión “ante la jurisdicción civil”, utilizada por dicho articulo, no quiere decir que esté permitido acudir a otras jurisdicciones que puedan ordenar la indemnización; el reconocimiento de derechos patrimoniales por medio de esa otra intervención, elimina la posibilidad de perseguir el resarcimiento del daño dentro del proceso penal. Interpretación que según él concuerda con lo dispuesto en el artículo 50 ibídem, que dispone el rechazo de la demanda cuando se demuestre que se ha promovido independientemente la acción civil o el pago de los perjuicios, mientras el artículo 55 del mismo código ratifica la improcedencia del doble ejercicio de la acción indemnizatoria.

Manifiesta que cuando las entidades financieras resolvieron involucrar el valor de los eventuales perjuicios que pudieran decretarse en el proceso penal dentro del monto total de las deudas de Nutridías S. A., para ser cubiertos en el concordato, escogieron la vía que iban a utilizar en busca del mismo propósito que perseguían con la acción civil dentro del proceso penal y a partir de ese momento perdieron legitimidad jurídica para seguir actuando como parte civil.

Sostiene que un adecuado entendimiento de la cláusula concordataria no deja duda que las entidades de crédito que la aceptaron, declinaron continuar ejerciendo la acción civil dentro del proceso penal, al considerar que los perjuicios que pudieran declararse por la conducta punible deberían satisfacerse con el cumplimiento del concordato.

Estima que, en tales condiciones, la parte civil perdió legitimación para seguir actuando dentro del proceso, sin importar que el acuerdo concordatario no se hubiere cumplido. Como quiera que la legitimidad es un requisito de procedibilidad para poder impugnar y está ausente en las entidades bancarias, resulta ilegal su intervención y violatoria del debido proceso, y la nulidad debe prosperar.

(...).

Consideraciones de la Corte

Cargo de nulidad: Como sustancialmente las demandas en defensa de Javier Humberto Mier Jaraba y Víctor Camilo Padilla Sandoval y el primer cargo del libelo presentado en defensa de Guillermo Díaz Valderrama son similares, en lo que respecta a este reproche, serán examinados conjuntamente.

Los impugnantes sostienen que la sentencia fue dictada en juicio viciado de nulidad, por violación del debido proceso y ausencia de competencia del Tribunal Superior, que no podía decidir la apelación interpuesta por los apoderados de la parte civil contra el fallo absolutorio, porque los perjudicados habían celebrado un contrato de transacción sobre los perjuicios derivados del hecho punible y carecían de legitimidad para recurrir.

El primer aspecto expuesto por los impugnantes y por el procurador delegado, desde el cual puede deducirse la improcedencia de la censura, consiste en estimar que los perjudicados con las conductas delictivas, después de haberse constituido en parte civil en el proceso penal, acudieron al concordato de Nutridías S. A. a exigir por separado la indemnización de los daños causados, por lo cual se debe tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 43, 50 y 55 del Código de Procedimiento Penal y concluir que no estaban legitimados para apelar la sentencia condenatoria.

La dilucidación del problema jurídico así planteado, lleva a no perder de vista las características de la acción civil derivada del hecho punible y su diferencia frente al trámite concordatario. Este último tiene por objeto la recuperación y conservación de la empresa y conducir a un arreglo, que procurando proteger la mayor parte posible de los derechos de los acreedores, permita la recuperación y la continuación de las actividades empresariales, como unidad de explotación económica y fuente de trabajo. Concurren los titulares de créditos demostrados y exigibles, para el caso obrantes en títulos valores contentivos de derechos perseguibles ejecutivamente. El concordato no es una acción civil separada, no se manifiesta como tal; simplemente es un convenio con efecto relativo que, adicionalmente, sólo compromete a las partes que lo celebran.

Por su lado, con la acción civil, que puede ejercerse dentro del proceso penal, se procura establecer la responsabilidad y el reconocimiento de los perjuicios causados con el hecho punible, algunos de cuyos factores pueden coincidir con un crédito, pero no todos. En uno de los extremos de esa acción derivada del hecho punible están los solidariamente responsables, quienes deben reparar a los perjudicados, pero que eventualmente pueden llegar a conformar un litisconsorcio facultativo, es decir, para el efecto procesal pueden ser separados. En el otro, se hallan las víctimas; para el caso, en forma solidaria deben a éstas responder la persona jurídica y sus administradores y dependientes que hayan cometido el delito. Así, quienes sufrieron los daños pueden perseguir total o parcialmente el resarcimiento, de uno o varios de los responsables.

De esta manera lo ha reconocido la Sala de Casación Civil en diversas providencias, como en la sentencia de fecha 15 de abril de 1997, Rad. 4422, M. P. Carlos Esteban Jaramillo Scholls, en donde precisó:

“Tratándose de responsabilidad civil emergente del “daño privado”, a su vez originado en infracciones a la ley penal, se tiene por definido de acuerdo con disposiciones normativas expresas (C.P., art. 105 y CPC, art. 44) que dicha responsabilidad le incumbe solidariamente a quienes como autores, coautores o cómplices recibieron la correspondiente condena, así como también, si fuere el caso, a terceros... incluidas las personas jurídicas públicas o privadas... comprometidas en forma inmediata... por la conducta ilícita de sus agentes, funcionarios directivos o subalternos...

... Cuando el autor del perjuicio es un agente de una entidad de derecho público o privado, no existe un desplazamiento de su responsabilidad hacia la persona jurídica, sino una ampliación o extensión de esa responsabilidad... Se establece entre ellas una solidaridad legal, erigida en beneficio exclusivo de la víctima, que en consecuencia puede demandar la totalidad de la indemnización a la persona natural o jurídica, o de ambas conjuntamente, a su elección”.

La acción civil se puede ejercer en el proceso penal o por fuera, a elección de los perjudicados, que en el caso concreto prefirieron dirigirla contra los autores del hecho punible dentro de la actuación penal y luego —sin adelantar acción civil resarcitoria por separado—, concurrieron al trámite del concordato, para que se garantizara el pago de acreencias mercantiles que constaban en pagarés y aceptaciones bancarias. No debe olvidarse que ese trámite no fue establecido para aceptar responsabilidad derivada de un ilícito u obligaciones no demostradas, pues su objetivo está en la conservación y recuperación de la empresa y la protección adecuada de los créditos, de conformidad con el articulo 2º del Decreto 350 de 1989, vigente para esa época. Posteriormente las partes (la persona jurídica Nutridías S.A., y los acreedores) celebraron el acuerdo al que hacen referencia los censores, que fue plasmado como una cláusula especial en el concordato.

Las víctimas no acudieron al concordato a obtener de los autores de un delito ni de la persona jurídica que responde por ellos (Nutridías S.A.), la indemnización de los daños causados por el delito, sino que hubo un convenio, exclusivamente sobre unas obligaciones de fuente contractual. No se persiguió extrapenalmente a las personas naturales que incurrieron en la conducta delictiva, sino que se prefirió demandarlas dentro del proceso penal, sin que por seguir aquella opción se les prive del interés jurídico de pretender la condena de los sindicados y la consiguiente indemnización, por parte de éstos, de los perjuicios causados. Los perjudicados estaban facultados legalmente a ejercer tal acción también contra el tercero civilmente responsable, Nutridías S.A., dentro del proceso penal pero por causa jurídica distinta. Podían elegir entre demandar o no hacerlo y efectuarlo por fuera del proceso penal, sobre la base de otra fuente de la obligación.

Sobre tal aspecto la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 10 de septiembre de 1998, Rad. 5023, M.P. Nicolás Bechara Simancas, indicó:

“La acción que finalmente instaura la víctima en orden a recabar la indemnización respecto de apenas uno de los responsables, constituye una actuación independiente, que, justamente por ser así, en tesis general, no da lugar a que se comunique la respectiva decisión judicial en relación con los demás sujetos que son civilmente responsables que no han sido demandados o que lo son en otro proceso...

Justamente por tener la víctima el derecho a reclamar la indemnización total de cada uno de los obligados solidarios, o de todos a la vez cuando ello sea posible; y porque no siempre ha sido viable involucrar a todos ellos en la acción civil que el perjudicado instaura dentro del mismo proceso penal en el que apenas uno de ellos es sujeto pasivo o sindicado; no se puede predicar que el influjo de la decisión de los jueces penales alcanza para disminuir ese derecho y hasta el punto de que la víctima se vea privada de poder hacer efectiva la reparación de perjuicios in integrum frente a otros de los sujetos que son responsables desde el punto de vista civil, pues en guarda del principio por el cual todo daño debe ser resarcido se debe acudir a tomar lo decisivo que en el pronunciamiento penal tenga carácter definitivo, irrecusable o irreversible, y al propio tiempo le deje a la jurisdicción civil la suficiente libertad para el ejercicio de la potestad que le es propia en orden a definir todos los aspectos atinentes al resarcimiento del daño que aquella providencia no tenía necesidad de involucrar...

En esas circunstancias, entonces, mientras a la víctima no se le haya reparado íntegramente el daño que ha sido irrogado, puede reclamar de cada obligado solidario la indemnización plena; obvio que lo que cada uno efectivamente paga por razón de la condena que se les imponga puede y debe ser deducido de una condena mayor que eventualmente pudiera llegar a darse, con el fin de evitar que el damnificado reciba un doble pago por el mismo concepto y, por ende, impedir que la indemnización se torne en fuente de enriquecimiento indebido”.

Ejercer la acción civil contra ese tercero por fuera o por dentro del proceso penal, no significa exoneración de la responsabilidad civil de los autores o cómplices, pues todos ellos responden solidariamente de la obligación del resarcimiento de los perjuicios (CPP, art. 44). Los impugnantes consideran que se trata de la misma obligación, pero hacen caso omiso de que aún en ese evento el perjudicado puede perseguir su reconocimiento de todos o varios de los responsables civilmente, sin que pueda olvidarse que el fallo condenatorio en el proceso penal es vinculante tan sólo para los sujetos procesales y no frente a terceros que no fueron parte. Las víctimas pueden pretender que dentro o por fuera del trámite penal se reconozca la responsabilidad de los obligados civilmente que no son autores, determinadores o cómplices de los hechos punibles. Ejercer la acción contra un tercero civilmente responsable no quita interés a los perjudicados de pretender que se declare la responsabilidad penal y civil de los sindicados y sean condenados éstos a pagar los daños causados. Es más, habrá casos en que las posiciones del tercero y del sindicado se opongan, o en que la defensa del tercero implique la responsabilidad exclusiva del procesado.

Si con el acuerdo a que se dice llegaron las entidades financieras con la empresa Nutridías S.A. fue reconocida su responsabilidad patrimonial por unas determinadas obligaciones nacidas de contratos de mutuo, tal reconocimiento no aniquila el interés que poseen las víctimas para que dentro del proceso penal, en el cual se constituyeron en parte, se declare judicialmente la responsabilidad penal y civil de los sindicados por los delitos cometidos y, en consecuencia, que sean condenados a indemnizar los perjuicios irrogados.

No se trata de establecer la responsabilidad civil de la compañía, sino la responsabilidad de los autores de los hechos punibles y en esto mantienen interés quienes se constituyeron en parte civil. De ahí que no hubieran perdido legitimidad, por el convenio celebrado con la sociedad en concordato, para impugnar la sentencia penal absolutoria, siendo que, además, estaban debidamente reconocidos y actuantes como sujetos procesales.

En el asunto examinado, se pudo celebrar un acuerdo con la persona jurídica, más no con los procesados penalmente, sin que éstos pudieran llegar a beneficiarse de un convenio, sometido al real cumplimiento, que únicamente produce efectos entre las partes que conjugaron su aquiescencia, sin perjuicio de que luego se evitara un doble pago.

No solamente se observa que tal acuerdo no beneficia ni excluye a los sindicados, sino que tampoco arrebata a las víctimas el interés jurídico de que se declare la responsabilidad penal y civil de los autores de los hechos punibles y, por lo tanto, si estaban legitimados para apelar la sentencia penal absolutoria.

Distinto sería si el convenio hubiera sido celebrado entre los perjudicados y los autores de los delitos, o que aquellos hubieren ejercido paralelamente la acción civil ante otra jurisdicción, en contra de los administradores o dependencias de la sociedad involucrados, pues de haber sido así se presentaría la situación señalada por los casacionistas y por el procurador delegado; pero como lo planteado no aconteció de la manera por ellos considerada, sino en la forma diferente que ha quedado expuesta, los cargos de nulidad no están llamados a prosperar».

(Sentencia de casación, marzo 7 de 2000. Radicación 13.805. Magistrado Ponente: Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla).

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