Sentencia 13818 de agosto 30 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación Nº 13818

Acta Nº 37

Magistrados Ponentes: Fernando Vásquez Botero

Germán G. Valdés Sánchez

Santafé de Bogotá, D.C., treinta de agosto de dos mil.

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso la administradora de Fondos de Pensiones y cesantía Protección S.A. contra la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, de fecha 5 de octubre de 1999, dictada en el juicio ordinario laboral que promovió Maricela García Padilla, en representación de su mejor hija Leidis García García y Betty Susana Meza Hormechea, en nombre de sus hijos menores Kellys y Alexander de Jesús García Meza contra la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey y solidariamente contra la recurrente.

Antecedentes

Maricela García Padilla, en representación de su mejor hija Leidis García García, y, Betty Susana Meza Hormechea, en nombre de sus hijos menores Kellys y Alexander de Jesús García Meza demandaron a la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey y, solidariamente, a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., para obtener el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes desde el 1º de abril de 1997, así como unos gastos mortuorios y funerarios.

Para fundamentar las anteriores pretensiones afirmaron que Luis Eduardo García Pérez, laboró para el edificio Marina del Rey desde marzo de 1996 hasta el 1º de febrero de 1997; que durante el anterior período laboral estuvo afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantía Protección S.A.; que García Pérez falleció el 1º de abril de 1997; que Protección S.A. no les reconoció la pensión de sobrevivientes ni los gastos funerarios que le solicitaran, aduciendo que el empleador del difunto no consignó las cotizaciones para pensión, por lo que no se cumplió con el requisito de las semanas exigidas por la ley para tener derecho a tales prestaciones.

La Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey, según constancia de la secretaría del juzgado ante el cual se tramitó el proceso, no contestó la demanda; sin embargo, en la primera audiencia de trámite propuso la excepción previa de ineptitud de la demanda y la de fondo de falta de causa para pedir.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. al contestar la demanda manifestó que no le constaban los extremos de la relación laboral señalados en la demanda, pero aceptó que el causante Luis Eduardo García Pérez estuvo afiliado a dicha entidad en el período comprendido entre marzo de 1996 y el 1º de febrero de 1997 y que falleció el 1º de abril de 1997; y, aunque dijo no constarle que se le hubiesen efectuado por nómina los descuentos de ley, sí aceptó que los aportes de invalidez, vejez y muerte correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 1996 y enero a marzo de 1997 no fueron consignados oportunamente y que por esta razón no reconoció a los demandantes la pensión de sobrevivientes.

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena mediante Sentencia del 20 de noviembre de 1998 absolvió a la Asociación de Copropietarios del Edificio Marina del Rey de las pretensiones de la demanda y condenó a Protección S.A. a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes pretendida por los demandantes, absolviendo a esta demandada de las otras peticiones de la demanda.

La sentencia del tribunal

Apeló la demandada Protección S.A. y el Tribunal de Cartagena, en la sentencia aquí acusada, confirmó la del juzgado.

Para adoptar esa decisión el tribunal se fundó, esencialmente, en la sentencia de la Sala de Casación Laboral de fecha 13 de agosto de 1997 (rad. 9758), la que transcribió luego de referirse a lo preceptuado en los artículos 73 y 46 literal b), en ese orden, de la Ley 100 de 1993. Concluyó en seguida lo siguiente:

“En estas circunstancias y habiendo cotizado el señor Luis Eduardo García Pérez más de 150 semanas, que debe presumirse dentro de los 6 años anteriores a su fallecimiento, teniendo en cuenta que su vinculación con la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey fue a partir del 16 de abril de 1992, tenemos que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, las demandantes tienen derecho a la pensión de sobreviviente del señor Luis Eduardo García Pérez, motivo por el cual será del caso confirmar la sentencia apelada, de origen y fecha antes señalados.

El recurso de casación

Lo interpuso la demandada Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y con él pretende que:

“... la Sala case el fallo acusado, revoque luego el de la primera instancia y, en su reemplazo, absuelva a la Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones Protección S.A. de todo lo reclamado contra ella en la demanda inicial de este juicio y decida lo que legalmente corresponda respecto de la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey, también demandada en este proceso”.

Con este propósito la entidad propone un único cargo contra la sentencia. Lo presenta así:

“El fallo acusado interpretó erróneamente el artículo 46, inciso 2º, ordinal b) de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 73, 12 y 13 de la misma Ley 100, aplicó indebidamente el artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios y aprobado mediante Decreto 758 de 1990 y dejó de aplicar, siendo aplicables en este caso los artículos 17 y 22 de la dicha Ley 100, 18 del Decreto 1818 de 1996, 8º del Decreto 1642 de 1995 y 10 del Decreto 1772 de 1994”.

Para demostrar la violación legal dice:

“1. El cargo acepta los hechos que halló demostrados el tribunal ad quem y, específicamente para el caso los siguientes: que el señor Luis Eduardo García Pérez trabajó para la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey desde marzo de 1996 hasta el 15 de febrero de 1997; que estuvo afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A.; que el 1º de abril de 1997 García Pérez murió cuando ya no estaba afiliado a Protección S.A. ni cotizando para su sistema pensional; que era obligación del empleador (la asociación de copropietarios) consignar los aportes correspondientes al señor García Pérez, que a pesar de que “los descuentos se realizaron de la nómina del finado, pero al parecer no fueron consignados oportunamente a Protección S.A.”; que el señor García Pérez alcanzó a cotizar 174,42 semanas de las cuales sólo 8,47 corresponden al año inmediatamente anterior al de su muerte.

“Lo que impugna el cargo es la tesis del tribunal en cuanto a que, a pesar de las falencias anotadas en la conducta del empleador (Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey), sea el fondo protección quien deba pagarles a las demandantes la pensión de sobrevivientes que reclaman, porque este criterio del sentenciador contradice en forma abierta la ley, como se estudiará en seguida.

“2. Efectivamente, el artículo 73 de la Ley 100 de 1993 dispone que los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad (que es el que ahora interesa) se rige por lo previsto en los artículos 46 y 48 de la misma Ley 100.

“A su vez, el artículo 46 inciso 2º, ordinal b), (que es el pertinente para este caso) exige para el reconocimiento y disfrute de la pensión de sobrevivientes que cuando fallece quien estuvo afiliado pero ya no está cotizando al sistema, haya efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al de su muerte.

“Así mismo, dentro de este orden de ideas, los artículos 12 y 13 de la Ley 100 prevén, en su orden, que el sistema general de pensiones tiene dos regímenes; el solidario de prima media con prestación definida y el de ahorro individual con solidaridad (que es el aplicable ahora, se anota); y que la afiliación al sistema general de pensiones es obligatoria, con libertad para el empleado para elegir el sistema que mejor le parezca.

“Y los artículos 17 y 22 de la susodicha Ley 100 estatuyen que es obligatorio cotizar al sistema general de pensiones (en cualquiera de sus dos regímenes) durante la vigencia de la relación de trabajo y que es deber del patrono pagar los aportes, tanto el suyo como el del trabajador (que deberá descontarle de su salario), consignando las sumas respectivas en la entidad elegida por el trabajador, siendo de su cargo también la cuota del trabajador cuando no se la ha haya descontado de su salario.

“Y, finalmente, de lo dispuesto en los artículos 18 del Decreto 1818 de 1996, 8º del Decreto 1642 de 1995 y 10 del Decreto 1772 de 1994 se desprende incuestionablemente que cuando el empleador no afilia al empleado a una entidad del sistema general de pensiones o no paga oportunamente y en forma completa las cotizaciones obligatorias para el régimen pensional que corresponda, asume por su cuenta y riesgo y de su propio peculio el pago de las prestaciones que hayan dejado de recibir bien el trabajador o sus deudos por causa y como consecuencia de los aludidos incumplimientos patronales.

“3. Del anterior análisis normativo y de su aplicación a los hechos que halló demostrados el tribunal ad quem en el asunto sub judice surgen nítidamente las siguientes conclusiones:

“A. Como el señor Luis Eduardo García Pérez trabajó al servicio de la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey desde el mes de marzo de 1996 hasta el 15 de febrero de 1997 y se afilió al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad administrado por Protección S.A., fue deber patronal legalmente inexcusable de la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey consignar puntualmente en las arcas de Protección S.A. las cotizaciones correspondientes al dicho señor García Pérez. O sea que, de haberse cumplido cabalmente esa obligación patronal, el dicho señor habría alcanzado a cotizar mucho más de las 26 semanas en el año anterior al de su fallecimiento (que ocurrió el 1º de abril de 1997) que, conforme al artículo 46, inciso 2º, ordinal b) de la Ley 100, eran indispensables para que sus deudos, ahora demandantes, pudieran disfrutar, a expensas de Protección S.A., de la pensión de sobrevivientes que están reclamando en este juicio.

“B. Pero como, según lo anota acertadamente el tribunal ad quem, el señor García Pérez sólo alcanzó a cotizar 8,47 semanas en el año anterior al de su muerte, es patente la responsabilidad legal de la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey por ser la indiscutible responsable y causante del déficit de cotizaciones que, conforme al artículo 46, inciso 2º, ordinal b), de la Ley 100 de 1993, exonera a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. del pago de la pensión de sobrevivientes reclamada en este proceso, cuya atención, servicio y pago le corresponde incuestionablemente a la aludida asociación de copropietarios.

“4. No es sable pensar, de otra parte, que por la circunstancia de que la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey hubiese quedado extrañamente absuelta en las instancias ahora la honorable Corte no pueda aplicarle la condena que legal y equitativamente le corresponde y merece, desde luego que este punto quedó luminosamente definido por la honorable Sala en su providencia del 29 de julio de 1997 (exp. Nº 8.978 Inst. juicio de Yofrannia del Socorro Martínez v/s Servicios Uno A Ltda. y Fundiciones y Repuestos S.A., Furesa, magistrado ponente Dr. José Roberto Herrera Vergara) donde la honorable Sala, entre otras brillantes argumentaciones, expresó lo siguiente:

“Sea lo primero aclarar que no le asiste la razón al apoderado de la demandada Fundiciones y Repuestos S.A. “Furesa”, en el contenido del escrito presentado dentro del término de traslado del dictamen pericial (fls. 87-88), al argumentar que la Sala carece de competencia para dictar el fallo de instancia, por no haber apelado la demandante el de primera instancia y por tanto haberse conformado con él. Lo anterior porque, entendida la reformatio in pejus como la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto haciendo más gravosa la situación del único recurrente, no se da en el caso bajo examen, pues el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil faculta interponer el recurso de apelación a la parte que le haya sido desfavorable la sentencia; y como quiera que en el sub lite el fallo de primera instancia favoreció a la parte actora y a Fundiciones y Repuestos S.A., en ese momento procesal, en sentido estricto y en aplicación de este precepto, no existía en esos sujetos procesales perjuicio que les otorgara interés para recurrir.

“Ahora bien, el recurso de apelación encuentra fundamento en el interés de quien lo ejercita, razón por la cual el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prescribe que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente, disposición que se traduce en una importante restricción para los juzgadores de segunda instancia en la materia objeto de revisión, al no ser dado desmejorar la posición del recurrente. Pero frente a esta limitación, la misma norma contempla expresas excepciones, tales como “... que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella...“; que ambas partes hayan apelado, que quien no apeló se haya adherido (sin consagración expresa en materia laboral) o que la materia de alzada sea una sentencia inhibitoria.

“Significa entonces, que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es de carácter absoluto, pues con él no se trata de evitar que se introduzcan enmiendas o correcciones accesorias a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar yerros en que aquella incurrió, por lo que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, se admite que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece cuando con motivo de la reforma de la resolución recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella, situación que es la configurada en el sub judice.

“Obsérvese que la providencia del a quo fue favorable totalmente a uno de los sujetos pasivos de la litis, por lo que no resulta lógico exigirle que haya apelado, puesto que en tales circunstancias es deber del superior examinar las razones expuestas por esa parte, la que desde la iniciación de la relación jurídico procesal sostuvo que el accidente correspondió a actos de responsabilidad exclusiva de la codemandada y así lo reiteró en el recurso de casación interpuesto, el cual tuvo prosperidad.

“Transcribe luego la providencia dos decisiones, una de la honorable Sala de Casación Civil y otra de la honorable Sala de Casación Laboral para concluir que a pesar de que la parte actora no apeló del fallo de la primera instancia porque le era favorable (como acontece ahora con las actuales demandantes) esa circunstancia no inhibe a la Sala falladora, que encontró inocente a uno de los codemandados (como acontece ahora con Protección S.A.), para condenar al otro codemandado, cuya responsabilidad aparece legalmente configurada (como ocurre ahora con la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey).

“Queda así meridianamente despejada esta eventual incógnita procesal.

“5. Todos los razonamientos que se hicieron en los puntos anteriores dejan en claro que el fallo recurrido interpretó erróneamente los preceptos que incluye la proposición jurídica del cargo como quebrantados en esa modalidad, ya que de su texto y su sentido no se infieren los alcances que les dio el sentenciador ad quem, que al aplicar indebidamente los preceptos infringidos en esa otra modalidad y al abstenerse de aplicar los que violó en esa otra forma del desconocimiento normativo, llevaron al fallo acusado a merecer su quebranto o casación por parte de la honorable Sala, absolviendo luego a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. de todas las súplicas de la demanda inicial de este juicio y condenando, en su reemplazo, a la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey a satisfacer la pensión de sobrevivientes reclamada por las demandantes.

“Debe añadirse, sin embargo, que el quebranto del artículo 60 del Acuerdo 49 de 1990, expedido por el Consejo Nacional del Seguros Sociales Obligatorios y aprobado por el Decreto 758 de 1990 consiste en que esa norma regula la pensión de invalidez y no la de sobrevivientes, que es la reclamada en este juicio, lo que hace obvia su aplicación indebida por parte del tribunal ad quem.

“No sobra comentar, finalmente que la doctrina de la honorable Sala que transcribe el fallo recurrido se refiere a un caso totalmente distinto al que está sub judice, desde luego que en ese entonces la honorable Sala resolvía el caso de un trabajador fallecido antes de que la Ley 100 de 1993 hubiese alcanzado a regir siquiera 26 semanas, lo que hacía jurídicamente aberrante darle aplicación en esa hipótesis al artículo 46, inciso 2º, ordinal b), de la dicha Ley 100 para denegarle la pensión de sobrevivientes a los deudos del trabajador así fallecido.

“Pero como ahora el caso es diametralmente diferente al de antaño puesto que el señor Luis Eduardo García Pérez murió el 1º de abril de 1997, o sea exactamente 3 años después de estar vigente la aludida Ley 100 de 1993 y de haber transcurrido muchísimo más de las 26 semanas de cotizaciones que exige el artículo 46, inciso 2º, ordinal b) para que los herederos de fallecido puedan acceder a la pensión de sobrevivientes dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad (que fue el escogido por el finado señor Pérez dentro de los previstos por el sistema general de pensiones), la aplicabilidad del dicho artículo 46, en la forma ya descrita, no puede remitirse a duda alguna”.

La opositora, por su parte, se muestra de acuerdo con la decisión del ad quem e invoca en respaldo de la misma, la Sentencia de la Corte de fecha 18 de agosto de 1997.

Dentro del término de traslado a la parte opositora el apoderado de la demandada Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey presentó escrito de réplica.

Consideraciones de la Corte

Antes que todo importa precisar que aunque entre los supuestos de hecho que acepta el recurrente y los que halló demostrados el ad quem existen ciertas diferencias, como que el impugnante sostiene que Luis Eduardo García Pérez trabajó para la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey desde marzo de 1996 hasta el 15 de febrero de 1997, cuando lo expresado por el sentenciador de segundo grado fue que laboró para la mencionada asociación del 16 de abril de 1992 hasta el 14 de febrero de 1997; o, al sostener que el tribunal tuvo por demostrado “...que a pesar de que los descuentos se realizaron de la nómina del finado, pero al parecer no fueron consignados oportunamente a Protección S.A.”, mientras que el fallador de segunda instancia ninguna conclusión sentó en ese sentido; lo cierto es que esas desavenencias no afectan la estructura del cargo, pues existe coincidencia entre el impugnante y el juez de la apelación en los aspectos fácticos relevantes para el estudio de la acusación, tales como los de que Luis Eduardo García Pérez trabajó para la asociación de copropietarios antes mencionada, que estuvo afiliado al Fondo de Pensiones y Cesantías, que murió el 1º de abril de 1997 cuando ya no estaba afiliado a Protección S.A., ni cotizando para su sistema pensional y que alcanzó a cotizar 174,42 semanas de las cuales sólo 8,47 corresponden al año inmediatamente anterior al de su muerte.

Pues bien. El Tribunal de Cartagena fundó el fallo cuya anulación se persigue por el recurrente, en la sentencia de esta Sala de la Corte del 13 de agosto de 1997, pero resulta que las situaciones de hecho que motivaron la tesis ahí consagrada difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, pues en esa ocasión el afiliado a la seguridad social había completado un número de cotizaciones muy superior a las mil semanas que le daba derecho, inclusive, a la pensión de vejez, tanto bajo la vigencia de la Ley 100 de 1993 como de la normatividad anterior a la misma; mientras que en el asunto que nos ocupa el causante no alcanzó a cotizar durante el imperio del Acuerdo 49 de 1990 el número se semanas exigidas para la configuración de la pensión de sobrevivientes a la luz de los artículos 25 y 6º de tal ordenamiento legal.

En efecto, se enfatizó en el pronunciamiento del 13 de agosto de 1997 lo siguiente:

“La circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana al ISS, en el año inmediatamente anterior a su fallecimiento, en materia alguna apareja la ineficacia de sus aportes durante más de veinte años (más de 1.200 semanas), porque esa condición más beneficiosa estatuida en el régimen del Acuerdo 49 está amparada por el artículo 53 supralegal y por ende tiene efectos después del 1º de abril de 1994, para la eficacia del cubrimiento del seguro de invalidez, vejez y muerte, dado que el mínimo de semanas requerido estaba más que satisfecho, es más, era tal la densidad de ellas que superaba las exigidas para la pensión de vejez (artículo 12 del mismo acuerdo).

De manera, que como el afiliado a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. no había reunido antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 (entre el 10 de abril de 1992 cuando comenzó el contrato y el 1º de abril de 1994 cuando entró a regir dicha ley), el número de semanas necesarias para que se consolidara el derecho a la pensión de sobrevivientes de sus causahabientes dentro de las exigencias de la normatividad anterior, no era factible siguiendo las orientaciones fijadas por la Corte en la Sentencia del 13 de agosto de 1997 darle aplicación en tal asunto al artículo 6º del Acuerdo 49 de 1990, como lo hizo equivocadamente el ad quem.

Entonces, como Eduardo García Pérez falleció el 1º de abril de 1997 es forzoso concluir que en consonancia con el artículo del Código Sustantivo del Trabajo resultaba imperativo aplicar el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para la solución de la petición de sus deudos de que se les reconociera la pensión de sobrevivientes, el cual establece que los miembros del grupo familiar de quien al fallecer había dejado de cotizar al sistema únicamente tienen derecho a dicha prestación si en el año inmediatamente anterior a su muerte efectuó aportes por lo menos de 26 semanas; y como el tribunal tuvo por demostrado que García Pérez apenas cotizó 8.47 semanas en la anualidad que antecedió a su deceso, es incuestionable que no se cumplió con el supuesto de la densidad de cotizaciones exigidas por la norma precedentemente citada para que sus herederos tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes.

Así las cosas, se tiene que el juzgador de segunda instancia interpretó erróneamente el artículo 46, inciso 2º, letra b) de la Ley 100 de 1993, cuando siguiendo las directrices de la Sentencia de la Corte del 13 de agosto de 1997, que no resultaba aplicable al caso presente por lo atrás anotado, confirmó la condena impartida por el a quo contra la demandada recurrente.

En consecuencia, se casará el fallo recurrido.

Consideraciones de instancia

Una de las principales características de un sistema de seguridad social es la de corresponder a un régimen contributivo que supone la obligación de cancelar unos determinados aportes por parte de los vinculados al mismo.

Como ese postulado resulta esencial para el equilibrio financiero del sistema y su consiguiente viabilidad depende del recibo oportuno de las cuotas correspondientes, existe mucho celo en la exigencia de esa obligación y así se muestra claramente en la Ley 100 de 1993 y en sus decretos reglamentarios, disposiciones en las cuales no sólo se enfatiza en la obligación de pagar oportunamente los aportes sino que se establece un régimen sancionatorio para los casos de incumplimiento. Los artículos 17 y 22 de la citada ley, señalan el derrotero inicial de ese deber y ubican en cabeza del empleador la mayor responsabilidad frente a su cumplimiento en los casos de relaciones laborales subordinadas.

En el presente caso se encuentra establecido que existió un contrato de trabajo entre la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey y Luis Eduardo García Pérez entre abril 16 de 1992 y febrero 14 de 1997, que en vigencia de ese contrato fue afiliado el 5 de marzo de 1996 al Fondo de Pensiones Protección S.A., que el citado señor García falleció el 1º de abril de 1997, fecha para la cual no estaba cotizando al sistema, y que en el año anterior a su muerte sólo cotizó 8.57 semanas.

Dentro de ese marco evidente que el fondo de pensiones no se encontraba obligado a reconocer la pensión de sobrevivientes que ahora se reclama, como se anotó en el estudio de casación, debido a la insuficiencia de cotizaciones frente a lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, situación generada por el incumplimiento de la empleadora en la atención de su obligación de responder por el pago correspondiente.

Frente a ello, como no puede concebirse la pérdida del derecho pensional reclamado por la incuria de la empleadora responsable del pago de las cotizaciones, resulta necesario ubicar la situación en la previsión legal correspondiente y sobre el particular el artículo 8º del Decreto 1642 de 1995, en forma concatenada con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 12 del Decreto 2665 de 1968, impone al empleador privado incumplido la obligación de responder por la pensión de sobrevivientes que se llegare a causar en el tiempo de desprotección de su trabajador.

Lo anterior significa que la obligada a responder por la prestación perseguida en este proceso es la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey en su condición de empleadora del fallecido señor Luis Eduardo García Pérez, quien, como desafiliado del sistema general de pensiones para el momento de su fallecimiento, no pudo completar el mínimo de semanas de cotización exigidas por la ley dentro del año anterior a la muerte para generar, con su deceso, la pensión de sobrevivientes que persiguen las demandantes. No incide en lo anterior, la circunstancia de encontrarse el fallecido desvinculado laboralmente de la citada asociación para el momento de ocurrir su muerte, pues de todas maneras, de haber ésta cumplido con su obligación de cotizar, se hubiera consolidado el derecho perseguido que ahora se ve frustrado ante la entidad de seguridad social, por el incumplimiento de la que tuvo la condición de empleadora y, en tal condición, de responsable por el pago de las cuotas correspondientes, ahora necesarias para trasladar a Protección S.A. la obligación pensional debatida.

Tampoco incide en el anterior resultado, la circunstancia de no haber apelado la parte demandante el fallo de primer grado en la parte absolutoria para la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey, ni de haber sido la asociación demandada apelante ni recurrente en casación, tal como lo precisó esta Sala en fallo de instancia proferido el 29 de julio de 1997 (rad. 8978), al cual resulta pertinente remitirse ahora por ser aplicable al presente caso lo dicho en tal oportunidad en los siguientes términos:

“Sea lo primero aclarar que no le asiste la razón al apoderado de la demandada Fundiciones y Repuestos S.A. “Furesa“, en el contenido del escrito presentado dentro del término de traslado del dictamen pericial (fls. 87-88), al argumentar que la Sala carece de competencia para dictar el fallo de instancia, por no haber apelado la demandante el de primera instancia y por tanto haberse conformado con él. Lo anterior porque, entendida la reformatio in pejus como la extralimitación de la jurisdicción determinada por el recurso interpuesto haciendo más gravosa la situación del único recurrente, no se da en el caso bajo examen, pues el artículo 350 del Código de Procedimiento Civil faculta interponer el recurso de apelación a la parte que le haya sido desfavorable la sentencia; y como quiera que en el sub lite el fallo de primera instancia favoreció a la parte actora y a Fundiciones y Repuestos S.A., en ese momento procesal, en sentido estricto y en aplicación de este precepto, no existía en esos sujetos procesales perjuicio que les otorgara interés para recurrir.

Ahora bien, el recurso de apelación encuentra fundamento en el interés de quien lo ejercita, razón por la cual el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prescribe que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al recurrente, disposición que se traduce en una importante restricción para los juzgadores de segunda instancia en la materia objeto de revisión, al no ser dado desmejorar la posición del recurrente. Pero frente a esta limitación, la misma norma contempla expresas excepciones, tales como “...que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla...”: que ambas partes hayan apelado, que quien no apeló se haya adherido (sin consagración expresa en materia laboral) o que la materia de alzada sea una sentencia inhibitoria.

Significa entonces, que el principio prohibitivo de la reformatio in pejus no es de carácter absoluto, pues con él no se trata de evitar que se introduzcan enmiendas o correcciones accesorias a la sentencia de primer grado orientadas a subsanar yerros en que aquélla incurrió, por lo que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, se admite que en determinados eventos el superior pueda modificar la parte no impugnada de una decisión, como acontece cuando con motivo de la reforma de la resolución recurrida es necesario hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella, situación que es la configurada en el sub judice.

Obsérvese que la providencia del a quo fue favorable totalmente a uno de los sujetos pasivos de la litis, por lo que no resulta lógico exigirle que haya apelado, puesto que en tales circunstancias es deber del superior examinar las razones expuestas por esa parte, la que desde la iniciación de la relación jurídico procesal sostuvo que el accidente correspondió a actos de responsabilidad exclusiva de la codemandada y así lo reiteró en el recurso de casación interpuesto, el cual tuvo prosperidad.

Al respecto conviene transcribir un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia —Sala de Casación Civil—, del 23 de mayo de 1985, (...) que en lo pertinente, dice:

“... El principio prohibitivo de la reformatio in pejus consiste, pues, en que el superior que conoce de un proceso por apelación interpuesta por una de las partes contra la providencia que ha sido consentida expresa o tácitamente por la otra no puede, por regla general, modificarla o enmendarla, haciendo más gravosa para el apelante la situación procesal que para éste ha creado la providencia recurrida.

“Pero la anterior regla procesal no es verdad absoluta: excepcionalmente puede el superior modificar la parte no apelada de una decisión jurisdiccional, como cuando por la conexidad íntima de esa parte con la apelada se hace indispensable introducir modificaciones íntimamente relacionadas con la que resulta reformada (CPC, art. 357);...”.

Sobre el mismo tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció en Sentencia del 28 de abril de 1995, radicación Nº 7410, así:

“... Las modificaciones contenidas en la sentencia de primera instancia no obligan necesariamente al superior en aquello que favorezca al apelante único o a la parte en cuyo favor se surte la consulta, limitación de competencia funcional referida solamente a las resoluciones o decisiones adoptadas por el a quo, en la medida que la prohibición de reforma en perjuicio impide hacerle más gravosa la situación. Por ello, aunque en este proceso el juez de la causa tuvo a la demandada como empresa industrial y comercial del Estado y al demandante como trabajador oficial, el tribunal no estaba obligado a aceptar esas mismas conclusiones por la sola circunstancia de que la demandada no hubiese apelado, impugnación que además le estaba vedada a esa parte por ausencia de interés, puesto que el fallo de primer grado, totalmente absolutorio, le había sido favorable...”

Hecha la anterior precisión y al no estar consagrado positivamente en Colombia el sistema procedimental de reenvío en casación laboral, debe la Corte dictar sentencia que ponga fin al recurso, actuando como tribunal de instancia por estar legalmente facultado para ello, puesto que al corregir, como se hizo en sede de casación, los errores del juez respecto al sujeto pasivo Servicios Uno a Limitada, se impone de manera necesaria e íntimamente conexa, proferir sentencia de instancia congruentemente con lo dicho en casación para desatar la litis frente al otro sujeto pasivo: Fundiciones y Repuestos S.A., como se hará a continuación”.

En desarrollo de lo expuesto, se revocará la sentencia del a quo en cuanto condenó a Protección S.A. a pagar la pensión de sobrevivientes solicitada, para en su lugar, imponer la condena pensional a cargo de la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey en las mismas condiciones y monto como fueron ordenadas en primera instancia y como fueron consentidas por la parte actora. Se confirmarán los apartes tercero, cuarto y quinto de la sentencia bajo revisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior de Cartagena, del 5 de octubre de 1999, dictada en el juicio ordinario laboral que promovió Maricela García Padilla, en representación de su mejor hija Leidis García García, y, Betty Susana Meza Hormechea, en nombre de sus hijos menores Kellys y Alexander de Jesús García Meza contra la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey y, solidariamente, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. en cuanto condenó a esta última al pago de la pensión solicitada. NO CASA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EN LO DEMÁS.

En sede de instancia dispone:

1. REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena el 20 de noviembre de 1998 en lo atinente a sus apartes primero y segundo.

2. En su lugar CONDENAR a la Asociación de Copropietarios del edificio Marina del Rey a pagar en favor de los demandantes la pensión de sobrevivientes demandada.

3. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia materia de revisión.

4. Sin costas en segunda instancia.

Sin costas en casación

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

SALVAMENTO DE VOTO

Mi discrepancia, siempre con el mayor respeto, se limita a lo decidido en sede de instancia pues, aunque entiendo y comparto las consideraciones plasmadas en el correspondiente fallo en cuanto se refieren al régimen sancionatorio respecto de quienes incumplen las obligaciones con la seguridad social, creo que las condiciones procesales no permitían concretarlas a cargo de la copropiedad, debido al marginamiento que las sentencias de instancia habían señalado respecto de la misma, lo cual la colocó en una situación en la cual quedó limitado su margen de defensa.

En realidad, y como en gran medida lo señala el fallo de instancia, dado que la parte actora se conformó con la absolución que el a quo impartió respecto de la copropiedad, ello entraba a constituir una situación definida que incluso el mismo ad quem no podía modificar por haber pasado a convertirse en ley del proceso. Tampoco la parte actora mostró inconformidad con tal situación que fue confirmada por el ad quem como era lo procedente y mal podía aceptarse el planteamiento de la recurrente en casación que en su escrito extraordinario insinúa el traslado de la carga condenatoria a la codemandada.

Creo que las circunstancias en el proceso del cual se toma la transcripción para apoyar la decisión de instancia, son algo diferentes al presente y, sin desconocer que brindan un importante soporte, no son trasladables íntegramente a la presente decisión.

En la forma anterior dejo explicada mi diferencia con el fallo de instancia.

Fecha ut supra.

Germán G. Valdés Sánchez 

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