Sentencia 13842 de agosto 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Nº interno 13842

Rad.: 05001-23-25-000-1996-01882-02

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Fundación para la proyección social, “Proyección”.

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de 2004.

Apelación sentencia de 29 de diciembre de 2000 de la Sala Séptima de Descongestión - Tribunal Administrativo de Antioquia proferida dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos a través de los cuales el SENA liquidó aportes por las vigencias 1993, 1994 y 1995.

Fallo

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de diciembre de 2000 proferida por la Sala Séptima de Descongestión - Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró la caducidad de la acción, dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra las resoluciones 249 y 250 de 1º de marzo de 1996 a través de la que el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, regional Antioquia, liquidó y ordenó a la actora pagar aportes causados por las vigencias 1993 y 1994 y 1995, respectivamente y contra la 573 de 15 de mayo de 1996 que confirmó aquellas, al decidir el recurso de reposición.

Antecedentes

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, regional Antioquia Chocó, por medio de las resoluciones 249 y 250 de 1º de marzo de 1996, fijó a cargo de la fundación actora, aportes causados por los años 1993 y 1994, la primera y 1995, la segunda (v. fls. 24 y 18), dichas resoluciones se soportan en las liquidaciones Nº 7853 y 7854 de fecha 22 de febrero de 1996 (fls. 23 y 17).

La demandante contra las mencionadas resoluciones interpuso recurso de reposición (v. fls. 25 y 19) decididos mediante la Resolución 573 de 15 de mayo de 1996, en el sentido de no reponer los actos recurridos. Así se agotó la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la Sala

La Sala procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el que argumenta que no se configuró la caducidad de la acción; además, en cuanto al fondo del asunto insiste en la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el SENA determinó el monto de los aportes causados por los años 1993, 1994 y 1995 a su cargo.

Sostiene el demandante que el elemento fundamental para determinar los aportes al SENA es la existencia de un contrato de trabajo; que la remuneración de los contratistas no constituye salario, por tanto no hacen parte de la base para el cálculo de aquellos y que el SENA no es competente para determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados por la demandante son o no de carácter laboral; además que la actuación desconoce el postulado constitucional de la buena fe.

Al respecto el expediente da cuenta de lo siguiente:

En las liquidaciones de aportes Nº 7854 y 7853 de 22 de febrero de 1996 (fls. 17 y 23) el SENA determinó el valor de los aportes debidos por la demandante, así:

Factores base liquidación de aportes*1993*1994**1995
Sueldos y sobresueldos6.915.00026.904.77049.231.376
Viáticos 1.284.788 
Vacaciones484.651710.5062.316.000
Prima de vacaciones437.250626.6252.316.000
Aguinaldo 626.625480.000
Convenios interinstitucionales 16.913.014189.962.807
Total factores base de liquidación7.836.90147.066.328244.396.183
Aportes SENA 2%156.738941.3274.887.924
Menos 2% pagado en Comfama143.120542.380994.527
Debe SENA13.618398.9473.893.397
Debe caja de compensación familiar 4%27.236797.8947.786.794
Debe ICBF20.427598.4215.840.096
Total61.2811.725.26217.520.287

* Liquidación Nº 7854. **Liquidación Nº 7853.

En las “Observaciones” de dichas liquidaciones se lee: “Con base en la información contable” y “convenios interinstitucionales: corresponde al pago de los contratistas”.

El director del SENA regional Antioquia Chocó, expidió las resoluciones 250 y 249 el 1º de marzo de 1996, mediante las cuales ordenó a la actora el pago de $ 412.565 y $ 3.893.397, por concepto de aportes causados a favor del SENA por las vigencias de 1993 ($ 13.618), 1994 ($ 398.947) y 1995 ($ 3.893.397).

Contra las resoluciones anteriores la actora interpuso recurso de reposición. En los respectivos memoriales explica que en desarrollo de su objeto social la fundación realiza convenios con entidades públicas y privadas, como el firmado con el SENA, los que ejecuta a través de personal con el que celebra contratos de prestación de servicios profesionales. Luego afirma que los pagos originados en esa modalidad contractual “no constituyen salario ni forman parte de la nómina mensual de la Fundación Proyección” y por tanto no hacen parte de la base de liquidación de los aportes al SENA.

Mediante la Resolución 573 de 15 de mayo de 1996 el director regional del SENA confirmó las resoluciones recurridas al considerar que si bien la relación contractual existente entre el SENA y Proyección es un contrato de prestación de servicios, la que existe entre la fundación y cada una de las personas que a nombre de esa entidad ejecutan la labor convenida con el SENA, es un “típico” contrato de trabajo.

La anterior resolución fue notificada personalmente al representante legal de “Proyección” el 28 de mayo de 1996 (fl. 8), acto administrativo con el cual se agotó la vía gubernativa.

Precisado lo anterior, la Sala entrará en el estudio de los puntos objeto del recurso.

En cuanto a la caducidad de la acción, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo prevé en el numeral 2º que tratándose de acciones de nulidad con restablecimiento del derecho, el término para ejercitar la acción caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso.

En el sub examine, la resolución que desató el recurso gubernativo fue notificada de manera personal el 28 de mayo de 1996 (miércoles) y conforme a la indicada disposición el término de los cuatro meses se cuenta a partir del día siguiente, esto es, el 29, así el término para incoar la acción venció el 29 de septiembre del mismo año (domingo); no obstante, como este día cayó en feriado, el término se extiende al primer día hábil siguiente, tal como lo prevé el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, por lo que la demanda presentada personalmente el 30 de septiembre de 1996, según consta a folio 107, lo fue en tiempo, contrario a lo estimado por el a quo.

En cuanto al fondo del asunto, en primer término se observa que no es objeto de discusión la obligación de la demandante de efectuar aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, sino los valores adicionales a ellos liquidados administrativamente por los años 1993, 1994 y 1995, por los pagos efectuados al personal que prestaba sus servicios en subsedes del SENA en virtud de contratos suscritos con la actora.

La Ley 21 de 1982 en el artículo 7º señala los empleadores obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el artículo 9º dispone que, estos empleadores y los que señala el artículo 8º, “pagarán una suma equivalente al seis por ciento (6%) del monto de sus respectivas nóminas” de los cuales el 2% están destinados al SENA (art. 12, num. 2º). La misma ley en el artículo 17 prevé que “... se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de la ley laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales”.

En el caso, la parte actora alega la falta de competencia del SENA para determinar que los contratos de prestación de servicios celebrados por la Fundación para la proyección social, “Proyección”, con las personas que prestaron sus servicios a nombre de esta en el SENA, durante los períodos en discusión, son contratos de trabajo y por ende los actos administrativos demandados que liquidaron aportes a favor del SENA serían nulos.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, por su parte, afirma que tiene facultad para cobrar los aportes que la demandante como empleadora no paga por los empleados que prestaron servicios al SENA a través de “Proyección”, al estimar que la relación contractual existente entre la fundación y cada una de las personas que a nombre de esta entidad ejecutaban las labores convenidas con el SENA, es un “típico” contrato de trabajo, para lo cual aduce la existencia de un “contrato realidad” aunque haya sido denominado de “prestación de servicios”.

En el caso bajo examen, la facultad del SENA se refiere al cobro de los aportes a su favor con miras al control y recaudo, para lo cual está facultado para examinar la naturaleza de los pagos que pueden causar tales aportes y a esta jurisdicción revisar si en efecto la obligación existe o no, pues según la ley es el encargado de administrar los aportes, servirse de ellos y establecer los procedimientos para aplicarlos y percibirlos de manera correcta y en su función está determinar su causación.

Al respecto, la actora ha insistido desde la etapa gubernativa que los contratos que suscribe para la ejecución de los “convenios interinstitucionales” como los celebrados con el SENA, son de prestación de servicios, no de carácter laboral; por su parte el demandado argumenta que los contratos que suscribió la fundación con el personal que presta sus servicios en las subsedes del SENA, reúnen los elementos esenciales del contrato de trabajo, pues es él “conocedor directo de esa circunstancia y de allí que haya liquidado aportes a cargo de la peticionaria teniendo en cuenta, además, que los trabajadores estaban en sus propias instalaciones y que dependían exclusivamente de Proyección” (fl. 135).

A folios 28 a 99 obran “Contratos de prestación de servicios” suscritos entre “Proyección” y personas naturales de los cuales se establece claramente que se trata de contratos de prestación de servicios, pues como lo acepta el SENA en las observaciones de las liquidaciones en discusión “Corresponde al pago de los contratistas”.

Así las cosas, considera la Sala que el SENA a través de las resoluciones demandadas, de un lado acepta la naturaleza de los contratos de prestación de servicios antes mencionados, pero para efectos de la liquidación la desconoce y así determinó un valor adicional al que pagó la actora a la caja de compensación “Comfama” por los períodos 1993, 1994 y 1995, como se observa en las anotadas liquidaciones.

Respecto al restablecimiento del derecho derivado de la decisión se advierte que, como lo señaló la demandada, no obra en el expediente prueba del pago de la liquidación de aportes a que se refieren las resoluciones demandadas, razón por la cual la Sala no accederá a las demás pretensiones relacionadas con la devolución de sumas de dinero. Sin embargo y teniendo en cuenta los valores señalados en las liquidaciones 7854 y 7853 de 22 de febrero de 1996, se declarará que la demandante no está obligada a pagar suma adicional a la pagada a Comfama por los períodos discutidos, esto es a $ 143.120 por 1993, $ 542.380 por 1994 y $ 994.527 por 1995.

Por las razones expuestas se dará prosperidad al recurso de apelación y en consecuencia se revocará la decisión del tribunal y en su lugar se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 29 de diciembre de 2002 de la Sala Séptima de Descongestión - Tribunal Administrativo de Antioquia.

2. En su lugar, se declara la nulidad de las resoluciones 249 y 250 de 1º de marzo de 1996 y 573 de 15 de mayo de 1996 expedidas por el director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, regional Antioquia Chocó, a través de las cuales liquidó y ordenó a la Fundación para la proyección social, “Proyección”, pagar aportes causados por las vigencias 1993, 1994 y 1995.

3. A título de restablecimiento del derecho se declara que la Fundación para la proyección social, “Proyección”, no está obligada a pagar suma adicional a la pagada a Comfama por los períodos discutidos, esto es a $ 143.120 por 1993, $ 542.380 por 1994 y $ 994.527 por 1995.

4. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha».

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