Sentencia 13850 de agosto 22 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón

Aprobado Acta 122Bogotá, D.C., agosto veintidós de dos mil uno.

EXTRACTOS: Consideraciones de la Corte.

I. De la nulidad.

1. El defensor pretende se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto del 17 de octubre de 1996, que negó el acopio de la historia clínica y la práctica de un electroencefalograma al sindicado, elementos de juicio solicitados por el psiquiatra forense para determinar si el sindicado padecía trastorno mental en el momento de los hechos.

En efecto, en concepto del 1º de agosto de 1996, el psiquiatra forense concluyó que “No hay datos en el sumario que permitan determinar si el sindicado presentó un trastorno mental al momento de los hechos punibles que se le indilgan. Se requiere de la práctica de un electroencefalograma EEG y de tener mayores datos sobre las causas y motivos de los tratamientos recibidos en Medellín”.

Con base en esa conclusión forense, la defensa reclama la necesidad de buscar los elementos de juicio reseñados y añade que como los funcionarios de primera y segunda instancias rechazaron esa pretensión, se impone la nulidad como única solución para determinar si el acusado era o no imputable al momento de cometer la conducta típica.

2. Si se argumenta que la única manera de demostrar la imputabilidad o inimputabilidad del autor de un hecho es la incorporación al expediente de un concepto médico, con seguridad se retorna al ya lejano sistema valorativo de la prueba legal o de la tarifa legal, desaparecido hace bastante años y suplido, a hoy, por el de la sana crítica racional, ampliamente compuesto por varios elementos, entre ellos la libertad probatoria (CPP, art. 237), razonabilidad (art. 238-2 ibídem), el análisis conjunto de las evidencias (art. 238 id), la utilización de variedad de medios demostrativos (art. 233 id), la legalidad, la pertinencia, la conducencia y la necesidad de la prueba (arts. 232 y 235 id), así como por el carácter imperativo de la motivación del estudio probatorio, todo ello siempre íntimamente relacionado con las leyes científicas, los principios lógicos y las reglas de la experiencia.

3. En el asunto estudiado, siguiendo tales derroteros, tanto la fiscalía como los jueces de primera y segunda instancias demostraron que para el momento de la comisión del delito el acusado no padecía trastorno mental alguno. En efecto:

3.1. La providencia del 23 de agosto de 1996, que confirmó la resolución de acusación, ante la insistente posición defensiva del pretendido trastorno mental transitorio en que pudo obrar John Freddy Bernal Londoño, tras señalar la credibilidad que le merecían los testimonios de los agentes del orden que conocieron los hechos, agregó que “dos (2) de los policiales se refirieron a la normalidad síquica del retenido, éste por su parte se encontró en la artería de decir que una vez salió de la Media Ostra Mexicana quedó sumido en estado de total inconsciencia hasta que despertó en el hospital, marrullería que se hace evidente frente a dos situaciones:

a) Si los policiales llegaron con John Freddy a su casa fue porque el mismo les dijo donde vivía, y ello implica el pleno ejercicio de la capacidad de evocar y recordar.

b) La propia madre tuvo el desliz de decir que desde el vehículo su hijo le decía que iba herido.

Se habló del conocimiento segmentario que de los hechos tuvo Carlos Mario Echeverri Toro (vigilante de Noel), observación de la cual grabó que el asaltante que empujaba la puerta de la garita desde afuera vestía camisa blanca y jeen. El sargento recuerda que John Freddy llevaba puesto camiseta y jeen...”.

Esa misma decisión explicó que el funcionario instructor ordenó un dictamen psiquiátrico que ha debido rechazar, porque el mismo, así hubiese arrojado una conclusión definitiva, no podía refutar lo que las restantes pruebas señalan: que el acusado sí estaba consciente de lo que hacía “y que se valió de familiares y amigos para que le ayudaran al engendro del estado de inimputabilidad”, además de que tratándose de un medio de prueba, como cualquier otro, el mismo no obliga al funcionario, a quien se impone el deber de valorarlo racionalmente para aceptarlo o rechazarlo.

3.2. El 17 de octubre de 1996, la juez penal del circuito se ocupó de resolver las solicitudes hechas a propósito del traslado previsto en el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal. Lo hizo negando unas, entre ellas las orientadas hacia la inimputabilidad del procesado, y aprobando otras. Sobre el tema puntual, se expresó de la siguiente forma

“Estas pruebas se rechazarán, toda vez que en el proceso no existe ninguna prueba que enseñe que John Freddy Bernal Londoño no comprendiera la ilicitud de su conducta o que estuviera impedido para determinarse de acuerdo con esa comprensión... si algo abunda en este proceso es la prueba que enseña que el sindicado era imputable al momento de los hechos. Decir una y otra vez que se han tomado grandes cantidades de licor, no es razón suficiente para ordenar la prueba psiquiátrica”.

3.3. Apelada la decisión, se pronunció el tribunal, que tras detenido análisis escribió:

“Cuando se recorre paso a paso el expediente, se analiza y estudia cada diligencia, cada acto realizado en la etapa de la investigación, aparece siempre una manifestación en cabeza del acusado, que aproxima con inmediatez, a la inequívoca conclusión de ser persona en la plenitud de sus facultades mentales, las mismas que surgen inalterables en los hechos que de él se predican. Desde los albores del proceso, auscultando el móvil de los acontecimientos, se perfila objetivamente esa claridad en el comportamiento del acusado... procedimiento y secuencias (son) completamente ajenas a una conducta mental desviada...”.

3.4. En la sentencia de primera instancia el juez fue aún más detallista. Luego de afirmar que “la prueba siquiátrica no se necesitaba porque en este proceso existe abundante prueba que enseña que John Fredy Bernal comprendía la ilicitud de su conducta y podía autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión“, estableció literal por literal cuatro razones potísimas, ceñidas totalmente a las diligencias, por las cuales concluía la imputabilidad del procesado.

3.5. Y, para más, apelado el fallo fue integralmente ratificado por el ad quem. Si se comparan lo sentado por la Sala en el punto 2 de este capítulo de la sentencia y el serio trabajo judicial sobre el tema, la conclusión es fácil: acertaron los funcionarios judiciales al negar la práctica de lo pedido por la defensa. Y si obraron con tino, la prueba de expertos solicitada era superflua; o, si se prefiere, la justicia no requería, en el asunto concreto, de conocimientos especiales científicos para arribar a su conclusión sobre ausencia de inimputabilidad.

4. Pero, si lo anterior fuera insuficiente, añádase que el desarrollo del cargo en la demanda obedece sobre todo al pensamiento del censor, quien largamente discurrió sobre el tema pero no logró establecer, frente a lo plasmado por los funcionarios judiciales, la necesidad de la prueba, como tampoco la ingerencia que ésta hubiera podido tener en el sentido del fallo, con lo cual abandonó requisitos importantes de la causal aducida, que si bien es amplia, no por ello puede ser tan informal e insustancial. Es que cuando se acude a la nulidad, también es menester comprobar, entre otros aspectos, por qué la supuesta falta judicial ha perjudicado al procesado y, desde luego, por qué una vez repuesto el proceso obtendría beneficio. Y esto no le preocupó al casacionista.

5. Dígase, de otra parte, que a pesar de que los funcionarios judiciales expusieron y explicaron las razones de su negativa especialmente centrados en las pruebas visibles en el expediente, el actor no dedicó tiempo y espacio a demostrar por qué estaban equivocados. La defensa, simplemente insistió e insistió en que debía ser realizada la prueba. Y nada más.

El cargo, entonces, no prospera.

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