Sentencia 13893 de agosto 26 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SANCIÓN TRIBUTARIA POR NO ENVIAR INFORMACIÓN

APLICACIÓN DE LA GRADUALIDAD

EXTRACTOS: «En el caso se controvierte la procedencia de la imposición de la sanción por no enviar la información solicitada en el requerimiento ordinario Nº 320632000000068 de 27 de enero de 2000 y en caso afirmativo la cuantía de la misma.

El tribunal consideró procedente la sanción a que hacen referencia los actos administrativos demandados, al encontrar probado el hecho sancionable, aunque en aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción y de justicia tributaria, la graduó y así la fijó en el 2% del valor total de la información omitida.

El demandante insiste en la alegada violación de los preceptos citados en la demanda, aduce que en ejercicio del derecho legal que tiene de corregir las declaraciones, previsto en los artículos 588 y 590 del estatuto tributario, el 26 de mayo de 2000 corrigió la correspondiente al año gravable 1997 y aquella “sustituyó completa y legalmente” a la declaración de corrección anterior presentada el 28 de abril de 1999.

Explica que con la última declaración presentada, esto es, la de 26 de mayo de 2000 “se corrigieron los errores involuntarios de los ingresos y costos reflejados en el capítulo de ganancias ocasionales y además no se incluyeron los costos y gastos, que por un error, inicialmente se habían solicitado en la declaración de renta del 28 de abril de 1999, el contribuyente, por sustracción de materia, ya no podía suministrar a la DIAN, la información solicitada” y que pagó un mayor valor por concepto de impuesto, sanciones e intereses. En su criterio la sanción cuestionada es excesiva e improcedente, porque no podía cumplir la solicitud, por inexistencia de la información solicitada, porque la omisión no causó daño a la administración, además porque se le impuso la sanción máxima.

Considera la Sala pertinente precisar que en el presente proceso se discuten las resoluciones mediante las cuales se impuso al demandante sanción por no enviar la información solicitada en el requerimiento ordinario Nº 320632000000068 de 27 de enero de 2000, a través del cual la administración solicitó “relación y fotocopia de los documentos soporte” de los siguientes rubros informados en la declaración de renta correspondiente al año gravable 1997:

“1. Deducciones por la suma de noventa millones doscientos veinte mil pesos ($ 90.220.000).

2. Ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional en cuantía de $ 1.627.275.000.

3. Costos y parte no gravada en cuantía de $ 1.627.275.000 imputables a los ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional”.

Dicho requerimiento fue notificado por correo el 28 de enero de 2000 —aspecto no objeto de cuestionamiento alguno—, en él se fijó un término de “quince (15) días calendario” para remitir la información y se le comunicó que en caso de incumplimiento procedía la sanción prevista en el artículo 651 del estatuto tributario (cfr. fl. 3 c. a.).

De los documentos que obran en el expediente y de las afirmaciones de las partes, se establece de una parte, que dicha información no fue suministrada por el contribuyente y, de otra, que para la fecha de notificación del requerimiento ordinario objeto de la presente controversia y aun para la del vencimiento del término fijado en el mismo, la última declaración de renta y complementarios correspondiente al año gravable 1997 presentada por el accionante, es la de corrección, radicada el 28 de abril de 1999.

Este hecho pone en evidencia la obligación por parte del contribuyente de dar respuesta al mencionado requerimiento ordinario formulado por la administración, sin que la corrección a la misma declaración efectuada posteriormente el 26 de mayo de 2000, sea razón suficiente para justificar la omisión en que incurrió.

Así las cosas, como lo advirtió el tribunal y lo conceptuó la delegada del Ministerio Público, el hecho sancionable se configuró y por lo tanto procedía imponer la sanción prevista en el artículo 651 del estatuto tributario.

Respecto al monto de la sanción la Sala advierte lo siguiente:

Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta corporación en el sentido de señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 651 del estatuto tributario, que constituye la disposición de rango legal reguladora de la “sanción por no enviar información”, esta será “hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea”, por lo que resulta claro que la sanción en cuestión debe ser graduada por la administración, teniendo en cuenta en cada caso concreto si la información fue o no suministrada, así como la consistencia y oportunidad en la presentación de la misma. Además, la aplicación de la gradualidad no está sujeta a reglamentaciones, pues como ya se dijo, está consagrada en la misma norma legal que regula la sanción en cuestión.

Con fundamento en lo anterior y en oposición a lo expresado por la parte demandada, relativo a que la conducta del contribuyente de proceder a presentar declaraciones de corrección y omitir la respuesta al requerimiento ordinario, “denotan mala fe” y por tal razón la sanción debía ser el porcentaje mayor, la Sala encuentra que el a quo aplicó como porcentaje de la sanción discutida el 2% y al efecto explicó que tenía en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción y los de justicia y equidad.

Al respecto se precisa que el manejo de la gradualidad de la sanción no puede resultar del capricho del funcionario sancionador, toda vez que es necesario “explicar” los factores que se tienen en cuenta para aplicar la específica sanción, ubicándola dentro los dos extremos previstos en la norma, como en efecto lo hizo el tribunal en el sub lite.

Adicionalmente se destaca que la no aceptación de la graduación de la sanción, por las razones expuestas, implicaría el desconocimiento de los principios de equidad tributaria y espíritu de justicia consagrados en los artículos 363 de la Constitución y 683 del estatuto tributario, y que la Corte Constitucional en la sentencia C-160 de abril 29 de 1998, condicionó la exequibilidad del artículo 651 del estatuto tributario, el cual sirvió de fundamento para la imposición de la sanción discutida, a que “el error o la información que no fue suministrada, genere daño, y que la sanción sea proporcional al daño producido”, en desarrollo del principio de buena fe y del debido proceso. De otro lado, mediante la corrección de 26 de mayo de 2000 se eliminaron los costos y gastos solicitados en la del 28 de abril de 1999, lo cual implicó un mayor valor pagado, aspectos ambos que disminuyen el daño causado y contribuyen a soportar la aplicación de la gradualidad tenida en cuenta por el a quo.

Las anteriores razones son suficientes para concluir la procedencia de la graduación de la sanción por no enviar información impuesta al actor y en consecuencia la Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos acusados y fijó la cuantía de la sanción en el 2% del valor total de la información omitida, a cargo del contribuyente, no estando llamados a prosperar los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y demandada».

(Sentencia de 26 de agosto de 2004. Expediente 13.893. Consejera Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

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