•Sentencia 13922 de mayo 19 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

INTERVENCIÓN EN POLÍTICA

PROHIBICIÓN ABSOLUTA A FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA

EXTRACTOS: «Cumplido el antecedente procesal de la audiencia pública, encara la Corte la tarea de dictar sentencia de única instancia en este proceso adelantando en relación al doctor Manuel Francisco Becerra Barney, ex Contralor General de la República, a quien acusó formalmente el Fiscal General de la Nación por el delito de intervención en política, según resolución dictada el 9 de septiembre de 1997.

(...).

De acuerdo con el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, el fallo condenatorio debe apoyarse en prueba que conduzca a la certeza positiva sobre la existencia del hecho punible y la responsabilidad del acusado.

Es importante destacar que la acusación se ha basado en los testimonios de Luis Ernesto Chávez Martínez, Dario Martínez Betancourt, Alvaro Castañeda Domínguez y Hernando Suárez Cleves, todos dirigentes políticos y parlamentarios que compartían y alentaban la aspiración presidencial del doctor Ernesto Samper Pizano y que estuvieron presentes en los recintos del hotel “Chicalá” y el balneario “La coba negra”, donde se llevaron a cabo sendas reuniones de carácter político-partidista. Entonces, si entre los reunidos existían una evidente causa común, que no pocas veces puede conducir a una distorcionada solidaridad de cuerpo, por regla de experiencia se infiere que en este caso los declarantes dijeron la verdad en sus respectivas exposiciones, porque ellos no iban a mentir por el mero prurito de perjudicar al ex contralor, su compartidario y amigo, máxime que ni siquiera el mismo procesado ha levantado su voz para descalificarlos o ha insinuado siquiera motivos innobles o extraños para un proceder exagerado de los testimoniantes. Por lo demás, quienes depusieron se refieren a hechos sobre los cuales existe una concordancia razonable, ajena al lenguaje preconcebido o exagerado, sin que hayan evidenciado insanos propósitos de hacerle daño al imputado. Por el contrario, éste habilidosamente en su relato se apróxima a lo dicho por los deponentes, sólo que matiza con imaginados datos que él presume con suficiente potencia para desdibujar la estructura delictiva de la intervención en política.

El procesado y su defensor pretenden persuadir de que el primero cumplió un papel fundamentalmente pasivo en las citadas reuniones, pero es que, por el contrario, el protagonismo que le atribuyen los declarantes es algo que, en lugar de ser insólito, concilia con la experiencia dramática de que la manipulación de la burocracia oficial ha sido el medio más expedito para atraer votos en nuestro medio, sobre todo a través de entes con tanta cobertura y población como la Contraloría General de la República. El dato de verosimilitud es más acentuado aún en este caso, porque para la época de los hechos se trataba de concretar los recortes burocráticos dispuestos con motivo del cambio de estructura y función en la Contraloría conforme con la nueva Constitución, razón por la cual existía un vivo interés de los distintos grupos políticos o congresistas para dialogar y mantener contacto con el funcionario sobre el estado de sus consabidas “cuotas”, obviamente a trueque de un esfuerzo para lograr el favor electoral solicitado. En cambio, no se aviene con vivencias análogas del distorsionado desenvolvimiento eleccionario de nuestro país, que un personaje dotado de tanto poder para dispensar empleo y, correlativamente, provisto de los medios eficaces para abrir posibilidades de votos por promesa o compensación, haya sido convocado a cumplir un rol tan secundario como el que pretexta el procesado, máxime para una época que clamaba la urgencia de afilar el insidioso mecanismo de elección, pues además se sabe que los dos departamentos visitados por el alto servidor eran precisamente aquellos que habían arrojado precarios resultados electorales en relación con el candidato liberal que aquél apoyaba.

Así entonces, el balance entre la prueba de la acusación y la que apoya la defensa muestra que la primera provee un conocimiento más real, fiable y convincente de lo acaecido, razón por la cual la Sala declara que fácticamente se ha verificado cómo el doctor Manuel Francisco Becerra Barney, el día 9 de junio de 1994, fecha para la cual ocupaba el cargo de Contralor General de la República, se reunió con varios personajes de la vida política de los departamentos de Huila y Nariño, quienes compartían la meta de buscar el triunfo del candidato Samper Pizano, con el fin de examinar los débiles resultados de la primera vuelta electoral en relación con el aspirante liberal. En ambos eventos, el alto funcionario hizo uso de la palabra para animar a los concurrentes en torno a la campaña del doctor Samper Pizano; prometió su mediación en orden a obtener algunos dineros con “amigos empresarios de la ciudad de Cali” y de esa manera reforzar la acción proselitista en la segunda vuelta; y, efectivamente, en el caso del departamento de Nariño, hizo llegar los recursos prometidos a través de su amigo y protegido Álvaro Londoño Molano, mientras que para el Huila los entregó personalmente al tesorero Hernando Suárez Cleves en el aeropuerto Palmaseca de la ciudad de Cali, pues habían acordado telefónicamente que el último viajaría con ese solo cometido. Respecto de lo ocurrido en la primera región mencionada, además, el funcionario directamente le extendió invitación telefónica al parlamentario Dario Martínez Betancourt para que participara en la reunión, se cuidó de comunicarse por el mismo medio con el candidato Samper desde el mismo lugar de reunión, con el fin de enterarlo de las inquietudes planteadas por los congregados e invitarlo a que los visitara en próxima ocasión para estimular a los votantes; y, por último, designó como tesorero de los fondos prometidos al doctor Luis Ernesto Chávez Martínez.

Ahora bien, después de establecer la fuerza demostrativa de los medios de convicción y exhibir los resultados de la comprobación fáctica, es necesario hacer algunas disquisiciones sobre el injusto y la culpabilidad, pues de alguna manera son elementos que han sido cuestionados por el procesado y la defensa en este proceso. Se verá:

1. Tipicidad. El artículo 158 del Código Penal, tal como se entiende modificado por el parágrafo del artículo 18 de la Ley 190 de 1995, dice:

“El servidor público que forme parte de comités, juntas o directorios políticos o intervenga en debates o actividades de este carácter, incurrirá en interdicción de derechos y funciones públicas de uno a tres años.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y las personas que ejercen funciones públicas de modo transitorio”.

De otro lado, por medio de la sentencia C-454 de 1993 (oct. 13), la Corte Constitucional declaró que la norma del inciso 1º del artículo 158 era exequible y, por ende, estaba vigente sólo en relación con los servidores públicos señalados en el inciso 2º del artículo 127 de la Constitución Política, esto es, los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de dirección administrativa o se desempeñen en los órganos judicial, electoral o de control, a quienes “les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.

Se notará que la prohibición de actividades políticas de carácter proselitista es absoluta en relación con los integrantes del poder judicial y los órganos electoral y de control, pues es apenas obvia la veda para tratar de preservar la independencia y autonomía de la que fueron dotados dichos organismos por la Constitución Política, con el fin de que esa libertad les permita actuar imparcialmente (Const. Pol., arts. 113, 228 y 230).

Bien se sabe que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación son dos organismos de control que, junto con el órgano electoral, fueron concebidos y regulados por fuera de los entes tradicionales de las tres ramas del poder público (arts. 117, 258, 267 y 275). Pues bien, si a la Contraloría le corresponde la función pública de controlar la gestión fiscal de la administración y evaluar sus resultados, como examen siempre posterior (Const. Pol., art. 119), es obvio que dicha separación sólo podía consolidarse con la prohibición absoluta a sus integrantes de intervenir en las luchas partidistas, pues no resultaría sensato esperar que la sociedad confíe en la independencia y autonomía del control ejercido por quien con su influencia, más allá del derecho al sufragio, ayudó a elegir la administración supuestamente controlada.

Establecido que el entonces contralor Manuel Francisco Becerra Barney era sujeto activo idóneo para cometer el delito previsto en el artículo 158 del Código Penal, se sigue que también es acertada la adecuación típica hecha en la acusación, en el sentido de que el acusado intervino en actividades de carácter político, lo cual significa, no una interdicción para dedicarse a esa actitud reflexiva orientada a postular el bien común, o la más aconsejable estructura de gobierno, o los mejores planes de administración del Estado o las condiciones de ejercicio de la libertad y cumplimiento de la justicia, sino, como lo dice inequívocamente el mismo artículo 127 de la Constitución, “tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas”.

Sin necesidad de meter baza en la discusión sobre el carácter público o privado de las reuniones, que paradójicamente se realizaron en dos “establecimientos abiertos al público”, lo cierto es que el contralor participó de un evento en el cual sólo cabían los simpatizantes de la causa electoral del doctor Ernesto Samper Pizano, por medio de la palabra dirigida a todos los reunidos, la invitación al apoyo de dicho candidato a la presidencia de la República y la búsqueda del refuerzo económico para esa empresa eleccionaria, precisamente cuando estaba en todo su furor el proceso político y la lucha por el poder entre dos aspirantes que ya habían superado la primera vuelta, todo lo cual constituye participación en actividades políticas. Algo más: esa intervención partidista del alto funcionario público, aunque no se hizo en la plaza pública (como prefieren matizarlo defensor y procesado), sí se cumplió a sabiendas, ante un auditorio eminentemente multiplicador y con ese obvio sentido práctico, pues se trataba de una reunión de líderes políticos y parlamentarios que representaban distintos movimientos, afectos a una causa perfectamente individualizada, a la vez conductores de un potencial eleccionario, que se habían congregado precisamente para adoptar fórmulas de impulso y promoción a una de las candidaturas en juego.

No es motivo de confusión para nadie que esa clase de actos son partidistas y no neutrales, pues tenía relación de comunidad ideológica con partidos, grupos o movimientos que en esa precisa coyuntura se agitaban en una contienda electoral que tampoco era fácil ignorar por su sentida presencia.

Tampoco es un secreto que las actividades políticas, concretamente las partidistas, hoy ya no se cumplen tan destacadamente en las manifestaciones de masa en la plaza pública, sino que se han preferido con mucha eficacia vías distintas como las reuniones de directorio, o de barrio, o en los cócteles, almuerzos, comidas o desayunos de trabajo y, en fin, con la utilización de los medios de comunicación y otro cúmulo de recursos que, no por su variedad, generan apertura en el tipo penal, pues todo acto de ese jaez puede ser fácilmente identificable por su fin proselitista y su relación con el bien jurídico tutelado.

Mientras ostentaba la investidura oficial de contralor, el funcionario debía observar un comportamiento neutral y aséptico (sine ira et studio) frente al proceso electoral, permanecer al margen de él, pues, aunque por el mero encargo oficial no se le suprimen (ipso facto) sus preferencias políticas o partidistas, ellas sólo podían expresarse, en su condición funcional, a través del respectivo voto.

De una vez debe aclararse la inquietud relacionada con la unidad o pluralidad de delitos, pues se alega que una misma conducta, consistente en recibir o gestionar dineros de procedencia ilícita para la campaña electoral, no puede dar lugar a una doble imputación por enriquecimiento ilícito e intervención en política.

Lo primero que se advierte es una apreciación fragmentaria de los hechos constitutivos del delito de intervención en política, pues, además de la procuración de los dineros de procedencia ilícita, al procesado se le reprocha la conducta de promover reuniones de marcado objetivo partidista y asistir a ellas, también el haber hecho uso de la palabra en dichos actos para excitar el trabajo proselitista e igualmente el servir de mediador para la comunicación con el candidato del partido y hacerle requerimientos de interés grupista o partidista dentro de un proceso electoral en plena acción.

Así las cosas, aunque la gestión de dineros de ilícita procedencia con fines electorales sea una conducta relevante tanto en el enriquecimiento ilícito de particulares como para la intervención en política, lo cierto es que en la primera figura sólo dicho comportamiento puede conducir a un incremento patrimonial no justificado, que es el núcleo rector de la infracción, mientras que en la segunda sería uno de los múltiples modos de realizar actividades de carácter político, máxime que en este último caso la esencia de la prohibición no depende del origen de los recursos sino del incumplimiento de un deber propio de la investidura y la actividad funcional. De este modo, el mismo acto de recepción de dineros le cumple cabalmente a dos tipos legales previstos en los artículos 1º del Decreto 1895 de 1989 (adoptado por D. 2266/91, art. 10) y 158 del Código Penal.

De otra parte, en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares se afecta básicamente el bien jurídico del orden económico-social, pues a ello conduce el descontrolado flujo de bienes y capitales en la sociedad, derivados de actividades proscritas por la ley, mientras que en la intervención en política se viola fundamentalmente la administración pública.

Aunque fácticamente se admitiera la existencia de una sola conducta (percepción de dineros de procedencia ilícita), no se ve razón para predicar unidad de delito donde debe existir una pluralidad de imputaciones, porque se advierte que el comportamiento le cumple totalmente a dos tipicidades legales distintas, se constata la autonomía de los bienes jurídicos afectados y, por lo mismo, se verifica también la infracción de dos prohibiciones diferentes (acumulación injustificada de patrimonio e intervenir en política), cuyos resultados le son imputables.

En este acápite también es necesario esclarecer que, una vez el doctor Becerra Barney cesó en el ejercicio del cargo de contralor, el fuero sólo podía mantenerse para investigar y juzgar el delito de intervención en política, único relacionado con las funciones desempeñadas, pues el hecho punible de enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros, desde entonces era competencia de la denominada justicia regional (Const. Pol., art. 235, num. 4º y par.). De modo que, si se supone la alegada conexidad de delitos, como ambos estaban adjudicados a competencias diferentes (Corte Suprema de Justicia, y justicia regional), se imponía la decisión que adoptaron los fiscales regionales de ordenar la ruptura de la unidad de proceso, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 90 del Código de Procedimiento Penal.

2. Antijuridicidad. El bien jurídico protegido, de acuerdo con la prescripción legal, es la administración pública. Se trata de un interés funcional o institucional porque la salvaguarda apunta directamente a la vías o procedimientos que facilitan la relación entre los individuos o el ejercicio de sus derechos en la comunidad.

En este caso no se tutela directamente la libertad de opinión, la igualdad, el derecho al sufragio, la autodeterminación o cualquier otro privilegio radicado en los individuos, sino que se protege de manera inmediata el ejercicio debido o correcto de la administración, con el fin de que los primeros bienes mencionados puedan ser reales y efectivos.

Es necesario hacer trascender la diferencia entre bienes jurídicos individuales e institucionales, porque si bien los segundos están al servicio de los primeros, como vía para su realización, la antijuridicidad material debe referirse, en principio, al interés expresamente escogido y tutelado por la ley. Así, la administración pública, como bien jurídico institucional, se resiente directamente cuando el funcionario interviene en actividades políticas involucradas en el accionar de los partidos, porque de una vez se quebranta la imparcialidad propia de su configuración, sin que sea menester evaluar a esos fines el daño por los resultados que eventualmente se producen en el comportamiento de los electores o por el número de votos a favor o en contra de la causa reivindicada. Basta saber que la integridad, la realidad y efectividad de algunos derechos fundamentales como la libertad de actuación, de conciencia, de opinión, de sufragio y la igualdad de oportunidades para el ejercicio democrático, como intereses jurídicos que soportan la coexistencia pacífica, fueron puestos en peligro por esa desviada conducta funcional que desde un comienzo atacó efectivamente la vía institucional dispuesta para resolver los conflictos entre los asociados y como medio estatalmente canalizado para exteriorizar sus intereses.

Es pertinente concluir entonces, en relación con el bien jurídico tutelado y el contenido de la prohibición, que la neutralidad en el proceso político como deber ser de los servidores del órgano judicial, electoral o de control o de los que ejerzan jurisdicción u ostenten responsabilidad civil o política o de los demás que resulten impedidos por expreso mandato legal, es el elemento que garantiza la imparcialidad en el ejercicio del cargo, pues sólo así se hacen realidad los emblemáticos atributos resumidos en el carácter servicial y objetivo de la administración.

3. Culpabilidad dolosa. Como en el dolo se manifiesta en la consciencia y voluntad de realizar la actividad partidista proscrita legalmente, sería impensable negar su concurrencia en la conducta examinada, pues el entonces contralor sabía con toda claridad que en dichas reuniones estaría y estuvo rodeado de personas completamente dedicadas al quehacer político; que en ese entonces discutían fallas y estrategias dentro de un proceso de lucha por el acceso al gobierno; y que, en su condición de jefe máximo del organismo de control fiscal, no existían salvedades o pausas para intervenir abusivamente en el proceso electoral que estaba en curso.

Como la prohibición a los servidores públicos de intervenir en las luchas partidistas es de vieja data, supuesto que tiempo ha es objeto de un tipo penal y quedó consagrada expresamente en el artículo 127 de la Constitución, también sería necio pensar que el doctor Becerra Barney la ignoraba por alguna circunstancia, pues, el rigor de la proscripción, en razón del cargo desempeñado por él, pervivió en la actual Carta Política, aparte de que el autor es una persona de amplia experiencia en las bregas políticas y en el ejercicio de la burocracia estatal, por cuanto ha desempeñado los elevados cargos de gobernador, ministro y contralor.

A manera de conclusión, la Sala tiene la certeza de que se han reunido cabalmente los presupuestos para dictar sentencia condenatoria en contra del procesado, razón por la cual, de acuerdo con el artículo 158 del Código Penal, se le impondrá la pena principal de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de doce (12) meses, habida cuanta que no se destacan manifestaciones de su modo de actuar que no hayan sido reprochadas independientemente en el otro proceso o circunstancias que incrementen el nivel de dañosidad social del delito atribuido, de conformidad con lo previsto en el artículo 61 del mismo estatuto.

La Corte se abstendrá de decretar la indemnización de perjuicios, porque no se ha demostrado en el proceso la existencia de los mismos (CPP., art. 55). De igual manera, no hay lugar a sanciones accesorias porque la norma violada prevé la interdicción de derechos y funciones públicas como pena principal (C.P., art. 42).

Una vez ejecutoriada esta sentencia, se remitirán copias de ella a la Registraduría del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación para su ejecución (CPP., arts. 501 y 508).

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Condenar por el delito de intervención en política, conforme con las previsiones del libro segundo, título III, capítulo octavo, artículo 158 del Código Penal al acusado Manuel Francisco Becerra Barney, de notas civiles y condiciones personales anotadas en la motivación.

2. En consecuencia, se impone al procesado la pena principal de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período de doce (12) meses.

3. Ejecutoriada esta decisión, expídanse copias con destino a la Registraduría del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de asegurar su ejecución.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de única instancia, mayo 19 de 1999. Radicación 13.922. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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