Sentencia 13939 de agosto 10 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS POR OBLIGACIONES LABORALES DE LA SOCIEDAD

NO OPERA EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS

EXTRACTOS: «Lo que objeta el impugnante es la decisión adoptada por el tribunal en cuanto declaró solidariamente responsable al codemandado Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, Coldeportes, para el pago de los créditos laborales que la empresa Deportesa S.A. adeuda al demandante, en razón al vínculo contractual laboral que los unía y por virtud de la condición de accionista de la referida sociedad. De ahí que se le endilgue al tribunal la errada inteligencia de los preceptos legales citados en la proposición jurídica del cargo.

Ahora bien, el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al referirse al tema de la responsabilidad solidaria, dispone:

“Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en indivisión”.

Por su parte, el artículo 252 del Código de Comercio prevé:

“En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por obligaciones sociales. Éstas sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los activos sociales recibidos por ellos (...)”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que quien ostentó la calidad de empleador del demandante lo fue la demandada Deportesa S.A., cuya naturaleza jurídica es la de una sociedad anónima, y que la codemandada Coldeportes es sólo uno de los socios de la misma, aspectos que no se discuten en la presente contención, no resultaba dable hacer extensiva la responsabilidad solidaria de los créditos sociales deducidos en favor del actor frente a los accionistas de esta última entidad. Y ello en atención a que de conformidad con el tenor literal de la norma sustantiva laboral aludida, la solidaridad allí consagrada se predica de las sociedades de personas, característica de la que carece la empleadora del actor; lo que además es concordante con lo previsto en el artículo 252 del Código de Comercio ya transcrito.

En el anterior orden de ideas, al ampliarse la responsabilidad solidaria frente a los socios de otro tipo de sociedades diferentes de aquéllas que clara y palmariamente prevé la norma (sociedades de personas), como ocurrió en el sub judice donde empleadora es una sociedad anónima, se incurre en el yerro de intelección denunciado por el recurrente.

Con relación a lo anterior ya esta Sala de la Corte tuvo oportunidad de precisar los alcances del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo relacionado con la responsabilidad de aquellas sociedades diferentes a las de personas, cuando en sentencia del 18 de noviembre de 1996, radicación 8991, dijo:

“El accionista no compromete su responsabilidad en los mismos términos que la persona natural o que el socio de las sociedades de personas. La tiene frente al ente social, en cuanto le corresponde pagar el precio de la acción, pero una vez efectuado, el carácter anónimo de su inversión lo desvincula de las obligaciones que asuma el ente social. El sistema que informa ese tipo de inversión económica no permite decir que el accionista sea titular de un derecho de propiedad sobre el ente social, sino de uno distinto que para el accionista se desarrolla a través de las deliberaciones y decisiones de la asamblea, dominadas por el principio de las mayorías. El sujeto de los derechos y las obligaciones es el ente social; el factor de comercio que recibe los beneficios o que asume las pérdidas es también el ente social; el dividendo es la medida del beneficio para el accionista y el riesgo de su inversión se concreta en la eventual pérdida de la misma. Pero el accionista no es propietario de la empresa.

El sistema jurídico laboral no ha desconocido que en la legislación mercantil cada tipo de sociedad compromete de manera diferente la responsabilidad de los asociados frente a terceros y frente a los trabajadores de la empresa. De ahí que el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo establezca que en las sociedades de personas sus miembros son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, pero nada dispone en cuanto a las sociedades de capital y por lo mismo no responsabiliza a los accionistas por las obligaciones laborales.

Cuando el artículo 252 del Código de Comercio establece que en las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones sociales, y que en la fase de la liquidación sólo pueden ejercerse contra los liquidadores, este precepto guarda armonía con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y por lo mismo es un error considerar que dentro de ese esquema normativo el juez pueda recurrir al artículo 28 ibídem para decir que, como el trabajador nunca asume los riesgos o pérdidas de su patrono, cuando se produce la disolución o liquidación de una sociedad de capital los accionistas deben hacerse cargo, en forma solidaria (o individual), de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo, pues ni el régimen legal laboral extiende a ellos ese tipo de responsabilidad ni puede decirse que los accionistas sean copropietarios de una empresa que se ha constituido y desarrollado bajo la forma propia de las sociedades anónimas.

Los planteamientos anteriores muestran el error de juicio en que incurrió el tribunal”.

Como consecuencia de lo anterior el cargo prospera, lo que hace innecesario el estudio de la segunda acusación.

Es de anotar que los antecedentes jurisprudenciales citados por el tribunal en respaldo de su decisión, no son aplicables en el asunto de que se trata, ya que el primero (sents. nov. 26 y mayo 10/95) hace relación a un caso en que se alegó que a las sociedades de responsabilidad limitada, que son de personas, las cobija el artículo 252 del Código de Comercio; y el segundo (sent. abr. 9/60) se refiere a una situación diferente a la aquí planteada, pues en ese fallo también se lee: “(...) En consecuencia, efectuada la concentración de las empresas en virtud de la compra que la primera de ellas hizo de la totalidad de las acciones de la segunda, corresponde a la adquirente satisfacer el crédito laboral del actor, por no haberlo cubierto oportunamente el liquidador de la vendedora, puesto que, como único titular del activo de la sociedad tradente, asumió una situación jurídica semejante a la del sucesor universal, según lo sostienen los doctrinantes del derecho mercantil”.

Como el recurso de casación sale avante, no se impondrán costas por el mismo.

En sede de instancia, y con base en las mismas consideraciones que ya han quedado plasmadas al estudiar el presente cargo, se revocará la sentencia de primer grado en cuanto condenó a Coldeportes como responsable solidario de los créditos laborales deducidos en favor del actor y adeudados por Deportesa S.A., para en su lugar, absolverlo de la reclamación que en tal sentido le formuló el demandante. Así mismo, éste pagará las costas de las instancias a favor de la codemandada que se absuelve (CPC, art. 392-4)».

(Sentencia de Casación, agosto 10 de 2000. Radicación 13.939. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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