Sentencia 13952 de noviembre 12 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITO DE SECUESTRO

NO ES CONEXO CON UN DELITO POLÍTICO

EXTRACTOS: «5.1. Los procesados Luis Fernando Mesa Gómez y Weimar Quijano Betancur fueron condenados como coautores del delito de secuestro extorsivo de que trata el artículo 268 del Código Penal de 1980, cuya pena fue modificada por el artículo 6º del Decreto 2790 de 1990, vigente para el momento de los hechos, agravado conforme a las circunstancias contempladas en los numerales 1º y 3º del artículo 270 del Código Penal de 1980, porque se ejecutó en persona mayor de 60 años de edad y se prolongo por un período superior a 30 días.

Por tanto, no es cierto que se haya dado aplicación a la Ley 40 de 1993, como lo sugiere el recurrente en su libelo, pues, como bien lo dijo, aún no existía.

De otra parte, la pretendida aplicación del Decreto 180 de 1988, artículo 22, por virtud del principio de favorabilidad, resulta inatendible dado que, como quedó suficientemente demostrado y fundamentado en los fallos de instancia, no se trató de un secuestro con fines terroristas, que es el requisito indispensable para encuadrar la conducta dentro de esa normatividad, sino de uno con fines extorsivos.

5.2. La razón por la cual a los sentenciados se les otorgó el beneficio de cesación de procedimiento respecto del delito de porte ilegal de armas, radica esencialmente en que el Ministerio de Gobierno y el de Justicia y del Derecho aportaron las actas que los incluyen como miembros de la Corriente de Renovación Socialista, disidencia del ELN, que pactó con el gobierno la paz.

En acatamiento de esa certificación y previa advertencia de que el delito de rebelión subsume el porte de armas, puesto que es inherente a éste para lograr el objetivo de derrocar las instituciones del Estado, y está inserto en las listas elaboradas por el Gobierno Nacional en el acuerdo de paz con la CRS, estimó viable acceder a la petición del beneficio.

No ocurrió lo mismo con el secuestro extorsivo, porque la citada ley prohíbe expresamente la aplicación de los beneficios allí consagrados en relación con esta conducta punible, entre otras.

6. No obstante insiste el demandante en casación, pues ya se había propuesto en las instancias, que antes de entrar en vigencia la Ley 104 de 1993, todos los delitos de los insurgentes eran enmarcados como rebeldes y que por tanto, la pena que se le impuso a su representado por el delito de secuestro extorsivo, como si se tratara de un delincuente común, desconoce su calidad de rebelde y vulnera el principio de favorabilidad por no tener en cuenta la descripción de la conducta contenida en el artículo 125 del Código Penal anterior.

Esta es una apreciación personal del recurrente que no encuentra ningún asidero de tipo jurídico y desconoce la razonable precisión que al respecto hizo el Tribunal Nacional en su momento:

“Como se advierte, la defensora impugnante apuntala su tesis en el principio de la favorabilidad, en cuanto aduce que no tiene cabida aquí la prohibición a que se remite el artículo 9º de la Ley 104 de 1993 —que excluye de los beneficios dispensados por la misma el delito de secuestro y otros—, por cuanto el que fue investigado dentro de este proceso está ligado con el de rebelión, y como quiera que los hechos del proceso ocurrieron con anterioridad a la expedición de esa normatividad.

Sin embargo, basta consultar el contexto de dicha ley para advertir que, en cuanto toca con los integrantes de la subversión, el legislador la expidió precisamente para cobijar con sus beneficios los delitos políticos cometidos con anterioridad a la misma, por lo que, de suyo, tanto esta regla como la prohibición en comento operan en un sentido u otro para todos los casos donde ella pretenda aplicarse” (7) .

(7) Folios 7 y 8, c. tribunal.

Con razones de peso también, los falladores de instancia desecharon la tesis de la defensa según la cual el secuestro debe ser cobijado por el delito de rebelión, si se tiene en cuenta que la retención de un ciudadano extranjero, completamente ajeno a la lucha fomentada en nuestro país por los grupos guerrilleros no puede tener ningún contenido político, cuando se vincula a personas civiles ajenas al conflicto a las que se toma como rehenes para realizar exigencias económicas por su liberación.

En este punto se debe aclarar que cuando se demanda la aplicación de una norma de carácter sustancial, por la vía directa, es indispensable que el juzgador no la haya aplicado, siendo la llamada a regular el caso. Entonces, no es dable afirmar, como lo hace la Procuraduría, que en el asunto que se examina la norma que tipifica el delito de rebelión si fue aplicada pero en sentido negativo, porque ésta no es una hipótesis de esa forma de violación de la ley. Cuando la norma se aplica, es porque surte sus efectos; de lo contrario, no hubo aplicación del precepto en ningún sentido.

Por las mismas razones que se venían comentando, no es posible entender que la conducta desplegada por el procesado, vulneradora de la libertad individual del ciudadano extranjero, haya obedecido al interés de fortalecer la organización insurgente a la que pertenecía, así esté plenamente probado en el expediente que era militante de la corriente de renovación socialista.

Para el caso que se analiza, el siguiente pronunciamiento de la Sala, que recoge varios en el mismo sentido, resulta muy acertado:

“Sin embargo, no puede la Corte dejar pasar por alto, en reiteración de su doctrina sobre esta materia, que muy al contrario de lo afirmado por el casacionista, no es admisible que a partir de la autoafirmación de pertenecer a un grupo rebelde cuyos actos se supone están orientados a derrocar el Gobierno Nacional mediante el empleo de las armas o a suprimir o modificar el régimen constitucional vigente, todos los actos con dicho cometido realizados puedan quedar comprendidos dentro de la calificación de constituir una manifestación más del combate, en el ilimitado sentido que el casacionista promueve. De hecho en el propio texto de la norma cuya violación se acusa, se exceptuaban de la exclusión punitiva, aquellos actos de ferocidad, barbarie o típicos de terrorismo.

Es que, dentro de dicho contexto, la expresión “hechos punibles cometidos en combate”, como lo precisó la Sala en la decisión del 4 de febrero citada, “no puede ser entendida en términos abstractos de confrontación política, ni de condición inherente o estado obvio y siempre presente de la actividad subversiva. Si se aceptara esta interpretación, habría de concluirse que todos los actos delictivos cometidos en desarrollo de la acción rebelde serían sin excepción, actos ejecutados en combate, hipótesis de la cual no parte el legislador (...)”, toda vez que el combate comprende, para la Corte, “un enfrentamiento armado de carácter militar, regular o irregular, colectivo, determinado en tiempo y espacio, con el propósito de someter al contrario y con el fin último de imponer un nuevo régimen constitucional o derrocar al Gobierno Nacional por parte de los rebeldes. Confrontación que implica una lucha de contrarios, una reacción ante el ataque que depende no sólo de la capacidad de respuesta, sino que exige además la posibilidad de que se pueda repeler(...)” (8) .

(8) Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 31 de enero de 2002, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote.

Los hechos que dieron origen a esta actuación procesal, relativos al secuestro, jamás podrán ser considerados conexos con un delito político, cuando este supone una motivación específica de obrar en nombre de determinada corriente revolucionaria y el ánimo de sublevarse contra las instituciones. No hay duda que el procesado no tuvo otra finalidad que la de obtener personales beneficios económicos.

En estas condiciones, ninguno de los cargos puede prosperar».

(Sentencia de casación, noviembre 12 de 2003. Radicación 13.952. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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