Sentencia 13961 de diciembre 4 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: R-1001

Ref.: 13.961

Consejero Ponente:

Germán Rodríguez Villamizar

Actor: Elena Paiba de Sánchez y otros.

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil dos.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 13 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se dispuso lo siguiente:

Niéganse las pretensiones de la demanda que en ejercicio de la acción de reparación directa instauraron los señores Elena Paiba de Sánchez, María Yolanda Sánchez de Dávila, Efraín Sánchez Paiba, Efraín Salomón Sánchez, María Hermelinda Sánchez de García contra el municipio de Manizales, por los hechos sucedidos el siete (7) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), cuando perdió la vida el señor Arnoldo Sánchez Paiba en área urbana de la (sic) esta ciudad.

Costas a cargo de la parte demandante a favor de la entidad demandada. Oportunamente tásense por secretaría” (fl. 128 cdno. ppal. – resaltado del texto original).

I. Antecedentes

1. La demanda.

Mediante escrito presentado ante el Tribunal Administrativo de Caldas el 19 de julio de 1994 (fl. 26 vto. cdno. ppal.), los señores Elena Paiba de Sánchez, María Yolanda Sánchez de Dávila, Efraín Sánchez Paiba, Efraín Salomón Sánchez y María Hermelinda Sánchez de García, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda a fin de que se declare la responsabilidad del municipio de Manizales (fls. 14 a 26 ibíd.), por la muerte de Arnoldo Sánchez Paiba, ocurrida el día 7 de mayo de 1993 en el área urbana de la Ciudad de Manizales, “cuando al desplazarse en motocicleta de su propiedad colisionó frontalmente con buseta de servicio público conducida por el señor Reinaldo Sánchez Vinasco, quien transitaba en carril contrario al que le correspondía, por cuanto el carreteable pertinente a su tránsito se encontraba obstruido (sic) con ocasión de obra ejecutada por el demandado, quien para el cerramiento de la vía no utilizó señales de transitó de prevención e información a los demás usuarios de la misma, vulnerando los principios de seguridad y confianza que regulan el tránsito automotor; muerte atribuible (sic) el ente territorial en mención por falla en el servicio” (fl. 14 ibíd.).

Como consecuencia de la anterior declaración, formularon las siguientes pretensiones indemnizatorias:

“A. Por perjuicios morales.

“Se reconocerán y pagarán a favor de Elena Paiba de Sánchez (madre), Efraín Salomón Sánchez (padre), María Hermelinda Sánchez de García y Efraín Sánchez Paiba (hermanos), o a favor de quien o quienes sus derechos representen para la época de la sentencia, el equivalente en pesos a un mil gramos (1.000 g.) oro para cada uno de ellos por este concepto. Para su liquidación en pesos, se atenderá certificación sobre el precio del metal que expida el Banco de la República, para la fecha de ejecutoria del fallo.

“Se fundamenta este tipo de perjuicios en el intenso dolor sufrimientos, tristeza y desolación que conlleva la pérdida definitiva de un pariente próximo y legítimo.

“B. Por intereses.

“Se reconocerán y pagarán a cada uno de los actores identificados o de quien o quienes sus derechos representen para la calenda del fallo, los intereses que se causen desde la fecha de su ejecutoria, hasta cuando se efectúe su pago. Todo pago se imputará primero a intereses, Se pagarán intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria, y transcurridos ellos, los moratorios.

“C. Cumplimiento.

El demandado cumplirá lo dispuesto por la sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria (CCA, arts. 176 a 178)” (fIs. 15 y 16 cdno. ppal - negrillas del texto original).

2. Los hechos.

En la demanda, se narran los siguientes:

“2.1. La Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Manizales (Cds) realizaba para el día siete (7) de mayo de mil novecientos noventa y tres (1993), la construcción de (un) andén en la margen derecha de la vía que de la Clínica de la Policía Nacional conduce al Barrio La Sultana.

“2.2. La vía sobre la que se ejecutaba la obra, está clasificada como avenida, por estar conformada por dos (2) calzadas con capacidad cada una de dos (2) vehículos, circulación en dos (2) sentidos: del centro de la ciudad hacia el Barrio La Sultana y viceversa, además de presentar un separador en zona verde que las limita.

“2.3. En la ejecución de la obra referida, se precisaba el acondicionamiento de un talud, situación que generaba la ocupación permanente del carril derecho —sentido centro a barrio La Sultana— por maquinaria y volquetas que participaban en la remoción y carga de tierra.

“2.4. Esa ocupación limitaba el tránsito automotor por el carril derecho, de modo que los vehículos que del centro de la ciudad se dirigían al Barrio La Sultana debían desviarse, invadiendo el carril contrario, esto es, violando vía.

“2.5. A pesar de la riesgosa alteración del movimiento vehicular en el sector mencionado, los constructores de la obra, no solicitaron previamente al Instituto de Tránsito y Transportes (sic) de Caldas o a la Policía Nacional, sección de tránsito y transportes (sic), la colaboración pertinente para el control del tráfico en la vía.

“2.6. No se ubicaron por el demandado en el sector previo al desvío, señales de tránsito o vallas informativas que advirtieran a los usuarios sobre la realización de trabajos en la vía, la existencia de maquinaria en la misma, ni sobre prevención o tránsito con precaución por cambio obligado e invasión de carril.

“2.7. Como si ello fuera poco, tampoco se advirtió por parte del ente demandado a través de señales de tránsito o información personal sobre el desvío e invasión de carril, a quienes transitaban desde el Barrio La Sultana hacia el centro de la ciudad, esto es, por el carril izquierdo con relación al sector donde se ejecutaba la obra, según el sentido vial primigeniamente mencionado.

“2.8. Esa desinformación originó la colisión del ciudadano Arnoldo Sánchez Paiba cuando conducía su motocicleta por el carril izquierdo —dirección centro – barrio La Sultana—, con buseta de servicio público, la cual transitaba por la misma calzada, ya en dirección al mencionado barrio; impacto frontal cuando amparado por los principios básicos de tránsito sobre seguridad y confianza y ante la ausencia de restricción en la circulación, el motociclista pretendió adelantar otro vehículo que idóneamente compartía con él el carreteable con capacidad para dos (2) automotores en el mismo sentido.

“2.9. El hecho de tránsito generó la muerte del ciudadano Arnoldo Sánchez Paiba, anotándose sobre el particular en el protocolo de necropsia que su causa y directa fue el trauma encéfalo craneano severa (sic), fractura de craneo (sic), hemorragia subaracnoidea y laceración de encéfalo; politramaumatismo propio a accidente de tránsito.

“2.10. Efraín Salomón Sánchez contrajo matrimonio con Elena Paiba Montaño, procreando a Arnoldo, María Yolanda, María Hermelinda y a Efraín Sánchez Paiba. Tanto padres como hermanos de la víctima se han constituido (sic) en demandantes buscando el resarcimiento de los perjuicios morales ocasionados.

“2.11. Entre Arnoldo Sánchez Paiba y sus padres y hermanos se presentaban relaciones fraternas y cordiales, donde el amor, la ayuda recíproca, el trato continuo y permanente, eran sus constantes” (fls. 17 a 19 cdno. ppal.).

3.Contestación de le demanda.

Según aparece registrado al folio 33 del cuaderno principal del expediente, el municipio de Manizales no intervino para contestar la demanda.

4. Audiencia de conciliación.

Ante el tribunal de instancia se celebró la audiencia de conciliación el día 25 de septiembre de 1995, sin lograrse acuerdo alguno entre las partes (fIs. 62 a 67 cdno. ppal.).

5. La sentencia de primera instancia.

Mediante providencia del 13 de junio de 1997 (fIs. 96 a 129 cdno. ppal.), el tribunal de primer grado negó las pretensiones de la demanda por estimar que el accidente de tránsito de fecha 7 de mayo de 1993, ocurrió por culpa de la víctima, causal esta que permitió exonerar a la entidad demandada.

Para adoptar tal decisión, argumentó lo siguiente:

“Entonces, sólo dudas surgen en cuanto a la señalización preventiva o sobre qué clase de orientación se daba a los usuarios de la vía en el sitio de la obra pública a esa hora, carga probatoria que correspondía a la parte actora pues sus pretensiones las fundamenta básicamente en su afirmación según la cual faltaban esas señales y que debido a esa falta se produjo el insuceso en el cual perdió la vida su pariente, pero, se insiste, los demandantes no aportaron la prueba plena, los elementos de juicio que llevaran la suficiente certeza sobre sus afirmaciones.

“Aún más: La Sala no se detendrá con mayor amplitud en este punto, no sólo por la falta de la prueba plena de la afirmación de la parte demandante, como ya se expresó, sino porque, por el contrario, lo demostrado es que la causa de la muerte del señor Sánchez Paiba fue otra: su propia culpa, su propia negligencia, su conducta audaz que lo hizo responsable de todo riesgo, cuando sin observar, sin precaver si el otro carril estaba libre, accedió éste de repente, abandonó el suyo a gran velocidad con el fin de adelantarse a dos vehículos que iban delante de él en su misma dirección, y, al obrar de esa manera, sin calcular además distancias ni velocidades, cruzo hacia el otro carril y sólo en ese instante, cuando ya había salido del suyo, tropezó de frente con la buseta que conducía el señor Reinaldo Sánchez quien se desplazaba n (sic) sentido contrario, pues, dada la velocidad que imprimió a la moto, era imposible evitar el choque, se produjo éste y se golpeo en la forma mortal como refieren los documentos de necropsia.

“El Código de Tránsito Terrestre en el artículo 135 ya transcrito (sic), lo que exige es, para adelantar a otros vehículos, observar previamente. Pero el motociclista no miró, no constató que el carril hacia el cual pretendía avanzar estuviera libre, obviamente para poder ocuparlo, y, por ello no se dio cuenta de la presencia en el de la buseta en mención, pues primero aceleró, se salió de su carril a gran velocidad y en ese momento se dio cuenta que no estaba libre ese carril que ya había empezado a tomar, no tuvo tiempo, por su propia velocidad, de esquivar la buseta que ya se encontraba allí, y chocó contra ésta.

“Se desvirtúa así la afirmación que hacen los demandantes en el sentido que en el momento de los hechos en los cuales perdió la vida el señor Sánchez Paiba, éste conducía la motocicleta con estricta observancia de las normas de tránsito.

“(...).

Los resultados de un accionar violatorio de las normas de tránsito, como el realizado por el fallecido señor Paiba Sánchez, lleva a concluir de la manera indubitable que su muerte fue ocasionada por su propia actuación descuidada y transgresora de las normas de transito, es decir, por su propia culpa” (fls. 123, 124 y 127 cdno. ppal., negrillas del texto original).

6. El recurso de apelación.

Inconforme con la decisión del a quo, la parte actora la apeló (fIs. 131 a 145 cdno. ppal.), por considerar que está demostrado en el expediente una responsabilidad de la administración municipal de Manizales bajo el fundamento de la falta del servicio, consistente en: “1. Habilitar para circulación de automotores en ambas direcciones (ida y regreso) una vía dotada de doble carril pero que por disposiciones legales de tránsito se utilizaba en un solo sentido (del barrio La Sultana al centro de la ciudad). 2. Pese a la seguridad que debía ofrecer a sus administrados, el municipio de Manizales en la ejecución de su obra, no sólo bloqueó parcialmente el carreteable urbano, sino que en un acto de negligencia y descuido, omitió la señalización que permitiera prevenir a los conductores respecto al doble sentido o dirección que en forma transitoria, debían observar” (fl. 133, cdno. ppal., negrillas del texto original).

Agregó que, dada su condición de dueño de la obra, el municipio de Manizales tenía a su cargo la obligación de señalización temporal de la Avenida Sultana, en la cual se presentó el accidente, sin embargo, como la modificación del sentido de la vía no fue notificada a las personas que la transitan, entre ellos a la víctima, la entidad los violó el derecho de confianza y seguridad que por disposiciones constitucionales y legales tenían sobre dicha vía.

Concluyó que, está debidamente acreditado en el expediente que la vía donde ocurrió el accidente el 7 de mayo de 1993 es de un solo sentido y que la calzada habilitada para doble vía con motivo de la obra en construcción, carecía de señales de prevención, sin embargo, no puede considerarse como hecho probado dentro del proceso, la culpa de la víctima como causa del accidente de tránsito del 7 de mayo de 1993, dada la falta de evidencia probatoria de la misma.

7. Alegatos de conclusión.

7.1. La parte actora.

En escrito que obra a folios 157 a 163 del cuaderno principal del expediente, reiteró plenamente los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación, pues, a su juicio, la falla del servicio emerge en el caso concreto porque “no se informó por parte del ejecutor de la obra, para los residentes en el barrio La Sultana, ni se ubicaron señales preventivas en el acceso a la calzada de la avenida, que ésta sería circulada en los dos sentidos, de ida y regreso a ese sector, y, que por tanto, se atentaría contra ese proceso de seguridad y el de libertad de locomoción que los posibles usuarios de la vía habían adquirido por ser ella para dos carriles en igual sentido de desplazamiento” (fl. 162, ibíd.).

7.2. El Ministerio Público y la entidad demandada.

No realizaron actuación alguna en esta etapa procesal.

II. Consideraciones de la Sala

La Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 13 de junio de 1997.

En el proceso obran los siguientes medios de prueba:

1. El certificado de defunción expedido por el Notario Tercero del Círculo de Manizales (fl. 9, cdno. ppal.), el cual evidencia que el día 7 de mayo de 1993 falleció el señor Arnoldo Sánchez Paiba, a causa de “Trauma encefalocraneano, laceración de encéfalo” (ibíd.).

2. Informe de accidente número 923231 (fIs. 6 y 7 cdno. 1), en el que se deja constancia que el día viernes 7 de mayo de 1993 se presentó un accidente de tránsito entre la motocicleta Yamaha DT de placas HHR-40, de propiedad del señor Arnoldo Sánchez Paiba, quien falleció “cuando era trasladado (sic) al Hospital Universitario” (fl. 7 ibíd.), y la buseta de placas SD 24-45, afiliada a la empresa Cooperativa Unitrans, conducida por el señor Reinaldo Sánchez.

Dicho accidente tuvo ocurrencia en la avenida La Sultana, la cual presentaba para el 7 de mayo de 1993 las siguientes características: “... recta, plana, con aceras, de un sentido que tiene dos carriles, el material de concreto, en condiciones secas, el área urbana, el sector residencial, el tiempo era normal, el diseño es un tramo de vía...” (fl. 6, ibíd.).

Así mismo, se observa en el croquis (fl. 7, cdno. 1), que al momento de ocurrir el accidente, una calzada de la avenida La Sultana se encontraba cerrada, por lo que la otra calzada, que une al barrio La Sultana con la Clínica de la Policía de Manizales, estaba habilitada temporalmente como de doble vía, cuando la motocicleta de placas HHR-40 colisionó de manera frontal con la buseta de placas SD-2445.

3. Sobre las razones que originaron el cierre parcial de la avenida La Sultana para el día 7 de mayo de 1993, explicó el Secretario de Obras Públicas del municipio de Manizales, Dr. Carlos Mejía, mediante oficio DSOPM-AT-0192 del 15 de diciembre de 1994 (fls. 30 y 31, cdno.1), lo siguiente:

“Mediante Resolución 93 del 3 de febrero de 1993, se adjudicó al ingeniero Jesús William Castaño Gómez, paa (sic) lo cual se suscribió el Contrato Nº 040-93, cuyo objeto es “la terminación de la avenida que comunica al Barrio la (sic) Sultana con la Glorieta de San Rafael (avenida del Río Conexión Sultana - El Cable) y dentro del cual se incluye la construcción del andén en la margen (sic) derecha de la vía que de la Clínica de la Policía Nacional conduce al barrio La Sultana de la ciudad de Manizales.

“(...).

“Según información del ingeniero contratista y del residente de interventoría, ingeniero Efraín Mejía Restrepo, para el día 7 de mayo de 1993, el ingeniero contratista dispuso de su personal para el cierre de la vía entre las 8:00 a.m. y las 11 a.m., en el cruce de la avenida Kévin (sic) Ángel (Conexión Sultana – Cable), con la vía que pasa por la Clínica de la Policía y que en sentido norte llega hasta el barrio La Toscana.

“El día 7 de mayo de 1993, se atendieron labores de excavación con la retroexcavadora en el andén sentido Cable-Sultana, se terminaron a las 11:00 a.m. hora en la cual se volvió a restituir la vía. Es de anotar que después de la 1:00 p.m. se iniciaron trabajos de cargue de volquetas con paleros, encontrándose media volqueta subida sobre el andén por lo tanto, la vía se encontraba abierta” (fls. 30 y 31, cdno. 1).

También informó a través del oficio AT-0080 del 30 de agosto de 1993, obrante al folio 13 del cuaderno principal del expediente, lo siguiente:

“1. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, realizó la construcción del andén en la márgen (sic) derecha de la vía que de la Clínica de la Policía conduce hacia el barrio La Sultana.

2. Esta obra se realizó mediante contrato adjudicado al ingeniero Jesús William Castaño Gómez...

3. Que para dicha obra se designó como interventor externo al ingeniero Efraín Mejía Restrepo y por parte de la Secretaría de Obras Públicas al ingeniero Ómar Bernal Orozco.

“No fue necesario solicitar la colaboración de la Secretaría de Tránsito para el control del tránsito automotor, ya que se mantuvo personal de la obra desviando el tránsito en las horas de la mañana, pues en las horas de las tarde no hubo interrupción del tránsito” (ibíd.).

4. Ratificación de la declaración rendida por el señor Ildefonso Vinasco ante la Fiscalía Quince de la Unidad Especializada de Manizales (fls. 88 a 93, cdno. 1), quien fue testigo presencial de los hechos, por encontrarse en la parte delantera de la buseta de placas SD 24-45 al momento de colisionar con la motocicleta conducida por la víctima, en los siguientes términos:

“Preguntado. Por favor relate en forma detallada qué sabe usted sobre el accidente que mencionó en su respuesta anterior. Contesto. Pues la fecha no recuerdo, hará dos años tal vez, yo resido en La Sultana, entre una y una y media abordé la buseta en el centro y a la altura de la clínica de la Policía y la Escuela, la buseta tuvo que variar de ruta de entrada pero por la calzada de regreso hacia el centro, o sea en contravía, por lo ya dicho. Como yo venía en la parte de delante de la buseta, en lo que la vitrina (sic), me tocó presenciar el accidente: el señor fallecido venía detrás de una buseta y un taxi, venía de La Sultana hacia el centro, y en un momento el hombre salió, me imagino que no vió (sic) la buseta en contravía y en ese momento sentí el golpe contra el frente de la buseta al lado izquierdo del vehículo en el que yo venía, porque él trató de pasarse entre y el taxi y la buseta y entonces le dio a ésta en ese lado... Preguntado. Cuando usted vió (sic) por primera vez al fallecido, conforme a su respuesta anterior; a qué distancia se encontraba de la buseta en la cual usted viajaba. Contesto. Cuando yo lo vi estaba más o menos a unos veinte metros, a esa distancia se encontraba el señor de la buseta en la que yo venía, la buseta venía más bien despacio. Las dos busetas iban más bien despacio por el cruce y al encontrarse todas merman velocidad. Preguntado. Diga si la declaración en otro juzgado a la que usted se refirió en la parte inicial de su declaración es la misma que se le pone de presente como rendida en agosto 9 de 1993 en Manizales en la Unidad Especializada Fiscalía 7 y si se ratifica en ella. —Al testigo se le pone de presente el documento obrante a folios 13 y 14 del cuaderno 2. El testigo lee el texto y Contesto. Sí, es ésta, palabras más, palabras menos. Me ratifico en ella. Preguntado. Especifique en concreta (sic) qué vio usted en la vía en los momentos del acontecimiento. Contesto. había una pala mecánica que estaba ampliando la curva en toda la entrada a la Clínica de la Policía, estaba arrinconada pero la vía la habían suspendido por lo menos en ese momento pues, porque por la mañana nos había tocado la misma situación y los carros estaban haciendo ese mismo recorrido que hacía la buseta en la cual yo iba. Me imagino que la gente en vista que las volquetas y la pala estaba funcionando ahí, optaban por coger la otra ruta; por haí (sic) no había avisos. En esos días era normal que se hiciera la doble vía por ahí debido al movimiento de tierra en esa curva... Preguntado. En las ocasiones que observó que interrumpían la vía, sector del carril derecho, ubicaban avisos de desvió o personal de esa obra informando tal situación tanto en el lugar de ejecución como en el sector del barrio La Sultana. Contesto. Pues el día que ocurrieron los hechos no había nada y en los días que yo pasé tampoco, que me haya dado cuenta no, uno pasa tan desprevenido y lo hace tan rutinariamente que no se da cuenta” (fls. 89 a 92, cdno. 1).

5. Declaración del señor Héctor Arenas (fIs. 79 a 87, cdno. 1), quien respecto de las medidas de señalización adoptadas por el municipio de Manizales sobre la avenida La Sultana, con fines de prevenir a los usuarios de la misma de las obras que se adelantaban para el día del accidente, depuso:

“Preguntado. Usted ocupó o se desplazó por esta vía antes de ocurrir la colisión a la que se ha referido. En caso afirmativo dirá si por el lugar donde se realizaban los trabajos existían (sic) algún empleado de la obra, un agente de la policía o un guarda de tránsito prohibiendo a los conductores la invasión del carril contrario. Contesto. Lo primero, yo utilicé la vía viniendo del centro hacia la casa antes del accidente, por ahí una hora antes, me tocó pasar por el mismo sitio porque la máquina estaba trabajando por el carril contrario; más tarde, después del almuerzo volví a salir cuando ya había ocurrido el accidente. No había ninguna persona indicando nada o prohibiendo, eso era voluntario de los conductores. Preguntado. Diga si en su condición del barrio La Sultana tuvo conocimiento que se les haya enterado a los residentes de este con conglomerado, sobre el cierre de la vía donde ocurrió el hecho de tránsito por parte de alguna autoridad. Contesto. Que yo me haya dado cuenta, no” (fls. 83 y 84, cdno. 1, negrillas de la Sala).

En el mismo sentido declaró el señor Luis Enrique Casas (fls. 74 a 78, cdno. 1):

“Preguntado. Sírvase manifestar al despacho si usted llegó a ver busetas circulando por el carril derecho de la vía por donde se efectuaban los trabajos de construcción del andén en dirección hacia La Sultana. Contesto. A mi me tocó ese día cuando iba del centro, por la mañana pasé bien y cuando ya regresé hacia La Sultana, a eso de la una o una y cuarto de la tarde, en el sector donde esta la Clínica de la Policía la buseta se desvío (sic) hacia la parte de abajo por la vía contraria hacia La Sultana porque estaban obstaculizando la vía las máquinas que estaban trabajando ahí. Nosotros, los que íbamos en la buseta criticamos que no habían señales y dije yo que eso estaba peligroso para un accidente. Dios quiera que no y seguimos y cuando ya volvía de mi casa de almorzar a trabajar cuando el accidente. No había señales ni a la entrada ni salida de La Sultana. Preguntado. Usted observó en el recorrido que hizo aquel día personas, bien en el sector de ingreso al barrio La Sultana o en el sector del desvío, dedicadas a la información respecto a que la vía sería utilizada en doble sentido. Contesto. Las únicas que obstaculizaban la vía eran las volquetas que llegaban a cargar pero no había nadie que estuviera en el lugar indicando algo. Preguntado. Observó usted a alguien, en el lugar de desvío que se dedicara a prohibir a los vehículos que se desplazaran hacia La Sultana, la utilización del carril contrario. Contesto. Había unos 50 mts. (sic) de distancia del sitio del desvío y el lugar donde se encontraban las volquetas, entonces los vehículos veían que estaba obstaculizado más adelante y no se metían sino que cogían el desvío. No había nadie que prohibiera el desvío” (fls. 76 y 77, cdno. 1, negrilla de la Sala).

También el señor Ricardo Arias (fIs. 67 a 73, cdno. 1) relató lo siguiente:

“Preguntado. Usted recuerda haber transitado por el sector donde ocurrió el accidente que ha mencionado el día que se presentó. Contesto. Sí, ese día en las horas de la mañana de pronto a eso de las nueve o diez de la mañana salí hacia el centro y tracia el medio día (sic) reguresé (sic) porque siempre regreso a almorzar y a ver el noticiero. Cuando me fui no recuerdo nada porque la buseta sale rápido y se fue por el carril bueno, cuando regresé (sic) la buseta se metió por el carril contrario porque en el carril había un carro o algo, creo que era una volqueta que estaba en la vía donde debía voltear la buseta y en la esquina donde está la Escuela de Carabineros volvió y se giró y se metió al carril correcto, Preguntado. Cuando hizo usted el recorrido hacia el centro o procedente del barrio La Sultana en aquella ocasión, específicamente, observó alguna señla (sic) informativa sobre la avenida o parte de salida de dicho barrio. Contesto. No señor, no vi nada saliendo de La Sultana” (fls. 71 y 72, cdno. 1, negrillas de la Sala).

En el caso bajo estudio, los demandantes pretenden que se declare la responsabilidad del municipio de Manizales, por razón de la muerte del señor Arnoldo Sánchez Paiba acaecida el 7 de mayo de 1993, con motivo del accidente de tránsito presentado entre la motocicleta de placas HHR-40, de propiedad de la víctima, y la buseta de placas SD 24-45, conducida por el señor Reinaldo Sánchez, cuya causa, atribuyen los actores, a una falla del servicio imputable al municipio demandado, dado que no instaló las señales correspondientes para prevenir a los usuarios de la avenida La Sultana, sobre la realización de una obra que motivó la habilitación temporal de una de las calzadas para ser transitada en doble sentido.

Sin embargo, como fundamento para negar las pretensiones de la demanda en la decisión de primer grado, el a quo consideró que el accidente de tránsito ocurrido en la avenida La Sultana de Manizales el día 7 de mayo de 1993, se originó exclusivamente en la culpa de la víctima, causal que excluyó de responsabilidad a la entidad demandada.

La culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad estatal, dependiendo de la trascendencia y grado de participación del afectado en la producción del daño.

Ahora bien, no toda conducta asumida por la víctima constituye factor que destruya el nexo de causalidad existente entre el hecho y el daño, toda vez que para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado resulta como la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si esa culpa no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal, a condición de que en el evento se configuren los restantes elementos estructurales de esa responsabilidad, según el régimen aplicable a la actividad administrativa dentro de cuya órbita se produjo el hecho dañoso.

Pero, si la actuación de la víctima deviene causa concurrente en la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

2. El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración.

En este orden de ideas, se impone examinar si el comportamiento de la víctima fue causa única o con causa en la producción del daño, o si, por el contrario, tal actividad no fue relevante en el acaecimiento de éste. Para ello, de acuerdo con las pruebas antes referidas, en el proceso se encuentran acreditados los siguientes hechos:

a) Con fundamento en el contrato 040-93, la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Manizales realizó la construcción del andén en la margen derecha de la avenida La Sultana que de la Clínica de la Policía Nacional conduce al barrio La Sultana de esa ciudad.

b) Como consecuencia de tales obras, para las horas de la tarde del 7 de mayo de 1993, esta calzada de la avenida La Sultana se encontraba cerrada, tal como lo sostienen, de manera uniforme, los testigos Ildefonso Vinasco, Héctor Arenas, Luis Enrique Casas y Ricardo Arias, como quiera que transitaron por el sector el día de los hechos, lo cual contradice lo dicho por la entidad demandada en los oficios DSOPM 0354 y DSOPM-AT-0192 de fechas 25 de mayo y 15 de diciembre de 1994 (fls. 13, cdno. ppal. y 30 a 31, cdno. 1), en el sentido de que solo en horas de la mañana del 7 de mayo de 1993, la circulación de vehículos por la avenida La Sultana fue interrumpida por los trabajos de la obra, pero que después de la una de la tarde, el tránsito fue restablecido normalmente para las dos calzadas de la vía.

c) Así mismo, dado que una de las calzadas de la avenida La Sultana se encontraba cerrada, la otra calzada, que une al barrio La Sultana con la Clínica de la Policía de Manizales, fue adecuada temporalmente para tránsito de doble sentido, pero sin señalización alguna que permitiera orientar a los usuarios de la vía de dicha situación excepcional, según coinciden en afirmarlo los testigos antes mencionados.

d) Aproximadamente a la una y cincuenta de la tarde del 7 de mayo de 1993, Arnoldo Sánchez se desplazaba en su motocicleta Yamaha de placas HHR 40, detrás de un taxi y una buseta, por la calzada de la avenida La Sultana que del barrio La Sultana conduce a la Clínica de la Policía, cuando, sin tener conocimiento de que la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Manizales había permitido, transitoriamente, la utilización de ésta calzada como de doble sentido por el cerramiento de la calzada contraria de la avenida, dada la ausencia de señales preventivas que avisaran la existencia de las obras de construcción de un andén, el señor Sánchez Paiba intentó adelantar dichos vehículos, pero, al realizar esta maniobra, se encontró de manera frontal con una buseta de placas SD 2445, que se desplazaba en sentido contrario por la calzada habilitada de manera temporal, lo que trajo como consecuencia el accidente de tránsito que le causó la muerte al momento de ser trasladado al Hospital Universitario.

En estas condiciones, los hechos probados ya relacionados, llevan a la Sala a concluir que en la producción de la muerte del señor Sánchez Paiba concurrieron, de una parte, un actuar imprudente en la conducción del vehículo en que éste se transportaba el día de su muerte y, de otra, las particulares condiciones de la vía por la que dicho vehículo se desplazaba, condiciones éstas que no fueron advertidas adecuadamente a los usuarios de la calle municipal en donde ocurrió el accidente, por parte de la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Manizales.

En efecto, examinados el croquis realizado por el agente de la Policía Henry Rodríguez, en el informe de accidente número 923231 (fIs. 6 y cdno. 1), y la declaración del señor Ildefonso Vinasco (fls. 88 a 93, ibíd.), se encuentra que el señor Sánchez Paiba ingresó al carril izquierdo de la avenida La Sultana, sin verificar previamente que estuviera libre de otro vehículo, lo que indica que la víctima imprudentemente ingresó en dicho carril, con violación del mandato contenido en el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, que señala que con el propósito de adelantar otro vehículo, todo conductor “...debe observar que ningún conductor que le siga haya empezado la maniobra para adelantarlo, que el carril izquierdo esté libre, calcular una longitud suficiente para pasar de acuerdo con su velocidad y a la de los demás vehículos que vaya a adelantar, que la maniobra no entorpezca el tránsito y anunciar su intención por medio de las direccionales y señales ópticas o audibles”.

En las condiciones anotadas, resulta claro para la Sala establecer que si bien el obrar imprudente del señor Arnoldo Sánchez Paiba el día 7 de mayo de 1993, violatorio de normas de tránsito en los términos atrás señalados, incidió en la ocurrencia de su muerte, tal conducta no puede constituirse como causa exclusiva del daño que permita exonerar de responsabilidad administrativa a la entidad demandada, tal como lo concluyó el a quo en la decisión de primer grado, porque, así mismo, está acreditado en el plenario, que otra circunstancia la cual contribuyó a que el señor Sánchez Paiba intentara sobrepasar en su motocicleta de placas HHR 40 a un taxi y a una buseta, bajo la plena convicción de que los dos carriles de la calzada de la avenida La Sultana que conduce del barrio La Sultana hacia la Clínica de la Policía funcionaban normalmente en este único sentido, fue la inexistencia absoluta de señales preventivas, cuya instalación le correspondía a la Secretaría de Obras Públicas Municipales de Manizales en virtud de las obras de construcción de un andén según el contrato 040 de 1993, las cuales lo permitieran conocer anticipadamente de que dicha calzada había sido habilitada como de doble vía.

En efecto, si se van ejecutar trabajos sobre la avenida La Sultana como la construcción de un andén, que impliquen el cerramiento de una de las calzadas y la adecuación transitoria de la otra como de doble sentido, es apenas lógico que la administración municipal de Manizales coloque señales que adviertan a las personas que transitan por la vía, respecto del peligro que se deriva por tales actividades, con motivo de los sustanciales cambios generados en el tráfico vehicular de dicha avenida, razón por la cual, la Sala estima que esta circunstancia, aunada a la de culpa de la víctima, contribuyó a la causación de la muerte del señor Sánchez Paiba, porque seguramente éste no hubiera efectuado la maniobra de adelanto de vehículos, que de suyo fue realizada bajo circunstancias de imprudencia, si hubiera conocido con anterioridad, a través de la colocación de señales de precaución sobre la avenida La Sultana, de que la calzada que une al barrio La Sultana con la Clínica de la Policía fue acondicionada para que los vehículos transitaran en ambos sentidos.

Es menester resaltar que sobre éste ultimo aspecto, esto es, la habilitación temporal de una calzada de la avenida La Sultana y la falta de señalización al respecto, los testimonios rendidos por Ricardo Arias (fIs. 67 a 73, cdno. 1), Luis Enrique Casas (fls. 74 a 78 ibíd.), Héctor Arenas (fls. 79 a 87) y el testimonio ratificado ante esta jurisdicción por Ildefonso Vinasco (fIs. 88 a 94, ibíd.), son concordantes en señalan la realidad de estas dos circunstancias.

En síntesis, si bien el actuar imprudente desplegado por el señor Arnoldo Sánchez Paiba en su motocicleta el día 7 de mayo de 1993, contribuyó en la producción del hecho dañoso, esto es, en su propia muerte, no lo es menos que tal circunstancia no exime de responsabilidad al municipio de Manizales, en cabeza del cual se encuentra la obligación legal de mantener sus vías en condiciones de ser utilizadas por conductores y transeúntes dentro de las normales condiciones de seguridad, así como es deber de la administración proceder a las reparaciones que sean pertinentes y, en todo caso, antes de la realización de los respectivos trabajos y con ocasión de los mismos, deben colocarse los avisos y señales que sean necesarios para que se advierta a los usuarios sobre los cambios producidos en el sentido de las vías, así como los posibles riesgos que su uso representa.

Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, se declarará la responsabilidad patrimonial del municipio de Manizales bajo el título de imputación de la falla del servicio, por la omisión en adoptar todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir a los transeúntes y a los conductores a lo largo del sector donde ocurrió el accidento de tránsito el día 7 de mayo de 1993, esto es, la avenida La Sultana, de que una calzada se encontraba cerrada y la otra habilitada para tránsito en doble sentido; sin embargo, como la actividad de la víctima incidió notablemente en la generación del resultado dañoso en las circunstancias atrás descritas, para la Sala es claro que por la coparticipación de la víctima, se impone reducir la condena en un cincuenta por ciento (50%).

En estos términos, la Sala revocará la providencia impugnada y, en su lugar accederá a las súplicas de la demanda, tomando en consideración los siguientes aspectos:

2. La indemnización de perjuicios morales.

Se encuentra demostrado el parentesco que unía a los demandantes con la víctima de la siguiente manera:

Con fundamento en el correspondiente certificado de registro civil de matrimonio obrante al folio 7 del cuaderno principal del expediente, está probado que Efraín Sánchez y Elena Paiba contrajeron nupcias en la Parroquia de La Inmaculada de Manizales el día 3 de febrero de 1950.

Y que de dicha unión, nacieron Arnoldo —la víctima—, María Yolanda, María Hermelinda y Efraín Sánchez Paiba, de acuerdo con los respectivos registros civiles de nacimiento (fIs. 8 y 10 a 12, cdno. ppal.).

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la providencia de fecha 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232-15.646, la Sala determinó el valor de las condenas por perjuicios morales en moneda legal colombiana, en el equivalente en pesos a cien (100) salarios mínimos legales mensuales para los eventos en que tales perjuicios cobran su mayor intensidad, pero teniendo en cuenta que no puede excederse el límite fijado por la pretensión, esto es, el correspondiente a mil gramos de oro, para no incurrir así en fallo ultra petita (CPC, art. 305).

Lo anterior, aplicarlo al asunto bajo estudio, significa que la indemnización por este concepto para cada uno de los siguientes actores: Efraín Sánchez y Elena Paiba, padres de la víctima, puede calcularse en el mayor valor que la jurisprudencia reconoce, o sea el valor de $ 28.445.520, equivalentes a 92.05 salarios mínimos legales mensuales; sin embargo, por efectos de la reducción de la condena en un porcentaje del 50%, dada la concurrencia con la culpa de la víctima, se les otorgará la suma de $ 14.222.760.

Para los hermanos de la víctima, de acuerdo con el criterio jurisprudencial antes citado, pueden reconocérseles hasta 50 salarios mínimos legales mensuales, que equivalen a $ 15.450.000, dado que en la demanda se fijó la solicitud de estos perjuicios a 1.000 gramos de oro; previa la reducción del 50% por culpa de la víctima, se les otorgará la suma de $ 7.725.000, a cada uno de los siguientes actores: María Yolanda, María Hermelinda y Efraín Sánchez Paiba.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la providencia impugnada, esto es, la proferida el 13 de junio de 1997 por el Tribunal Administrativo de Caldas.

2. En su lugar, DECLÁRASE responsable al municipio de Manizales, por razón de la muerte del señor Arnoldo Sánchez Paiba, ocurrida el 7 de mayo de 1993.

3. CONDÉNASE al municipio de Manizales al pago de las siguientes sumas de dinero por concepto de perjuicios morales:

Para cada uno de los padres de la víctima Efraín Sánchez y Elena Paiba, la cantidad de catorce millones doscientos veintidós mil setecientos sesenta pesos ($ 14.222.760).

Para cada uno de los hermanos de la víctima María Yolanda, María Hermelinda y Efraín Sánchez Paiba, la cantidad de siete millones setecientos veinticinco mil pesos ($ 7.725.000).

4. En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Para dar cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, expídanse copias auténticas de esta sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados (CPC, art. 115 y D. 359/95, art. 37).

Las sumas liquidadas generarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de esta providencia.

Cópiese y notifíquese. Cúmplase.

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