Sentencia 13963 de abril 11 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA DE TUTELA QUE REMUEVE LA COSA JUZGADA

NO SE DISCUTE EN CASACIÓN PENAL

EXTRACTOS: «1. Al amparo del numeral 3º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal se acusa la sentencia de haber sido dictada en un juicio viciado de nulidad por violaciones al debido proceso y al derecho de defensa.

2. La violación al debido proceso:

Ocurrió, dice el casacionista, por cuanto se quebrantó el principio de la cosa juzgada al “revivirse” mediante una acción de tutela el proceso que había culminado con auto de cesación de procedimiento.

(...).

Consideraciones de la Corte

(...).

2. Violación al debido proceso:

2.1. Se concreta por parte del casacionista en la violación al principio de la cosa juzgada a través de una acción de tutela. Dentro de ese propósito fundamenta el ataque en la improcedencia de la acción de tutela y en las irregularidades que ocurrieron al interior de tal trámite.

El debido proceso, considerado como cada una de las fases que componen la estructura ritual de cada actuación —administrativa o judicial dice la Constitución—, tiene una etapa de finiquito con carácter permanente del asunto de que se trate. En tal término es que se expresa el aforismo latino res iudicata pro veritate habetur(1).

(1) La cosa juzgada, se tiene por verdad.

No obstante, ese que es principio tan caro la historia jurídica universal, puede removerse porque “(...) hay eventos en que el contenido de justicia material de los fallos no se consigue y ello se evidencia una vez terminado el proceso. En esos casos la necesidad de justicia es tan alta que la propia ley permite la remoción de uno de los pilares de la cohesión social, la cosa juzgada de los fallos, elemento indisoluble de la seguridad jurídica sobre la que se afincan las relaciones sociales”.

Por principio general, dentro del ordenamiento jurídico nacional la cosa juzgada en materia penal sólo puede ser invalidada a través de la acción de revisión, y “(...) el procedimiento penal ha definido estrictamente las causales bajo las que puede solicitarse (...) la de una sentencia ejecutoriada, de una resolución de preclusión de investigación o de un auto de cesación de procedimiento, (art. 232) y la forma como ello debe impetrarse de la autoridad competente (art. 234), requisitos de interpretación estricta y restrictiva. No basta la mera alegación de la injusticia material de la decisión que pretende removerse sino que deben demostrarse de entrada unas circunstancias tales que creen en el funcionario competente la convicción de que ha ocurrido una real afectación al contenido de justicia del fallo, auto o resolución cuya inmutabilidad busca derrumbarse”(2).

(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 16 de diciembre de 1999, revisión, radicación 14.271. Actor: Adel Antonio Arévalo Figueroa.

Pero esa que es la regla general, es adicionada excepcionalmente con la acción de tutela que regula el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, en los términos que ha desarrollado la jurisprudencia constitucional a partir de la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, en cuanto se acepta que las decisiones judiciales también pueden ser objeto de ese instrumento constitucional, si en su adopción se han violado derechos fundamentales y constituyen vías de hecho.

Dentro de esas reglas, el juez constitucional es quien debe valorar la procedencia de la acción de tutela, no sólo desde el punto de vista sustancial —violación o amenaza de un derecho fundamental—, sino desde el punto de vista procesal —que el accionante no disponga de otro medio de defensa judicial—, atendiendo en este último punto a las reglas —también jurisprudenciales— referidas a la eficacia concreta del medio judicial ordinario para la protección del derecho fundamental vulnerado o en trance de serlo.

Esas son partes de las fases del debido proceso de tutela y sobre su desconocimiento por parte del juez constitucional que decida una acción de ese tipo, debe alegarse al interior de tal trámite, que para todos los efectos es un proceso judicial y por tanto sus fallos también hacen tránsito a cosa juzgada y las órdenes allí emitidas son de obligatorio cumplimiento en la forma y términos que hayan sido dispuestas.

En tal sentido, la remoción de la cosa juzgada por parte de un fallo de tutela no es ninguna irregularidad sustancial y por tanto no es violatoria del debido proceso penal.

No prospera el cargo, por estas razones.

2.2. En la segunda parte del cargo por violación al debido proceso, el demandante critica las razones de la procedencia de la acción de tutela que ordenó dejar sin efectos el auto del Juzgado 18 Penal Municipal que había cesado procedimiento.

Como ya se dijo atrás, con arreglo a la Constitución (art. 86) y la ley (D. 2591/91), la acción de tutela es un procedimiento judicial autónomo a cargo de la jurisdicción constitucional, con sus propias reglas definitorias de su debido proceso.

En tal orden de ideas, el contenido material del fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., el 7 de octubre de 1993, por medio del cual se tuteló el derecho constitucional fundamental al debido proceso de Benjamín Émerson Peña Medina, y se declaró sin valor ni efecto alguno la providencia de mayo 11 de 1990, por la cual el Juzgado 18 Penal Municipal cesó procedimiento sin consultar los presupuestos legales”, no es materia del recurso extraordinario de casación y por ende, la Corte carece de competencia para abordar su estudio.

No existe ninguna norma que autorice a la Corte Suprema de Justicia como juez de casación a estudiar las motivaciones fácticas y jurídicas de un fallo de tutela, así este haya removido la cosa juzgada dentro de una actuación penal.

Resulta evidente que el fallo de tutela derrumbó la cosa juzgada que amparaba la decisión de cesación de procedimiento y ordenó estudiar la petición de desistimiento presentada por los señores Fabiola Medina de Peña, Ángel María Peña Guzmán y Benjamín Peña Medina. En desarrollo de tal estudio el Juez 18 Penal Municipal decidió negar tal solicitud (fl. 85, cdno. 1), a partir de lo cual se reinició el proceso penal que culminó con la sentencia condenatoria impuesta al señor Alberto Giraldo Giraldo.

Como el recurso de casación que la Corte resuelve, aun tratándose de uno de naturaleza excepcional, versa sobre el fallo que puso fin al proceso penal, cualquier censura que tenga por objeto una actuación procesal diferente de la sentencia penal, excede la competencia de la Corte.

El cargo no prospera».

(Sentencia de casación, abril 11 de 2000. Radicación 13.963. Magistrado Ponente: Dr. Carlos E. Mejía Escobar).

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