Sentencia 1399 de marzo 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Exp.: 11001-03-15-000-2006-01399-01

Magistrado Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Ref.: Acción de Tutela

Actor: Francisco Basilio Arteaga Benavides contra el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Impugnación

Fallo

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil siete.

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia de 14 de diciembre de 2006, mediante la cual el Consejo de Estado —Sección Segunda— Subsección “B”, negó la tutela impetrada.

1. Antecedentes.

Francisco Basilio Arteaga Benavides instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá y el procurador delegado ante la misma corporación judicial, por cuanto, en su sentir, le vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la contradicción, de acceso a la administración de justicia y de petición.

2. Petición y fundamentos.

El accionante solicitó la protección de los derechos mencionados, para lo cual pidió que se ordenara lo siguiente:

Al magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá, doctor Jorge Alirio Cortés Soto, remitir de manera inmediata las copias del expediente de tutela 1800123310032001002400 a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para que la consejera que está conociendo de la segunda instancia del proceso de reparación directa (2001-1326) que promovió contra el Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, las tenga en cuenta y las valore.

Al magistrado del mismo tribunal, doctor Baudilio Murcia Guzmán, respetar los turnos de los procesos y la prelación que consagra la Ley 387 de 1997 y dictar sentencia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (2004-404) que instauró contra el Concejo y el municipio de Cartagena del Chairá. Además, pidió que se le comunicara el fallo a los correos electrónicos que indicó en la solicitud de tutela para interponer los recursos de ley.

Al agente del Ministerio Público, delegado ante el mencionado tribunal, que cumpla sus funciones.

El actor fundamentó sus pretensiones en los hechos que se compendian así (fls. 1 a 3):

2.1. En auto de ponente de 1º de septiembre de 2004, proferido en el proceso de reparación directa 2001-1326, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —Sección Tercera— Subsección “B”, le ordenó allegar copia del expediente de tutela 2001-0024, que cursó en el Tribunal Administrativo del Caquetá.

Como lo dispuso este tribunal, el 14 de febrero de 2005 hizo el depósito correspondiente al valor de las copias y su envío por correo, documentos que a la fecha de presentación de la acción de tutela (oct. 30/2006) no se habían remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien falló el asunto el 6 de julio de 2005.

Instauró acción de tutela porque consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó sus pretensiones porque en el expediente no obraban las copias del proceso de tutela, prueba fundamental para obtener sentencia favorable, y porque estima que la actitud omisiva del magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, le vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia, a la contradicción y al debido proceso, pues las copias aún no se han hecho llegar a la Sección Tercera del Consejo de Estado donde se surte la segunda instancia del mencionado proceso.

2.2. De otra parte, en septiembre de 2000, instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio y el Concejo de Cartagena del Chairá, proceso que se encuentra al despacho del magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá, doctor Baudilio Murcia Guzmán, desde el 4 de marzo de 2004, sin que a la fecha de la solicitud de tutela se hubiera proferido sentencia de primera instancia.

Indicó que hace un año le informaron que el proceso estaba en el turno diecinueve para fallo, y que a la fecha se encuentra en el mismo lugar.

Instauró acción de tutela porque en su calidad de desplazado forzado está amparado por el artículo 28 de la Ley 387 de 1997, conforme al cual, las personas que se hallen en esta condición se les garantiza la celeridad y eficacia de los procesos en que sean parte, lo cual no ha ocurrido en su caso, a pesar de que en el expediente hay pruebas que demuestran dicha condición.

2.3. Aseveró que, pese a la existencia de las irregularidades anotadas, no existe control alguno del mencionado proceso por parte de Ministerio Público, situación que desconoce la Constitución, la ley y la jurisprudencia respecto de las víctimas de la violencia, quienes deben ser el centro de atención de la administración de justicia y demás poderes públicos.

3. Oposición.

3.1. El magistrado Jorge Alirio Cortés Soto, estimó que la acción promovida es temeraria y solicitó tomar medidas para conjurar tal situación; adujo que el actor no puede, en su desidia para pagar las copias, atribuir a otros su abandono y solicitar el amparo de un derecho que no se le vulneró.

Señaló que el 19 de julio de 2004 el accionante allegó al tribunal copia de un oficio de 31 de mayo del mismo año del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que en auto de 9 de septiembre de 2004 el Tribunal Administrativo del Caquetá ordenó expedir las copias a costa del interesado, a quien el 23 de septiembre de 2004 le remitió un oficio que indicaba el monto que debía pagar para la expedición de las mismas, lo cual no había ocurrido para la fecha de contestación de la solicitud de tutela (dic. 14/2006).

Agregó que el Banco Agrario reportó a la secretaría del tribunal un título judicial de diez mil pesos, consignados el 14 de febrero de 2005 a favor del señor Francisco Arteaga, sin especificar el expediente al cual correspondía ni su objeto, por lo cual dicho título no se ha podido incorporar al expediente al que corresponda para cancelarlo y expedir las copias, razón por la cual la mencionada secretaría no ha podido acatar la orden del despacho (fls. 69 y 70).

3.2. El magistrado Baudilio Murcia Guzmán, se opuso a la solicitud de tutela porque no vulneró los derechos fundamentales del accionante. Manifestó que ha sido estricto en respetar el orden de entrada de los procesos para fallo, el cual solo se ha alterado por acciones constitucionales. Expresó que entre 1998 y 2001 se congestionó el tribunal por las innumerables tutelas presentadas por los educadores del Caquetá que reclamaban la bonificación remunerativa especial, y que en el 2003 y 2004 el Tribunal Administrativo del Caquetá tuvo funciones de tribunal de descongestión. Adujo que no existió discriminación alguna contra el actor y que en la actualidad se está elaborando el proyecto de fallo (fls. 38 a 40).

3.3. El procurador delegado ante el Tribunal Administrativo del Caquetá también se opuso a las pretensiones de la tutela porque ha cumplido estrictamente sus funciones. Señaló que ante la imposibilidad de actuar en todos los procesos que se adelantan en el citado tribunal, que son casi 1500, se les ha permitido priorizar los asuntos en los que actúan, teniendo en cuenta la trascendencia social, la defensa del ordenamiento jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales, conforme a los criterios previamente establecidos en actos administrativos del Procurador General de la Nación (fls. 58 a 61).

4. El fallo impugnado.

La Sección Segunda - Subsección “B” del Consejo de Estado, en fallo de 14 de diciembre de 2006, denegó la tutela porque los accionados no violaron los derechos fundamentales del reclamante.

Con relación a la supuesta omisión del Tribunal Administrativo del Caquetá de remitir las copias solicitadas por el actor, consideró que se probó que este no pagó debidamente el costo de las mismas, sino que se limitó a enviar de un título de depósito judicial, improcedente para realizar el respectivo trámite. Indicó que por auto de 9 de septiembre de 2004 se autorizaron las copias y que el interesado solo debe acercarse a sufragar su costo, pues, se trata de pruebas a su costa (CPC, art. 179).

Acerca de la solicitud de prelación para fallo, dijo que el demandante no demostró la calidad de desplazado ni siquiera sumariamente, de modo que no se cumplió el supuesto para darle tratamiento preferente sobre los demás procesos que cursan en el Tribunal Administrativo del Caquetá. Adujo que la prelación no comprende la decisión como tal, sino el impulso oficioso y la supresión de trámites innecesarios, en aplicación del principio de celeridad, y la remoción de los obstáculos meramente formales, conforme al principio de eficacia.

Sobre la presunta falta de actuación del agente del Ministerio Público, indicó que tampoco se configuró (fls. 76 a 84).

5. Impugnación.

El accionante impugnó la sentencia antes mencionada porque, en su sentir, la afirmación del magistrado Jorge Alirio Cortés Soto no está de acuerdo con la realidad porque la constancia de depósito judicial y el oficio emitido dentro del proceso de reparación directa, indican el número del proceso que se debe fotocopiar.

Señaló que los argumentos del magistrado Baudilio Murcia no son válidos porque hace más de dos años que dice estar elaborando el proyecto de fallo y que el asunto se encuentra en el puesto diecinueve de espera. Agrega que no solicita que la sentencia sea estimatoria de sus pretensiones, sino que se falle oportunamente el caso.

Concluyó que el hecho de que los despachos judiciales se encuentren congestionados es problema del Estado, principal violador de los derechos humanos (fls. 88 y 89).

6. Consideraciones de la Sala.

La procedencia de la acción de tutela, por mandato constitucional (C.P., art. 86 [4]), está condicionada, entre otras exigencias, a que no se disponga de otro medio de defensa judicial, es decir, se trata de una acción subsidiaria, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En otros términos, en virtud del carácter residual, la tutela no puede ser utilizada para reemplazar otras acciones, procedimientos o trámites establecidos para la defensa de los derechos ni siquiera con la excusa de que estos son demasiado engorrosos o demorados. Si esto no fuera así, desaparecerían todas las acciones judiciales y la de tutela se tornaría en el único medio para controvertir cualquier diferencia. Además, esta acción debe dirigirse contra omisiones o actos concretos que estén actualmente ocasionando perturbación de un derecho fundamental, o cuando esta sea inminente. Si la violación o su amenaza es causada por un acto general, las acciones procedentes son las de ilegalidad o inconstitucionalidad, o la vía exceptiva. Coherentemente, en Colombia no procede la acción de tutela contra las leyes, como sí ocurre con el recurso de amparo en Méjico. Tampoco es viable aquí, recurrir a la acción que se estudia contra actos administrativos de carácter general, pues para ello están previstas las acciones contencioso administrativas.

La acción de tutela, además, se caracteriza por ser personal, esto es, únicamente puede ser interpuesta por quien tenga interés en la protección de su derecho o por su representante (C.P., art. 86 [1]). Así mismo, debe tenerse en cuenta que el procedimiento es preferencial y sumario; el juez está facultado para proteger el derecho de manera efectiva, a través de órdenes que debe cumplir la persona frente a la cual se pide la tutela, como mecanismo para la inmediata garantía del derecho, no como restablecimiento del mismo, para lo cual existen otras acciones. Cuando la situación deba resolverse por el procedimiento ordinario, la protección que se otorgue mediante la tutela es de naturaleza transitoria. Finalmente, si la protección que se solicita tiene que ver con hechos o situaciones cumplidas, consumadas e irreversibles, la acción procedente no es la de tutela sino la de reparación por la vía ordinaria, si a esta hubiere lugar.

Descendiendo al asunto objeto de estudio, advierte la Sala que la pretensión de la parte actora se concreta a que se ordene a dos magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, en su orden, remitir las copias de un expediente de tutela que le fue solicitado, y dictar un fallo con prelación, dada la condición de desplazado que el accionante alega. Además, solicita que se ordene al agente del Ministerio Público delegado ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, que cumpla sus funciones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que el impugnante adelanta contra el municipio y el Concejo de Cartagena del Chairá.

La Sala revocará la sentencia impugnada, y, en su lugar, rechazará la acción de tutela por improcedente, por las siguientes razones:

Las dos primeras pretensiones son de aquellas frente a las cuales no cabe la tutela porque la expedición de copias y de sentencias con prelación, tienen trámites propios que no pueden ser sustituidos por este mecanismo constitucional que, dada su naturaleza subsidiaria y residual, impide al juez de tutela inmiscuirse en los asuntos que tienen regulación especial.

En efecto, la expedición de copias en los procesos judiciales está sujeta a las reglas previstas para ello en el Código de Procedimiento Civil (art. 115). Por su parte, los requisitos para que proceda la prelación, están regulados por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, según el cual es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada, de prelación legal, o en los procesos contencioso administrativos en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público, dada su importancia jurídica y trascendencia social, circunstancias que el juez natural del proceso debe analizar en cada caso en particular.

Finalmente, acerca de la tercera pretensión de la tutela, cabe observar que el agente del Ministerio Público, delegado ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, no violó los derechos que aduce el accionante, pues se observa que ha cumplido las funciones que legalmente le corresponden.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia de 14 de diciembre de 2006, proferida por la Sección Segunda - Subsección “B” del Consejo de Estado, que denegó la acción de tutela interpuesta por Francisco Basilio Arteaga Benavides contra los magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, doctores Jorge Alirio Cortés Soto y Baudilio Murcia Guzmán, y el procurador delegado ante la misma corporación judicial. En su lugar, recházase por improcedente la presente acción.

2. Remítase esta sentencia a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la sección—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

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