Sentencia 13991 de febrero 2 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PORCENTAJE DEL AUMENTO SALARIAL

FIJACIÓN DENTRO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

EXTRACTOS: «En lo que atañe con el artículo 4º del laudo: “SALARIO Y RETROSPECTIVIDAD”, que fue objeto de aclaración en el acta número nueve (9) del Tribunal (fl. 301 ib), halla la corporación que, contrario a lo alegado por las organizaciones gremiales impugnantes, el incremento salarial dispuesto en dicho precepto del fallo no agrede disposición constitucional alguna, en particular los artículos 1º, 2º, 25, 39, 53 y 55 superiores, toda vez que en estricto sentido no es posible sostener que para la fijación de salarios en el escenario del conflicto colectivo de trabajo, los preceptos constitucionales en comento impongan un parámetro cuantitativo de obligatorio cumplimiento para las partes en la dinámica de la negociación colectiva, o lo establezcan como perentorio para los árbitros cuando ante el desacuerdo de las partes deban decidir sobre punto tal. Menos aún, existe norma legal que imponga un mandato semejante a empleadores, trabajadores y árbitros.

En la materia de que se trata, a juicio de la Corte no puede perderse de vista que es conceptualmente diferente la determinación de la remuneración mínima que deben devengar todos los trabajadores colombianos, en la cual tiene injerencia el Estado, tanto dentro como por fuera de los mecanismos de la concertación tripartita que establece la Ley 278 de 1996, que la fijación de los salarios en el escenario de la negociación colectiva que la Carta Política garantiza (art. 55) y que también desarrolla el artículo 147-1 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 18 de la Ley 50 de 1990, pues mientras en las distintas variantes del conflicto colectivo se respete la remuneración mínima legal, los niveles porcentuales con los cuales se supere su cuantía son del resorte de las partes en la dinámica y particularidades de cada negociación colectiva (CST, art. 146-1), o del preciso fuero de los árbitros, cuando son convocados para resolver el conflicto económico laboral en tal tópico.

Lo anterior, porque tanto en la primera como en la segunda hipótesis, los unos y otros deben respetar necesariamente la cuantía de la remuneración mínima legal, sin que ello signifique que en punto de la negociación colectiva, para efecto de la determinación del salario de los trabajadores beneficiarios de un acuerdo colectivo o laudo arbitral, sea imperativo para las partes o para los árbitros acoger la cifra porcentual de incremento del salario mínimo legal, o la del índice de precios al consumidor, IPC, pues atendiendo los factores enunciados en el artículo 146 ibídem, bien pueden o no acogerlas, o determinar un aumento salarial inferior a ellas, o que las supere.

En particular, en lo que concierne a la relación entre negociación colectiva salarial e índice de precios al consumidor, IPC, destaca la Sala que al tenor de los artículos 146 y 147 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado éste último por el artículo 19 de la Ley 50 de 1990, dicho factor es sólo uno entre los que se deben considerar dentro del conflicto colectivo económico, por lo que el mismo habrá de ser conjugado con los otros que contempla la norma, no deviniendo en razonable, como parecen entenderlo los sindicatos recurrentes, que ipso jure los demás se excluyan en privilegio del primero.

Por lo demás, apunta la Sala que examinado el contenido del artículo 4º del Laudo, se constata que el Tribunal dirimió el conflicto salarial consultando tanto el interés patronal como el de los trabajadores, en la medida que con la premisa de la salvaguarda de los empleos y la supervivencia de la empresa, optó por disponer un incremento inicial de remuneración del 7%, con incidencia en el salario mínimo convencional y en el de los demás trabajadores, cercano al propósito de la empresa de que no se le impusiera aumento salarial alguno atendida su situación económica (CST, art. 146), además de ordenar un aumento salarial para el segundo año de vigencia del fallo, acorde con el lPC nacional, consonante con el legitimo interés de los trabajadores de devengar una remuneración acorde con el incremento del costo de la vicia (art. 146 ib). En esta perspectiva, la decisión se avizora equitativa, pues atiende los intereses de ambas partes.

En consecuencia, la Corte homologará el artículo 4º del laudo arbitral».

(Sentencia de homologación, febrero 2 de 2000. Expediente 13.991. Magistrado Ponente: Dr. Fernando Vásquez Botero).

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