Sentencia 14010 de marzo 17 de 2000 

SALA DE CASACIÓN LABORAL 

FACULTADES DE LOS ÁRBITROS

MODIFICACIÓN DESFAVORABLE DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte con respecto a la sustentación:

1.Posibilidad de estudiar la denuncia patronal en los temas relativos a la seguridad social

Con arreglo al Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 432 y siguientes se excluye que el conflicto colectivo de trabajo pueda ser iniciado por el empleador, de manera que sólo los trabajadores tienen la facultad de reclamar formalmente y en términos vinculantes ante éste la celebración de una convención o pacto colectivo de trabajo o la modificación de los que se encuentren vigentes.

La presentación oportuna del pliego impone al empleador la obligación de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las veinticuatro horas siguientes para iniciar conversaciones y en todo caso la iniciación de éstas en la etapa de arreglo directo no puede diferirse por más de cinco días hábiles.

Sin embargo, la legislación reconoce la facultad de las partes en la relación colectiva de denunciar el pacto o la convención que los rige o sea de expresar la voluntad unilateral de terminarlos (CST, art. 479), pese a que el ejercicio de tal facultad no genera un efecto automático de terminación, ya que el legislador prevé que continuará la vigencia del convenio denunciado hasta tanto se firme uno nuevo o se profiera un fallo arbitral que lo reemplace (CST, art. 461).

En lo que hace a la jurisprudencia de la corporación referente a la interpretación del Código Sustantivo del Trabajo con relación a los efectos de la denuncia patronal y la competencia del tribunal de arbitramento para conocer de ella, es verdad que ha evolucionado y en ello inciden diversos factores como las modificaciones en la composición de la Corte y el hecho de que la preceptiva del mencionado estatuto no regula en forma explícita y terminante el tema en todos sus aspectos, de forma que varios de estos quedaron sujetos a interpretaciones sistemáticas o teleológicas más no textuales. Además, mal podría concebirse una jurisprudencia inmóvil y anquilosada, pues de su esencia es el adaptar el ordenamiento, sin contrariarlo o sustituirlo, a toda suerte de circunstancias cambiantes.

En torno al asunto aludido la posición de la Sala, adoptada por mayoría, se halla en la sentencia 11672 de febrero 8 de 1999 (*) , la cual en varios puntos es mencionada por el recurrente algunas veces para criticarla y otras para invocarla.

Con respecto a los temas de seguridad social que sean objeto de negociación o conflicto colectivo, la Sala ha precisado en forma unánime que el cumplimiento de la Ley 100 de 1993 es ineludible, salvo para los eventos de excepción en ella previstos o en otras disposiciones legales, y en desarrollo del principio de unidad, su filosofía y vocación es la de reemplazar cualquier régimen, convencional o legal; de manera que resulta aconsejable para trabajadores y patronos, acordar directamente la armonización o adaptación del régimen convencional que les sea aplicable al legal forzoso y, consecuentemente, convenir los aspectos propios de una posible coexistencia, complementación o transición de los sistemas, pues si no lo hacen directamente, por prescripción legal deberán hacerlo los árbitros ante la denuncia de cualquiera de las partes, así lo prevé en términos expresos el artículo 11 inciso final de la Ley 100 de 1993 dentro del sistema general de pensiones y es dable colegir que lo ratifica el artículo 283, inciso final para el sistema de seguridad social integral. En suma, se ha entendido que una vez propuesto el conflicto colectivo a través del pliego de peticiones de los trabajadores, si el empleador a su turno denuncia el régimen convencional en lo que hace a aspectos de seguridad social y no hay acuerdo de las partes, el tribunal de arbitramento podrá pronunciarse al respecto para dirimir las diferencias entre ellas, incluyendo el diferendo que pueda surgir por la posición patronal en torno al régimen de seguridad social.

(*) Véase J. y D., Nº 328, pág. 513 (N. del D.).

Esta conclusión no se altera en razón de lo dispuesto por el Decreto Reglamentario 692 de 1994 artículo 48 ya que la disposición sencillamente desarrolla los referidos artículos, y estos por sí solos autorizan claramente el entendimiento que la Corte les ha otorgado. Además, la posición expuesta por el Consejo de Estado para sustentar su decisión de anular en parte la citada norma reglamentaria, no es contraria a la de la Sala en cuanto se basa en ratificar algo que está fuera de discusión en el ordenamiento laboral colombiano y es que el conflicto colectivo sólo puede iniciarse formalmente a raíz de la presentación de un pliego de peticiones por los trabajadores, nunca como consecuencia de la denuncia unilateral del patrono de la convención colectiva. De forma que si únicamente el empleador denuncia la convención aunque pretenda revisar los temas de seguridad social, la denuncia no provoca el conflicto colectivo ni la posibilidad de que los árbitros se pronuncien.

Con referencia a las facultades de los árbitros una vez sometida a su consideración la revisión de normas de seguridad social naturalmente debe tenerse en cuenta lo previsto por el artículo 458 del Código Sustantivo del Trabajo, de forma que deben decidir acerca de los puntos respecto de los cuales no se haya producido acuerdo entre las partes procurando el logro de una solución equilibrada y su fallo no puede afectar derechos o facultades reconocidas por la Constitución Nacional, por las leyes o por normas convencionales vigentes.

2. Acerca del incumplimiento de los requisitos para la revisión arbitral de cláusulas convencionales.

El recurrente invoca en este tema el criterio mayoritario de la Sala atinente a la competencia de los tribunales de arbitramento para conocer la denuncia patronal de convenciones colectivas originadas en aspectos diversos de los temas propios de la seguridad social en la homologación Nº 11672 proferida en febrero 8 de 1999. Al respecto debe aclararse que no todas las exigencias allí declaradas son aplicables a los puntos relativos a la seguridad social pues respecto de ellos la posibilidad de revisión tiene origen, conforme se vio, en la disposición expresa de la ley.

3. Acerca de la armonización o eliminación de beneficios.

El Decreto Reglamentario 692 de 1994 en su artículo 48 prevé que con el objeto de armonizar las convenciones o pactos colectivos de trabajo a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, los trabajadores y empleadores podrán ejercer el derecho de denuncia que les asiste y el tribunal de arbitramento, si se llegare a convocar tendrá la facultad de dirimir las diferencias, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de dicha ley.

El concepto de armonización en cuanto implica poner en armonía la convención con la ley es bastante amplio y obviamente no excluye la posibilidad de que se eliminen determinados aspectos del régimen convencional, en cuanto riñan con los principios o disposiciones legales o impidan en concreto la realización de los objetivos propuestos por el legislador. Pero desde luego la desmejora o eliminación debe aparecer debidamente justificada ya que de lo contrario no puede ser aceptable, pues por principio la negociación colectiva tiene como finalidad el mejoramiento de los derechos de los trabajadores.

4.Derechos adquiridos y condición más beneficiosa.

Es claro que la decisión de los árbitros en modo alguno puede afectar derechos adquiridos de los trabajadores y en lo que hace al respeto de la condición más beneficiosa debe recordarse que este principio no es absoluto y en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral, pues de lo que se trata es de proteger al trabajador que construye su vida y la de su familia alrededor de unas expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor, de manera que una modificación desfavorable de esas expectativas si bien no se descarta en forma radical, sólo es humana y jurídicamente admisible cuando en el caso concreto no resulte inequitativa y adicionalmente medien serias circunstancias justificantes, verbigracia el interés general reconocido, el cual debe entenderse implícito a propósito del respeto a las normas de la seguridad social, la supervivencia de la empresa o de los empleos que ella ofrece, lo inequitativas y exorbitantes de las prestaciones en juego, la imprevisión y el ostensible cambio de las circunstancias en las cuales han de cumplirse las obligaciones laborales.

De otra parte el legislador tradicionalmente ha protegido la condición más beneficiosa y la idea de progresividad de los preceptos sobre trabajo, mediante el establecimiento de regímenes razonables de transición que procuran mantener los aspectos favorables de la normatividad social modificada, para un grupo importante de destinatarios que se hallen relativamente próximos a obtener los respectivos derechos. Por ejemplo en lo que hace a la Ley 100 de 1993, la transición dentro del régimen pensional la prevé el artículo 36 y sus desarrollos reglamentarios el cual impidió un cambio abrupto que implicara el aplazamiento de expectativas legítimas cercanas de los trabajadores o afiliados.

(...).

XIII. Cláusulas de la convención que terminan su vigencia:

El tribunal dispuso la eliminación de las cláusulas novena, sobre derechos convencionales por enfermedad; decimonovena, sobre pensión de invalidez; y sexagésima séptima, sobre procedimiento para aplicar sanciones.

Las cláusulas establecían:

“CLÁUSULA 9ºCuando el departamento médico y odontológico del municipio de Medellín o de la entidad con quien se tenga contratados estos servicios, no disponga de profesionales, equipos y medios especiales para el diagnóstico y tratamiento de sus trabajadores, los remitirá a instituciones acreditadas y a donde especialistas idóneos.

CLÁUSULA 19.—Para efectos de pensión de invalidez, la Empresa Social del Estado Metrosalud considerará como inválido al trabajador que por cualquier causa no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, ni por violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión haya perdido un porcentaje igual o superior al 70% de su capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o en el oficio que se ha dedicado ordinariamente. El valor de la pensión de invalidez se liquidará de acuerdo a la asignación básica del último cargo desempeñado por el trabajador y será equivalente al grado de incapacidad laboral conforme a los porcentajes que se establecen a continuación:

a) Cuando la incapacidad fuere del 70% la pensión mensual será equivalente al 85% de la última asignación básica del cargo desempeñado por el trabajador.

b) Si la incapacidad fuere superior al 70% sin pasar del 75%, la pensión mensual será equivalente al 95% de la última asignación básica del cargo desempeñado por el trabajador.

c) Si la pérdida de capacidad laboral fuese del 75% o más, la pensión mensual será equivalente al 105% de la asignación básica del cargo desempeñado por el trabajador.

PAR. 1º—La calificación del grado de invalidez se efectuará con la intervención del departamento médico y odontológico del municipio de Medellín o de la entidad con quien se tenga contratados estos servicios, de acuerdo con el concepto del especialista tratante. En caso de inconformidad del trabajador, el dictamen será hecho por el comité de salud ocupacional.

PAR. 2º—El trabajador oficial que goce de pensión de invalidez tiene derecho además a la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria a que hubiere lugar, mientras goce de dicha pensión. El trabajador pensionado por invalidez tiene derecho así mismo a que se le procure rehabilitación en la forma indicada por el departamento médico y odontológico del municipio de Medellín o la entidad con quien se tengan contratados estos servicios.

PAR. 3º—Toda persona que perciba pensión de invalidez, está obligada a someterse a los examenes periódicos que ordene el departamento médico y odontológico del municipio de Medellín o la entidad con quien se tengan contratados estos servicios, con el fin de que sea posible proceder a disminuir la cuantía de la pensión, aumentarla o declararla extinguida, si de dicho control médico resultare que la incapacidad se ha modificado considerablemente o se ha agravado o ha desaparecido.

En caso de que el pensionado por invalidez se oponga, dificulte o haga imposible el control médico a que se refiere esta cláusula, se suspenderá inmediatamente el pago de la pensión por invalidez mientras dure la renuencia a someterse al expresado control médico.

CLÁUSULA 77.—La Empresa Social del Estado Metrosalud, dentro de los (2) meses siguientes a la firma de la presente convención, reglamentará con participación de Sintraommed los términos para el procedimiento de sanciones disciplinarias”.

En lo que hace a las cláusulas novena y décimo novena decidió el tribunal eliminarlas del todo “...porque las materias han sido reguladas mediante normas de seguridad social...”. Sin embargo, no encuentra la Sala que la razón esgrimida sea de suficiente entidad, pues si bien el Sistema de Seguridad Social regula la enfermedad y la invalidez, es claro que las normas convencionales en cuestión no se oponían necesariamente a la Ley 100 de 1993, sino que podrían servir de complemento a sus previsiones, de modo que Metrosalud sólo estaría obligada a complementar lo no cubierto por la entidad de seguridad social. Así por ejemplo en lo que toca a la enfermedad, si la respectiva entidad no llegare a disponer de profesionales, equipos y medios especiales de diagnóstico y tratamiento para atender adecuadamente a los trabajadores, Metrosalud los remitirá a instituciones acreditadas o a especialistas idóneos. Y en lo que hace a la invalidez, nada obsta para que si la seguridad social la cubre Metrosalud atienda un mayor valor si lo hubiere, frente a lo establecido por la convención.

Con relación al procedimiento para sanciones se advierte que es un aspecto de la denuncia patronal ajeno a la seguridad social y no hay razón para que el tribunal lo haya incluido entre los puntos a dilucidar, máxime si en últimas emitió un pronunciamiento jurídico correcto pero innecesario en cuanto en principio escapa a su competencia ejercer un control de legalidad sobre las estipulaciones convencionales, ya que si estas resultan en algún modo ilegales perderían por sí eficacia y las controversias particulares al respecto deberán someterse a la justicia laboral. Sin embargo, a propósito de la inclusión de normas disciplinarias en las convenciones colectivas de trabajadores oficiales, interesa recordar que la Corte ha definido que no es pertinente, en cuanto estos en su calidad general de servidores públicos se hallan sujetos al régimen de la Ley 200 de 1995 en tanto Código Único Disciplinario. (Ver, Homologación Nº 9399, del 27 de noviembre de 1996).

Se anulará por tanto esta parte del laudo».

(Sentencia de homologación, marzo 17 de 2000. Expediente 14010. Magistrado Ponente: Dr. Francisco Escobar Henríquez).

ACLARACIÓN DE VOTO

Aun cuando este aspecto realmente no tiene mayor incidencia en la decisión que se adoptó al resolver el recurso de homologación, estimo que no sobra recordar que, separándome de la mayoría de la Sala, en el pasado he sostenido que el entendimiento que se le ha dado a la denominada “condición más beneficiosa” no corresponde al que la doctrina más aceptada tiene de ella, puesto que con fundamento en dicha regla o principio se ha concluido que le está prohibido a la ley afectar la situación de alguien cuyo derecho aún no ha nacido, y por lo mismo, no puede considerarse como titular de un “derecho adquirido”.

Como tuve oportunidad de manifestarlo en algún asunto en el que el punto de derecho si incidió en la decisión, no existe ninguna disposición de orden constitucional que impida que una ley modifique la legislación anterior para establecer condiciones de causación de un derecho diferentes, condiciones que pueden ser aun mucho más exigentes que las que antes se preveían; y no existe dicha norma constitucional pues el artículo 53 de la Constitución Política no consagra el denominado “principio de la condición más beneficiosa”, conforme lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995 de 20 de abril de 1995, en la que expresamente rechazó que el último inciso de dicho artículo estableciera algo diferente a la clásica y más que secular doctrina de los derechos adquiridos y la prohibición de que la ley los menoscabe.

Quienes entienden la denominada “condición más beneficiosa” como la prohibición de empeorar la situación del trabajador, alegan que constitucionalmente se estableció la prohibición para el legislador de cercenar las meras expectativas o simples esperanzas, que es lo único que se tiene mientras no pueda hablarse de un derecho adquirido por no haberse concretado una situación jurídica; pero, según la Corte Constitucional, la correcta interpretación del último inciso del artículo 53 de la Constitución Política es la de haberse consagrado la tradicional prohibición de que se desconozcan los derechos adquiridos, de manera que ni el propio legislador pueda por leyes posteriores privar a alguien de un derecho suyo.

Considero pertinente anotar que la “condición más beneficiosa” está expresamente contemplada en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, al disponer en su ordinal 2º que “cuando una ley nueva establezca una prestación ya reconocida espontáneamente o por convención o fallo arbitral por el patrono, se pagará la más favorable al trabajador”.

Esta misma regla se consagra en el apartado 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en el que se establece lo siguiente: “En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuran en el convenio o en la recomendación”.

Y es por virtud de la regla o principio de la “condición más beneficiosa” que deben mantenerse inmodificadas las condiciones de trabajo que dan lugar a situaciones más ventajosas para el trabajador que las que resultarían de aplicar las nuevas regulaciones, salvo, como es apenas obvio, que la reglamentación posterior expresamente disponga lo contrario.

En la sentencia se acepta que “la condición más beneficiosa” no es un principio absoluto y, por ello, se dice que “en manera alguna conduce al anquilosamiento de la normatividad laboral”, aun cuando se asienta que la modificación desfavorable de la situación de un trabajador “sólo es humana y jurídicamente admisible cuando en el caso concreto no resulte inequitativa y adicionalmente medien serias circunstancias justificantes”.

Comparto el criterio de la Sala de que el ideal es no hacer más desfavorable la situación que vienen disfrutando los trabajadores en virtud del régimen convencionalmente pactado; pero estoy plenamente convencido de que un tribunal de arbitramento no violaría la ley si dentro de las atribuciones para decidir el conflicto en equidad suprime beneficios laborales o hace más exigentes las condiciones de causación de un derecho ya reconocido. Otra cosa es la prudencia, responsabilidad e imparcialidad con la que se debe asumir un compromiso tan serio como el de resolver un conflicto colectivo, y que por esta razón los arbitradores deben dejar de lado sus intereses o compromisos personales o profesionales, para que su labor de composición del conflicto sea resultado de una decisión equilibrada que cumpla con la finalidad primordial de las normas sobre trabajo, y que no es otra diferente a la de “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”, como muy bien lo dice el artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.

Desafortunadamente en muchos casos los integrantes de los tribunales de arbitramento no son capaces de superar la circunstancia del origen de su designación, y es por esto que actúan más como abogados de las partes en conflicto, comprometiéndose a obtener a todo trance la imposición de los puntos de vista de su respectivo “cliente”, y no a zanjar el conflicto mediante la creación de normas que mejoren las condiciones generales de trabajo pero sin poner en peligro la subsistencia de la empresa con cargas ruinosas.

Reitero entonces mediante esta aclaración cuál es para mi el verdadero alcance y significado de la llamada “condición más beneficiosa”, y estoy plenamente de acuerdo con el hecho de que expresamente se haya dicho en la sentencia que las “expectativas económicas y jurídicas generadas en su propia labor” por un trabajador, pueden ser modificadas desfavorablemente, incluso “en forma radical”.

Rafael Mendez Arango 

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