Sentencia 14038 de julio 31 de 2000 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SOLIDARIDAD POR OBLIGACIONES LABORALES

ENTRE CONTRATISTA Y ENTIDAD ESTATAL

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil (2000).

Radicación Nº 14038

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Carmen Rosa Monsalve de Grajales obrando en su propio nombre y en representación de los menores Diego Alexander, Lina Marcela y Gustavo Adolfo Grisales Monsalve, e igualmente Jhon Fredy, Juan Gabriel y Luis Alberto Grisales Monsalve, contra la sentencia del 16 de noviembre de 1999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el juicio ordinario que los recurrentes le siguen a municipio de Rionegro (Antioquia), Consa Ltda., Rodrigo Gallego y Raimundo Mejía.

Antecedentes

El proceso fue promovido con el fin de obtener la condena a los demandados individual, conjunta o solidariamente al pago de la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales y morales padecidos con ocasión del fallecimiento de Luis Carlos Grisales en accidente de trabajo acaecido por culpa patronal y las costas del proceso.

Indican los hechos referidos en la demanda que el señor Luis Carlos Grisales Cárdenas nació el 13 de agosto de 1952; que contrajo matrimonio con Carmen Rosa Monsalve de cuya unión se procrearon Diego Alexander, Lina Marcela, Gustavo Adolfo, Jhon Fredy y Juan Gabriel Grisales Monsalve, menores los tres primeros y mayores los restantes; que el municipio de Rionegro (Antioquia) adjudicó el contrato para la construcción del nuevo matadero municipal, a Consa Ltda., quien a su vez, al parecer, subcontrató con Raimundo Mejía y Rodrigo Gallego; que el señor Grisales Cárdenas inició labores el 2 de junio de 1992 por contrato verbal, en el oficio de ayudante de construcción, con una asignación semanal de $ 35.000, con una jornada de 1:00 a.m. a 5:00 p.m.; que el trabajador en el desempeño de sus labores debía abrir brechas, “manjoles”, etc.; que el día 5 de octubre de 1994 a las 2.30 p.m. mientras Luis Carlos Grisales Cárdenas limpiaba un “manjol” hubo un desprendimiento de tierra que le ocasionó la muerte y dejó lesionado a Jesús Correa y Elkin Buitrago; que para el momento de la muerte del trabajador no tenía cobertura del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; que para llevar a efecto la labor el trabajador fallecido no recibía ninguna clase de protección como entibar la brecha o colocar maderos para evitar el desprendimiento de tierra; que la culpa patronal es más evidente por no haber una persona que dirigiera la obra y conociera los riesgos; que el señor Luis Carlos fue retirado irregularmente del ISS el 28 de septiembre de 1994 por la empresa Consa Ltda.; los demandantes dependían económicamente de su esposo y padre; que a la señora Carmen Rosa Monsalve le pagaron el valor de la liquidación de prestaciones sociales.

Respuesta a la demanda

Mediante apoderado judicial debidamente constituido, el municipio accionado respondió la demanda y en ella dijo que los hechos primero y segundo: “Así parece” (nacimiento del trabajador, matrimonio y procreación de hijos), dijo ser cierto el tercero (adjudicación de construcción del matadero a Consa Ltda.), del cuarto al décimo tercero dijo no constarle relación alguna entre Luis Carlos Grisales Cárdenas y Consa Ltda. o con los señores Raimundo Mejía y Rodrigo Gallego, por ello ignora las condiciones de la relación laboral y sus condiciones, así como si hubo o no accidente y las consecuencias de éste. Del décimo cuarto y del décimo sexto dijo no constarle (dependencia económica de cónyuge e hijos - pago de prestaciones sociales a la cónyuge), del décimo quinto, que es una apreciación del demandante. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de: falta de legitimación en la causa por pasiva (inexistencia de la relación laboral), existencia de póliza de amparo para salarios y prestaciones, inexistencia de requisitos para obtener pensión de sobrevivientes, inexistencia de obligación de pago de agencias en derecho, órbita de competencia del Código Sustantivo del Trabajo. Además llamó en garantía a Compañía de Seguros Generales El Cóndor S.A.

El codemandado Rodrigo Gallego respondió la demanda y en ella negó todos los hechos, dijo atenerse a lo probado, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de: inexistencia del derecho por el que se demanda (pensión de sobrevivientes), y falta de jurisdicción y competencia.

El señor Raimundo Mejía Quintero también respondió la demanda negando los hechos y la calidad de subcontratista, se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de: falta de legitimación por pasiva, falta de causa para pedir, y prescripción.

Decisiones de instancia

En audiencia pública de juzgamiento celebrada el 3 de septiembre de 1999, el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro (Antioquia), profirió sentencia de primera instancia y en ella condenó a todos los demandados a pagar: $ 29.638.190 por perjuicios materiales; la suma de $ 1.500.000 por perjuicios morales para cada uno de los causahabientes; la pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge y los hijos menores, absolvió de las demás pretensiones y condenó en costas a los demandados, salvo al municipio.

Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del municipio de Rionegro, el tribunal, mediante sentencia objeto del recurso extraordinario, confirmó la decisión de primera instancia, excepto en cuanto al municipio de Rionegro (Antioquia) y no impuso costas en la instancia.

El tribunal razonó así sobre la solidaridad extendida a la entidad territorial demandada:

“Por lo expuesto no es jurídico plantear que si un municipio pacta con un contratista independiente de carácter particular la realización de una obra o labor (contrato estatal), y el contratista queda a deber derechos laborales a sus trabajadores (particulares), se le deba aplicar el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945, norma que sólo rige relaciones laborales oficiales, y en el caso de autos tanto el contratista como sus trabajadores son particulares, sería posible extender los efectos de la norma si hubiera legislación que señalara que cuando el contratista pacta con el Estado, habría que presumirlo o considerarlo como servidor público, como lo hace por ejemplo, la Ley 80 de 1993, al disponer en su artículo 56... Pero se reitera, tal norma sólo se aplica para efectos penales, y no extiende la ley estos efectos a las normas laborales.

El artículo 492 del Código Sustantivo del Trabajo, dejó vigentes las normas de la época, relativas al derecho individual del trabajo con los trabajadores oficiales, es decir, la Ley 6ª de 1945 y el Decreto 2127 del mismo año.

Siendo lo anterior así, se tiene que la normatividad del derecho individual del código sólo se aplica a las relaciones entre particulares; empleadores del sector privado y trabajadores del mismo sector, vale decir, que no tengan la calidad de servidores públicos. De tal suerte que la solidaridad estipulada en el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, sólo rige para el sector privado.

Se puede concluir entonces, que no es posible derivar responsabilidad alguna que afecte el patrimonio del Estado, ni siquiera por vía de la solidaridad, cuando éste no ha causado ningún daño antijurídico a persona alguna, ni cuando en la ocurrencia del hecho que lo causó, intervinieron autoridades públicas, tampoco existe norma que en forma expresa, difiera (sic) tal responsabilidad solidaria en contra del Estado por relaciones laborales entre particulares”.

Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de las demandantes, concedido por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte se procede a resolverlo, previo el estudio de la demanda de casación, que contiene dos cargos debidamente replicados, de los que por razones de método se estudiará el primero.

Alcance de la impugnación

“Se pretende con la interposición del recurso que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia CASE PARCIALMENTE la sentencia impugnada en cuanto revocó el fallo de primer grado en lo relativo a la condena impuesta al municipio de Rionegro (absolviéndolo de las peticiones de la demanda), para que una vez constituida en sede de instancia CONFIRME en su integridad el fallo de primer grado”.

Cargo primero

“Acuso la sentencia de violar directamente y en el concepto de interpretación errónea el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 que subrogó al artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 3º 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 22, 23, 27, 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945, el artículo 255 de la Ley 100 de 1993, los artículos 4º, 7º, 9º, 49 y 50 del Decreto 1295 de 1994, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, los artículos 1.568, 1.571, 1.572 y 1.5772 (sic) del Código Civil y los artículos 22 y 90 de la Constitución Nacional”.

Demostración

Dice el censor que el tribunal entendió que el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 no regula la solidaridad cuando una entidad pública contrata la ejecución de una obra con un tercero; entendimiento que es equivocado ya que la norma distingue dos situaciones diferentes, a saber, la del contratista con el trabajador (laboral) y la que vincula al contratista con el beneficiario de la obra (civil o administrativa); cada uno de ellos con consecuencias autónomas y con obligaciones diferentes.

Agrega la censura que:

“La relación del trabajador con el contratista (quien es su empleador) se constituye en una relación de derecho individual de trabajo de carácter particular, que se rige por las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

La norma establece la solidaridad entre el contratista (empleador) y el dueño de la obra en relación con las obligaciones laborales, sin que de ello pueda desprender que el trabajador lo es el dueño de la obra (verdadero empleador es exclusivamente el contratista).

Cuando la norma hace referencia al dueño de la obra no efectúa distinción alguna acerca de la naturaleza jurídica de éste. Es decir, el precepto normativo se aplica tanto a las personas de derecho privado, como a las personas de derecho público cuando contratan la ejecución de una obra.

Se desprende de lo expuesto que independientemente de la naturaleza jurídica del beneficiario de la obra (siempre y cuando no se trate de labores extrañas a las actividades normales del dueño de la obra), hay lugar a predicar solidaridad entre el dueño de la obra y el contratista en relación con las obligaciones laborales contraídas por este último con sus trabajadores.

El sentido de la solidaridad en este presupuesto normativo es el de proteger al trabajador, para que el beneficiario de la obra (independientemente de su condición) responda por las obligaciones asumidas por el contratista, cuando éste no cumple con las obligaciones a su cargo. La solidaridad se erige así en una garantía de carácter personal para el acreedor, que no sea un ente de derecho público, (vale la pena recordar que en la obligación solidaria se presenta un fenómeno de pluralidad de vínculos jurídicos).

Si la norma se aplicara exclusivamente a los casos en que el beneficiario de la obra fuera una persona de derecho privado, ahí si se correría el riesgo de que los trabajadores de los contratistas quedaran desamparados y fueran defraudados, en la medida en que los contratistas no asumieran el cumplimiento de las obligaciones laborales derivadas del contrato de trabajo.

Se insiste, el hecho de que exista solidaridad entre la entidad pública beneficiaria de la obra y el contratista no significa en modo alguno que el trabajador se convierta en un trabajador oficial. La solidaridad no altera la naturaleza del vínculo laboral del trabajador, el cual no se convierte desde ninguna perspectiva en un trabajador oficial. Todo anterior se explica también por la naturaleza especial de la solidaridad.

Si bien es cierto que el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945 no se aplica a la controversia, ello se explica en la medida en que existe una norma posterior que regula el problema (D. 2351/65, art. 3º), siendo importante resaltar que el sentido de las dos disposiciones es el mismo.

Por ello, entender que el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965 se aplica a los casos en que las entidades públicas contratan la ejecución de una obra, no vulnera el contenido de los artículos 3º, 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo (como equivocadamente lo entendió el tribunal), ya que en ningún momento se estructura una relación de derecho individual de trabajo entre la entidad pública y el trabajador del contratista. La relación laboral sigue siendo de derecho individual de trabajo de carácter particular y no una relación laboral de derecho público, por lo que no resulta pertinente acudir al texto del artículo 22 de la Constitución Nacional, ni al artículo 90 ibídem.

Se equivocó por lo tanto el Tribunal Superior de Antioquia al entender que una entidad pública (beneficiaria de una obra) no podía ser considerada solidariamente responsable de las obligaciones asumidas por el empleador contratista”.

La réplica

Dice que la demanda en apariencia presenta dos cargos, pero en realidad es uno solo y que el tribunal no se equivocó, pues si la sentencia hubiera sido contraria a la ley, “que no lo fue”, estaríamos en presencia de una falta de aplicación, ya que el tribunal se abstuvo de aplicar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

Agrega que la responsabilidad del Estado tiene un régimen especial y una jurisdicción especializada y por tanto mal podría la jurisdicción laboral declararla por una vía que no corresponde. No es gratuito que la legislación que regula la contratación estatal obligue al contratista a garantizar el pago de salarios y prestaciones, una disposición similar no se encuentra en las legislaciones civil y comercial, según lo cual es claro que el legislador ideó dos maneras diferentes de proteger a los trabajadores de los contratistas según ellos entren en una relación con empresarios particulares o con estatales.

Dice además que la figura de la solidaridad parece hecha para el gremio constructor y que de ser aplicable la norma invocada lo sería respecto de las entidades estatales que tengan como objeto la construcción, mas no al municipio que no tiene dentro de sus actividades normales ésta.

Se considera

El tribunal, como atrás se dejó sentado, al transcribir sus consideraciones, dijo, como basamento esencial de la absolución proferida en favor del municipio, que la solidaridad gobernada por el artículo 34 de la codificación sustantiva laboral subrogado por el artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, no cobijaba a las entidades del Estado. 

Según lo dicho puede aseverarse sin dubitaciones que la controversia se circunscribió al específico punto de la solidaridad del municipio respecto de las obligaciones laborales de su contratista, y que, además, es evidente que aplicó la disposición normativa aludida y de su examen concluyó que la solidaridad consagrada en ella no era extensible a la entidad territorial codemandada. 

No tiene entonces razón la réplica respecto al reproche técnico que le endilga a la censura, en cuanto la modalidad de violación era la infracción directa o, para llamarlo en sus términos “falta de aplicación” pues lo que se colige de los considerandos del ad quem es una equivocada interpretación del artículo 3º del Decreto 2351 de 1965, al no encontrar dentro del texto legal objeto de examen que la pretendida solidaridad alcanzara al municipio codemandado. 

Ahora, en lo que tiene que ver con el fondo de la acusación, debe precisarse que, como con acierto lo destaca la censura, e inclusive lo reitera la oposición, la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores, para cuyo efecto se le hacen extensivas, al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de dueño o beneficiario de la obra contratada, ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo esta Sala en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes: 

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores”. 

Esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral (como parece hacerlo la oposición), pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello puede decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al municipio demandado. No, la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquél en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes. 

De esta manera lo ha dicho esta corporación: 

“La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: ésta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada” (Sent., 23, sep. 1960, “G.J.”, XCIII, 915). 

Es cierto, como al unísono lo aceptan el tribunal y la censura, que los artículos 3º y 4º del Código Sustantivo del Trabajo regulan las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores del sector privado, pero, también es de claridad meridiana, que los pretensos derechos de los demandantes fueron invocados con fundamento en la vinculación laboral con el contratista y la solidaridad del municipio para efectos de la satisfacción de las deudas insolutas, allí no se sustentó ni podía hacerse, por razones obvias, un contrato de trabajo con el codemandado estatal, y por tanto ninguna trascendencia jurídica, de cara a lo perseguido por la censura, tiene ese supuesto, pues, se itera, no fue discutido por la partes y el ataque se orienta exclusivamente a la imposición de la condena solidaria, con prescindencia de otros aspectos. 

El cargo prospera y como consideraciones de instancia, además de las expuestas en sede de casación, debe precisarse que nada obsta, para imponer la condena solidaria, que el vínculo entre contratista y entidad estatal sea de carácter administrativo porque la imposición de la obligación solidaria emana de la ley, como ya fue dicho. 

No debe perderse de vista que la razón histórica que inspiró la consagración normativa de la solidaridad que hoy ocupa la atención de la Sala, fue evitar que los derechos de los trabajadores fueran burlados cuando los grandes empresarios contrataran la ejecución de una o más obras y los contratistas o subcontratistas no tuvieren la solvencia económica para responder por las acreencias laborales causadas, de tal manera que pudiera acudirse a obligar al beneficiario de ella a satisfacerlas, facultándole a su vez la acción de repetición por lo pagado. 

Por último, no sobra agregar que la misma norma que sirve de soporte para impartir condena solidaria contra el municipio de Rionegro (D. 2351/65, art. 3º) lo faculta para que tome las garantías que fueren necesarias. Y ello fue lo que precisamente hizo el municipio cuando procuró que Consa Limitada tomara la póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales que obra a folios 35 a 41 del cuaderno 1º. 

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA PARCIALMENTE la sentencia de 10 de mayo de 1999, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el juicio seguido por Carmen Rosa Monsalve de Grisales y otros contra municipio de Rionegro, Consa Ltda., Rodrigo Gallego y Raimundo Mejía, en cuanto absolvió a la entidad territorial municipio de Rionegro de las súplicas de la demanda. No la casa en lo demás, en SEDE DE INSTANCIA CONFIRMA la del Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, calendada del 3 de septiembre de 1999. 

Sin costas en el recurso extraordinario de casación. 

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. 

Luis Gonzalo Toro Correa—Francisco Escobar Enríquez—José Roberto Herrera Vergara—Carlos Isaac Náder, salvó voto—Rafael Méndez Arango, salvó el voto—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero, salvó voto. 

Gilma Parada Pulido, Secretaria. 

SALVAMENTO DE VOTO 

No comparto la posición mayoritaria contenidda en el fallo de la referencia, por cuanto ella incurre en una inaceptable yuxtaposición de los dos regímenes de la responsabilidad patronal por accidentes laborales consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo. 

Han tenido en claro la ley y la jurisprudencia que si el trabajador sufre un accidente en el desenvolvimiento de sus labores, tiene derecho al resarcimiento de los perjuicios a él ocasionados. Pero la indemnización en el derecho del trabajo asume dos perspectivas jurídicas claramente diferenciables, según la conducta del empresario frente a la ocurrencia del infortunio. 

En efecto, sin importar cuál sea la justificación teórica en esta materia, es indiscutiblemente cierto que en tanto la ley impone al empleador los deberes de protección y seguridad de su dependiente (CST, arts. 56 y 57-2), aquél se hace responsable de los daños que “por causa o con ocasión del trabajo” ocurran (ib., art. 199), abstracción hecha de su actitud frente a tales obligaciones. Se plantea así una responsabilidad objetiva o sin culpa, porque no ha de indagarse sobre el papel jugado por el patrono en el hecho, lo cual le cierra la posibilidad de demostrar su diligencia o cuidado. A menos, claro está, que el incidente haya sucedido por culpa grave del subordinado o por un acto intencional suyo. Tal contingencia la asume el empleador si no cumplió con la obligación de garantizarla a través del sistema de la seguridad social, que lo subroga por virtud de la afiliación. Las prestaciones médico-asistenciales y el resarcimiento de los perjuicios es, en este caso, tarifado o a forfait es decir, está previamente tasado en la ley y a tales límites ha de someterse el trabajador, aun cuando no lo satisfagan totalmente. 

No obstante, como quiera que quien inflige a otro un daño con su conducta culposa o dolosa está obligado a repararlo, regla del derecho común que no se restringe por la naturaleza de la relación jurídica en cuya órbita se produce el evento nocivo, el trabajador agraviado tiene plena atribución para exigir del empresario culpable la reparación del perjuicio. En este caso, el Código Sustantivo del Trabajo (art. 216) consagra la denominada “indemnización total y ordinaria”, por la cual puede optar el trabajador. Pero, el legislador colombiano no reguló en este estatuto tal situación, actitud apenas entendible, en tanto se trata de una responsabilidad patrimonial derivada del hecho ilícito, explícitamente regulada en el campo civil, a cuyo marco normativo debe remitirse. Por supuesto, la calificación del comportamiento culposo ha de mirarse —en cambio— desde la óptica del derecho laboral, por cuanto una subjetividad sin límites es inadmisible en esta materia, razón que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a objetivar tal noción y enmarcarla en el incumplimiento de las normas mínimas de protección laboral, establecidas en los reglamentos de prevención de accidentes y enfermedades (sent., sep. 28/82). 

Esa dualidad conduce, necesariamente, a una diferenciación del régimen legal mediante el cual ha de regularse la acción de reclamación de los daños ocasionados al trabajador. Así, salvo lo atinente a la competencia, que sólo la tiene el juez del trabajo en virtud del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, los aspectos referentes a la legitimación —activa y pasiva—, cargas probatorias y cuantía de la indemnización siguen postulados también diversos, que no pueden entremezclarse ni confundirse. Pues bien, mi disentimiento lo planteo con relación a la legitimación pasiva en materia de la responsabilidad del beneficiario de una obra, cuando las lesiones o patologías sufridas por el trabajador son atribuidas a la exclusiva actitud culposa del contratista, su verdadero patrono. La solidaridad entre el contratante y este último, establecida en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el 3º del Decreto 2351 de 1965, sólo está referida a las indemnizaciones que emanan directamente de la relación contractual, es decir, a las que la ley laboral tarifa de antemano, como lo es la proveniente del accidente padecido por un trabajador no afiliado al sistema de la seguridad social. Mas no alude aquella norma a la reparación total y ordinaria consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, porque mientras la primera emana de los deberes consustanciales al contrato de trabajo, hasta el punto que tiene su ubicación en el contexto del título que el código dedica a él, la segunda fluye del simple hecho ilícito, doloso o culposo, sin consideración a la naturaleza de la relación contractual que vincula al supuesto responsable con su víctima. 

El legislador no necesitaba hacer una distinción tan evidente en materia indemnizatoria laboral, porque —obviamente— resulta ella de la diversidad de los dos regímenes de responsabilidad y del principio de la no traslación de la culpa o del dolo. Cuestión muy distinta es que la jurisprudencia y las legislaciones hayan establecido una responsabilidad indirecta, por la culpa in eligendo, in vigilando o por el hecho de las cosas inanimadas; pero esto no constituye una repartición de la conducta reprochada del agente, sino una responsabilidad propia, según su participación o proceder. No se consagró en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, único regulador del accidente de trabajo culposo, solidaridad alguna y, en consecuencia, han de seguirse las reglas generales del derecho común, que sólo dispersa la obligación resarcitoria cuando en la generación del agravio han concurrido con su dolo o culpa dos o más personas, según las voces del artículo 2344 del Código Civil. 

Que existe una diferenciación en el tratamiento legal sobre los dos tipos de indemnizaciones laborales, no cabe duda. Por ello, para reclamar al empresario las prestaciones tarifadas por accidente basta demostrar el contrato de trabajo y el suceso dañino; mientras que si se demanda la reparación total del perjuicio debe acreditarse, además del contrato, el dolo, negligencia, descuido o impericia del empleador, el nexo causal entre el hecho y el daño y la cuantía de los perjuicios. Ahora bien, en relación con el elemento subjetivo, la carga probatoria del damnificado se predica frente a cualquier persona contra quien reclame la indemnización. Entonces, siempre que el actor pretenda hacer responsable a dos o más sujetos del perjuicio a él causado, está en la obligación de demostrar la conducta maliciosa, negligente o descuidada del copartícipe y la ligazón entre ella y el menoscabo sufrido. 

Acorde con esta posición, es también indubitable que cuando el detrimento proviene de la culpa, dolo o mora exclusiva de uno de los obligados in solidum la acción de reparación de perjuicios no se extiende a quienes por virtud de la ley o del contrato se consideran deudores solidarios, principio pregonado en la segunda parte del artículo 1578 del Código Civil. 

En los anteriores términos dejo salvado mi voto, con el respeto y consideración para quienes han opinado lo contrario. 

Carlos Isaac Náder 

SALVAMENTO DE VOTO 

Dado que coincidimos en las razones que nos llevaron a separarnos de la decisión adoptada por la mayoría, al no haber sido aceptada la ponencia presentada en este asunto y en la que lo propuesto fue no casar la sentencia, resulta apenas elemental que salvemos nuestro voto, e igualmente es obvio que expresemos esencialmente los mismos motivos que se aducían en el proyecto de sentencia rechazado. 

Conforme se explicaba muy concisamente en la ponencia, el juez de alzada no le hizo producir efectos en el caso a la figura de la solidaridad consagrada en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, al haber concluido que era inaplicable por no regular dicho código las relaciones de derecho individual de trabajo de carácter oficial. Esta consideración es, a nuestro juicio, totalmente acertada. 

Por ello, si realmente el tribunal hubiera incurrido en alguna violación de la ley, lo habría sido por haberla infringido directamente al no aplicar el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo a un caso que para su recta solución lo demandaba. Esto lo decimos en gracia de discusión, puesto que estimamos que bajo ningún respecto el fallador de alzada violó la ley en este caso. 

En efecto: el Tribunal de Antioquia no se rebeló contra lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, ni menos aún lo ignoró, sino que tomando en consideración lo establecido en los artículos 3º, 4º y 492 del Código Sustantivo del Trabajo, concluyó que al haber subrogado dicha norma el artículo 34, por tratarse de una disposición incluida en su parte primera únicamente regulaba las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular, por cuanto esta clase de relaciones entre “la administración pública, los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten”, como expresamente lo estatuye el artículo 4º, quedando vigentes las normas de derecho individual de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 492. 

Pero independientemente de este aspecto de técnica del recurso, y aceptando como fundado el aserto de los recurrentes de que tienen el mismo “sentido” el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945 y el artículo 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 —que subrogó el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo—, ocurre que la solidaridad entre el denominado “contratista independiente” y el “beneficiario del trabajo o dueño de la obra”, no puede entenderse que se extienda hasta obligar a este último “a la indemnización total y ordinaria por perjuicios” cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. 

Personalmente consideramos que sin que para nada interese que se trate de un patrono oficial o de uno particular, pues siempre se requerirá la plena comprobación de su culpa en la causación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional para que proceda la “condenación ordinaria por perjuicios” a que se refiere el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 o “la indemnización total y ordinaria por perjuicios” de la que habla el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es forzoso concluir que dicha culpa no es predicable de quien se beneficia de la obra o es su dueño, el que, por obvias razones, no está en condiciones de procurar a los trabajadores del contratista independiente locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud de ellos. 

Por el anterior motivo debe entenderse que la solidaridad del beneficiario del trabajo o dueño de la obra se contrae a las indemnizaciones tarifadas a que tienen derecho los trabajadores en los casos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional por razón de la denominada “responsabilidad objetiva”. 

Como igualmente lo recuerda el otro magistrado que salvó el voto, conviene tener presente que el régimen legal colombiano sobre responsabilidad patronal por razón de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales establece una diferente forma de reparación según se trate del daño nacido de la mera responsabilidad objetiva y que se resarce con la con la indemnización tarifada que trae la ley, o de que el daño resultante sea consecuencia de la culpa plenamente comprobada del patrono, sea él oficial o particular, pues en este último caso la víctima directa del daño o sus beneficiarios laborales están legalmente autorizados para demandar del culpable la reparación íntegra de cualquier perjuicio que del accidente o de la enfermedad resulte. 

Estimamos pertinente traer a colación que la jurisprudencia laboral de tiempo atrás tiene dicho que para comprender el régimen legal colombiano sobre responsabilidad por los riesgos originados en el trabajo se hace necesario tomar en cuenta que constituye una regla la de que el empleador responde objetivamente por los daños que el trabajador sufra como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y que, por ello, será siempre excepcional la condenación ordinaria por perjuicios cuando la enfermedad profesional o el accidente de trabajo ocurra por “culpa comprobada del patrono”, conforme lo dispone tanto el artículo 12 de la Ley 6ª de 1945 como el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Cuando tal cosa ocurre el deber de indemnizar que tiene el patrono exige como presupuesto ineludible la plena comprobación de su culpa, por lo que no puede ella presumirse en razón de la actividad peligrosa que se ejecute o por cualquier otro motivo. 

Así mismo ha dicho la jurisprudencia —y no podía ser de otra manera pues así lo dispone claramente la ley— que la culpa que se le comprueba al empleador debe ser suya propia y no derivada del comportamiento del trabajador que sufre el accidente o que padece la enfermedad profesional; y si se exige que el patrono sea el exclusivo culpable del accidente y que lo sea de manera directa, es forzoso concluir que su culpa personal no es trasladable al beneficiario de la obra. 

Constituye un lugar común el aserto de que los accidentes laborales se concretan siempre, en últimas, en un error humano de conducta. Por tal razón los accidentes imputables a culpa del patrono, cuando éste sea persona moral, tienen por fuerza su origen en la negligencia, en la imprudencia o en el descuido de las personas físicas que actúan en su nombre o lo representan. Así lo tiene adoctrinado de tiempo atrás la Corte, la que por ello ha considerado que cuando se trate de culpa del representante de una persona jurídica, como consecuencia de un acto realizado al obrar en tal condición, “la culpa es de la institución y no del representante, porque de lo contrario se podría llegar a la total irresponsabilidad de la persona jurídica en todos los campos” (Gaceta Judicial, tomo LXXI, pág. 390). 

Pero de tan acertado criterio jurisprudencial no resulta como necesaria consecuencia que pueda extenderse la culpa del patrono al beneficiario de la obra, ya que no puede perderse de vista que por tratarse de una indemnización ordinaria o plena de perjuicios, no se está ante una responsabilidad objetiva; y como en el supuesto de hecho del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se excluye la responsabilidad objetiva y no puede presumirse la culpa, no cabe acudir a la norma que establece la responsabilidad solidaria del beneficiario de la obra cuando el patrono directo no paga los salarios, las prestaciones sociales y las indemnizaciones que le corresponden, pues debe entenderse que dichas indemnizaciones están referidas a la modalidad de responsabilidad objetiva que repara los perjuicios derivados del accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

Es por eso que para nosotros los cargos no debieron prosperar, pues, independientemente de que sea el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo —que está dicho subrogó el artículo 3º del Decreto Legislativo 2351 de 1965— o el artículo 6º del Decreto 2127 de 1945 el que regule la solidaridad que pueda darse entre el contratista particular y la beneficiaria o dueña de la obra cuando es una persona jurídica de derecho público, esta última no es responsable del pago de la indemnización total y ordinaria por perjuicios por el hecho de que exista culpa suficientemente comprobada de aquél en su condición de verdadero patrono del trabajador que sufre el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. 

Dejamos así explicadas las razones que nos llevaron a no compartir la decisión adoptada por la mayoría según la cual el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo sirve de fundamento para reclamar del beneficiario de la obra la indemnización total y ordinaria de perjuicios que corresponde al patrono pagar si por su culpa el trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. 

Rafael Méndez Arango—Fernando Vásquez Botero. 

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