Sentencia 14053 de diciembre 4 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Herman Galán Castellanos

Aprobado Acta Nº 169 (I-XI-01)

Bogotá, D.C., cuatro de diciembre de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Hechos.

Por el mes de febrero de 1993, el señor Luis Antonio Vargas Gutiérrez propietario de la fábrica “Aceros Boyacá”, ubicada en la población de Paipa, empezó a recibir múltiples llamadas telefónicas en su residencia y lugar de trabajo de una persona que dijo militar con las FARC y llamarse Salvador en las que le exigía una colaboración equivalente a $ 50.000.000 bajo amenaza de que algo le sucedería a su hija Claudia Patricia. Además, le hizo saber su conocimiento que tenía sobre el movimiento de dinero en la empresa y lugar en donde se encontraban los integrantes de su familia.

Puesto en conocimiento de las autoridades, el grupo Unase de la ciudad de Duitama sugirió a la víctima continuar contactando telefónicamente con los plagiarios, haciendo grabaciones de las llamadas, finalmente y luego de lograrse un negociación con los extorsionistas, se acordó para el día 2 de marzo de 1993 entregar a quien se hacía llamar Salvador Acosta la suma de $ 8.000.000 y posteriormente se daría $ 12.000.000 totalizando los 20 millones como monto final exigido, para la entrega del dinero se acordó una zona rural en las proximidades de Duitama.

A eso de las 18:20 horas un individuo que se desplazaba por la carretera se dirigió al sitio acordado para ubicar el dinero, quien al percatarse de la presencia de unidades el grupo Unase, según el informe policivo, se atrincheró y disparó contra los agentes, siendo herido en el intercambio de disparos.

Bajo el entendido de que el referido ciudadano había muerto, se hizo presente el Fiscal 4º de la unidad previa y permanente de la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de practicar la diligencia de inspección de cadáver, empero, la misma no se realizó por cuanto la persona que recibió los impactos se encontraba con vida y dijo llamarse Teófilo Niño Ramírez.

(...).

Consideraciones de la Corte

Siguiendo el orden de estudio que impone el principio de prevalencia de las causales en casación, la Corte abordará el examen de la demanda considerando, en primer lugar, el cargo planteado con fundamento en la causal tercera, como corresponde hacerlo cuando se trata del estudio de nulidades.

1. Causal tercera. Cargo único.

Sostiene el demandante que la sentencia acusada se dictó sobre un juicio viciado de nulidad porque habiendo solicitado la defensa la práctica de varias pruebas, el juzgado negó la práctica de algunas que estima necesarias, procedentes y muy pertinentes. Sin precisarlo, pareciera que el censor orientara el cargo en relación con irregularidades de actividad que afectaron el debido proceso, como también en detrimento del derecho de defensa.

Como quiera que el cargo fue planteado al amparo de la causal tercera de casación, por la falencia precedentemente anotada resulta insuficiente para estimarlo. Empero de todas maneras, como lo conceptúa la procuraduría delegada, no tendría vocación de éxito en virtud de que ninguna de las conclusiones a las que arriba el censor tienen la entidad suficiente para variar la decisión que adoptaron los falladores en las instancias, por cuanto que éstos, para declarar la responsabilidad penal del acusado, la afincaron sobre otros medios probatorios, descartando las hipótesis defensivas expuestas por el demandante.

1.1. En relación con la solicitud de práctica de pruebas elevada por el defensor dentro del término previsto en la causa (D. 2271/91, art. 3º) se constata la deficiente motivación que incurrió el defensor al señalar la conducencia y pertinencia de la prueba solicitada en procura de obtener nueva muestra magnetofónica con la intervención del procesado, pues tan solo se limita a denominarla “importante” sin precisar la trascendencia de la misma para los fines defensivos.

A propósito de dicha norma, debe decirse, que exige del peticionario que la solicitud de práctica de pruebas debe contener la indicación de su conducencia y el señalamiento de los objetivos pretendidos, aspectos que ciertamente no se cumplieron en las peticiones de pruebas elevadas por el actor.

Sin embargo, el funcionario de instancia, para negarla, consideró que el hecho de que no se estableciera que Niño Ramírez hubiera sido el interlocutor anónimo de las llamadas, no implicaba que no fuera coautor responsable del ilícito investigado.

Es acertado, entonces, el análisis del fallador, en restar importancia al hecho de que no hubiera establecido pericialmente que el encartado fuera el autor de las llamadas, porque ello “no implica que no sea coautor responsable del ilícito investigado, pues resulta absurdo que siendo el señor Teófilo Niño Ramírez empleado del denunciante, él mismo hubiera realizado las llamadas extorsivas corriendo el riesgo de ser fácilmente identificado por su patrón” (fl. 116, cdno. 3).

Correspondía al recurrente en casación demostrar la equivocación del juzgador al negar la práctica de dicha prueba, error que hubiera sido patente si éste en algún momento de su fallo, para fundamentar la condena proferida, hubiere afirmado que el sindicado condenado había efectuado las llamadas extorsivas, lo cual evidentemente no aparece consignado en la sentencia recurrida.

1.2. En cuanto a la práctica del contrainterrogatorio que pretendía desarrollar con los testigos Julián Herrera y Hackspiel Olano, el censor simplemente señala la importancia de la práctica de ese medio probatorio con el “se podría haber obtenido información valiosa para el esclarecimiento de los hechos...” porque en su opinión, el funcionario judicial realizó un interrogatorio precario, sin detenerse a explicar el tipo de información con incidencia directa para llegar a la verdad del hecho investigado.

En relación con este aspecto, resultan atinadas las consideraciones presentadas por el Ministerio Público, alusivas al “contrainterrogatorio de los testigos” del que dice que no es la única forma de ejercer el derecho de contradicción probatoria, pues existen otras posibilidades de efectivizarlo, como ejerciendo la crítica testimonial, haciendo conocer al funcionario judicial las particulares valoraciones de la prueba o enterándose de las que el juez hace a través de la motivación de las providencias y la notificación de las mismas para refutar las decisiones que contienen las valoraciones y apreciaciones en las que está en desacuerdo. Si al formular el cargo el recurrente le hubiera indicado la efectividad del contrainterrogatorio que reclama la Sala habría tenido los elementos de juicio para apreciar si esa omisión tuvo trascendencia en la actividad procesal. Pero el simple enunciado de su carencia no permite esa evaluación, menos aún si, como se ha dicho, el contrainterrogatorio no constituye la única manera de ejercer el derecho de contradicción. No demostrar la trascendencia del defecto conduce el cargo al fracaso tanto por la precariedad de su formulación, como por la inexactitud del mismo.

Respecto del interrogatorio al oficial Herman Hackspiel Olano, debe señalarse, tal como lo destacó el Ministerio Público, que su declaración fue ampliada a instancia del defensor de la época quien en un escrito insertó 23 interrogantes para que el funcionario judicial, los planteara petición que fue aceptada, llevándose a cabo su práctica el 26 de julio de 1993 (fl. 220), luego, es inexacto lo afirmado por el censor en el sentido de que nunca fue contrainterrogado el testigo.

Así las cosas, no se observa de qué manera pudo haberse afectado el derecho de contradicción o de qué manera se dejaron de hacer preguntas que hubieran significado una decisión favorable al procesado.

1.3. No se entiende, por ejemplo, ni el actor lo dijo en la petición de práctica de pruebas elevada ante el extinto juzgado regional, de qué manera el funcionario ha debido encauzar su actividad en la diligencia de inspección judicial requerida, debido a que la sugerencia allí planteada se limita a expresar su deseo de “... clarificar aspectos que aparecen contradictorios en el desarrollo procesal...”. Como puede verse redujo su pretensión a un campo de abierta generalidad, sin embargo, el juzgado estimó que resultaba superflua la prueba, habida consideración de que dicha diligencia fue practicada en oportunidad anterior. Igual consideración hizo el a quo en relación con la solicitud de inspección judicial en los libros de entrada y salida de vehículos en las instalaciones del DAS, brigada y policía sede del Unase en las ciudades de Tunja y Duitama, pues su negativa tuvo estribo en la petición similar, debidamente atendida, de indagar ante las oficinas de tránsito los números de los placas mencionadas por el procesado en sus diferentes intervenciones procesales.

Las omisiones probatorias en las que finalmente la defensa soporta la censura representan algunos aspectos que en su parecer han debido verificarse, pero su intrascendencia es manifiesta, dado que, las instancias apoyaron la sentencia condenatoria en contra de Niño Ramírez, en indicios graves como de oportunidad, capacidad, móvil y mala justificación, los cuales se deducen del lugar acordado entre la víctima y los victimarios con el propósito de recoger el paquete contentivo de la extorsión, tal como lo admitió en la indagatoria cuando afirma que se trasladó a aquel sitio con ese fin. También de sus angustias económicas que presentaba como tesorero del fondo de empleados de la fábrica Aceros Boyacá y la exigencia de presentar cuentas de su gestión, aunado a lo anterior, se constó que una de las llamadas extorsivas fue realizada desde un teléfono ubicado cerca de su residencia. Así mismo, de la revisión de sus exposiciones se destacan un cúmulo de imprecisiones y contradicciones que llevaron a los juzgadores de instancia a inferir que el procesado Niño Ramírez, mintió al explicar las actividades que realizó el día 2 de marzo de 1993.

Si lo anterior es así, no advierte la Corte de qué manera hubiera podido ser la incidencia en el sentido del fallo de haberse efectuado las verificaciones señaladas por el censor.

El cargo carece de fundamento, y por tanto no prospera.

2. Causal primera. Primer cargo.

La censura que por violación indirecta de la ley sustancial formula el recurrente, consiste en que las pruebas de cargo son nulas por haber sido irregularmente allegadas al proceso. Se incurrió en error de derecho por falso juicio de legalidad, a juicio del recurrente, al quedar plenamente probado que el procesado fue baleado en el sitio de los eucaliptos, luego de ser llevado a la fuerza a ese lugar parte de los miembros del Unase, por lo cual “el indicio de presencia” tiene un origen abiertamente irregular e ilegal.

Olvida el censor que debido a la naturaleza misma de este medio de convicción, varios son los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de plantear el ataque. En primer lugar, es necesario recordar que de acuerdo a los elementos estructurales de la prueba indiciaria, el demandante debe establecer si el objeto de su ataque es el hecho indicador o la inferencia lógica, porque resulta inadmisible postular yerros de manera indiscriminada hacia uno y otro componente.

El hecho indicador, que se configura a través de los distintos medios probatorios, admite que se objete por cualquiera de las modalidades del error de hecho o de derecho. La inferencia lógica, en cambio, como lo tiene precisado la jurisprudencia, hace viable la censura por vía de error de hecho por falso raciocinio.

Los desatinos precedentemente expuestos serían suficientes para desestimar el cargo, pues el libelista parte de la postura de atacar el mérito probatorio otorgado al indicio de presencia que encontró estructurado el fallador; con ese propósito se refiere a varias de las pruebas mencionadas en el fallo como estructurantes de los hechos indicadores para luego asignar, respecto de ellos, sus propias apreciaciones con la pretensión de que la Corte las prefiera sobre las expuestas por el fallador como si se tratara de una instancia adicional en la que se pueda señalar libremente las inconformidades que se tengan respecto de la sentencia.

Esta es precisamente la situación que se aprecia en el caso sub judice, pues el censor pretende minar la estructura del fallo de segundo grado mediante un análisis personal de la prueba indiciaria en aras de demostrar que el procesado fue objeto de un “montaje” por miembros del grupo Unase, y por ende, su no responsabilidad frente a la extorsión por la cual fue acusado y condenado, actividad que ni de lejos se acerca al procedimiento técnico jurídico que se requiere para demostrar un yerro en casación.

En efecto, del texto de la demanda pareciera que el ataque se dirige a demostrar que Teófilo Niño Ramírez no estaba en el lugar de los hechos, pero no indica por qué la prueba que afirma lo contrario no es de recibo. Si a su modo de ver, los testimonios de los integrantes del grupo Unase que retuvieron a Niño Ramírez y posteriormente lo ubicaron en el sitio adecuado para la presunta entrega del dinero, no pueden tenerse en cuenta por no llenar los requisitos propios de este medio probatorio, es claro que se está refiriendo al aspecto legal de la prueba, cuyo ámbito de debate en esta sede es por vía de error de hecho por falso juicio de legalidad.

En sede de un recurso de naturaleza rogada y técnica, no le es dado a la Corte corregir la demanda o reemplazar al recurrente en su labor quebrantadora de una sentencia de segunda instancia caracterizada por su doble presunción de legalidad y acierto.

El cargo no puede prosperar.

Segundo cargo.

Lo hace consistir en que el fallador incurrió en violación indirecta de la ley por error de hecho por falso juicio de existencia, por omisión. El sentenciador omitió pruebas que desvirtúan el indicio de presencia.

Remite su protesta a que el sentenciador de instancia “desconoció u omitió las pruebas de la Procuraduría que indican que Teófilo Niño fue detenido en otro lugar y llevado a la fuerza al sitio donde fue baleado y donde previamente se había convenido la entrega del dinero. Todo parece indicar que miembros del Unase estuvieron comprometidos con la extorsión lo cual explicaría la ingenuidad en que incurrió Teófilo Niño en comprometerse (por amenazas o por ambición) a recoger un paquete del cual desconocía su procedencia”.

El falso juicio de existencia, se presenta cuando el fallador ignora, desconoce u omite el reconocimiento de la presencia de una prueba que obra de manera objetiva en el expediente (falla de apreciación de la prueba) o cuando supone o imagina una prueba que no figura en el proceso, es decir, cuando reconoce como probado un hecho carente de demostración (falsa apreciación de la prueba) (1) .

(1) Cfr. CSJ, M.P. Dr. Pérez Pinzón, Álvaro O. Auto 14535, nov. 30 de 1999.

Entonces, no corresponde a la verdad la afirmación del recurrente en el sentido de que el tribunal no ponderó la prueba procedente de la Procuraduría General de la Nación atinente a la investigación disciplinaria adelantada contra los policiales adscritos al grupo Unase, pues de la revisión de la sentencia acusada, se constata que efectivamente el juzgado regional abordó con profundidad el tema señalando entre otros apartes que “ni dentro del expediente penal, ni en el proceso disciplinario aparecen testimonios de personas que corroboren el dicho del encartado de que fue aprehendido junto a la alcantarilla ubicada cerca de la piedra y el tronco pintados de rojo...”. Como quiera que la sentencia de segunda instancia conforma una unidad inescindible con la de primer grado, debe señalarse que el Tribunal Nacional en forma expresa confirmó el análisis probatorio efectuado por el a quo en el que descarta la posibilidad de que los policiales hubieran efectuado un montaje para comprometer en el ilícito investigado al señor Teófilo Niño Ramírez, por consiguiente, no halla la Corte el sustento de la censura en el sentido de que el juzgador omitió pruebas que desvirtúan el indicio de presencia. Le faltó al recurrente demostrar que lo supuestamente omitido habría tenido mayor importancia y trascendencia en el fallo que las razones expuestas por el juez colegiado en la sentencia de seguridad instancia.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Tercer cargo.

Para presentar el cargo, acusa al fallador de incurrir en violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falso juicio de identidad por “apreciación ligera del material probatorio” que llevaron al fallador a hacerle decir a las pruebas lo que ellas no dicen, pues en su conjunto informan que el sindicado fue víctima de un montaje por parte de los agentes de Unase.

La Corte comparte las observaciones expuestas por el Ministerio Público alusivas al incumplimiento por parte del censor de sustanciales requisitos para que la impugnación por este nuevo cargo prospere, pues el deber del impugnante luego de ubicar la censura en el marco de violación indirecta, es el de demostrar con argumentos convincentes, cuál fue el error manifiesto y su incidencia en la parte resolutiva de la sentencia recurrida. Las deficiencias que en este campo se presentan no pueden pasar inadvertidas para la Sala, como tampoco pueden remediarse de oficio pues el principio de limitación que rige esta extraordinaria impugnación circunscribe la actividad de la Corte al contenido y desenvolvimiento del cargo, sin que le sea posible complementarla o suplirla.

En efecto, tratándose de error de hecho por falso juicio de identidad, es deber del casacionista individualizar las pruebas que son objeto de la censura y confrontar lo que la prueba dice con lo que el juez le hizo decir, si se le tergiversó, adicionó o cercenó, para luego demostrar la trascendencia del error en la parte resolutiva del fallo impugnado.

Empero, el censor en protuberante falta a la técnica del recurso en la causal invocada, no precisa las pruebas a las que se refiere, ni indica el contenido o la materia sobre la cual objetivamente versaban ni señala en qué consistió la tergiversación del fallador al momento de apreciarlas. Así planteado el cargo, de manera general y ambigua, lo único que se desprende de él, es que es incompleto, impreciso, confuso y contradictorio, por lo cual no está llamado a prosperar.

Cuarto cargo

Para este cargo, el casacionista edifica el reproche por “violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de la impugnación probatoria que conduce a la necesidad de aplicar el principio de in dubio pro reo”.

La censura precedentemente anotada, se encuentra en la absoluta orfandad de fundamentación, como que, cuando se plantea violación indirecta de la ley sustancial por falta de aplicación del principio “in dubio pro reo”, el reproche debe orientarse sobre la base cierta de que en el proceso existe duda probatoria, bien sobre la materialidad del hecho ora sobre la responsabilidad penal del acusado y que, por tanto, los funcionarios de instancia al omitir su reconocimiento yerran sobre sus consecuencias jurídicas en razón de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas.

La Sala comparte el criterio que sobre el particular aporta el Ministerio Público, relativo al incumplimiento del censor de las más elementales exigencias de la técnica que gobierna la casación en este concreto aspecto: “Si bien es cierto el demandante invoca la violación indirecta de la ley sustancial, también lo es que no precisa si el error proviene del falso juicio de existencia, falso juicio de identidad, falso raciocinio o falso juicio de legalidad, tan sólo se limita a decir que la apreciación errónea de las pruebas, llevó al fallador a una certeza de responsabilidad penal que carece de fundamento con lo cual el cargo quedó apenas enunciado, pero sin ninguna clase de demostración” (2) .

(2) Concepto Ministerio Público, pág. 22.

Se desestima la censura.

3. Causal segunda cargo único.

El defensor del procesado Niño Ramírez, formula este cargo al amparo de la causal segunda de casación, pues su formulación estriba en la incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia, por haberse adicionado en ésta la circunstancia de agravación punitiva consagrada en el artículo 372.1 del Código Penal, sin que fuera prevista en el pliego de cargos, sin embargo el desarrollo lo soporta en el artículo 29 de la Carta Política, al desconocer “la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.

En cualquiera de estas hipótesis, de prosperar el cargo, la Corte al casar el fallo debería dictar el que debiera reemplazarlo.

La Corte al precisar el alcance de la congruencia con sus tres aspectos, personal, fáctico y jurídico, ha señalado:

“Pues bien, la congruencia como principio estructurante del proceso y garantía implica que la sentencia debe guardar adecuada relación de conformidad, en sus tres aspectos básicos: personal, fáctico y jurídico. La congruencia personal dice relación con la conformidad que debe existir entre los sujetos a que se refiere la acusación y aquellos a que se contrae la sentencia. La fáctica, con la identidad entre los hechos y circunstancias definidos en la acusación, y los que sirvan de sustento al fallo. Y, la jurídica, con la correspondencia entre la calificación, entendiendo por tal el juicio que de los hechos se hace frente a la regulación jurídica, que contiene la acusación, y la que preside la sentencia.

Las dos primeras (congruencia personal y fáctica), son absolutas. Es decir que los sujetos y los supuestos fácticos de la sentencia deben ser necesariamente los mismos de la acusación. La jurídica, en cambio, es relativa pues nuestra legislación permite al juez condenar por una especie delictiva distinta de la imputada en el pliego de cargos, siempre y cuando pertenezca al mismo género, y la situación del procesado no resulte afectada con una sanción mayor: Si estas condiciones no se cumplen, habrá lugar, en principio, a solicitar la enmienda del fallo para ajustarlo al objeto definitivo en la acusación” (3) .

(3) CSJ, M.P. Dr. Arboleda Ripoll, Fernando, Sent. 10868, abril 4 de 2001.

En el caso que se analiza se tiene que el procesado Niño Ramírez fue condenado como coautor del delito de extorsión en el grado de tentativa, al constreñir al ingeniero Luis Antonio Vargas Gutiérrez a entregar la suma de $ 50.000.000 so pena de que al no hacerlo su integridad física y la de los suyos se vería vulnerada.

Examinado el contenido de la sentencia, se advierte que los juzgadores de instancia, al dosificar la pena aplicable, la impusieron en un quantum de 40 meses, que corresponde al previsto en el artículo 355 del Código Penal, incrementado en la proporción que establece el artículo 372.1 ibídem, y disminuido en la forma prevista en el artículo 22 ejusdem, previa advertencia de la imposibilidad de partir del mínimo, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 61 del Código Penal, atendiendo la gravedad y modalidad del hecho.

Al revisar la resolución de acusación se establece que el instructor no mencionó concretamente el artículo que prevé la circunstancia de agravación punitiva (art. 372-1 del Código Penal anterior) como tampoco al resolver la impugnación la unidad de fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional (fl. 55) hizo alusión expresa a dicho artículo, situación que ha servido para la formulación del cargo que se examina.

La Corte en la actualidad, mayoritariamente, es del criterio que lo fundamental es que las circunstancias tanto genéricas, ya objetivas ora subjetivas, como las específicas que impliquen incremento punitivo, formen parte del supuesto de hecho que es objeto de imputación fáctica en la acusación, siendo suficiente para que haga parte inequívoca de ella la alusión clara de su existencia, de tal manera que figure en el contenido de dicha imputación (4) .

(4) CSJ, M.P. Gálvez Argote Carlos Augusto. Casación Nº 11.250, dic. 18/2000 y Casación Nº 10.424 de febrero 21 de 2001.

En consecuencia, lo imprescindible para su cabal deducción en la sentencia es que, de cara a los derechos y garantías constitucionales del procesado es que el supuesto de hecho al que se integran tales circunstancias, aparezca inequívocamente expuesto en la resolución de acusación entendiendo que en ella se formula la imputación de una conducta con todos sus ingredientes genéricos o específicos, por haberla realizado el sindicado, la que a su vez coincide con la norma prohibitiva integrada por el tipo básico con las circunstancias de agravación que le sean concurrentes.

Ahora bien, la Sala advierte que en la resolución de acusación proferida por unidad delegada para secuestro y extorsión el 20 de junio de 1194, tanto en la síntesis fáctica con que inicia la providencia, (fl. 325) como al analizar el acervo probatorio (fl. 331, ib.) se refiere de manera precisa a la exigencia de que fuera víctima Luis Antonio Vargas Gutiérrez en cuantía de cincuenta millones de pesos, rebajada en virtud de negociación con los extorsionistas a veinte millones de pesos dividida en dos contados, de ocho y doce millones respectivamente. En el examen que realiza bajo el subtítulo de “responsabilidad”, la fiscalía alude tanto a “la suma cuantiosa” por recoger como a la que quedaba pendiente en razón de la negociación realizada. Para la Sala, es claro el contexto de la acusación en relación con una extorsión agravada ya por la exigencia inicial (50 millones de pesos) o ya por la negociada (20 millones) versó sobre una cuantía prevista como agravación punitiva en el artículo 372.1, como así lo advirtieron los juzgadores en las instancias.

Ocurridos los hechos en febrero de 1993, cualquiera de las cuantías referidas supera el equivalente a 18.83 salarios mínimos, que para entonces era de $ 81.510 (D. 2061/92) para establecer así la concurrencia de la agravante de la extorsión tentada por la que el procesado fue condenado. La anterior conclusión subsiste ante la vigencia del artículo 267.1 del Código Penal.

En consecuencia, el cargo no prospera.

Atendidas las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR la sentencia impugnada, de fecha origen y contenido consignados en esta providencia

Cópiese, devuélvase y cúmplase.

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