Sentencia 1409 de octubre 23 de 1995 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

DOCENTES EN COMISIÓN SINDICAL

SE INHABILITAN ELECTORALMENTE

EXTRACTOS: «El artículo 43, numeral 3º, de la Ley 136 de 1994, que el demandante encuentra transgredido, expresa:

“ART. 43.—Inhabilidades. No podrá ser concejal: (...)

3. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la inscripción haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes de educación superior”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia C-231 del 25 de mayo de 1995, declaró ajustada a la Constitución la disposición transcrita, con excepción de la expresión “de educación superior”, que declaró inexequible (expedientes D-679, D-681, D-689, D-690, D-697 y D-700). Consideró la Corte que tal expresión era violatoria del principio de igualdad instituido en el artículo 13 constitucional, ya que establecía un privilegio injustificado en favor de un sector de docentes frente a otros que se desempeñaban en niveles diferentes de educación.

De lo anterior surgen dos consecuencias. La primera, que no es posible dejar de aplicar el referido numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 bajo la censura de inconstitucionalidad, porque la Corte Constitucional señaló lo contrario, salvo en lo referente a la expresión “de educación superior”, que declaró inexequible, ya se dijo. Es que las sentencias que profiere la Corte en sede constitucional tienen el valor de cosa juzgada constitucional, son de obligatorio cumplimiento para las autoridades y los particulares, y lo que decida no puede ser objeto de nueva controversia, siendo que debe confrontar de oficio la norma acusada con todos los preceptos constitucionales, según lo dispuesto en los artículos 241 y 243 de la Constitución y 21, inciso primero, y 22 del Decreto 2067 de 1991.

La segunda consecuencia es que, establecida como está la inconstitucionalidad de la expresión “de educación superior”, y siendo que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán las disposiciones constitucionales como manda el artículo 4º constitucional, aquella expresión debe dejar de aplicarse, en todo caso, no obstante que la declaración de inconstitucionalidad fue posterior a la fecha en que tuvieron lugar las elecciones, 30 de octubre de 1994. Es que si debe dejar de aplicarse la ley inconstitucional, en todo caso, aun cuando no medie sentencia que así lo declare, la sentencia que declare la inconstitucionalidad no puede ser obstáculo para dejar de aplicar la ley inconstitucional a situaciones anteriores a la fecha en que hubiera sido proferida sino, por el contrario, razón de certeza para hacerlo.

Por otra parte, no es aplicable al caso el artículo 11 de la Ley 177 de 1994, mediante el cual fue modificado el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de ese año, porque aquélla entró en vigencia el 28 de diciembre de 1994, esto es, con posterioridad a la celebración de las elecciones.

Pues bien, está probado que el señor Pedro Julio Contreras Delgado fue elegido concejal del municipio de San Andrés para el período de 1995 a 1997 en las elecciones que tuvieron lugar el 30 de octubre de 1994, como consta en la correspondiente acta parcial de escrutinio (fls. 1 a 4).

No se trajo al proceso constancia de su inscripción, pero así debió ocurrir a más tardar el 26 de agosto de 1994, fecha en que vencía el plazo para la inscripción, o el 1º de septiembre del mismo año, en que vencía el de las modificaciones, según lo certificado mediante oficio 628 de 13 de febrero de 1995 por los delegados del Registrador Nacional en Santander, en conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 163 de 1994 (fl. 38).

Está probado que el gobernador del Departamento de Santander, mediante Resolución 940 de 21 de febrero de 1994 y bajo la consideración de que los educadores podían ser comisionados temporalmente para desarrollar actividades sindicales según lo establecido en el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, concedió comisión al señor Pedro Julio Contreras Delgado, maestro de la escuela rural Los Toldos, del municipio de San Andrés, dice la resolución, para desempeñar actividades de orden sindical, a partir de la fecha en que fue expedida esa resolución y hasta la terminación del año de 1994 (fls. 33, 34 y 35).

El demandado, entonces, no obstante su carácter de empleado docente, desde 21 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 1994 estaba en comisión para el desempeño de actividades sindicales, no docentes, y ello lo excluye de la excepción establecida en el artículo 43, numeral 3º, de la Ley 136 de 1994, que hace inelegible a quien dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la inscripción haya sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones docentes.

Se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 2277 de 1979, los educadores escalafonados en servicio activo pueden ser comisionados en forma temporal para participar en actividades de carácter sindical, caso en el cual no pierden su clasificación en el escalafón y tienen derecho a regresar a su cargo docente, tan pronto renuncien o sean separados del desempeño de dichas funciones. Pero ello mismo indica que mientras dure la comisión se encuentran separados de sus funciones docentes, y que el desempeño de actividades sindicales no puede asimilarse al desempeño de funciones docentes.

Los educadores de los servicios educativos estatales, dice el parágrafo segundo del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, son servidores públicos de régimen estatal; y son servidores públicos, a más de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores del Estado, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución.

Siendo así, el demandado, señor Pedro Julio Contreras Delgado, se encontraba inhabilitado para ser elegido concejal, porque dentro de los tres meses anteriores a su inscripción ostentaba la calidad de servidor público, empleado público o trabajador oficial, y no desempeñaba funciones docentes».

(Sentencia de octubre 23 de 1995. Expediente 1409. Consejero Ponente: Dr. Mario Alario Méndez).

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