Sentencia 14107 de abril 13 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000232700020010116201

Expediente: 14107

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Procesadora de Spandex S.A. Prospan (en liquidación).

Excepciones cobro administrativo.

Fallo

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Se decide en esta instancia sobre la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, administración especial de personas jurídicas de Bogotá D.C., negó la prosperidad de las excepciones de falta de ejecutoria de “falta de título”, “incompetencia” y “prescripción”, propuestas por la Sociedad Procesadora de Spandex S.A. Prospan (en liquidación), dentro del proceso administrativo de cobro coactivo adelantado por impuestos y sanciones correspondientes a los años gravables 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998.

La Sala analizará los fundamentos de apelación en, el orden propuesto por la accionante:

1. Excepción de “falta de título ejecutivo”. Según el apelante, no existe título que preste mérito ejecutivo en los términos del artículo 828 del estatuto tributario, toda vez que el mandamiento de pago 005998 del 20 de diciembre de 2000 se soporta en un estado de cuenta que en nada se asimila a un título valor.

En la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dicha excepción se fundamentó así: “En el presente caso se pretendió iniciar la acción con una copia de las declaraciones privadas y de los actos administrativos que determinaron las sanciones. En materia de procesos ejecutivos y el cobro coactivo no es la excepción, solo se puede iniciar acción con el título que presta mérito ejecutivo, y este es solo uno, que contiene la obligación. Las copias de los mismos no prestan mérito ejecutivo” (fl. 4 Exp.).

En primer lugar advierte la Sala que respecto a la procedencia o no de plantear nuevos hechos de inconformidad por vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es un tema que la jurisprudencia (1) ha precisado por vía de interpretación, y en esta forma, se estructuró la tesis según la cual “Los hechos que se presentan en la vía gubernativa imponen el marco de la demanda ante la jurisdicción no siendo viable aceptar nuevos hechos, aunque sí mejores argumentos de derecho”.

Quiere decir lo anterior, que debe existir identidad en la pretensión sometida a consideración de los funcionarios administrativos y la que se somete a juzgamiento ante los tribunales contencioso administrativos, sin perjuicio de que el actor pueda traer nuevos o mejores argumentos de derecho.

Tal como lo advirtió el Ministerio Público, el demandante mediante escrito del 17 de enero de 2001 formuló la excepción de “falta de título ejecutivo”, señalando que se inició la ejecución con copias de las declaraciones privadas y de actos administrativos, sin que esto sea posible por no prestar mérito ejecutivo, (fl. 14 Exp.), la Administración resolvió la excepción propuesta mediante La Resolución 4 del 31 de enero de 2001, aduciendo que en los expedientes de cobro reposan las fotocopias auténticas de los títulos objeto de cobro, por cuanto los originales se encuentran debidamente archivados en la administración respectiva.

El argumento de la actora fue repetido con ocasión a la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en contra de las resoluciones que resolvieron las excepciones propuestas. En la sentencia apelada se analizó el punto, concluyendo que tales documentos gozan de la presunción de legalidad y que no puede dársele el mismo tratamiento jurídico de los títulos ejecutivos emitidos dentro de operaciones comerciales de carácter particular.

El demandante con ocasión a la interposición del recurso de apelación, cambia los argumentos que sustentan la excepción propuesta, aduciendo un hecho nuevo, la falta de título ejecutivo, alegando que el proceso de cobro se sustenta en un estado de cuenta que no se asimila a un título valor.

Para la Sala, al cambiar los fundamentos que sustentan la excepción propuesta se desconoce el derecho de defensa que le asiste a la administración, por cuanto se le vulnera la oportunidad de referirse al asunto propuesto.

Sin embargo, observa la Sala que ninguno de los argumentos desvirtúa la legalidad de los actos demandados, por las siguientes razones:

Los actos acusados, expedidos por la división de cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Personas Jurídicas de Bogotá, D.C., se profirieron en ejercicio de la facultad administrativa de cobro consagrada en los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario, que regulan el procedimiento, recursos procedentes y la intervención de la jurisdicción contencioso administrativa para el control de legalidad de tales actos.

En el mandamiento de pago 005998 del 20 de diciembre de 2000 se ordena el pago de obligaciones pendientes de cancelar, identificando el número del título, el concepto, el período gravable y los valores respectivos, relativas a impuestos y sanciones por los años gravables 1993, 1995, 1996, 1997 y 1998.

Es oportuno precisar que en el proceso de cobro coactivo no se discuten derechos, se parte de un título legalmente constituido, su finalidad es hacer efectivo un cobro, razón por la cual se parte de obligaciones ya establecidas, sobre las cuales el administrado tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley y las acciones procedentes, no se trata de un estado de cuenta o de un registro de contabilidad.

Por tal razón, se parte de actos administrativos que se presumen legales, los cuales reposan en los archivos de la administración, siendo suficiente su cobro con copias proferidas por la misma autoridad pública.

2. Excepción de incompetencia. Según el apelante, el mandamiento de pago fue proferido por una funcionaria de la DIAN de quien se desconoce en qué calidad está librando dicho acto oficial.

Para la Sala, el artículo 824 del estatuto tributario establece la facultad de delegar la competencia radicada en el subdirector de impuestos y en los jefes de cobranzas, en los funcionarios de las mismas, sin condicionarla a alguna etapa en particular del proceso de cobro.

Si bien en el mandamiento de pago no se citó la resolución de delegación con que actuó la funcionaria de la división de cobranzas, a folio 22 del expediente figura la Resolución 119 del 21 de febrero de 2000, por medio de la cual el administrador especial de impuestos de las personas jurídicas de Bogotá, D.C., delegó dicha facultad, anotando: “ART. 1º—Delegar la facultad de conocer y adelantar los procesos de cobro administrativo coactivo que se tramitan en la división de cobranzas, así como la de proferir los actos administrativos que se deriven del mismo, en los siguientes funcionarios...”.

“ART. 2º—El jefe de la división de cobranzas podrá asumir las funciones delegadas en la presente resolución, cuando lo considere pertinente”:

Contrario a lo estimado por la apelante, dicha delegación debe entenderse tanto para los procesos que se adelantarán al momento de la delegación, como en el futuro, más aún si se tiene en cuenta como lo advierte el a quo que en virtud del artículo 2º de la citada resolución, los delegados pueden ejercer tal atribución hasta que el delegante la retome.

4. (sic) Excepción de “Prescripción”.

Según el apelante, se pretende el cobro de retención en la fuente por el año 1995, en virtud del mandamiento de pago 00005998 proferido el 20 de diciembre de 2000 y notificado el 9 de enero de 2001, obligación que se encuentra prescrita.

Sobre el particular anota la Sala que dicha acreencia fue excluida del mandamiento de pago mediante la Resolución 4 del 31 de enero de 2001, por medio de la cual la administración resolvió las excepciones propuestas, anotando: “De otro lado el concepto de retención 1995 período 1, también debe ser excluido de este acto administrativo, por cuanto anteriormente había sido incluido en el mandamiento de pago de marzo 2 de 1999, el cual se encuentra vigente, inconsistencia que no fue alegada por el apoderado, pero que este despacho reconoce, para continuar el trámite respectivo sin deficiencias procesales”.

En consecuencia, habiéndose excluido dicha acreencia del proceso de cobro que es objeto de demanda, no hay lugar a determinar si operó la prescripción consagrada en. el artículo 817 del estatuto tributario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada.

2. Reconócese personería a la Doctora Nydia Amparo Pabón Pérez, como apoderada de la parte demandada en los términos del poder que debidamente conferido obra a folio 128.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) Sentencias del 23 de marzo de 2000, Exp. 5658, C.P. Juan Alberto Polo Figueroa, del 20 de octubre de 2000, Exp. 10665 C.P. Daniel Manrique G. Y del 23 de febrero de 1996, Exp. 7262 C.P. Delio Gómez Leyva.

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