Sentencia 14112 de septiembre 9 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-27-000-2000-00115-01

Procesos acumulados: 99-0929, 00-0874, 00-0906, 00-0875 y 00-1067.

Ref.: Número interno 14112.

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa.

Actor: B.P. Exploration Company Limited.

Apelación sentencia de 28 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto Ventas. Primero a sexto bimestres. 1997.

Bogotá, D.C., nueve de septiembre de dos mil cuatro.

Fallo

La apoderada de la parte demandada interpone recurso de apelación contra la sentencia de 28 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, estimatoria de las súplicas de las demandas formuladas, mediante apoderado, por B.P. Exploration Company —Colombia— Limited, contra los actos administrativos por medio de los cuales la división de liquidación de la Administración de Impuestos Nacionales de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá, determinó el impuesto sobre las ventas y sanciones de los seis bimestres de 1997.

(...).

Consideraciones de la Sala.

De conformidad con los términos del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, la Sala procederá a resolver si las erogaciones por concepto del servicio de exploración sísmica constituyen “activo fijo” o no.

A juicio de la recurrente dichas erogaciones corresponden a la adquisición de activos fijos, carácter que según el artículo 60 del estatuto tributario, adquiere si el bien es o no susceptible de enajenación dentro del giro ordinario de los negocios, además porque fueron registradas en la contabilidad en una cuenta del activo.

Como lo destacó el apoderado de la parte demandante al alegar de conclusión, la corporación en diversas oportunidades se ha pronunciado sobre los aspectos de hecho y de derecho debatidos en este proceso, entre las mismas partes aunque por períodos diferentes, posición jurisprudencial que no comparte la parte recurrente.

La Sala al analizar y sentar su criterio sobre el asunto objeto de apelación, en la sentencia de 22 de septiembre de 2000, expediente 9975, Consejero Ponente Julio E. Correa Restrepo, reiterado en diversas oportunidades, al resolver sobre la procedencia o no de los impuestos descontables originados en los costos y gastos de exploración sísmica, sostuvo que esta inversión es un cargo diferido, pues corresponden a gastos de exploración necesarios para el desarrollo de la actividad productora de renta de la sociedad, deducibles por el sistema de amortización de inversiones y no un activo fijo como lo afirma la administración.

Las inversiones necesarias amortizables, según el artículo 142 del estatuto tributario son aquellas erogaciones efectuadas para los fines del negocio o actividad que sean susceptibles de demérito; contablemente pueden ser registradas como activos para su amortización en más de un período gravable; diferidos cuando se trate de gastos preliminares de instalación, organización o desarrollo; o como costos de adquisición o exploración de yacimientos petrolíferos.

El artículo 159 ib. en relación con las inversiones amortizables en la industria petrolera indica que éstas pueden estar representadas en terrenos o bienes depreciables (activos fijos tangibles), las cuales no son deducibles por el sistema de amortización de inversiones por estar expresamente excluidos por la ley; o en costos o gastos necesarios para la exploración o explotación de yacimientos petrolíferos (activos diferidos), éstos deducibles en períodos gravables posteriores a su realización o causación, una vez reúnan los requisitos exigidos por el artículo 107 ib. y además pueden amortizarse en un término no inferior a cinco (5) años (E.T., art. 143).

Del material probatorio que obra en el expediente acumulado se establece que los valores sobre los cuales se causó el IVA solicitado como descontable en el período discutido, corresponden a costos y gastos incurrirlos dentro de la fase de exploración en cumplimiento de los contratos de asociación, sin que exista prueba demostrativa de la contabilización de partidas en los activos fijos que permitan inferir que los impuestos controvertidos no sean deducibles.

De otra parte, en cuanto a que tales erogaciones son activos fijos porque corresponden a bienes incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios de la sociedad, según el artículo 60 del estatuto tributario, debido a que los contratos de asociación contienen una cláusula que permite su enajenación, la corporación ha reiterado que la recuperación de la inversión se da mediante la deducción gradual del gasto no de la enajenación del “cargo diferido”; además de llegarse a ceder el contrato de concesión otorgado para la exploración y explotación del yacimiento petrolífero, lo enajenado no sería el “cargo diferido” sino la totalidad de los derechos derivados del mismo.

De lo anterior se concluye que las erogaciones que dieron lugar a los impuestos descontables solicitados son necesarias para la exploración y explotación de hidrocarburos, además no fueron destinadas a la adquisición de activos fijos, por lo tanto constituyen “costo o gasto deducible” en los términos del artículo 488 del estatuto tributario, posición que la Sala no ha variado.

Así las cosas, las argumentaciones del ente administrativo no son suficientes para modificar la posición jurisprudencial que sobre la naturaleza de las inversiones (costos y gastos de exploración sísmica) ha sostenido esta corporación, en el sentido de considerarlas “costo o gasto deducible” aunque contablemente deba reconocerse como “activo diferido” y no como lo pretende la parte recurrente “activo fijo” en los términos del artículo 60 del estatuto tributario, razón por la que no se dará prosperidad al recurso de apelación interpuesto.

En este mismo sentido se pronunció la Sala entre otras en las sentencias de 29 de septiembre de 2000, expediente 9976, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo; 3 de noviembre de 2000, expediente 9978, C.P. Dr. Daniel Manrique Guzmán.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

Confírmase la sentencia de 28 de mayo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, objeto de apelación, por las razones expuestas en la parte motiva.

Reconócese personería a la doctora Nidia Amparo Pabón Pérez como apoderada de la Nación en los términos y para los efectos del poder que obra a folio 342 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha».

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