Sentencia 14113 de julio 6 de 2005

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Acción contractual. Rad. 14.113 (R-1556) de 2005.

Consejero Ponente:

Dr. Alier E. Hernández Enríquez

Actor: Consorcio José Joaquín Clavijo y Ramiro Alfonso Cruz Hernández.

Bogotá, D.C., seis de julio de dos mil cinco.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cuatro (4) de julio de 1997, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la acción contractual de la referencia.

1. Antecedentes.

1. El 8 de noviembre de 1995, el “Consorcio José Joaquín Clavijo y Ramiro Alfonso Cruz Hernández” interpuso acción contractual contra el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, por intermedio de apoderado, cuyo poder fue conferido por el representante del consorcio, designado en el documento de constitución del mismo.

En la demanda, el consorcio solicita la declaratoria de incumplimiento del contrato de obra pública 02 de 1994, por parte del IDU, cuyo objeto fue la construcción a los accesos de los barrios urbanos de bajos ingresos, grupo 4 de la invitación pública 15 de 1993.

El incumplimiento lo hace consistir el demandante en el hecho de que, con posterioridad a la presentación de la oferta, el Congreso de la República creó la denominada “contribución especial” —L. 104/93, arts. 123 y ss.—, también llamada “impuesto de guerra”, en virtud de la cual se grava la construcción de algunas obras públicas con un monto del 5% del valor total del contrato.

Afirma el demandante que, una vez ocurrió esto, entre él y el IDU se suscribió el otrosí 1 al contrato 02, en el cual se acordó que el ente público reconocería al contratista el valor del impuesto de guerra, aumentándose proporcionalmente el valor del contrato.

Agrega la demanda que, en acatamiento a dicho otrosí, el IDU cumplió durante los meses siguientes a su suscripción dicho acuerdo; pero a partir del mes de septiembre de 1994, se abstuvo de seguir pagando el mayor valor acordado, e incluso lo pagado con anterioridad luego le fue descontado en las actas de pago posteriores.

La demanda fue admitida mediante auto de 23 de noviembre de 1995, y se notificó personalmente al IDU el 6 de febrero de 1996. Luego, a partir del 6 de marzo de 1996, se fijó en lista por 5 días.

2. El 8 de marzo de 1996, el IDU, actuando por intermedio de apoderado, contestó la demanda, exponiendo los siguientes argumentos:

Es cierto que el IDU se abstuvo de pagar el mayor valor acordado en el otrosí 1 al contrato 02 de 1994, pero lo hizo de manera justificada, pues se fundó en el hecho de que el acuerdo era violatorio de las normas legales, lo que justificaba la aplicación del artículo 16 del Código Civil, según el cual no es posible, mediante un convenio o acuerdo, derogar las leyes.

Agrega, además, en apoyo de la anterior idea, que un impuesto de esta naturaleza fue creado para que lo asuma el contratista, y mal puede la entidad estatal trasladarse para sí esta carga tributaria, so pretexto de restablecer el equilibrio financiero al contratista.

De hecho, termina diciendo el demandado, el propio Consejo de Estado es de este criterio, y cita como respaldo de sus afirmaciones el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de septiembre 19 de 1994 —Rad. 637, C.P. Jaime Betancur Cuartas—.

Con fundamento en estas mismas ideas el IDU propone adicionalmente la excepción de “ineficacia de la adición 1 del contrato de obra pública”, por ser contrario a la ley, el otrosí suscrito.

3. Las pruebas pedidas por las partes fueron decretadas el 29 de marzo de 1996. Luego, el 9 de agosto de 1996, se citó a la audiencia de conciliación, la cual se llevó a cabo el día 12 de septiembre, pero ni siquiera se propusieron fórmulas de arreglo.

Mediante auto de septiembre 26 de 1996, se ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión; no obstante dicha decisión fue revocada mediante auto de noviembre 28 de 1996, en atención al recurso interpuesto por el demandante, en el cual pedía que se practicara una prueba debidamente pedida, pero no decretada. En virtud de esto el tribunal accedió a lo pedido, y la prueba fue decretada. Finalmente, el 24 de abril de 1997, se corrió traslado al Ministerio Público y a las partes para alegar.

4. La apoderada del IDU presentó alegatos de conclusión el 21 de octubre de 1996, y ratificó este escrito en memorial de mayo 20 de 1997, reiterando la idea según la cual el otrosí que se suscribió en el año de 1994 es ineficaz, porque viola la ley de contratación estatal y la Ley 104 de 1993.

Por su lado, la parte demandante recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, e incluso del propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ha protegido a los contratistas contra los actos de poder del Estado que causan un desequilibrio financiero del contrato, como ocurre, en su sentir, en el presente caso, razón por la cual pide que se tome en cuenta dicha jurisprudencia.

Una vez concluido este procedimiento, el proceso pasó al despacho para sentencia, sin que la procuraduría hubiera intervenido en el proceso.

2.Sentencia de primera instancia.

El 4 de julio de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las súplicas de la demanda. Luego de enunciar la totalidad de las pruebas obrantes en el proceso, precisó que las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, con fundamento en las siguientes razones:

Para el tribunal, pese a estar probados los supuestos de hecho de la demanda, el acta de liquidación bilateral del contrato aportada al proceso, impide que prospere la pretensión indemnizatoria, debido a que, en ella, el consorcio dejó una salvedad o constancia genérica, en el sentido de reservarse el derecho de presentar con posterioridad cualquier reclamación sobre el acta de liquidación.

Este tipo de reclamación, para el tribunal, no tiene la virtualidad de permitir al contratista formular ante la jurisdicción contenciosa, reclamación alguna, ya que solo una constancia escrita, precisa y clara, no una genérica, sobre sus desacuerdos dejan tal posibilidad.

Finalmente, sobre la excepción de ineficacia del negocio, propuesta por la parte demandada, dijo el tribunal que no estaba llamada a prosperar, porque el otrosí suscrito, en el sentido de reconocer al contratista el pago del mayor valor del impuesto de guerra, no es contrario al orden público ni a las buenas costumbres.

3.Recurso de apelación y actuación en segunda instancia.

3.1. El 22 de julio de 1997, lo parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Recordó que, para el tribunal, la demanda se desestimó por el hecho de que el acta de liquidación no contempló una constancia o reserva de inconformidad específica, sino genérica, y para él “... no existe ninguna norma que de manera expresa, señale como requisito sine qua non, para poder demandar el incumplimiento del contrato, que deba el contratista dejar por escrito su inconformidad específicamente sobre el tema materia del incumplimiento ...”.

Agrega que, ni en la Ley 80 de 1993, ni el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, se establece la exigencia anotado por el a quo para poder demandar, además de que quienes suscriben las actas de liquidación son ingenieros, a quienes no se les puede exigir una absoluta precisión. Por estas razones pide que se revoque la decisión.

El recurso interpuesto fue concedido el 8 de agosto de 1997, y admitido el 4 de noviembre del mismo año. Corrido el traslado a las partes para alegar, y al representante del Ministerio Público para que rindiera concepto, la demandada y este presentaron sus alegatos.

3.2. El apoderado del IDU manifestó que la sentencia apelada se debe confirmar, porque la Sección Tercera ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que el acta de liquidación es un acuerdo que culmina la relación entre las partes del contrato; de ahí que las constancias escritas y expresas sean esenciales para poder demandar en el futuro.

Por su parte, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Sexta Delegada en lo Contencioso, solicitó que se confirme el fallo recurrido. En efecto, dice que el hecho de que el contratista haya reclamado durante la ejecución del contrato el pago del mayor valor acordado en el otrosí 1 del contrato 02 de 1994, debió realmente ser debatido al momento de la suscripción del acta de liquidación, pues este instante es el que define el estado del contrato y finaliza la relación contractual, atendiendo incluso a la especial forma como fue regulada la liquidación del mismo, en la cláusula 21 del contrato.

Concluye reiterando la importancia de que las constancias de inconformidad de las actas no sean genéricas, sino concretas y específicas, para poder acceder a la administración de justicia sobre temas puntuales.

3.3. En el presente proceso la honorable magistrada María Elena Giraldo puso de presente, el 14 de septiembre de 1999, un impedimento para conocer del tema, por haber conocido del asunto en primera instancia, frente a lo cual la Sala lo declaró fundado, el 23 de septiembre de 1999.

De conformidad con el artículo 54, inciso final, de la ley estatutaria de la administración de justicia, no es necesario proceder a sortear conjuez.

4. Consideraciones.

Hay que advertir, de una vez, que la sentencia apelada será confirmada por esta Sala, para lo cual se expondrán a continuación las razones que conducen a ello, siendo necesario analizar, i) en primer lugar, el tema de las constancias dejadas en las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales, como condición de acceso a la jurisdicción; y, luego, ii) se aplicará el análisis anterior al caso apelado.

Sin embargo, antes de iniciar el estudio del caso, se debe advertir que en el proceso obran las pruebas necesarias para decidir de fondo este recurso, como son:

— El contrato 02, de enero 7 de 1994, suscrito entre el IDU y el consorcio José Joaquín Clavijo y Ramiro Alfonso Cruz Hernández, cuyo objeto es la “... construcción de los accesos a los barrios urbanos de bajos ingresos, grupo 4 de la invitación pública 015 de 1993 ...” (cdno. 2, fls. 1-20).

— El otrosí 1, al contrato 02 de 1994, suscrito por las mismos partes, el 3 de marzo de 1994, por medio del cual se modifica la cláusula 3 del contrato principal, en el sentido de reconocer al contratista el mayor valor —5% del valor del contrato— ocasionado por el pago del impuesto de guerra a cargo del contratista (cdno. 2, fls. 21-23).

— El documento de constitución del consorcio, en el cual se indica, entre otras cosas, que el representante del consorcio es el ingeniero José Joaquín Clavijo Baquero (cdno. 2, fl. 27).

— Las órdenes de pago del IDU, a favor del contratista, en las que se da cuenta de la cancelación del valor del contrato y de los retenciones del impuesto de guerra (cdno. 2, fls. 28-57).

— El acta de liquidación bilateral, de mayo 4 de 1995, suscrita por las partes del contrato, en la cual se da cuenta detallada de la ejecución del mismo —pagos efectuados, actas suscritas, reajustes cancelados, recibo de la obra, etc.—. Como aspecto adicional, e importante, en ella se deja “... expresa constancia que el contratista se reserva el derecho de presentar cualquier reclamación que considere pertinente sobre la presente acta de liquidación”.

— Constan también diversas reclamaciones del contratista, con sus respectivas respuestas, dirigidas al IDU, en las cuales se solicita el pago del impuesto de guerra, en concordancia con lo pactado entre las partes en el otrosí 01 de 1994 (cdno. 2, fls. 67, 68, 69, 70. 71-20).

— La copia del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado —Rad. 637 de 1994, C.P. Jaime Betancur Cuartas—, mediante el cual se absuelve una consulta formulada del Ministerio de Transporte, relacionada con el entendimiento que se le debe dar a la Ley 104 de 1993, en cuanto a la contribución especial contenida en él.

Con fundamento en las anteriores pruebas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que las pretensiones de la demanda no estaban llamadas a prosperar, porque el acta de liquidación del contrato 02 de 1994, y su otrosí 1, no contenía una constancia de inconformidad del contratista, de carácter expreso, concreto y claro, que identificara adecuadamente los diferencias del contratista; lo que encontró fue una de tipo genérico, que no satisface la exigencia requerida para poder acudir a la jurisdicción contenciosa, en acción contractual.

4.1. La liquidación de los contratos y las constancias dejadas por las partes.

Es cierto —como se afirma en la sentencia recurrida, y lo sostiene la parte demandada— que, para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa, en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron resultar durante su ejecución, tal como esta Sala lo ha señalado en reiteradas ocasiones. Así, por ejemplo, se ha dicho que:

“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones que tenga cualquiera de las partes, no es posible que luego se demande judicialmente el pago de prestaciones surgidas del contrato ...

La liquidación de mutuo acuerdo suscrita por las partes constituye un acto de autonomía privada de aquellas que le da firmeza o definición a las prestaciones mutuas entre sí, de tal suerte que constituye definición de sus créditos y deudas recíprocas, no susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, como no sea que se acredite algún vicio del consentimiento que conduzca a la invalidación de la misma, tales como: error, fuerza o dolo.

La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones o que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento” (1) .

Ahora bien, la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad. A este respeto ha dicho el Consejo de Estado que: 

“... es claro que en el cuerpo del acto de liquidación existe aceptación expresa y total, por parte del contratista, de lo acordado; esta circunstancia le impide cualquier reclamación posterior como lo ha reiterado en varias oportunidades la Sala; si quedó inconforme, por ejemplo, porque no se le reconoció todo lo que a su juicio se le debía, debió expresarlo así de modo concreto, estableciendo, si no las cantidades, sí los hechos de los cuales derivaba su descontento. Pero hacer —luego de aceptar el contenido del acta— una afirmación tan genérica y abstracta como “el contratista se reserva el derecho de reclamación” es a todas luces insuficiente y por lo mismo ineficaz para dejar abierta la posibilidad a la controversia jurisdiccional. Da lo mismo, en este caso, haber guardado silencio respecto del contenido de la liquidación como (sic) hacer, la anterior afirmación, pues la indefinición que tal expresión envuelve la torna inocua” (2)

En este mismo sentido se dijo en la sentencia de 14 de febrero de 2002 —exp. 13.600— que “... no es dable jurídicamente exigir, como lo pretende el demandado, que la objeción contenga una relación completa, sustentada y detallada de cada uno de los rubros respecto de los cuales existe la divergencia; lo que es importante es que haya manifestado su desacuerdo en forma clara y concreta”. 

Lo anterior significa que la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica, que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial bien porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten diferencias entre ellas. La Sala lo ha dicho, al definir hechos a los que conoce en esta oportunidad: 

“De acuerdo con lo anterior, la nota dejada por el demandante en el acta de liquidación del contrato suscrita el 8 de abril de 1991 me reservo el derecho a reclamar, así para el juzgador pueda entenderse que es para pretender el reconocimiento de lo que reclamó directamente a la administración sin resultado positivo alguno, no abrió la instancia judicial para su examen al haber aceptado en forma expresa el acta de liquidación. Por ello, las pretensiones del demandante no están llamadas a prosperar ya que la liquidación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes y sin salvedades expresas y concretas impide el examen judicial de la revisión de los precios del contrato” (3)

Queda clara, pues, la posición de la jurisprudencia sobre el tema, y no dispone la Sala de ningún argumento nuevo que la condujere a su variación.

4.2.El caso concreto.

El acta de liquidación del contrato 02 de 1994 relaciona los contratos adicionales que se suscribieron, los valores, plazos y reajustes pagados, hace una referencia expresa al estado financiero de contrato, las cuentas de cobro pagadas con las amortizaciones del anticipo, las relaciones de las actas —desde la número 1 hasta la 19—, las modificaciones de los garantías del contrato, y el recibo de las obras por parte de diferentes entidades públicas.

Al final de esta acta, el consorcio deja una constancia en el siguiente sentido: “... el contratista se reserva el derecho de presentar cualquier reclamación que considere pertinente sobre la presente acta de liquidación” (cdno. 2, fl. 64).

Con fundamento en las ideas anteriormente analizadas, resulta evidente que la constancia dejada por el consorcio contratista no tiene la potencialidad de satisfacer las exigencias ya establecidas por la jurisprudencia de esta Sala —constancias expresas y concretas sobre el tema objeto de diferencia—, para efectos de posibilitar el acceso a la jurisdicción.

Y no satisface tales exigencias mínimas, porque una constancia como la analizada no busca cerrar adecuadamente la relación contractual, bien a paz y salvo o bien con advertencias claras de inconformidad; deja a una de las partes del negocio a la libérrima voluntad de la otra y de soportar demandas por motivos desconocidos para ella, cuando este tipo de problemas deben quedar, si no resueltos, cuando menos advertidos al momento de concluir definitivamente la relación contractual.

Esta conclusión no cambia porque existan pruebas en el proceso acerca de las reclamaciones que durante la ejecución del contrato, presentó el consorcio demandante al IDU (cdno. 2, fls. 66 y 68), las cuales fueron negadas reiteradamente por dicha entidad (fls. 67 y 70-71). Tal circunstancia, sin embargo, no eximía al contratista de cumplir la carga de dejar las constancias concretas de inconformidad correspondientes, en el acta de liquidación, momento determinante para estos efectos, y el único relevante para que su actitud tenga efectos jurídicos a posteriori, en relación con la posibilidad de demandar.

Debe recordarse que el acto de liquidación es la terminación auténtica de la relación contractual; es la expresión final y de la autonomía de la voluntad de las partes que bien pueden disponer de sus derechos y obligaciones; puede acontecer en él que algo que constituyó una inconformidad en el pasado resulte finalmente olvidado, o que se haya comprendido —por la fuerza de las razones de la otra parte— que la exigencia no tenía razón de ser.

Una multiplicidad de posibilidades se conjugan en ese instante; de ahí que las constancias concretas de inconformidad, en ese único y preciso momento, sean las que definen el futuro procesal de los reclamos, debido a la concentración que, de la autonomía de la voluntad, se hace presente allí para poder disponer o no de los derechos derivados del contrato.

Ahora bien, el actor funda el más importante argumento de impugnación a la decisión apelada, en el hecho de que ninguna norma jurídica ha establecido la exigencia anotada por el a quo —la constancia de las inconformidades—, de lo cual deduce que su exigencia desborda el derecho positivo; agrega que un contratista no puede tener presente este tipo de requisitos, pues su carencia de formación jurídica le impide cumplir tan severa exigencia en los negocios.

A este respecto se debe precisar que, el deber de dejar en el acta de liquidación, en forma clara y concreta, las constancias o reclamaciones, sí tiene fundamento normativo y por eso mismo es exigible en las relaciones contractuales.

En primer lugar, este hecho se funda en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. No puede perderse de vista que el acta de liquidación bilateral comparte la misma naturaleza del contrato, tanto por su formación como por sus efectos, de modo que lo allí acordado produce las consecuencias a que se refiere el artículo citado. Desde este punto de vista, cuando no se deja en el acto constancia concreta de reclamación, se entiende que no existe inconformidad.

En segundo lugar, este deber se funda en el “principio de la buena fe”, el cual inspira, a su vez, la denominada “teoría de los actos propios”, cuyo valor normativo no se pone en duda (4) , pues se funda, en primer lugar, en el artículo 83 de la Constitución Política, según el cual “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante estas”, y en forma específica, en materia contractual, en el artículo 1603, según el cual “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella” (5) .

Queda, entonces, claro que la posición del a quo, compartida por esta Sala, tiene fundamento normativo suficiente, razón por la cual esta jurisdicción ha exigido su cumplimiento en las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales.

También dice el demandante, en el recurso, que una exigencia de esta naturaleza excede las posibilidades reales que tiene un ingeniero y en general alguien que carezca de formación jurídica; esa persona no tiene por qué saber de este tipo de requisitos, cuyo incumplimiento termina cerrando las puertas de la jurisdicción. Para la Sala no es correcta esta apreciación.

En efecto, la exigencia de dejar expresadas en el acta las observaciones o inconformidades del negocio, al momento de liquidar bilateralmente un contrato, no suponen, para quien lo hace, de un profundo conocimiento jurídico. La exigencia está lejos de alcanzar tales niveles; todo lo que debe hacer el contratista es dejar constancia concreta de los motivos que lo dejan inconforme frente a la liquidación, en otros términos, hay una parte de ella que acepta —y por eso la suscribe— y otra que no —y sobre ella deja sus constancias—. Para esto último no es necesario ser abogado; es suficiente conocer la relación contractual —y él la conoce— para saber cuál es su reclamación insatisfecha. Nadie está exigiendo que, con la constancia se haga la fundamentación jurídica de la misma; solamente se requiere que en forma concreta, manifieste su inconformidad, lo cual es asunto de hecho y no de derecho.

Esta actitud clara y transparente, que la Sala reclama, no constituye siquiera una especialidad jurídica, sino tan sólo un comportamiento que la razón común aconseja en los negocios, de manera que, a diferencia de lo que considera el recurrente, este comportamiento es el más elemental y simple que debe darse entre quienes celebran negocios jurídicos, para cuyo conocimiento no se requiere de una especialidad en el conocimiento, como que de la misma manera se debió actuar al momento de participar en el proceso de selección, o al momento de suscribir el contrato estatal, entre otros tantos momentos del proceso contractual.

En este orden de ideas, la Sala entiende que lo decisión apelada se debe confirmar, por las razones expuestas.

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia del 4 de julio de 1997, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio, Presidenta—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra—Germán Rodríguez Villamizar.

(1) Sentencia del 10 de abril de 1997, Expediente 10608. Esta posición es reiterada en numerosas decisiones de esta sección, como por ejemplo en la sentencia de 20 de noviembre de 2003, expediente 15308, entre muchas otras.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que incluso desde hace bastantes años esta misma Sala ha sostenido que “La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe a quién y cuánto. Como es lógico, es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.

“Pero si el acta se suscribe con salvedades o la elabora unilateralmente la administración ante la negativa del contratista a suscribirla, le queda abierta a este su posibilidad de impugnarlo jurisdiccionalmente ante el juez del contrato” (Sent. de feb. 20/87, exp. 4838. Actor: Ingeniería Civil Ltda.).

(2) Sentencia del 29 de agosto de 1995, expediente 8884; reiterado en sentencia del 9 de marzo de 2000, expediente 10.778. 

(3) Sentencia de 9 de marzo de 2000, expediente 10.778. 

(4) En forma bastante clara Luis Díez-Picazo aborda esta misma inquietud —la de la duda acerca de la naturaleza normativa del principio de la teoría de los actos propios—, y afirma que no se trata de un principio general del derecho, ni de una regla del derecho, y que tampoco es una norma jurisprudencial.

No obstante esto, entiende que actuar en sentido contrario a un proceder o conducta previa, es sin duda alguna una actitud desleal y digna de reproche jurídico; de modo que, concluye diciendo, “Así se comprende que la inadmisibilidad de ‘venire contra factum proprium’, que no es sostenible como un autónomo principio general de derecho, sea fácilmente viable como derivación necesaria e inmediata de un principio general universalmente reconocido: el principio que impone un deber de proceder lealmente en las relaciones de derecho (buena fe). Esta conclusión nos puede permitir volver a situar la doctrina de los actos propios dentro de la doctrina legal ...” (La doctrina de los propios actos. Ed. Bosch. Barcelona, 1963. Págs. 133-134).

(5) Incluso la Ley 80 de 1993 dice, en el artículo 28, recogiendo el principio de la buena fe a nivel legal, que, “la interpretación de los normas sobre contratos estatales ... y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración ... los mandatos de la buena fe ...” .

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