•Sentencia 14123 junio 2 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DELITOS COMETIDOS POR JUECES

LA CALIDAD DE JUEZ EN LA TIPICIDAD Y EN LA AGRAVACIÓN

EXTRACTOS: «Es indiscutible que los jueces de la República ostentan un cargo y poder que, si se usan torcidamente, pueden facilitar enormemente determinadas tareas delictivas que se propongan y, en razón de ello, procedería la agravante prevista en el numeral 11 del artículo 66 del Código Penal.

La mencionada circunstancia de agravación, en tanto exija juicios de valor para su establecimiento y cabal reproche, debe evidenciarse fáctica y jurídicamente en el texto de la resolución acusatoria o en la equivalente acta de cargos, ya que no se trata de un mero factor objetivo de medición judicial de la pena o de algo que fenomenológicamente se pueda constatar sin discusiones razonables, pues de otra manera no podría considerarse dicho elemento como ingrediente de dosificación de la pena en la sentencia (Cfr. Sent. Casación 22 de julio de 1998, M.P. Carlos Mejía Escobar). Correlativamente, si tal exteriorización se hizo cumplidamente en el acta de formulación de cargos, y se cuenta además con la aceptación expresa del procesado, no puede pretextarse ahora, como motivo de impugnación del fallo, un presunto desajuste en la ponderación de la pena para desconocer olímpicamente su existencia, pues ello daría entrada a una retractación tardía e improcedente de lo aceptado en la respectiva diligencia de terminación anticipada del proceso.

Ahora bien, es cierto que el artículo 140 del Código Penal exige la condición de servidor público como componente típico del delito de concusión, además que los jueces tienen tal calidad, pero, si se quiere justificar la doble imposición con efectos punitivos, una es la causa para deducir la tipicidad básica como presupuesto de la pena y otra diferente la que se requiere para situar la agravante de la misma. En efecto, el proceso de adecuación típica del delito de concusión exige el abuso de la condición básica de servidor público o de la función, pero, dentro de la gama de servidores oficiales, existen algunos que se destacan en la sociedad por el cargo mismo, el poder, el oficio o el ministerio que ejercen, posiciones que entonces tienen un mayor grado de exigibilidad, en el sentido de proteger y abstenerse de violar la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades de las personas, porque obviamente tal situación privilegiada del actor cuenta para facilitar la comisión del delito, aunque para su realización baste la sola condición oficial.

Es claro que el juez ejerce un papel nuclear y sustentador en el Estado de derecho, por cuanto a él se confía finalmente la solución imparcial de los conflictos sociales, razón por la cual si él aprovecha su investidura o función para delinquir obviamente irroga un mayor daño social porque, amén de agredir bienes jurídicos, rompe la independencia y la jurisdiccionalidad que son dos preciados valores institucionalmente dispuestos para enfrentar el choque social. Por ello, la Corte ha entendido que no existe violación del principio de ne bis in idem cuando en relación con los jueces, como especial clasificación de los servidores públicos, por la misión protagónica que el Estado les encomienda, se pone a funcionar doblemente la calidad, primero como presupuesto de la pena y después como justificación de un incremento de la misma.

Ha dicho la Sala:

“Es verdad que para ser sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito se necesita ser empleado oficial, pero este requisito se satisface cuando el agente se encuentra dentro de una cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 63 del Código Penal, y es obvio que todas ellas, si bien dan al sujeto la calidad de empleado oficial, no son equivalentes y bien puede hacerse distinciones entre ellas por factores de jerarquía, representación social, respeto y admiración que merecen de los asociados y grados de responsabilidad que frente a ese mismo conglomerado social se exigen.

Lo anterior está indicando que en presencia de esa inmensa gama de empleados oficiales, todos posibles sujetos activos de los delitos de responsabilidad, es perfectamente factible deducir la circunstancia de agravación punitiva en comento (art. 66, ord. 11) en relación con algunos de ellos por su preeminencia respecto de los demás. Y entre estos empleados oficiales se encuentran, indudablemente, los jueces, quienes por su propia función están obligados, como los que más, a obedecer la ley, aquella misma ley por cuyo incumplimiento sancionan a otros. Es obvio que el delito cometido por un juez, así sea de aquellos ilícitos de los que sólo pueden ser sujeto activo los empleados oficiales, produce un gravísimo impacto negativo en la sociedad, lo cual justifica ampliamente un incremento punitivo por lo que él representa ente la sociedad” (Sent. nov. 21/90. M.P. Guillermo Duque Ruiz)».

(Sentencia de segunda instancia, junio 2 de 1999. Radicación 14.123. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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