Sentencia 14126 de julio 4 de 2001 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 94.

Magistrado Ponente:

Dr. Hernán Galán Castellanos

Bogotá, D.C., cuatro de julio de dos mil uno.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. La indagatoria vincula jurídicamente al procesado como sujeto procesal. Es un medio de defensa, pues coincide con la oportunidad con que cuenta el sindicado para explicar su conducta, solicitar la práctica de pruebas, replicar las imputaciones y las pruebas de cargo. Es innegable que su naturaleza le permite ser un medio de prueba, y de ella derivarse otras, como la confesión, pruebas testimoniales u otras.

El derecho de defensa material lo ejerce el procesado y la defensa técnica el apoderado.

2. La vinculación del sindicado a la actuación penal es indispensable para avanzar a fases superiores. Aquélla se logra, mediante indagatoria, si el procesado voluntariamente concurre a la diligencia o es capturado, o mediante la declaración de persona ausente.

3. El error in procedendo que el demandante atribuye al tribunal en este asunto no existió. Veamos:

3.1. Las peticiones. El 14 de marzo de 1996 Carlos Alberto Silgado Rodríguez solicitó ser oído en versión libre. El 9 de mayo siguiente a través del apoderado manifestó la intención de comparecer a rendir indagatoria, para lo cual reclamó la cancelación de la orden de captura y fijación de fecha para la realización de la diligencia.

3.2. La pretensión del demandante carece de respaldo jurídico. Es suficiente para sustentar esta conclusión un repaso breve acerca de lo que el legislador ha dispuesto sobre el momento procesal en que se puede recibir versión libre, indagatoria, como se hace la vinculación jurídica del procesado y las facultades para librar orden de captura con tal fin.

3.2.1. El Código de Procedimiento Penal ha definido las fases de la investigación penal como previa (libro segundo, título I, capítulo I a III), de instrucción (libro segundo, título II, capítulo I a título IV) y de juicio o juzgamiento (libro tercero, título I). Asignó a cada una de ellas unos propósitos definidos, con libertad probatoria, pero a su vez, reservó el cumplimiento específico de algunas diligencias y actos a ciertos momentos del proceso.

Así por ejemplo, el artículo 322 del Código de Procedimiento Penal permite la versión libre del imputado en la investigación previa, en tanto que la indagatoria puede recibirse en las demás fases, excepto cuando cumple la función de vincular jurídicamente al procesado, caso en el cual se reservó exclusivamente para la etapa sumarial, constituyendo allí presupuesto para resolver situación jurídica, cerrar investigación y calificar el mérito del sumario (art. 352 y ss. íd.).

La versión libre fue solicitada cuando el funcionario instructor había proferido resolución de apertura de investigación, aún más, ya estaba ordenando oírlo en indagatoria. Estas fueron las premisas con base en las cuales la fiscalía con resolución del 15 de marzo de 1996 denegó dicha solicitud. Por lo tanto y como acaba de explicarse, el procedimiento aplicado por la fiscalía en la situación comentada, en lugar de apartarse del ordenamiento jurídico, es evidente que actuó de conformidad con lo dispuesto en la ley.

3.2.2. El legislador autorizó al acusado a solicitar su propia indagatoria. También, atendiendo la protección que merecen los intereses de la sociedad y el propio sindicado, estableció como circunstancia para declarar persona ausente a quien no hubiere sido posible hacer comparecer a rendir diligencia de descargos, previo el agotamiento de las exigencias establecidas en el artículo 356 del Código de Procedimiento Penal consistentes en el emplazamiento, y en los casos de orden de captura impartida, superar un lapso de diez días sin obtener resultados positivos por los organismos de seguridad.

Igualmente, es necesario subrayar, que para el cumplimiento de la misión de establecer los hechos y administrar pronta y cumplida justicia, al funcionario judicial se le conceden facultades afines con el objetivo de la etapa procesal por cumplir. Entre éstas se encuentra la potestad de librar orden de captura cuando la imputación corresponde a alguna de las situaciones relacionadas en el 375 del Código de Procedimiento Penal, con el fin de oír en indagatoria a quienes por circunstancias consignadas en el expediente les aparecen cargos en su contra.

La indagatoria solicitada en el escrito del 9 de mayo de 1996 no tenía como función vincular jurídicamente al proceso al señor Silgado Rodríguez. Ésta fue cumplida por declaración de persona ausente (abr. 23/96). Además, la fiscalía ordenó oír en diligencia de descargos (injurada) al procesado con resolución del 13 de marzo de 1996 (fl. 63) y con base en las facultades del artículo 375 del Código de Procedimiento Penal libró orden de captura.

No estando demostrado que las circunstancias que motivaron la expedición de la orden de captura hubieran desaparecido, por la concurrencia voluntaria del procesado a rendir indagatoria, no era exigible al funcionario dejar sin efectos el mandato judicial que había dispuesto para asegurar la comparecencia del sindicado al sumario.

La condición impuesta a la fiscalía de cancelar la orden de captura para la realización de la indagatoria en la fecha que se solicitaba fijar era y es una pretensión con la que se quiso ignorar por el procesado, y en ello persiste ahora su defensor, que la ley procesal penal, por su naturaleza de orden público, es irrefragable. La voluntad de sus destinatarios, cuando ésta se opone a sus previsiones, no tiene fuerza modificadora, a menos que expresamente así se autorice, como en los casos de la conciliación o indemnización integral.

3.3. La decisión judicial (mayo 15/96) que se abstuvo de fijar fecha y cancelar la orden de captura en los términos referidos, no tiene el alcance que el censor le atribuye. La fiscalía no se negó a recibirle indagatoria al procesado si se presentaba voluntariamente o era capturado, tanto que en la providencia en mención se resalta: “causa extrañeza a la fiscalía, por qué Silgado Rodríguez, no se ha hecho presente a la misma para rendir descargos”. En estas condiciones, ningún derecho fundamental del procesado, como el derecho de defensa, ha resultado conculcado.

4. Se suman como razones para no casar la sentencia del ad quem, los elementos de juicio que se obtienen de confrontar la conducta procesal de Silgado Rodríguez con el reparo formulado.

4.1. El conocimiento de la existencia de la investigación por parte del procesado y su vinculación temprana a la instrucción, así como del apoderado contratado por éste, les brindó la oportunidad de ejercer a plenitud las garantías constitucionales. Baste señalar que pudieron durante el sumario y luego en el momento oportuno de la causa facilitar la presentación de Carlos Alberto Silgado Rodríguez para hacer material y jurídicamente posible que rindiera indagatoria, si es que realmente esta diligencia la consideraban necesaria e indispensable para el proceso a fin de aclarar, explicar o informar hechos no conocidos y que ofrecieran soluciones diversas y favorables, bien en relación con la inocencia o la atenuación de la responsabilidad.

4.2. El incriminado voluntariamente renunció a ejercer materialmente el derecho de defensa, pues se negó a comparecer, no obstante que tenía pleno conocimiento de la actuación adelantada.

4.3. No existe razón atendible jurídicamente para justificar la no comparecencia de Silgado Rodríguez al proceso penal. Aquella no es atribuible a las autoridades judiciales, pues, éstas agotaron las opciones posibles, para informar al imputado y ofrecer la posibilidad de oírlo en descargos, todo dentro de los parámetros de ley.

4.4. Carlos Alberto Silgado Rodríguez, en las condiciones dichas, determinó que la actuación procesal se cumpliera en cuanto a su vinculación sin indagatoria. De modo que intencionalmente el incriminado le dio la espalda, al proceso, eludiendo la acción de la justicia. Este comportamiento se opone al principio de protección que gobierna la declaración de las nulidades (CPP, art. 308).

5. Como conclusiones de lo dicho, ha de señalarse:

5.1. El trámite procesal (sumario y causa) no puede paralizarse y la justicia dejarse de impartir por la renuencia del imputado. En estos casos la ley autoriza a agotar el procedimiento del emplazamiento, y así se hizo.

5.2. Al acusado no se le limitaron severamente sus facultades defensivas. Las actuaciones judiciales que la situación demandaba no dejaron de cumplirse ni los funcionarios le impidieron comparecer al proceso. Las restricciones a que se ha visto avocado no son más que las sobrevivientes como consecuencia natural y lógica de la conducta contumaz que asumió. Esta labor así cumplida por los juzgadores no es contraria al ordenamiento jurídico, y así lo señaló la conducta contumaz que asumió. Esta labor así cumplida por los juzgadores no es contraria al ordenamiento jurídico, y así lo señaló la Corte Constitucional con la decisión adoptada en la Sentencia C-488 del 26 de septiembre de 1996.

5.3. El hecho denunciado por el casacionista no constituye una irregularidad de carácter sustancial, no tiene los efectos que se le atribuyen, por cuanto que los derechos y las garantías debidas al procesado realmente no le fueron conculcados.

6. La Sala en esta oportunidad encuentra satisfecho el requisito del interés pra impugnar. Se reitera el criterio uniforme de la jurisprudencia (1) en el sentido que la apelación de la sentencia de primer grado no constituye presupuesto para establecer el interés en los cargos formulados con base en la causal tercera, a conclusión de que en la actuación se haya propiciado fallo de segunda instancia, en razón a que es respecto de ésta decisión que procede la casación.

(1) En este sentido se pueden consultar las sentencias de casación proferidas por la Sala en los procesos radicados a los números 13.116 y 10.809.

Así examinados los cargos de la demanda, imperativo es declarar que no prospera.

En mérito, la Corte Suprema de Justicia en Sala de casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

No casar la sentencia recurrida. En firme, devuélvase el expediente al tribunal de origen».

______________________________