Sentencia 14127 de diciembre 4 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DEFENSA TÉCNICA

EL JUEZ DE CASACIÓN NO PUEDE SUBJETIVIZAR SU CONTENIDO

EXTRACTOS: «La censura de nulidad por ausencia de defensa técnica del procesado no prospera siempre con fundamento en la sola invocación de la ausencia de determinados actos orientados a la actividad defensiva. Son las especiales circunstancias que rodean el caso las que determinan si la inactividad que se atribuye al defensor encuadra más en una estrategia defensiva, antes que en un abandono de la gestión. A priori no es posible establecer un catálogo de peticiones o intervenciones obligatorias (más allá de los que precise la ley), como tampoco interferir desde la judicatura las orientaciones que los profesionales a quienes se encarga la defensa deciden imprimir a su gestión, ni un análisis de la garantía puede abordarse mediando entre las distintas visiones que sobre el objeto procesal eventualmente tengan los defensores que se suceden unos a otros, bien por la soberana voluntad del procesado, bien por circunstancias que generen la necesidad de sustituirlos.

Se ha vuelto práctica común, que en la generalidad de los casos desdice de la profesión misma, descalificar los méritos o la idoneidad de la persona que antecede al abogado de turno, sin reparar en que cada encargo, cada gestión, se desenvuelve conforme a particulares circunstancias y dentro de contextos diferentes y que por lo tanto no pueden responder a un rasero común. De ahí que las divergencias alrededor del “deber ser” de una defensa concreta no pueden constituirse en fundamento suficiente para descalificar e invalidar una actuación, así se crea firmemente que a través de otras vías se hubiesen podido obtener resultados distintos.

Pero por otro lado quiere la Corte llamar a la reflexión respecto de los peligros que se derivan de las intervenciones estatales sobre los criterios de la defensa, dado que por esa vía serian fácilmente cuestionables las divergencias de opinión, la concepción misma del derecho, las posiciones políticas e ideológicas, en fin, las libertades mismas.

Entonces el juez, como garante de la legalidad del proceso, no puede introducirse en campos ajenos a su resorte con el pretexto de garantizar la defensa, así sea a petición de parte. A él compete verificar que ésta fue garantizada sin inmiscuirse en sus contenidos materiales, en la bondad de sus tesis y de sus hipótesis, en las estrategias y herramientas que escoja para el mejor cumplimiento de su finalidad.

Del examen de la situación de Ramiro Julio Álvarez, deduce la Sala que por parte de los profesionales que lo asistieron en las diferentes etapas del proceso hubo actos orientados a defender sus intereses y que en aquellos momentos en que no se realizaron actos de postulación los ejercieron de supervisión, todo lo cual impide afirmar que se le haya desconocido el derecho a la defensa técnica.

El profesional que asistió en la diligencia de indagatoria al procesado Álvarez, solicitó copias de lo actuado, luego de que se resolvió la situación jurídica de su defendido. Posteriormente se produjo una petición de revocatoria de la medida de aseguramiento, suscrita por el mismo implicado, con fundamento en que había actuado en situación de legítima defensa y en que el reato que se configuraría sería el de lesiones personales y no el de tentativa de homicidio (fls. 30, 107 y 118 c.o.).

Una vez se produjo el cierre de la investigación, Ramiro Julio Álvarez revocó el poder al abogado que lo venía representando para otorgárselo a una profesional del derecho que también solicitó copias de la actuación, y que si bien no presentó alegatos precalificatorios, sí apeló la resolución de acusación (fls. 150, 153 y 165 c.o.).

Con posterioridad, ya en la etapa de la causa, la citada apoderada renunció al cargo y el encausado volvió a conferir poder a su anterior defensor quien intervino de manera amplia en la audiencia pública y apeló el fallo de primer grado. En ese momento Ramiro Julio Álvarez otorgó poder a otro profesional del derecho; éste presentó dos escritos complementarios de la sustentación del recurso, solicitó que se sustituyera la detención preventiva por la domiciliaria e interpuso recurso de apelación contra el auto que resolvió desfavorablemente esa petición.

En tales condiciones no es posible pregonar la falta de defensa técnica del procesado, porque hubo oportuna intervención de los defensores y ejercieron actos de supervisión, control y manifestaciones objetivadas de defensa como la solicitud de copias, la notificación de las providencias y la interposición de recursos.

Debe aclararse que uno de los motivos que aduce el censor es que no se advirtió a su representado sobre los beneficios de sentencia anticipada y que por tanto se le impidió haber obtenido una rebaja de una tercera parte de la pena. Sobre el particular obra en las diligencias constancia de que si bien Ramiro Julio Álvarez, inoportunamente, al rendir la diligencia de indagatoria manifestó: “Que me acojo en caso de cualquier cosa a la terminación anticipada del proceso y me acojo a negociar con la fiscalía” (fl. 37 c.o.), no existe ninguna otra declaración de voluntad, por parte de este ni de su defensor de insistir en su pretensión de acogerse a la terminación anticipada de la actuación. Es más, en el transcurso de la diligencia de audiencia pública, el señor fiscal delegado, cuando hacía su intervención, hizo referencia a esa manifestación del encartado, por lo cual demandó que la señora juez decidiera esta situación, momento en que el señor defensor manifestó que no estaba de acuerdo porque ya se había surtido todo el trámite (fl 251 c.o.), planteamiento adecuado dado que respecto de esta figura procesal lo que impera es la voluntad del interesado, lo cual no había vuelto a ocurrir en este caso hasta el momento ya referido, cuando evidentemente tampoco era procedente.

Y si para el casacionista la actitud de los representantes judiciales del encartado no fue la adecuada, ello no se traduce en desconocimiento de las garantías del encausado, sino en una diferencia de criterios frente a lo que conviniera al procesado, la misma que no puede ser subjetivizada por el juez de casación asumiendo un rol de defensor que no le otorga el procedimiento penal.

En tales circunstancias, no se encuentra motivo suficiente para declarar la nulidad solicitada».

(Sentencia de casación, diciembre 4 de 2000. Radicación 14.127. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Mejía Escobar).

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