Sentencia 14129 de junio 29 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AJUSTES POR INFLACIÓN PARA INVENTARIOS

Coincidencia con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta.

EXTRACTOS: «La pretensión de nulidad recae sobre la expresión que se subraya del parágrafo del artículo 1º del Decreto 416 de 2003, cuyo texto es el siguiente:

“DECRETO NÚMERO 416 DE 2003

(Febrero 21)

Por medio del cual se reglamenta el artículo 338 del estatuto tributario.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 338 del estatuto tributario,

DECRETA:

ART. 1º—Ajuste de los demás activos no monetarios. Al finalizar cada mes o período gravable, según el caso, se deberán ajustar los activos no monetarios susceptibles de adquirir un mayor valor nominal por efecto del demérito del poder adquisitivo de la moneda, tales como: inventarios de mercancías para la venta, inventarios de materias primas, suministros, repuestos, mercancías en tránsito, inventarios de productos en proceso, inventarios de productos terminados, terrenos, edificios, semovientes, maquinaria en montaje, maquinaria, equipos, muebles, vehículos, computadores, aportes en sociedades, acciones, patentes, y derechos de marca y demás intangibles pagados efectivamente distintos a los gastos pagados por anticipado.

PAR.—En desarrollo de lo dispuesto en el parágrafo el artículo 65 del estatuto tributario, el valor del inventario al final del ejercicio, incluidos los ajustes por inflación, debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta”.

(...).

Consideraciones de la Sala

Decide al Sala sobre la legalidad del artículo 1º del Decreto 416 de 2003, expedido por el Gobierno Nacional, en cuanto dispone que el valor del inventario al final del ejercicio, incluidos los ajustes por inflación, debe coincidir con el total registrado “en los libros de contabilidad” y en la declaración de renta.

Según los términos de la demanda, la pretensión de nulidad se sustenta en que el artículo 21 de la Ley 788 de 2002, al prescribir la obligación de ajustar por inflación los inventarios, no se refirió a los efectos contables y en consecuencia, no habría obligación de ajustar contablemente los inventarios.

Al respecto procede el siguiente análisis:

El artículo 338 del estatuto tributario disponía que en general, debían ajustarse por inflación todos los demás activos no monetarios que no tuvieran un procedimiento especial de ajuste.

La citada disposición fue modificada por el artículo 11 de la Ley 488 de 1998, y se excluyeron de los ajustes integrales por inflación los “inventarios y las compras de mercancías o inventarios”.

Sobre los efectos de tal modificación, el artículo 14 de la misma Ley 488 dispuso: “... los cambios introducidos por la presente ley al sistema de ajustes por inflación, se aplicarán también, en lo pertinente, para efectos contables”.

El artículo 21 de la Ley 788 de 2002 modificó el artículo 338 del estatuto tributario y dispuso que en general deben ajustarse de acuerdo con el PAAG, “todos los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento especial de ajuste”. Significa que en virtud de tal modificación, los inventarios y las compras de mercancías o inventarios, fueron incluidos nuevamente entre los activos no monetarios sujetos a los ajustes por inflación. En consecuencia, los efectos fiscales y contables del ajuste a los inventarios, serán los ya previstos en la normatividad que rige el sistema.

Según los artículos 330 y 331 del estatuto tributario, la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación produce efectos para determinar el impuesto de renta y complementarios, y para el efecto, se utilizarán los mismos índices y las mismas clasificaciones de los ajustes por inflación registrados en la contabilidad para los correspondientes rubros. Lo anterior implica que los ajustes por inflación tienen efectos contables y fiscales y precisamente por ello es, que los registros contables deben guardar la debida correspondencia con la información incluida en la declaración de renta, conciliando, cuando es pertinente, los valores contables con los fiscales.

Se concluye entonces, que independientemente de que la Ley 788 de 2002, no se haya referido expresamente a los efectos contables de los ajustes por inflación para los inventarios, no es válido afirmar como lo hace el accionante, que por tal omisión, se habría eliminado la obligación de ajustar contablemente los inventarios.

Ahora bien, según el artículo 65 del estatuto tributario:

“El valor del inventario detallado de las existencias al final del ejercicio, antes de descontar cualquier provisión para su protección, debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta”.

En desarrollo de la citada disposición, el parágrafo del artículo 1º del Decreto 416 de 2003, dispone: “...el valor del inventario al final del ejercicio, incluidos los ajustes por inflación, debe coincidir con el total registrado en los libros de contabilidad y en la declaración de renta”.

Como se observa, la disposición reglamentaria transcrita es concordante con el precepto legal (art. 65), en cuanto a la coincidencia que debe existir entre el valor del inventario final, incluidos los ajustes por inflación, que haya sido registrado en los libros de contabilidad, y el valor informado en la declaración de renta por el mismo concepto, teniendo en cuenta que en aplicación del artículo 21 de la Ley 788 de 2002, los inventarios deben ajustarse por inflación.

De acuerdo con lo anterior, la Sala habrá de negar la pretensión de nulidad del parágrafo del artículo 1º del Decreto 416 de 2003, en la expresión acusada, al no encontrar configurados los cargos de violación denunciados, pues está claro que no excede el reglamento los términos de la ley, sino que por el contrario, permite su correcta ejecución; y por la misma razón, no incurre el ejecutivo en exceso de su facultad reglamentaria.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(Sentencia de 29 de junio de 2006. Expediente 14129. Consejero Ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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