Sentencia 14145 de diciembre 3 de 2003 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PROVIDENCIA QUE CORRIGE UN ERROR ARITMÉTICO

ES UN AUTO INTERLOCUTORIO QUE NO INCIDE EN LA EJECUTORIA DEL FALLO

EXTRACTOS: «2.1. Es verdad, como lo señaló el Tribunal Nacional en la determinación del 4 de febrero de 1997, que la providencia que corrige un error aritmético en la sentencia se integra a esta, pero no por esa razón, a juicio de la Sala, adquiere su naturaleza jurídica. No es sentencia, sino auto interlocutorio. Y las razones son sencillas. Se trata de una decisión que no resuelve el objeto del proceso, que en manera alguna puede comprometer los supuestos fácticos o jurídicos del fallo y que se puede dictar en cualquier época.

La Sala, sobre el tema, realizó las siguientes precisiones en otra oportunidad y ahora las reitera:

“En virtud del principio de irreformabilidad de las sentencias consagrado en el artículo 211 del estatuto procesal penal (de 1991), esta clase de decisiones judiciales no son susceptibles de ser modificadas ni revocadas por el órgano que las ha proferido, salvo que contengan un error aritmético, una imprecisión en el nombre del procesado, o una omisión sustancial en la parte resolutiva, en cuyos eventos la norma lo autoriza para hacer la enmienda o adición respectiva, oficiosamente o a instancia de los sujetos procesales.

A diferencia de la regulación contenida en el estatuto procesal anterior (D. 50/87, art. 216), que permitía esta clase de reformas únicamente en el término de ejecutoria del fallo respectivo, el actual estatuto nada dice al respecto, razón por la cual la doctrina de la Corte ha interpretado que puede efectuarse en cualquier época, siempre y cuando no se torne improcedente.

Por error aritmético, como factor limitante del principio de irreformabilidad de la sentencia, ha sido entendido el que resulta de una equivocada operación numérica (sumas, restas, multiplicaciones, divisiones), o de la transmutación de guarismos en el traslado de cifras de la parte motiva a la resolutiva, según jurisprudencia reiterada de la Corte (Cfr. Providencias de oct. 30/91, M.P. Dídimo Páez Velandia y dic. 13/94, M.P. Jorge Carreño Luengas).

Si la modificación pretendida compromete, por cualquier motivo, los fundamentos fácticos o jurídicos del fallo, no se está entonces en presencia de un error de esta naturaleza, sino de uno in iudicando, susceptible solo de ser corregido por la vía de los recursos” (5) .

(5) Corte Suprema de Justicia, sentencia casación 10.341, septiembre 23 de 1998, M.P. Fernando Arboleda Ripoll.

2.2. El artículo 211 del Código de Procedimiento Penal de 1991 fue reproducido por el 412 del vigente. E igual pasó, en la parte que interesa, con la primera parte del 193, cuyo texto se encuentra repetido en el 204 de la Ley 599 de 2000(sic). Ambos articulados, entonces, le proporcionan el mismo tratamiento a la figura de la corrección de errores aritméticos en la sentencia y lo dicho, en consecuencia, como las precisiones que vendrán enseguida, valen frente a las dos legislaciones.

Se indicó en la jurisprudencia transcrita que la ley no establece una oportunidad para ese tipo de correcciones, siendo del caso hacerlas inclusive después de ejecutoriada la sentencia, aunque en ningún caso por parte del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, a quien no le está conferida esa facultad. Es la tesis que aplicó la Corte en un caso en el cual incurrió en la sentencia de casación en un error aritmético en la tasación de la pena, en los siguientes términos:

“Como quiera que el descuento proporcional por esta circunstancia genérica de agravación se fijó en 2 meses y 20 días, que se deben descontar de los 36 meses y 20 días que se le impusieron en las instancias es evidente como lo indica el señor ... en su solicitud, que el quantum a imponer es el de 34 meses de prisión.

Es por ello que la Sala procederá a corregir el error aritmético señalado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la posibilidad de corrección de errores de este tipo, es decir, eminentemente objetivos, por la misma Sala de Decisión que hubiese dictado la providencia.

De otra parte, no sobra advertir, que aun cuando el fallo se encuentra ejecutoriado, le asiste a la Corte plena facultad de enmendar el error aritmético, pues en tanto así lo menciona la disposición señalada implica la competencia para que así se proceda, máxime si la Sala asumió el papel de juez de instancia al entrar a casar oficiosa y parcialmente la sentencia recurrida en casación” (6) .

(6) Corte Suprema de Justicia. Auto casación 9.660, Julio 28 de 1998, M.P. Carlos E. Mejía Escobar.

Este criterio jurisprudencial, ello es evidente, excluye la idea del Tribunal Nacional de considerar que la providencia mediante la cual se corrige un error aritmético de la sentencia, en cuanto la integra, participa de su naturaleza jurídica y, entonces, los actos relativos a la notificación y trámite de los recursos de los dos pronunciamientos se deben operar simultáneamente. Y se enfatiza aún más esa visión equivocada de la segunda instancia, si se consulta el contenido del artículo 204 del Código de Procedimiento Penal de 1991, que en la parte que interesa —como se advirtió—reitera el 193 de la codificación vigente, cuyos términos son como siguen:

“ART. 204.—Providencias apelables. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este código, son apelables:

a) En el efecto suspensivo la sentencia y las siguientes providencias:

1. La que corrige el error aritmético en la sentencia“.

La ley, como puede verse, distingue la sentencia de la providencia que la modifica o aclara por razón de errores eminentemente objetivos del tipo señalado. La última, aunque integra la sentencia, es para efectos procesales un auto interlocutorio, susceptible de los recursos ordinarios de reposición y apelación, y cuyo proceso de notificación se surte independientemente, en consonancia con las reglas que rigen la comunicación de ese tipo de decisiones a los sujetos procesales.

A partir de la conclusión anterior, son posibles los siguientes escenarios en la práctica judicial:

a) El auto que corrige el error aritmético se dicta en primera instancia y la sentencia ya está en firme. En tal caso, los sujetos procesales pueden interponer contra el mismo los recursos de reposición y apelación. Ni el proferimiento de esa providencia, ni su impugnación, remueven la cosa juzgada.

b) El auto que corrige el error aritmético se dicta en primera instancia y la sentencia no está en firme. En tal caso, las partes pueden recurrir ambos pronunciamientos o sólo la providencia interlocutoria a través de los recursos de reposición y apelación. Esta última eventualidad no impide que el fallo adquiera ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada.

c) El auto que corrige el error aritmético se dicta en segunda instancia y la sentencia ya está en firme. En tal caso, los sujetos procesales pueden interponer contra el mismo únicamente el recurso de reposición. Ni el proferimiento de esa providencia, ni su impugnación, remueven la cosa juzgada.

d) El auto que corrige el error aritmético se dicta en segunda instancia y la sentencia no está en firme. En tal caso, las partes pueden discutir en casación el auto de corrección, a condición obviamente de que recurran la sentencia. O pueden optar sólo por impugnar la providencia interlocutoria a través del recursode reposición. Esta última eventualidad no impide que el fallo adquiera ejecutoria y haga tránsito a cosa juzgada.

e) El auto que corrige el error aritmético lo dicta la Corte como tribunal de casación. En este caso, cabe la discusión de su contenido únicamente a través del recurso de reposición.

f) El auto que corrige el error aritmético lo dicta la Corte como juez de única instancia. En este caso, cabe la discusión de su contenido únicamente a través del recurso de reposición.

2.3. Se tiene, en conclusión, que se equivocó el Tribunal Nacional al considerar que la ejecutoria del fallo dependía de la ejecutoria de la providencia mediante la cual se corrigió el error aritmético. Y al ordenarle a la primera instancia, como consecuencia, notificar nuevamente la última como si fuera una sentencia y repetir los traslados vinculados a la proposición del recurso de apelación por parte de la Procuraduría.

Con ello el ad quem no hizo otra cosa que declarar erradamente que el término para recurrir la sentencia condenatoria no había transcurrido y menos el dispuesto por la ley para sustentar la apelación interpuesta. Así quedaba resuelta cualquier discusión que se pretendiera plantear acerca de la presentación extemporánea de esa fundamentación por parte del agente del Ministerio Público. No se pueden mantener, sin embargo, los efectos vinculantes de esa determinación. No fue la causa de la actividad que se le cuestiona al sujeto procesal, como para pensar que bajo tal circunstancia no le es atribuible la omisión, y en cuanto es contraria a las reglas procesales no le puede generar ningún derecho al apelante al margen de las regulaciones legales, como tampoco lo hace una constancia secretarial errónea, a diferencia de como piensa el delegado.

Un error secretarial en una constancia —así lo ha señalado reiteradamente la Sala— no tiene la virtud jurídica de habilitar unos términos que se deben contabilizar de acuerdo con la ley, la cual indica su iniciación, duración y vencimiento. En consecuencia, es un deber de los sujetos procesales, como también se ha dicho, estar atentos al control de los términos judiciales, pues los yerros cometidos por los funcionarios judiciales al respecto no excusan el eventual cumplimiento de cargas procesales de las partes, sin sujeción al principio de oportunidad.

2.4. En el caso examinado es claro que el Procurador Judicial sustentó el recurso de apelación extemporáneamente. La última notificación de la sentencia, como es constatable a folio 462/1, fue la hecha al fiscal regional el 8 de noviembre de 1996. Esto significa que el término de ejecutoria, es decir el dispuesto para impugnarla, se cumplió el 14 de noviembre siguiente y no el 15, como lo certificó la secretaría en la constancia obrante a folio 473/1. Desde el 15, entonces, y hasta el 21, era el término apto para sustentar el recurso. El recurrente lo hizo el 22, es decir inoportunamente.

Significa lo anterior que el Tribunal Nacional, al resolver la alzada, actuó sin competencia. La Corte, por lo tanto, casará la sentencia y declarará la nulidad de lo actuado a partir del auto del 3 de diciembre de 1996, mediante el cual el Juzgado Regional de Cali concedió el recurso de apelación que la Procuraduría interpuso contra la sentencia anticipada, que no gozaba del grado jurisdiccional de consulta en concordancia con el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal de 1991. Declarará, como consecuencia, que el fallo de 1ª instancia surte plenos efectos».

(Sentencia de casación, 3 de diciembre de 2003. Radicación 14.145. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

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