Sentencia 14159 de agosto 19 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 25000232700020000090701

Ref.: 14159

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Schering Plough S.A.

Impuesto ventas

Apelación sentencia

Bogotá, D.C., diecinueve de agosto de dos mil cuatro.

Fallo

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandada, contra la sentencia de julio 10 de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” mediante la cual se declaró la nulidad de la liquidación oficial de revisión 310642000000086 de mayo 26 de 2000 y a título de restablecimiento de derecho declaró la firmeza de la declaración privada del impuesto a las ventas presentada por la sociedad Schering Plough S.A. por el tercer bimestre de 1997.

Antecedentes

La sociedad Schering Plough S.A., presentó el 18 de julio de 1997, declaración del impuesto sobre las ventas por el tercer bimestre (mayo-jun.) de 1997, denunciando ingresos por operaciones excluidas por $ 11.631.490000 (sic) y por operaciones gravadas $ 223.509.000.

La división de fiscalización tributaria, de la administración especial de los grandes contribuyentes de Bogotá profirió el requerimiento ordinario 0310481999000137 de junio 9 de 1999, el cual fue atendido por la contribuyente en respuesta del 28 de junio de 1999.

La división de fiscalización tributaria determinó que por el tercer bimestre de 1997 la sociedad enajenó los productos polvo medicinal mexsana y lady mexsana en cuantía de $ 2.170.741.000 y $ 431.480.000 respectivamente, omitiendo facturar el IVA, al “considerar que dichos productos son medicamentos clasificados por la partida 30.04 del arancel de aduanas”.

Mediante oficio 031-4800-907 de junio 26 de 1996 se solicitó a la división de estudios técnicos aduaneros de la DIAN concepto sobre la posición arancelaria de los productos polvo medicinal mexsana y lady mexsana, quien a través del oficio 0953 de julio 10 de 1996 los clasificó en la subpartida 33.07.20.00.00 del arancel de aduanas.

A su turno, la división de arancel formuló consulta de la clasificación de varios productos entre estos los antes señalados, a la dirección de nomenclatura y clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, quien mediante oficio 98 N-878-B/FI de julio 31 de 1998 los clasificó en la subpartida 33.04.91 del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, razón por la cual la DIAN acatando los preceptos establecidos por la OMA corrigió el concepto emitido con el oficio 9400063-0087 de enero 29 de 1999.

El 28 de octubre de 1999 la administración profirió requerimiento especial 310631999000061 al cual se le dio respuesta por la sociedad actora el 27 de enero de 2000, dentro del término de ley y posteriormente, se expidió la liquidación oficial de revisión 310642000000086 de mayo 26 de 2000, por medio de la cual, la UAE-DIAN Administración Especial de Impuestos Nacionales de los grandes contribuyentes de Bogotá liquidó como valor de las operaciones excluidas la suma de $ 9.029.269.000 generando un saldo a pagar de $ 1.075.157.000.

El fundamento de la actuación administrativa fue el concepto de la división de estudios técnicos aduaneros, corregido de acuerdo con la clasificación hecha por la dirección de nomenclatura y clasificación de la Organización Mundial de Aduanas. Como consecuencia de la adición a las ventas, se impuso sanción por inexactitud en cuantía de $ 666.168.000.

Se aclara que toda vez que el requerimiento especial fue atendido en debida forma, la sociedad actora acudió directamente a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el artículo 720 del estatuto tributario (fls. 266 y ss. antecedentes).

La demanda

La sociedad Schering - Plough S.A., a través de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la liquidación oficial de revisión 310642000000086 de mayo 26 de 2000, y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se confirmara la liquidación privada contenida en la respectiva declaración tributaria.

Invocó como normas violadas los artículos 83 y 209 de la Constitución Política; 424 y 647 del estatuto tributario; 457 de la Ley 9ª de 1979, así como de los decretos reglamentarios 2092 de 1985 y 677 de 1995; el Decreto 2117 de 1992, particularmente los artículos 3º, 12 y 16; el arancel de aduanas adoptado, para la vigencia discutida, mediante el Decreto 3104 de 1990, incluidas sus notas y reglas de interpretación y particularmente las posiciones 30.04, por inaplicación, y 33.07, por indebida aplicación.

Precisó que el Ministerio de Salud, entidad calificada para el efecto y como correspondía legalmente, le otorgó registro sanitario el 4 mayo de 1990 y definió como “medicamentos” los productos mexsana polvo medicinal y lady mexsana polvo medicinal.

Igualmente, que el artículo 424 del estatuto tributario, dispone que los medicamentos, como tales y aun con independencia de su ubicación en el arancel de aduanas, quedan excluidos del impuesto sobre las ventas.

Censuró a la administración por desconocer la presunción de buena fe, ya que no obstante haberse decidido técnica y científicamente por el Ministerio de Salud que los productos mexsana polvo medicinal y lady mexsana polvo medicinal, son “medicamentos” desconoció tal definición, tratando de gravar aquello que por ley está excluido del gravamen.

Subrayó la violación de la ley, traducida en el desconocimiento y desdén con el que la entidad oficial miró el alcance y significado de la licencia sanitaria expedida por el Ministerio de Salud para importar, fabricar y vender los productos objeto de discusión. Por lo tanto, la pretensión de la DIAN de desconocer la autoridad científica, pero también legal del Ministerio de Salud para definir y calificar un producto como medicamento, resultaría tan aberrante como aquella que pretendiera desconocer la autoridad de la DIAN para definir y calificar cuándo un hecho es o no gravable.

Sostuvo que la DIAN al tratar como gravado aquello que por ley está excluido del gravamen, derivando de ello una sanción por inexactitud violó el artículo 83 de la Carta, puesto que esta entidad al emitir el acto administrativo no desvirtuó la presunción de buena fe, lo cual tornó su actuación antijurídica y arbitraria, ya que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones, teniendo en cuenta las facultades y atribuciones tanto legales como científicas del Ministerio de Salud, para definir la naturaleza físico-química de los productos señalados.

Enfatizó sobre la naturaleza de los productos materia de controversia, e insistió en que están aceptados como medicamentos según las normas farmacológicas del Ministerio de Salud y de acuerdo al concepto técnico sobre sus componentes y la evaluación técnica realizada por la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB, del que resaltó sus conclusiones.

Efectuó un análisis de los fundamentos legales esgrimidos en el requerimiento especial y la liquidación oficial, manifestando que ninguno de ellos le permite a la DIAN desconocer la naturaleza de las cosas, so pretexto de clasificarlas arancelariamente, ya que no puede sostenerse que la DIAN y particularmente la división de estudios técnicos aduaneros está facultada para decidir que un medicamento es un cosmético cuando la ley tiene definido que es el Ministerio de Salud, dentro de la actividad coordinada de la función pública, el competente para definir si un producto es o no medicamento.

Por lo tanto, prosiguió, la competencia de la DIAN no alcanza para desnaturalizar, ni para desconocer la definición de los criterios de interpretación plasmados en las notas de arancel, como función legal propia.

Al respecto, indicó que la calificación que el Ministerio de Salud efectuó de los productos mencionados, al concluir que en su esencia son medicamentos, no tiene discusión, puesto que lo admiten las partes, la diferencia radica en la ubicación de los productos mencionados dentro de la nomenclatura nandina derivando de ello consecuencias impositivas, puesto que el concepto de la accionada en forma “acomodaticia” se basó en los “efectos secundarios del producto” y no en su “esencia”, para ubicarlos a su entendible interés en la posición arancelaria 33.07.20.00.00 y no como ontológicamente correspondía en la 30.04, realizando el ente oficial una lectura selectiva de las reglas y las notas conforme a las que debe interpretarse la nomenclatura nandina.

Con base en lo anterior sostuvo que el jefe de la división de fiscalización de la accionada, se abstuvo de leer y transcribir la totalidad de las reglas conforme a las cuales se debe hacer la correcta interpretación. del arancel, socavando la autoridad de la DIAN para interpretar el arancel, violando de esta manera el Decreto 3104 de 1990. Al respecto retomó las consideraciones generales del capítulo 33 del arancel donde se pretenden ubicar los productos materia del debate.

Censuró, la desviación de la conclusión jurídica de la DIAN, basada más en la forma que en la esencia, al apoyar su argumentación más en el tipo de publicidad a través del cual se promociona el consumo de los productos, que en los componentes y en los fines intrínsecos de los mismos, que apuntan a promover un “medicamento” y cuyas consecuencias accesorias, son que al eliminar los factores patógenos, igualmente, eliminan las causas del mal olor.

Finalmente impugnó la sanción por inexactitud, argumentando que se está en presencia de una diferencia de criterios en cuanto al derecho aplicable, que obedece a la situación planteada, reiterando que los productos mencionados están cobijados por la regla general del artículo 424 del estatuto tributario.

Afirmó que se está en presencia de dos escenarios: uno puramente tributario, en el cual se debe definir la existencia, o no de un gravamen; y otro que se configura en la ocurrencia de un ilícito por cuya causa ha de irrogarse una sanción.

Conforme a lo anterior hizo referencia a la sentencia del 16 de marzo de 1990 del Consejo de Estado, M.P. Dr. Jaime Abella Zárate, donde resaltó que esta corporación puso de relieve la independencia jurídica de los dos señalados escenarios, y que bien podría suceder que aún subsistiendo el mayor impuesto, no hubiere lugar a la sanción por inexactitud, por corresponder esta última a un evento no sancionable.

Oposición

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de apoderada, contestó la demanda manifestando que el artículo 424 del estatuto tributario señala taxativamente los productos que no causan el impuesto sobre las ventas, utilizando para ello la nomenclatura nandina vigente.

De conformidad con la nomenclatura arancelaria nandina, vigente para el bimestre de que se trata, en el capítulo 30 se clasifican los productos farmacéuticos y la nota 1 señala que no comprende las preparaciones de las partidas 33.03 a 33.07, incluso si tienen propiedades terapéuticas o profilácticas. La interpretación de la nomenclatura arancelaria parte de reglas generales, y la clasificación de una mercancía está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo.

En la nota 3 del capítulo 33, se precisa que “Las partidas 33.03 a 33.07 se aplican, en particular, a los productos, incluso sin mezclar... aptos para ser usados como productos de dichas partidas y acondicionados para la venta al por menor para tales usos”.

Por lo anterior concluye que aunque los talcos desodorantes tengan alguna propiedad accesoria deben continuar siendo clasificados dentro de la partida 33.07 por ser desodorante corporal y antitranspirante.

Al no estar señalada la partida mencionada dentro de los bienes excluidos del impuesto sobre las ventas en el artículo 424 del estatuto tributario, se infiere que los productos mexsana y lady mexsana se encuentran gravados, en la forma y términos previstos en dicho régimen. Según la naturaleza desodorante evidenciada del nombre y propiedades de los productos en cuestión, al igual que su composición en la que no hay gran cantidad de elementos curativos o preventivos y, como tampoco se han demostrado los efectos medicinales, no es posible clasificarlos como el medicamento a que alude la partida 30.04 del arancel de aduanas.

Indicó que las conclusiones del Invima no afectan la clasificación arancelaria, ni inciden en la emisión de conceptos por parte de las unidades especializadas en materia aduanera y no es necesaria la anulación formal de la calificación del Invima para que la DIAN u otra autoridad mundial en materia aduanera, conceptúe sobre la ubicación de los productos dentro del arancel.

Puesto que se omitieron operaciones gravadas, no se configura diferencia de criterios entre la administración y el accionante para considerar como improcedente la imposición de la sanción por inexactitud, de conformidad con el artículo 647 del estatuto tributario, precisado en la sentencia del 13 de marzo de 1989 del Consejo de Estado.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, a través de Sentencia de julio 10 de 2003, anuló la liquidación oficial de revisión 310642000000086 de mayo 26 de 2000 y a título de restablecimiento declaró la firmeza de la declaración privada del impuesto a las ventas presentada por la accionante por el tercer bimestre de 1997.

Consideró que la OMA no asevera ni concluye de manera tajante que los productos en cuestión se clasifiquen en la partida 33.04, por lo cual, si bien en principio encuadrarían dentro de la descripción arancelaria precitada, pueden ser determinados como la excepción de esta regla, es decir que se traten de medicamentos.

En efecto señaló, que el Ministerio de Salud le otorgó a talcos mexsana y lady mexsana el carácter de medicamentos, el cual no fue desvirtuado por la DIAN, permitiendo concluir que la ubicación correcta es la partida 30.04 y en consecuencia, estos productos se encuentran excluidos del impuesto a las ventas.

El recurso de apelación

La parte demandada apeló la providencia y manifestó que no existen contradicciones en las afirmaciones efectuadas por las entidades estatales DIAN y Ministerio de Salud, sino diferencia de funciones.

Así mismo indicó que el registro sanitario otorgado por el Ministerio de Salud es una medida de control que permite asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en las actividades de elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de los que se denominan medicamentos para estos efectos, mientras la calificación arancelaria de las mercancías tiene por objeto determinar el gravamen aplicable en el momento de su importación.

Finalmente frente a la sanción por inexactitud, señaló que al establecer la omisión de operaciones gravadas y al no existir diferencia de criterios entre la administración y el contribuyente resulta procedente la sanción impuesta.

Alegatos de conclusión

La parte actora reiteró los argumentos esgrimidos desde la presentación de la demanda.

La parte demandada reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y señaló que la actuación acusada fue legalmente expedida y proferida por la oficina competente para determinar la clasificación arancelaria de los productos de acuerdo a su composición química.

Indicó así mismo que la OMA es un organismo de carácter supranacional encargado de velar por la unificación de criterios en torno a la clasificación arancelaria de las mercancías y sus interpretaciones están basadas en las reglas del sistema armonizado de designación y codificación que a su vez es la base de la nomenclatura nandina.

Ministerio público

Representado por la Procuradora Sexta Delegada ante la corporación, reiteró el concepto emitido dentro del proceso 11824, manifestando que si una mercancía es un “medicamento” debe clasificarse en la partida 30.04 sin importar si el producto es un “desodorante”.

Considera que la clasificación hecha por el Ministerio de Salud, es un acto administrativo que produce consecuencias jurídicas para efectos del impuesto sobre las ventas, por lo que el registro sanitario es prueba de que los productos polvo medicinal mexsana y lady mexsana son medicamentos y se debe revocar la sentencia recurrida, accediendo totalmente a las súplicas de la demanda.

Consideraciones de la Sala

Corresponde en la presente instancia decidir sobre la legalidad de la liquidación de revisión 310642000000086 de mayo 26 de 2000, acto administrativo por medio del cual la Administración Especial de Impuestos Nacionales - grandes contribuyentes de Bogotá, determinó oficialmente el valor a cargo de la sociedad Schering Plough S.A., por concepto de impuesto a las ventas correspondiente al tercer bimestre de 1997.

La controversia versa sobre dos aspectos: El primero hace relación a si están gravadas o excluidas del impuesto, las ventas de productos mexsana polvo medicinal y lady mexsana polvo medicinal, que según la sociedad clasifican en la posición arancelaria 30.04 (excluida), por corresponder a “medicamentos”; mientras que para la administración no son productos farmacéuticos y por ello no están excluidos del IVA.

El segundo se refiere a la procedencia de la sanción por inexactitud que establece el artículo 647 del estatuto tributario, la cual fue eliminada por el tribunal al considerar que existió una diferencia de criterios, argumento que no comparte la parte demandada.

Cabe señalar, en primer lugar, que la Sala ha tenido la oportunidad de fijar su criterio jurisprudencia) (sentencias de septiembre 3 y 17 de 1999, expedientes 9495 y 9568 respectivamente) en torno a la incidencia jurídica y al valor probatorio de las certificaciones expedidas por el Ministerio de Salud y su entidad adscrita Invima, que en esta oportunidad se reitera, en el sentido de que las mismas no pueden ser “ab initio” descalificadas o tachadas de “inocuas”, en tanto provienen de autoridades de la más alta jerarquía en materia de salud, con funciones concretas y perfectamente definidas en lo concerniente a la vigilancia sanitaria y al control de calidad, entre otros productos y elementos, de los medicamentos, según lo preceptuado en los artículos 245 de la Ley 100 de 1993 (1) y 2º numeral 1º del Decreto 1290 de 1994 (2) .

Además, porque las entidades mencionadas utilizan avanzados recursos tecnológicos y científicos, para adelantar su labor con idoneidad y eficiencia, de suerte que las clasificaciones que realizan de productos y elementos, resultan igualmente basadas en criterios técnicos.

Observa la Sala que los aspectos objeto de controversia en el sub examine corresponden exactamente a la misma situación fáctica, jurídica y probatoria analizada y definida en la sentencia de noviembre 27 de 2000, M.P. Ligia López Díaz, expediente 13038, por lo cual en esta oportunidad se reiteran los argumentos allí expuestos.

En el presente caso, la administración ubicó los productos “mexsana” y “lady mexsana”, en la partida 33.04.91.00 “Polvos, incluidos los compactos” de acuerdo con la clasificación, que por solicitud de la demandada, hizo la dirección de nomenclatura y clasificación de la Organización Mundial de Aduanas “OMA” (fls. 138 y ss.) la cual solo fue conocida por la demandante en el requerimiento especial de octubre 28 de 1999.

La Organización Mundial de Aduanas, antes conocida como Consejo de Cooperación Aduanera, es una organización internacional de carácter multilateral cuyo objeto principal es propiciar uniformidad y simplificación en la normatividad aduanera mundial, y velar por la correcta aplicación de las normas aduaneras, en procura de un comercio internacional transparente y equitativo. Colombia es parte contratante de la Organización Mundial de Aduanas desde 1992 por medio de la Ley 10 de julio 17 de 1992, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-563 de octubre 22 de 1992. (3)

Para la Sala, en el sub lite, la OMA se pronunció en forma expresa sobre la clasificación arancelaria que le corresponde a los productos “mexsana” y “lady mexsana” dentro del sistema armonizado de arancel, ubicándolos en la partida 33.04.91.00, y no se puede entender como lo hizo el tribunal, que por la expresión “podrían” (4) permite clasificarlo en otra partida.

De otro lado, aplicando el principio de que ningún producto tendrá más de una clasificación dentro del arancel de aduanas, se hace necesario a la hora de clasificar arancelariamente un bien, guiarse por las “reglas generales para interpretación de la nomenclatura” que aparecen en el literal A del numeral Ill del artículo 1º del Decreto 3104 de 1990 según el cual:

“III. Normas sobre clasificación de mercancías.

A. Reglas generales para la interpretación de la nomenclatura

La clasificación de mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 1. Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

(...)”.

En primer lugar debe seguirse el texto de las partidas, en este caso 30.04 y 33.04, de las que se discute su correspondencia con los productos de la actora:

“Partida: 30.04 medicamentos (excepto los productos de las partidas números 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor”.

“Partida: 33.04 preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

(...).

Subpartida: 33.04.91.00.00 --polvos, incluidos los compactos”.

Sobre el anterior texto, la nota 1 literal d) del capítulo 30 del arancel, que debe entenderse conforme a la regla 1 de interpretación (5) :

“1. Este capítulo no comprende:

d) Las preparaciones de las partidas 33.03 a 33.07, incluso si tienen propiedades terapéuticas o profilácticas” (destacado fuera del texto).

La OMA de acuerdo al análisis químico realizado a los productos “mexsana polvo medicado y lady mexsana polvo medicinal” manifestó que:

“Two products, mexsana polvo medicado and lady mexsana polvo medicinal (products Nos. 23 and 24), appear to be preparations for the care of the skin and thus classifiable in heading 33.04. In the secretariat''s view, the very small amount (0.1 % by weight) of fungicide contained in each, does not affect their classification in that heading. The secretariat would therefore classify these two products in subheading 3304.91” (fl. 144).

“Dos productos, mexsana polvo medicado y lady mexsana polvo medicinal (productos Nos. 23 y 24), parecen ser preparaciones para el cuidado de la piel y por lo tanto clasificables dentro del título 33.04. Según el punto de vista de la secretaría, la cantidad tan pequeña (0.1 % por peso) de fungicida contenido en cada uno, no afecta su clasificación en ese subtítulo. La secretaría por lo tanto clasificaría estos dos productos en el subtítulo 3304.91” (fl. 164, traducción oficial aportada como prueba en primera instancia).

Con base en lo anterior, la administración clasificó los productos “mexsana” y “lady mexsana” en la partida 33.04.91 relativa a “polvos, incluidos los compactos”, basada en el análisis desarrollado por la entidad competente para el efecto, y en las notas y partidas del arancel de aduanas, tal como quedó anotado anteriormente.

Ahora bien, como se observa a folio 31 y 32 de los antecedentes, el Ministerio de Salud al expedir el registro sanitario en el caso de mexsana polvo medicado escribió:

“(...).

A: La sociedad Plough Inc., con domicilio en Memphis, Tennesee, EE UU.

Para: Fabricar y vender

el medicamento: mexsana polvo medicado

(...)” (fl. 32) (destacado fuera del texto)

“RESUELVE:

ART. 1º—Conceder registro sanitario por el término de diez (10) años al medicamento: lady mexsana talco medicinal” (fl. 31) (destacado fuera del texto).

Situación que indudablemente genera confusión en el contribuyente, quien actuando de buena fe y basándose en un documento válido, emitido por una autoridad estatal, clasificó arancelariamente sus productos de conformidad con la información que encontró en este documento; para la Sala no cabe duda de que si el Ministerio de Salud, hoy Invima, precisaran al momento de emitir sus registros que las definiciones allí consignadas solo pueden ser usadas para efectos, del control de calidad y vigilancia sanitaria, no se presentarían confusiones entre el ciudadano (contribuyente) y la administración.

Observa la Sala que la actuación desplegada por la contribuyente, se encuentra enmarcada en la buena fe, toda vez que ha mantenido un registro de sus productos como “medicamentos”, sin que se hubiera controvertido a la fecha de presentación de su declaración tal naturaleza.

Artículo 83 Constitución Política “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” como en el expediente no se ha demostrado que la contribuyente conocía el informe de la OMA, a la fecha de presentación de su declaración, el cual le habría permitido verificar la naturaleza de los productos para efectos arancelarios e impositivos, se ha demostrado que actuó con base en un documento público que fue el único elemento de clasificación del producto, en su momento.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE, la sentencia de julio 10 de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, objeto del recurso de apelación.

2. RECONÓCESE, Personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la abogada Sandra Patricia Moreno Serrano, conforme al poder que le fue debidamente otorgado y que obra al folio 361 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sección de la fecha.

Magistrados: María Inés Ortiz Barbosa, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz—Juan Ángel Palacio Hincapié—Héctor J. Romero Díaz.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) ART. 245.—El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Créase el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Salud, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa, cuyo objeto es la ejecución de las políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos medicoquirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva.

El Gobierno Nacional reglamentará el régimen de registros y licencias, así como el régimen de vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos de que trata el objeto del Invima, dentro del cual establecerá las funciones a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, de conformidad con el régimen de competencias y recursos.

(2) ART. 2º—Objetivo. El Invima tiene los siguientes objetivos:

1. Ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los productos que le señala el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y en las demás normas pertinentes.

(3) En providencia de abril 27 de 2001, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 11652, la Sala manifestó que la dirección de nomenclatura y clasificación de la Organización Mundial de Aduanas pretende entre otros, establecer, mantener y promover instrumentos internacionales para la armonización y aplicación uniforme de los sistemas de aduanas y presta asistencia técnica en materia arancelaria a los países miembros” (destaca la Sala).

(4) Esta expresión es utilizada en una traducción aportada por un perito intérprete traductor y es modificada en la traducción oficial por la palabra “clasificaría” (fl. 164).

(5) Regla 1: Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo.

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