Sentencia 14176 de febrero 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO EN EL REGISTRO AUTOMOTOR

CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE CONFIGURA

EXTRACTOS: «V. Al resolver un caso similar (1) , la Sala precisó que la matrícula o registro terrestre automotor es un historial del vehículo que se lleva en la oficina del tránsito del lugar donde éste vaya a rodar. Se define en la ley como “el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, translación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” (art. 88 D.L. 1344/70, Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos) (2) .

(1) Sentencia del 8 de noviembre de 2001, exp.: 13.730.

(2) Este decreto fue derogado por la Ley 769 de 2002 “Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre. El capítulo VII, arts. 46 a 49 crea el registro nacional automotor.

La exigencia de la inscripción de los vehículos en un registro público tiene por objeto permitir el control que debe ejercer el Estado sobre una actividad de interés general, que representa un avance en el desarrollo social, pero que a su vez contiene una potencialidad destructiva que debe ser mantenida dentro de estrictos límites.

La inscripción de un vehículo y de cualquier acto de disposición sobre el mismo en el registro automotor no es constitutiva de ningún derecho, es declarativa del mismo y por lo tanto, puede ser desvirtuada a través de otros medios probatorios.

No obstante, la certificación oficial de los datos que conste en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.

En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares.

Sin embargo, no debe perderse de vista que en estos actos de registro y posterior certificación en los cuales se da fe de una verdad suministrada por un particular y no de un acto que la autoridad que expide la certificación haya debido presenciar, la responsabilidad por la veracidad del dato corresponde al particular que la suministra y si bien es cierto que el Estado debe establecer unas medidas de control para evitar que se alleguen datos falsos, también lo es que en aplicación del principio de la buena fe no debe confirmar todo cuanto el particular acredita ante éste.

En síntesis, puede afirmarse que para el Estado el deber de certificación implica responsabilidades de orden patrimonial cuando se ha incurrido en fallas en la elaboración del registro o en la expedición del certificado, pero no cuando da cuenta de la verdad formal consignada por el particular y se han agotado las medidas de control que el caso concreto exige.

El mismo desarrollo de ciertas actividades ha generado la necesidad de crear un principio de confianza pública, el cual se desprende del principio de la buena fe, establecido por el artículo 83 de la Carta. Al respecto ha dicho la Corte Constitucional.

“La sociedad necesita desenvolverse en un clima de confianza en el cual los actos de las personas no sean a priori calificados de ilícitos o indebidos sin haber establecido previamente que en efecto ello es así. Se requiere suponer que, como regla general —que debe representar el patrón normal de comportamiento— los asociados obran con transparencia, sinceridad y lealtad, dentro de los postulados y reglas que rigen la organización social” (3) .

(3) Sentencia T-578A del 4 de diciembre de 1995.

“Cuando el artículo 83 de la Constitución exige que las actuaciones de los particulares y de las autoridades se ciñan a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas, consagra un postulado que obliga a las entidades y a los servidores públicos a revisar radicalmente la posición que tradicionalmente han venido observando ante el ciudadano, marcada por la prevención y la mala voluntad.

Tal principio exige de gobernantes y gobernados el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo.

La norma en mención no obliga tan sólo al particular sino que se aplica con igual severidad al servidor público, que ni puede presumir la mala fe de la persona respecto de la cual cumple su función, ni le es permitido, en lo que toca con sus propios deberes, asumir actitudes engañosas o incorrectas” (4) .

(4) Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995.

VI. Lo que debe resolver la Sala en este caso, es si del hecho de que la administración haya realizado el registro del vehículo objeto de este proceso con fundamento en unos documentos falsos, se deriva la obligación de reparar el daño causado como consecuencia del mismo.

La respuesta a este interrogante debe ser positiva, siempre que en el acto de registro las autoridades competentes hubieran incurrido en irregularidad por acción u omisión en el cumplimiento de sus deberes legales. En el caso concreto, sería atribuible a la administración el daño sufrido por el demandante si los documentos apócrifos hubieran sido expedidos por los funcionarios de la oficina de transporte y tránsito, o al menos con su complicidad, en ejercicio de sus funciones, o en el supuesto de que la autoridad encargada de realizar la inscripción hubiera omitido el cumplimiento de los controles legales al realizar el acto.

En relación con el primer supuesto, no obra en el expediente ninguna prueba que permita vincular a los funcionarios del departamento de transporte y tránsito de Caldas con el hecho. Por consiguiente, no hay razones para afirmar que en el delito de falsedad intervino algún servidor público en ejercicio de sus funciones.

Para decidir si en el caso concreto se está frente al supuesto de falla del servicio por haber omitido las autoridades de tránsito el cumplimiento de sus deberes legales, se señalan en primer término cuáles son esas obligaciones.

Mediante Resolución 51 del 13 de enero de 1972, el director del Instituto Nacional del Transporte ordenó la ratificación de los documentos para la matrícula de los vehículos en estos términos:

“ART. 1º—Los directores e inspectores de tránsito competentes confirmarán el certificado individual de aduanas expedido para la matrícula de vehículos, a través de la Dirección General de Aduanas.

Igualmente se confirmará, por las mismas autoridades, la factura de compra que expidan las casas vendedoras o distribuidoras de vehículos.

PAR.—Los gastos de comunicaciones y partes que demanden las diligencias a que hace referencia esta resolución, serán pagados por los interesados”.

Sin examinar los problemas de legalidad de este acto por vicios de competencia, puede afirmarse, en principio, que durante la vigencia de esa resolución, la administración se hacía responsable de la inscripción de un vehículo con documentos falsos, cuando no cumplía con el deber de verificar su autenticidad.

No obstante, la junta directiva del Instituto Nacional de Transporte, mediante Acuerdo 17 de 1985, fijó el manual de trámites ante las oficinas de tránsito del país, en cumplimiento de la función de “dictar las normas que sean necesarias para la adecuada ejecución del Código Nacional de Tránsito y de sus decretos reglamentarios” (D. 1147/71, art. 1º, lit. a).

En dicho manual se definió la matrícula como “la inscripción de un vehículo en el registro nacional automotor, que da lugar a la entrega de placas y a la expedición de la licencia de tránsito” y estableció los requisitos que debían reunir los vehículos en relación con su destinación. Para los vehículos de servicio particular señaló:

“a) Factura con la firma autenticada del representante legal de la casa vendedora.

En caso de remate, si el vehículo no se encontraba matriculado, el acta de adjudicación reemplaza la factura.

b) certificado individual de aduana (original)

c) Solicitud de matrícula con la firma autenticada y la huella dactilar certificada del comprador.

d) Revisión técnica, mecánica y de higiene.

e) Cancelar derechos e impuestos.

f) Si en la factura de compraventa aparece con limitaciones a la propiedad, debe adjuntarse el documento (...).

NOTA: Cuando se trate de matrícula provisional de cualquiera de los vehículos señalados anteriormente, la inscripción la solicitará la casa vendedora con la firma autenticada del representante legal y la firma autenticada y la huella dactilar certificada del comprador.

Presentar el documento que demuestre la iniciación de los trámites de nacionalización y entrega del vehículo por la Aduana Nacional y/o fotocopia del manifiesto global de importación”.

Significa lo anterior que como el acuerdo reguló de manera general el trámite para la matrícula de los vehículos, derogó la resolución expedida por el director de la entidad. En este último acto no se imponía a las autoridades de tránsito el deber de verificar la autenticidad del certificado de aduanas y de la factura de compraventa, sino que se exigía la firma autenticada y la huella dactilar del solicitante para tal efecto.

En consecuencia, en el caso concreto no hubo falla del servicio de la entidad administrativa demandada que cumplió con el deber legal de controlar los datos consignados en el registro, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. En tales condiciones, el hecho es imputable al particular que incurrió en el delito de falsedad y por lo tanto, será éste quien deba indemnizar el daño causado al demandante.

VII. La Sala, en sentencia del 10 de junio de 1995, expediente 10.282, al resolver la demanda de reparación interpuesta por el adquirente de un vehículo que había sido hurtado y matriculado nuevamente con documentos falsos, negó las pretensiones por considerar que no existía relación causal entre la actuación de la administración y el daño aducido por el demandante.

“...no existe fundamento para imputar responsabilidad a la entidad demandada por los perjuicios que dice haber sufrido el demandante, dado que el daño sufrido no le es imputable por cuanto no fue causado por la acción o la omisión de uno de sus agentes. En efecto, el DATT de Nariño se limitó a adelantar un trámite de matrícula de un automotor porque para el efecto el interesado allegó toda la documentación que los reglamentos requieren. No se observa en el trámite ninguna falla, o negligencia de la cual pueda deducirse responsabilidad en contra de esa entidad”.

No obstante, en providencia del 28 de febrero de 1995, expediente 10.272, al decidir la demanda formulada por el adquirente de un vehículo hurtado y posteriormente registrado en una oficina de tránsito diferente, condenó a la autoridad de tránsito demandada por considerar que ésta había incurrido en fallas que hicieron posible la defraudación. Dijo la Sala:

“Huelga advertir que el hecho generador de la responsabilidad de la administración en el caso de que tratan estas diligencias reviste especial gravedad, en tanto demuestra cómo los funcionarios públicos, por acción u omisión, están contribuyendo a que el delito de robo de automotores continúe y se incremente la impunidad.

Del material probatorio se desprende claramente que las distintas dependencias encargadas de llevar el registro automotor, así como de prevenir y sancionar el hurto de esos bienes, no actuaron como les imponía la Constitución y la ley. Nada justifica que los funcionarios hubieran sentado la matrícula con base en documentos falsos como son: cédula de ciudadanía, certificado de revisado aduanero, constancia de la aduana interior de Bogotá y factura de compra. Ahora bien, el delito seguramente no se hubiera consumado, en el caso que, recibida la denuncia penal correspondiente, se hubiera dado cuenta en forma inmediata tanto a las dependencias y secciones de la Sijín de la Policía Nacional, como a las oficinas de tránsito de todo el país”.

Se advierte que aunque los supuestos de hecho en ambos casos son similares, las decisiones son opuestas porque distintas fueron las pruebas que en uno y otro evento se adujeron para acreditar la falla de la administración. En el último caso los funcionarios debieron detectar la falsedad que incluía hasta los documentos de identidad de quien realizó el registro; además, el propietario original del vehículo había formulado la correspondiente denuncia penal de la cual no se dio información a las oficinas de tránsito para que no se incurriera en la falla que se presentó. Situaciones que no se presentaron en el primer caso, o por lo menos, no se acreditaron en el proceso.

En el caso concreto, se reitera, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se concluye que la autoridad de tránsito demandada obró de conformidad con el reglamento, sin que le fuera exigible una conducta diferente, como la de constatar la veracidad de esos documentos; además, no existía denuncia penal por hurto del vehículo, pues al parecer no se había incurrido en dicha conducta. En consecuencia, los perjuicios que reclama el actor no se originaron en la actividad de la administración sino en la conducta punible del particular que falsificó los documentos o utilizó los falsificados para obtener la matrícula del vehículo».

(Sentencia de 20 de febrero de 2003. Expediente 14.176. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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