Sentencia 14218 de abril 7 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000232700020020034801 14218

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Organización Sayco Acinpro.

Demandado - La Nación - U.A.E. - DIAN -

Referencia: Apelación sentencia de julio 30 de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, —Sección Cuarta, subsección A, en juicio de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter fiscal. Impuesto sobre las ventas. II bimestre de 1996.

Fallo

Bogotá, D.C., abril siete de dos mil cinco.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de 6 de agosto de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, estimatoria de las súplicas de la demanda en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por medio de los cuales se impuso sanción por no declarar impuesto sobre las ventas por el II bimestre de 1996.

Antecedentes

El día 21 de junio de 2000 la división de fiscalización tributaria de la administración especial de impuestos de las personas jurídicas de Bogotá, profirió auto de apertura de investigación.

Mediante emplazamiento para declarar Nº 300632000000082 de agosto 14 de 2000, la administración le ordenó a la sociedad actora presentar declaración tributaria de impuesto sobre las ventas por el segundo bimestre del año gravable de 1996.

El día 15 de noviembre de 2000 mediante Resolución 300642000000097, la división de liquidación de la administración especial de impuestos de las personas jurídicas de Bogotá impuso sanción por no declarar en la suma de $ 33.423.000.

Oportunamente la sociedad actora interpuso recurso de reconsideración contra la resolución sanción por no declarar, el cual es fallado mediante la Resolución 900012 de 25 de octubre de 2001, en el sentido de confirmarla.

La demanda

La sociedad actora mediante apoderado interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que la sancionó por no declarar y la resolución que lo confirmó en vía gubernativa, con el fin de que sean declarados nulos y en consecuencia se levante la sanción impuesta.

En síntesis la demandante expone lo siguiente:

1. Violación de los artículos 29 de la Constitución Política, 601, 637, 638 y 715 del estatuto tributario y 1º del Decreto Reglamentario 825 de 1978, al utilizar un procedimiento diferente al establecido en la ley.

Considera que antes de imponerse la sanción por no declarar, se debió adelantar un proceso de determinación oficial del impuesto para establecer la generación del IVA en las actividades materia del litigio de tal forma que, una vez demostrada la obligación por parte de la administración, el emplazamiento solo tiene como objeto la presentación de la declaración pues emplazar al investigado sin demostrar su obligación es violar el debido proceso.

Afirma que uno es el procedimiento para la determinación oficial del impuesto cuando a juicio de la administración una persona es sujeto pasivo de la obligación tributaria y otro el de verificación de las obligaciones de los mencionados sujetos pasivos, procesos que por diferir en su objeto y trámite deben seguirse de acuerdo a las circunstancias de cada caso, para garantizar el derecho de defensa.

2. Violación de los artículos 565 y 779 del estatuto tributario, por falta de competencia.

Aduce que la división jurídica realiza afirmaciones relacionadas con la competencia de los funcionarios de fiscalización que no corresponden a la realidad ya que el auto de cruce 2812 se refiere a un proceso administrativo iniciado a Sayco, entidad diferente a la organización actora, el impuesto investigado fue renta y el período señalado era 1998.

Precisa que dentro de los antecedentes administrativos, ninguno de los autos comisiona a los funcionarios de fiscalización para visitar e inspeccionar los libros de contabilidad de la organización Sayco Acinpro, pues el único objeto de todos era la investigación de Sayco por impuesto de renta de los años gravables de 1997 y 1998.

Estima que a pesar de no existir dentro de los antecedentes administrativos copia del auto comisorio para revisar los libros de contabilidad de la organización, concluye en forma errónea la resolución que desató el recurso, que en cumplimiento de las actuaciones a que hace referencia el auto el “funcionario comisionado” para adelantar la investigación revisó la información enviada por Sayco y por la organización recaudadora Sayco Acinpro, con lo cual atribuyó indebidamente una competencia a los funcionarios de la división de fiscalización comisionados mediante dicho auto.

Observa que es necesario distinguir que una es la comisión para determinar las operaciones económicas entre los dos entes jurídicos, como en forma expresa lo señala el auto de cruce y otra que ese mismo funcionario practique inspección contable con base en la misma comisión y aproveche esta actuación administrativa, sin la competencia especial exigida por la ley, para tratar de establecer el hecho generador, responsabilidad y base gravable del IVA a la actora.

3. Violación de los artículos 420, 601 del estatuto tributario; 1º y 7º del Decreto Reglamentario 1372 de 1992 y 2º del Decreto Reglamentario 1107 de 1992, por inexistencia de la base gravable.

Afirma que de conformidad con el artículo 27 de la Ley 44 de 1993 y para garantizar el debido recaudo de los derechos de autor, se constituyó la organización Sayco Acinpro con idéntico objeto de las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro, asociación gremial constituida para la defensa de los intereses de los autores, compositores, intérpretes, sin ánimo de lucro, mandataria de las instituciones que la conforman, cuyos mandantes son los asociados, es decir, el gremio de autores y compositores.

Señala que una vez deducidos los gastos de administración del recaudo para terceros, que en una asociación gremial representan los aportes de los asociados para su sostenimiento y que se encuentran excluidos de IVA, debe entregar el excedente de lo recaudado a sus dos asociadas, para que estas entidades lo distribuyan entre sus socios.

Aduce que se trata de una asociación gremial creada como mandataria de las instituciones que la constituyen, mandatarias a su vez de sus asociados, cuya función es recaudar sin contraprestación, los derechos de autor para ser entregados a las mandatarias, para que estas a su vez, distribuyan dicho recaudo entre sus asociados (autores, compositores e intérpretes).

Expresa que la organización no tiene ni puede disponer de ingreso alguno, y al no estar retribuido este servicio, no hay base para determinar el IVA pues necesariamente debe existir una remuneración, de ahí que no sea aplicable el artículo 26 del estatuto tributario, en cuanto al concepto de ingreso.

Indica que la actividad realizada por la sociedad, no se enmarca dentro de las previsiones generales que regulan la prestación de servicios en favor de terceros, pues los valores recaudados no corresponden a un ingreso propio y al ser trasladados a un tercero, previo descuento de los gastos realizados también a nombre del tercero, se concluye que no existe reconocimiento alguno para quien los ha contratado, por lo que no da lugar a la existencia de base gravable alguna, consideraciones que permiten concluir que las actividades desarrolladas por la entidad no se encuentran gravadas con el impuesto sobre las ventas, de conformidad con el artículo 7º del Decreto 1372 de 1992.

La oposición

El apoderado de la parte demandada se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda.

Sostiene que de acuerdo con el artículo 730 del estatuto tributario, las causales de nulidad únicamente son contra los actos de liquidación de impuestos y fallos de recursos, sin que se extiendan a las resoluciones sanción.

Considera que una vez iniciadas unas indagaciones preliminares en materia de un impuesto, se detectaron inconsistencias en otro, lo cual dio lugar a que en desarrollo de las amplias facultades legales de fiscalización que por expresa disposición legal son propias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se profiera un emplazamiento para declarar el impuesto sobre las ventas, por haberse determinado omisiones sancionables.

Argumenta que para ello no es necesario que se expida un auto comisorio, pues basta con que la administración determine la existencia de una obligación para que emplace al contribuyente, además las actuaciones que se surtieron dentro del proceso se realizaron por un funcionario que se encontraba debidamente delegado.

En cuanto a la responsabilidad de la sociedad en materia del impuesto sobre las ventas, afirma que efectuada una verificación al contrato suscrito entre la organización Sayco Acinpro y sus asociadas Sayco y Acinpro, se encuentra una obligación de hacer, sin importar que en ella predomine el factor material o intelectual, lo cual genera una contraprestación independientemente de la denominación o forma de remuneración, tal como lo señalan los literales b) del artículo 420 y c) del artículo 437 del estatuto tributario.

Igualmente considera que este servicio no se encuentra excluido de manera expresa dentro de las previsiones del artículo 476 ibídem, de donde se concluye que está gravado con IVA.

La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de los actos acusados, para lo cual se remite a los argumentos expuestos en la sentencia de julio 17 de 2003, de la misma corporación, magistrado ponente doctor Fabio O. Castiblanco, en donde se discutió un asunto idéntico y entre las mismas partes.

En el fallo se examinó la naturaleza de la sociedad demandante conforme a la Ley 44 de 1993 y se estableció que la organización Sayco Acinpro se constituyó para efectos de recaudar para sus asociadas las percepciones pecuniarias provenientes de los derechos de autor por la ejecución pública de obras literario-musicales, interpretaciones, ejecuciones y producciones fonográficas y/o videográficas que según la ley corresponden a los autores y compositores asociados a Sayco y a los artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonograma, asociados a Acinpro.

Manifiesta que de conformidad con los estatutos, lo recaudado debe ser distribuido un 50% para Sayco y un 50% para Acinpro, previa deducción de los gastos de administración, pues la sociedad se constituyó con el fin de “recaudar” a beneficio de unos terceros asociados, lo correspondiente a derechos de autor, con fundamento en el artículo 13 de la Ley 44 de 1993, por tanto, considera que la actividad que cumple la sociedad no se enmarca dentro de lo que constituye un servicio de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992.

A juicio del tribunal, la entidad creada por Sayco y Acinpro es una desmembración de las mismas con el objeto de facilitar el recaudo de las percepciones económicas a favor de sus asociados, por lo que no existe un consenso de voluntades entre las sociedades creadoras y la creada sobre actividad alguna, ya que el acuerdo fue societario y no de servicios.

El recurso

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación con el fin de que sea revocada la sentencia del tribunal, en los siguientes términos:

Manifiesta que las funciones de las sociedades de gestión colectiva descritas en el artículo 13 de la Ley 44 de 1993, conllevan la prestación de un servicio porque en los términos del artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 siempre que a nombre de sus asociados los represente, negocie, recaude o distribuya derechos de autor, ejerce una actividad, labor o servicio que se concreta en una obligación de hacer y que conlleva una contraprestación, elementos que hacen causar impuesto sobre las ventas.

Observa que el fallador de instancia no explica las razones por las cuales por ministerio de la ley una actividad que causa impuesto desaparezca por un acto de las partes, al expresar en los estatutos que no es un servicio sino una función; además si la organización Sayco Acinpro, de acuerdo a la sentencia no es más que una desmembración de Sayco y de Acinpro con el objeto de facilitar el recaudo de las percepciones económicas a favor de sus asociados, con mayor razón debió reconocer la calidad de servicio gravado en sus actividades.

Considera que en el caso materia de estudio se está ante la prestación de unos servicios de la entidad actora representados en una obligación de hacer, que da origen a una contraprestación sujeta a impuesto sobre las ventas.

Alegatos de conclusión

La parte demandante no intervino en esta oportunidad procesal.

La parte demandada señala que el porcentaje de lo recaudado destinado a gastos de administración, hace parte de los ingresos de la sociedad por la prestación del servicio de recaudo y administración de derechos de autor y es tal remuneración, la base gravable para calcular el impuesto sobre las ventas.

Considero que era evidente que la administración de impuestos ante el hecho generador de impuesto sobre las ventas que no había sido declarado iniciara el proceso de aforo con la expedición del emplazamiento para declarar y ante la persistencia en la omisión por parte de la demandante, optó por sancionarlo por no declarar, lo cual se ajusta a derecho.

Ministerio Público

La procuradora sexta delegada ante el Consejo de Estado, solicita que se confirme la sentencia apelada.

Manifiesta que las sociedades de gestión colectiva recaudan y distribuyen a los asociados la remuneración proveniente de los derechos de autor, entre otras funciones, lo cual es una consecuencia de la defensa de los derechos de autor asignada por la ley y así no puede afirmarse que esa sea una “labor contratada”, requisito que debe cumplirse junto con los demás exigidos por el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992, para que pueda hablarse de servicio. Y al no existir acuerdo de voluntades de la sociedad de gestión colectiva con los afiliados o asociados, no es posible considerar que las funciones que cumple constituyan servicio, pues otra es la finalidad e interés bajo las cuales fue creada conforme a la ley.

Auto de pruebas

Para mejor proveer, la Sala dictó el auto de fecha 16 de septiembre de 2004, con el fin de que la demandante allegara un contrato modelo de recaudo y distribución de los recursos provenientes de derechos de autor. En respuesta a la providencia mencionada, la actora aportó contrato de mandato con representación, acta de reforma de los estatutos sociales y los estatutos sociales modificados.

Consideraciones de la Sala

En esta instancia procesal, la Sala debe decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se anuló la actuación administrativa cuestionada.

El fallador de primera instancia declaró la nulidad de la operación administrativa porque la demandante no ejecuta actividades que puedan ser catalogadas como servicio, sino que cumple una función para la cual fue creada como resultado de un acuerdo societario, para el recaudo y distribución a sus socios de las percepciones económicas derivadas de derechos de autor.

De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, la organización Sayco Acinpro como sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, ejerce las funciones consagradas en el artículo 13 de la Ley 44 de 1993, pues representa, negocia, recauda o distribuye los derechos de autor a nombre de sus asociados y así realiza actividades o labores que se concretan en una obligación de hacer y que conllevan una contraprestación, razón por la cual está obligada a declarar IVA por el sexto bimestre de 1996.

La Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor, establece en el artículo 1º que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras, al igual que los intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, en los derechos conexos a los de autor y en el artículo 216 autorizó la creación de asociaciones de autores como personas jurídicas sin ánimo de lucro, en ejercicio del derecho de asociación de los titulares de derechos de autor, cuyo reconocimiento le compete a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, dependencia del Ministerio de Gobierno, conforme a los artículos 211 y 212 de la misma ley.

La Ley 23 fue objeto de adición y modificación por la Ley 44 de 1993 (vigente para la época de los hechos), y en el artículo 10 contempla la facultad que tienen los titulares de derechos de autor de formar sociedades de gestión colectiva, así:

“ART. 10.—Los titulares de derechos de autor y derechos conexos podrán formar sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, sin ánimo de lucro con personería jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente ley” (negrilla fuera de texto).

Así mismo, el artículo 13 del compendio legal citado, expresa:

“ART. 13.—Son atribuciones de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos:

1. Representar a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular para los mismos.

Ante las autoridades jurisdiccionales los socios podrán coadyuvar personalmente con los representantes de su asociación, en las gestiones que estos lleven a cabo y que los afecten.

2. Negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de actos comprendidos en los derechos que administran y la remuneración correspondiente, y otorgar esas autorizaciones, en los términos de los mandatos que estos le confieran y sin desconocer las limitaciones impuestas por la ley.

3. Negociar con terceros el importe de la contraprestación equitativa que corresponde cuando estos ejercen el recaudo del derecho a tales contraprestaciones.

4. Recaudar y distribuir a sus socios, las remuneraciones provenientes de los derechos que le correspondan. Para el ejercicio de esta atribución las asociaciones serán consideradas como mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación a las mismas.

5. Contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos de interés general o particular.

6. Celebrar convenios con las sociedades de gestión colectiva extranjeras de la misma actividad o gestión.

7. Representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan contrato de representación ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los asuntos de interés general y particular de sus miembros, con facultad de estar en juicio en su nombre.

8. Velar por la salvaguardia de la tradición intelectual y artística nacional.

9. Las demás que la ley y los estatutos autoricen” (negrillas fuera de texto).

De conformidad con las normas trascritas, los titulares de derechos de autor, pueden conformar sociedades de gestión colectiva, sin ánimo de lucro, para la defensa de sus intereses. Dentro de las atribuciones que ostentan las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, se encuentran las de recaudar y distribuir a sus socios las remuneraciones provenientes de los derechos que le corresponden.

Sobre la naturaleza jurídica de la función recaudadora que cumplen las sociedades de gestión colectiva, la Corte Constitucional dijo:

“La función de las sociedades de gestión colectiva está referida entonces a la administración de derechos, entre ellos los económicos, en cabeza de los autores u otros titulares. En este sentido, tal y como lo había expresado esta Corte en un pronunciamiento anterior, dichas sociedades tienen un contenido esencialmente patrimonial en la medida que gestionan el recaudo de la remuneración derivada de los derechos de los autores y demás titulares, distribuyéndola entre sus asociados. Esta corporación determinó que se trata de sociedades de contenido patrimonial no en el sentido de que ellas busquen una ganancia para sí, “sino en la medida en que su función se centra en la recaudación de las remuneraciones provenientes por el pago de los derechos patrimoniales ligados al derecho de autor y conexos y su reparto entre los beneficiarios pertenecientes a la asociación” ...” (negrilla fuera de texto) Sentencia C-509, mayo 25 de 2004.

Precisamente para el recaudo de los derechos de autor de los autores y compositores colombianos, así como de los intérpretes, ejecutantes y productores fonográficos, se crearon las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro, respectivamente.

Ahora bien, el artículo 27 de la ley en comento, preceptúa que “Con el objeto de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la ejecución pública de las obras musicales y de la comunicación al público de los fonogramas, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, podrán constituir una entidad recaudadora en la que tendrán asiento todas las sociedades con idéntico objeto que sean reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor...”.

Con base en la disposición legal mencionada, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, Sayco y Acinpro, constituyeron una organización cuyo objeto es el recaudo de las remuneraciones por derechos de autor que corresponde a sus miembros, provenientes de la ejecución pública de las obras musicales y de la comunicación pública de fonogramas, que es la “Organización Sayco Acinpro”.

Así las cosas, los derechos de autor implican un aspecto patrimonial, el cual se causa desde el momento en que la obra se utilice o divulgue por cualquier forma (L. 23/82, art. 72), los autores o compositores pueden hacer efectivo dicho derecho individualmente o afiliándose a una entidad gremial o sociedad que los represente. En la práctica las sociedades de gestión colectiva recaudan los derechos de sus representados o administrados nacionales o extranjeros y previo el descuento del 30% para gastos de administración (L. 44/93, art. 21), distribuyen el remanente de conformidad con sus reglamentos.

El recaudo se realiza de forma concertada, conforme al artículo 73 de la Ley 23 de 1982, según el cual: “En todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores, celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representen, respecto al derecho de autor, por concepto de ejecución de las obras protegidas por la presente ley, serán las tarifas concertadas en los respectivos contratos, las que tendrán aplicación, siempre que no sean contrarias a los principios consagrados por la misma”.

Por tal razón, toda vez que los derechos de autor no son un impuesto, tasa o contribución, los dineros que conforman el patrimonio de las sociedades de gestión colectiva encargadas del recaudo de tales recursos es privado, la organización realiza actividades específicas en beneficio de sus socios, razón por la cual no es posible predicar la realización de un servicio para sí mismo.

Se trata de una función establecida en desarrollo de un acuerdo societario para el recaudo y distribución a sus socios de las percepciones económicas derivadas de los derechos de autor (L. 44/93, art. 27).

Sobre este punto la Corte Constitucional en la Sentencia C-533 de noviembre 11 de 1993, magistrado ponente doctor Vladimiro Naranjo Mesa, señaló que:

“En el caso del recaudo de los efectos patrimoniales de los derechos de autor por parte de las sociedades de gestión colectiva en comento, no es una prestación pecuniaria que se exige a los particulares por vía de autoridad, sino el recaudo de unos efectos patrimoniales debidos a los autores como remuneración por el uso que se hace de su obra. La autoridad, en el caso sub examine, no está gravando al particular sino amparando al autor en el recaudo de lo que es suyo, en virtud de una contraprestación anterior. Aquí la autoridad no impone un tributo, sino que faculta a una sociedad que representa a los autores a recaudar y distribuir entre ellos el justo aspecto remunerativo de sus derechos.

(…).

La sociedad de gestión de derechos de autor no es autoridad pública, y tiene la peculiaridad de ser mandataria de los autores, quienes son, en estricto sentido, los mandantes, esto es, los titulares de los derechos exigidos por aquella en nombre de estos. El interés jurídicamente protegido es el de los autores, y no directamente el de la comunidad. De ahí que sea lógico que ese recaudo no se fusione con el patrimonio público, sino que se distribuya entre los titulares de los derechos, de acuerdo con la titularidad”.

La organización Sayco Acinpro fue creada por las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 44 de 1993 antes transcrito.

Toda vez que conforme a los estatutos los valores recaudados se consideran cuotas de afiliación y sostenimiento, la actividad de la demandante no está gravada con IVA teniendo en cuenta que de la distribución que se efectúa de los derechos de autor, un porcentaje corresponde a la organización Sayco Acinpro por concepto de gastos de administración, los cuales por tratarse de una asociación gremial están exentos conforme al artículo 7º del Decreto 1372 de 1992 que establece:

“ART. 7º—Cuotas de afiliación y sostenimiento no gravadas con IVA. Para efectos del impuesto sobre las ventas, se entienden como aportes de capital, no sometidos al impuesto sobre las ventas, las cuotas de afiliación y sostenimiento de los sindicatos, de las asociaciones gremiales, de las asociaciones de ex alumnos, de padres de familia, de profesionales, políticas y religiosas, de organizaciones de alcohólicos anónimos y/o drogadictos, de las juntas de defensa civil, de las sociedades de mejoras públicas, así como las cuotas de administración fijadas por las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de condominios” (negrillas fuera de texto).

Adicionalmente se debe tener en cuenta que el ente societario recauda recursos que le pertenecen a sus asociados y la labor desarrollada se limita a su distribución, conforme al artículo 13 de la Ley 44 de 1993.

En consecuencia, para el caso concreto, por ostentar el carácter de asociación gremial tales recursos no se encuentran gravados conforme al artículo 7º del Decreto 1372 de 1992, pues las cuotas de afiliación y sostenimiento de las asociaciones gremiales, entre otras entidades, se entienden como aportes de capital.

Por lo anteriormente expuesto, esta corporación confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de julio 30 de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, Sección Cuarta, subsección A, objeto de apelación.

2. RECONÓCESE, personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Carmen Adela Cruz Molina, conforme al poder que le fue debidamente otorgado y que obra al folio 181 de los antecedentes administrativos.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

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