SENTENCIA 1423, 1589 DE NOVIEMBRE 21 DE 1991

 

Sentencias 1423 y 1589 de noviembre 21 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

RÉGIMEN DE ADUANAS

ANULADAS UNAS NORMAS DE CONTROL FISCAL

EXTRACTOS: «A partir de la Reforma Constitucional de 1968, y de conformidad con el numeral 22 del artículo 76 de la —hoy derogada— Constitución Política, corresponde al Congreso dictar las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno, entre otros aspectos, para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas.

A través de este mecanismo, el Constituyente de 1968 buscó procurar o dotar al sistema jurídico colombiano de un sistema ágil para enfrentar situaciones que requiriesen decisiones inmediatas y que, dada su naturaleza, no pueden dar tregua a que se surtan todos los trámites de expedición de una ley ordinaria y, además, evitar la frecuente y en veces excesiva utilización del numeral 22 del artículo 76 de la misma Carta, de tal manera que con base en las leyes expedidas con fundamento en esta última norma, el ejecutivo tuviera una facultad reglamentaria ampliada que le permitiera enfrentar aquellas situaciones.

En este orden de ideas se tiene que la Ley 6a de 1971 buscó el mencionado efecto, al dictar “... normas generales, a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas”, lo cual se reafirma en su artículo 3o cuando expresa que “Las modificaciones que se introduzcan al régimen de aduanas deberán consultar..., con el fin de revisar la legislación vigente, y en especial la Ley 79 de 1931” (Subraya la sala).

Esta clase de leyes, que la doctrina y la jurisprudencia han denominado “Leyes-Cuadró'' se caracterizan por su generalidad, entendida ésta en relación con la correlativa facultad que el numeral 22 de la misma Constitución otorga al Presidente de la República para dictar las normas que las desarrollen y apliquen.

Otro aspecto importantes que vale la pena resaltar de la Ley 6a de 1971 es el que tiene que ver con la derogatoria tácita de “... las demás disposiciones contrarias a la presente Ley”, contenida en su artículo 4o. Mediante ella ha de entenderse que se dejan sin efecto las disposiciones que contraríen aquellas modificaciones que se introduzcan al régimen de aduanas y que guarden directa relación con las pautas generales trazadas al Gobierno.

Ahora bien, si al Gobierno Nacional se le asignó la cláusula general de competencia para modificar no solo los aranceles y tarifas sino las “... demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas” y la de “... revisar la legislación vigente, y en especial la Ley 79 de 1931”, a fuerza ha de concluirse que la capacidad legal de éste tenía y sigue teniendo como límite aquellas materias que directa e inescidiblemente estén relacionadas con la actividad administrativa aduanera, mas en momento alguno comprende la de introducir modificaciones a otras que no obstante tener relación con dicha operación, están reguladas por normas de carácter constitucional y legal especiales y perfectamente diferenciadas, tal como es el caso del control fiscal que sobre la actividad administrativa ejerce la Contraloría General de la República.

En efecto, siendo función del Congreso dictar las normas orgánicas de la Contraloría General de la República y constituyendo la Ley 6a de 1971 un ejercicio de la actividad legislativa en las materias aduaneras de que trata el numeral 22 del artículo 76 de la —hoy derogada— Constitución Política, no cabe argumentarse que en dicha Ley estén incluidas pautas o lineamientos generales que permitiesen al Ejecutivo dictar disposiciones relativas al ejercicio de la vigilancia y control fiscal, pues en primer término, el marco en ella señalado se refiere de manera exclusiva al desarrollo y puesta en marcha de una política arancelaria y aduanera, además de que en parte alguna de la misma se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para tal efecto.

Considera la Sala, adicionalmente, que la forma tan amplia como se redactaron en el texto de la Ley 6a de 1971, las pautas o lineamientos generales arriba anotados, con fundamento en los cuales el Gobierno puede modificar el arancel, incluyendo aquellas materias que tienen que ver con la legislación aduanera, se debio al tránsito constitucional que para la época recién se había operado, consistente en que antes de la reforma de 1968 las normas aduaneras en todos sus detalles, habían sido expedidas por el Congreso y a que desde hacía 38 años gobernaba al país en dicho aspecto la Ley 79 de 1931, la cual había sido objeto de múltiples modificaciones inconexas y a veces contradictorias.

Por otra parte, habiéndose procedido por la Sala a la atenta lectura de las Leyes 67 de 1979, 49 de 1981 y 48 de 1983, citadas también como fundamento de los Decretos 2666 de 1984 y 0755 de 1990, constata que ninguna de ellas autoriza al Gobierno para reglamentar la intervención de la Contraloría General de la República en cualquier clase de operación aduanera, así como tampoco para modificar o derogar leyes sobre esta materia.

Respecto de esta última, es decir, de la derogatoria que el artículo 336 del Decreto 2666 de 1984 hace de los artículos 245, 246 y 247 de la Ley 79 de 1931, la Sala considera que dentro del marco expuesto es evidente la ilegalidad de dicha disposición, así pueda afirmarse que dichos preceptos legales ya se encontraban derogados, como lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación en concepto del 2 de agosto de 1979 (Radicación No 1301 Consejero Ponente: Doctor Jaime Betancur Cuartas. Anales Nos. 463 y 464, 2o semestre 1979, págs. 15 y ss) (*).

Corolario de lo anterior es que el Gobierno Nacional, al regular mediante los actos acusados aspectos que tienen que ver con la gestión de vigilancia y control fiscal que compete a la Contraloría General de la República, excedió el marco y los límites trazados por la Ley 6a de 1971 y, como consecuencia de ello, incurrió en la violación de los artículo 20, 55, 76 numeral 22 y 120 numeral 22 de la anterior Constitución Política que, además de otras normas, fueron citadas como violadas en la demanda, razón suficiente para que esta Corporación declare su nulidad.

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sección Primera, oído el concepto del Agente del Ministerio Público y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del artículo 24 del Decreto 2666 de 1984.

2. Declárase la nulidad del artículo 336 del Decreto 2666 de 1984, en cuanto deroga los artículos 245, 246 y 247 de la Ley 79 de 1931.

3. Declárase la nulidad del artículo 10 del Decreto 755 de 1990.

4. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

(Sentencia de noviembre 21 de 1991. Expedientes 1423 y 1589. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

(*) Concepto publicado en J. y D., tomo VIII, pág. 807. (N. del D.).

___________________________________________