Sentencia 14254 de julio 7 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad: 14254

Ref.: 250002327000200200350 01

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Organización Sayco Acinpro

Sanción por no declarar

Ventas quinto BIM 1996

Fallo

Bogotá, D.C., siete de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Se debate la legalidad de los actos administrativos que impusieron sanción a la sociedad actora por no declarar, al considerar la administración tributaria que el contribuyente es responsable del impuesto sobre las ventas por el quinto bimestre de 1996.

Según el a quo los dineros recaudados por la demandante no constituyen recursos propios, por cuanto los mismos se reciben para Sayco y Acinpro, en consecuencia la demandante no tiene la obligación de tributar por dicho concepto.

En cuanto a los gastos de administración, estimó que se destinan para su sostenimiento y que como además ostenta el carácter de asociación gremial, los recursos que recibe a título de comisión no se encuentran gravados por el impuesto, acorde con lo previsto en el artículo 7º del Decreto 1372 de 1992.

Observa la Sala que mediante el artículo 216 de la Ley 23 de 1982, el Congreso nacional autorizó la creación de asociaciones de autores como personas jurídicas sin ánimo de lucro, en ejercicio del derecho de asociación de los titulares de derechos de autor, cuyo reconocimiento le compete a la dirección nacional de derechos de autor, dependencia del Ministerio de Gobierno, conforme a los artículos 211 y 212 de la misma ley.

Dentro de las atribuciones de las asociaciones de autores figura (art. 216) la de recaudar y entregar a sus socios, las percepciones pecuniarias provenientes de los derechos de autor que les correspondan. Dicha norma fue retomada en lo fundamental, por el artículo 13 de la Ley 44 de 1993, en el que se mantiene la función de recaudo y distribución de las remuneraciones provenientes de tales derechos.

Se debe precisar que los derechos de autor implican un aspecto patrimonial, el cual se causa desde el momento en que la obra se utilice o divulgue por cualquier forma (L. 23/82, art. 72), los autores o compositores pueden hacer efectivo dicho derecho individualmente o afiliándose a una entidad gremial o sociedad que los represente. En la práctica las sociedades de gestión colectiva recaudan los derechos de sus representados o administrados nacionales o extranjeros y previo el descuento del 30% para gastos de administración (L. 44/93, art. 21) distribuyen el remanente de conformidad con sus reglamentos.

El cobro de tales derechos no se efectúa de manera impuesta como en los tributos, sino que se realiza de forma concertada, conforme al artículo 73 de la Ley 23 de 1982, según el cual: “En todos los casos en que los autores o las asociaciones de autores, celebren contratos con los usuarios o con las organizaciones que los representen, respecto al derecho de autor, por concepto de ejecución de las obras protegidas por la presente ley, serán las tarifas concertadas en los respectivos contratos, las que tendrán aplicación, siempre que no sean contrarias a los principios consagrados por la misma” (1) .

Por tal razón, toda vez que los derechos de autor no son un impuesto, tasa o contribución, los dineros que conforman el patrimonio de las sociedades de gestión colectiva encargadas del recaudo de tales recursos es privado, la organización realiza actividades específicas en beneficio de sus socios, razón por la cual no es posible predicar la realización de un servicio para sí mismos.

Se trata de una función establecida en desarrollo de un acuerdo societario, para el recaudo y distribución a sus socios de las percepciones económicas derivadas de los derechos de autor (L. 44/93, art. 27).

Tal como lo señala la Corte Constitucional: “En el caso del recaudo de los efectos patrimoniales de los derechos de autor por parte de las sociedades de gestión colectiva en comento, no es una prestación pecuniaria que se exige a los particulares por vía de autoridad, sino el recaudo de unos efectos patrimoniales debidos a los autores como remuneración por el uso que se hace de su obra. La autoridad, en el caso sub examine, no está gravando al particular sino amparando al autor en el recaudo de lo que es suyo, en virtud de una contraprestación anterior. Aquí la autoridad no impone un tributo, sino que faculta a una sociedad que representa a los autores a recaudar y distribuir entre ellos el justo aspecto remunerativo de sus derechos.

“...

“La sociedad de gestión colectiva de derechos de autor no es autoridad pública, y tiene la peculiaridad de ser mandataria de los autores, quienes son, en estricto sentido, los mandantes, esto es, los titulares de los derechos exigidos por aquella en nombre de estos. El interés jurídicamente protegido es el de los autores, y no directamente el de la comunidad. De ahí que sea lógico que ese recaudo no se fusione con el patrimonio público, sino que se distribuya entre los titulares de los derechos, de acuerdo con la titularidad” (2) (subraya la Sala).

La organización Sayco Acinpro fue creada por las sociedades de gestión colectiva Sayco y Acinpro en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 44 de 1993 según el cual:

“Con el objeto de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la ejecución pública de las obras musicales y de la comunicación al público de los fonogramas, las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, podrán constituir una entidad recaudadora en la que tendrán asiento todas las sociedades con idéntico objeto que sean reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor” (subraya la Sala).

Toda vez que conforme a los estatutos los valores recaudados se consideran cuotas de afiliación y sostenimiento, el servicio prestado por la demandante no está gravado con IVA teniendo en cuenta que de la distribución que efectúa la sociedad mandataria de los derechos de autor, un porcentaje corresponde a la Organización Sayco Acinpro por concepto de gastos de administración, los cuales por tratarse de una asociación gremial están exentos conforme al artículo 7º del Decreto 1372 de 1992:

“ART. 7º—Cuotas de afiliación y sostenimiento no gravadas con IVA. Para efectos del impuesto sobre las ventas, se entienden como aportes de capital, no sometidos al impuesto sobre las ventas, las cuotas de afiliación y sostenimiento, de los sindicatos, de las asociaciones gremiales,de las asociaciones de exalumnos, de padres de familia, de profesionales, políticas y religiosas, de organizaciones de alcohólicos anónimos y/o drogadictos, de las juntas de defensa civil, de las sociedades de mejoras públicas, así como las cuotas de administración fijadas por las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de condominios” (subraya la Sala).

Adicionalmente se debe tener en cuenta que esta recauda recursos que le pertenecen a sus asociados y la labor desarrollada se limita a su distribución, conforme al artículo 13 de la Ley 44 de 1993.

En consecuencia, para el caso concreto, por ostentar el carácter de asociación gremial tales recursos no se encuentran gravados conforme al artículo 7º del Decreto 1372 de 1992, pues las cuotas de afiliación y sostenimiento de las asociaciones gremiales, entre otras entidades, se entienden como aportes de capital.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2 RECONÓCESE personería a la Dra. Esperanza Luque Rusinque para actuar como apoderada de la Nación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha».

(1) El artículo 253 de la Ley 23 de 1982 contempla la posibilidad de que, no existiendo un acuerdo entre el autor y el usuario de la obra, o entre las organizaciones que respectivamente los representen, sea la administración la que determine las tarifas, teniendo en cuenta para tal efecto entre otros factores, la categoría del establecimiento donde se ejecute la obra, la finalidad y duración del espectáculo.

(2) Corte Constitucional, sentencia C-533 del 11 de noviembre de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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