Sentencia 14268 de octubre 12 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 25000232700020020004201

Nº interno 14268

Consejero ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil seis.

Internacional de Tramitación Aduanera Limitada SIA. Intraduanas Ltda. SIA contra la DIAN.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones

Sea lo primero precisar que no es procedente la solicitud de conciliación formulada por la parte actora en los alegatos de conclusión, por las siguientes razones:

La Ley 446 de 1998 [70] determina los asuntos en los que procede la conciliación judicial, para lo cual remite a la Ley 23 de 1991 [59], parágrafo 2º, que expresamente señala que “no puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario”.

A pesar de la prohibición de conciliar en materia tributaria, la ley ha permitido la conciliación en ciertos asuntos tributarios, de manera taxativa y temporal. Así, en virtud de las leyes 633 de 2000, 788 de 2002 y 863 de 2003, se estableció que podía conciliarse en conflictos tributarios judiciales y administrativos, previo el pago de un porcentaje de la obligación a cargo del contribuyente.

El demandante presentó la solicitud de conciliación el 5 de mayo de 2004, en vigencia de la conciliación contencioso administrativa, prevista en el artículo 38 de la Ley 863 de 2003. Sin embargo, no es viable la conciliación, entre otras razones, porque solo puede versar sobre resoluciones sanción para rebajar un porcentaje de la misma y las liquidaciones oficiales de revisión, con el fin de rebajar un porcentaje del mayor impuesto discutido, sanciones, intereses y actualización. Y, es sabido que solo en este tipo de liquidaciones existe un mayor tributo en discusión, generado por la diferencia entre lo declarado por el contribuyente y lo determinado por la administración.

Como quiera que la solicitud de conciliación versa sobre la forma de pago de la facilidad, que no es ni una liquidación oficial de revisión, ni una resolución sanción, la misma resulta improcedente.

En relación con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, debe la Sala precisar si se ajustan o no a derecho los actos administrativos por los cuales la administración tributaria declaró incumplida la facilidad de pago y la dejó sin vigencia.

Según el artículo 814 del estatuto tributario “el subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto...”.

Por su parte, el artículo 814-3 del estatuto tributario dispone que cuando el beneficiario dé una facilidad para el pago, dejare de cancelar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquier otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, podrán, entre otras medidas, dejar sin efecto la facilidad para el pago y declarar sin vigencia el plazo concedido.

Conforme al artículo 814 del estatuto tributario, la administración concedió a la sociedad actora, mediante Resolución 267 de 31 de marzo de 1999, un plazo de cinco (5) años para el pago de sus obligaciones tributarias, correspondientes al impuesto de renta de 1995 y de retención en la fuente e IVA de los años 1996 a 1999, por un total de $ 409.358.783.

Sin embargo, con base en el artículo 814-3 del estatuto tributario, por Resolución 48 del 4 de julio de 2001, la demandada declaró sin vigencia la facilidad porque la actora no pagó ninguna de las cuotas establecidas en el acuerdo, tal y como expresamente lo reconoció tanto ante la administración como ante la jurisdicción.

En efecto, además de que no existe prueba del pago de las cuotas adeudadas, la demandante ha manifestado que no ha efectuado ningún pago, porque la DIAN debe hacer el cruce de cuentas solicitado por Almasur, con base en el artículo 57 de la Ley 550 de 1999.

En cuanto a la negativa de la DIAN de efectuar el cruce de cuentas pretendido por Almasur Ltda., la Sala precisa lo siguiente:

El artículo 57 de la Ley 550 de 1999 prevé que los acreedores de entidades estatales del orden nacional pueden pagar los tributos nacionales mediante el cruce de cuentas con cargo a la deuda a su favor en tales entidades. También permite la norma que los acreedores autoricen el pago de deudas de terceros.

Si bien por escrito de 4 de mayo de 2001, Almasur Ltda., que hace parte del mismo grupo empresarial de la actora, solicitó el cruce de cuentas con la DIAN para el pago de tributos a su cargo, en razón de su calidad de acreedor de dicha entidad por concepto de bodegajes, y que los remanentes se aplicarán a las deudas de Intraduanas, la solicitud fue resuelta negativamente, mediante oficio 138 de 25 de mayo de 2001 (fl. 445, c. a.).

Comoquiera que la decisión de negar el cruce de cuentas es un acto administrativo de carácter particular y concreto, de obligatorio cumplimiento en razón de lo previsto en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo y que se encuentra revestido de la presunción de legalidad, pues no existe prueba de que haya sido anulado o suspendido por la jurisdicción, no es procedente aceptar el mencionado cruce de cuentas.

Por lo demás, la administración ha negado la solicitud del cruce de cuentas a favor de Almasur, bajo el argumento de que la conciliación fue dejada sin efectos por el tribunal administrativo el 19 de septiembre de 2000 (fls. 31 a 34, c.p.), afirmación que la actora no desvirtuó. Por tanto, no existe certeza de la existencia de la obligación a cargo de la administración.

En similar sentido se pronunció la sala en sentencia de 23 de noviembre de 2005, consejero ponente doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, expediente 14163, en la cual se consideró que la norma que permite el cruce de cuentas exige la certeza de la existencia, monto y exigibilidad de las obligaciones a cargo de la DIAN, elementos que para el caso no fueron probados.

En relación con la solicitud de ampliación del plazo, formulada por la actora, la Sala observa que la DIAN no accedió a la ampliación solicitada como consta en el oficio 138 de 25 de mayo de 2001, que fue el mismo que negó el cruce de cuentas y que se repite, como acto administrativo se presume legal y resulta de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, tampoco es procedente acceder a la petición de la actora.

No sobra recordar en el caso sub exámine se discute únicamente la legalidad de los actos administrativos que declararon sin vigencia la facilidad de pago. No se cuestiona la legalidad del acto que negó la solicitud de ampliación del plazo y del cruce de cuentas.

Dado que la actora incumplió la facilidad de pago, la administración se encontraba facultada para dejarla sin vigencia, como en efecto lo hizo, sin que pueda afirmarse que la solicitud de ampliación del plazo y del cruce de cuentas impidiera o suspendiera tal facultad. En consecuencia, los actos acusados se ajustan a derecho.

No existen entonces razones para modificar la decisión del a quo, por lo que habrá de confirmarse la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Niégase la solicitud de conciliación contencioso administrativa formulada por la parte actora.

Confírmase la sentencia apelada.

Reconócese personería para actuar en nombre de la entidad demandada a la doctora Flori Elena Fierro Manzano, en los términos y para los efectos del poder conferido».

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