Sentencia 14314 de octubre 28 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 66001233100020010084001

Número interno 14314

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil cuatro.

Centrifugados Concisa Ltda. contra la DIAN. Impuesto de ventas.

Fallo

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 14 de agosto de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se declaró inhibida para fallar de fondo.

Antecedentes

La Sociedad Centrifugados Concisa Ltda. presentó su declaración del impuesto sobre las ventas del bimestre 2 de 1997, el 27 de mayo del mismo año, en la cual se declaró un saldo a favor (fl. 56, anexo 1).

El 30 de agosto de 2000, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Pereira notificó al contribuyente, el requerimiento especial 160762000000058 de 28 de agosto de 2000 (fl. 9 cdno. ppal.).

En esta actuación, la entidad propuso modificar la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al bimestre 2 de 1997, para incluir como ingreso gravado la suma de $ 12.648.000 proveniente de fletes o transporte, declarada por la demandante como excluida. También adicionó ingresos gravados en $ 214.206.000 como consecuencia de ventas facturadas no declaradas. En consecuencia, incrementó el impuesto correspondiente y planteó sancionar por inexactitud.

Previa respuesta de la sociedad, la administración profirió la liquidación oficial de revisión 160642001000021 de 27 de abril de 2001, notificada por correo certificado el 3 de mayo de 2001.

Con fundamento en el parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario, la sociedad no interpuso recurso de reconsideración y acudió directamente a la jurisdicción.

(...).

Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, debe la Sala decidir si se encuentra o no acreditada la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa, para lo cual debe determinar si se podía o no acudir directamente a la jurisdicción, en ejercicio de la facultad prevista en el parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario y, por ende, si el requerimiento especial fue atendido en debida forma o no.

A juicio de la recurrente; el requerimiento fue atendido en debida forma porque se respondió dentro del término legal y por quien tenía capacidad para ello. Por su parte, la DIAN sostiene que no se cumple el requisito para acudir directamente ante la jurisdicción, porque el requerimiento solo se atiende en debida forma si se da respuesta a las glosas formuladas por la autoridad tributaria.

El artículo 720 del estatuto tributario establece el recurso de reconsideración, en general, contra los actos relacionados con los impuestos nacionales administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el cual debe interponerse para agotar la vía gubernativa. Sin embargo el artículo 283 de la Ley 223 de 1995, que adicionó el parágrafo al artículo 720 del estatuto tributario, permite acudir a la jurisdicción sin que sea necesario interponer previamente dicho recurso cuando se haya atendido en debida forma el requerimiento especial, caso en el cual el término de cuatro meses para que opere la caducidad de la acción debe contarse a partir del día siguiente al de la notificación de la liquidación oficial de revisión.

De acuerdo con el parágrafo del artículo 720 del estatuto tributario solo es posible prescindir del recurso de reconsideración en aquellos procedimientos tributarios en los cuales el requerimiento especial es requisito previo al acto definitivo, como es el caso de la liquidación oficial de revisión. No es procedente para actos diferentes, como los de imposición de sanciones (1) .

Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala (2) se entiende que el requerimiento especial ha sido atendido “en debida forma” cuando se cumplen los requisitos del artículo 707 del estatuto tributario, sobre la respuesta a este.

Pues bien, con base en dicha disposición, para que el requerimiento especial haya sido “atendido en debida forma” la respuesta debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Que conste por escrito, el cual debe cumplir las prescripciones del artículo 559 del estatuto tributario.

2. Que se presente dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento especial.

3. Que se suscriba por el contribuyente o por quien tenga capacidad legal para hacerlo y,

4. Que contenga las objeciones al requerimiento.

La solicitud de pruebas o subsanar las omisiones que permita la ley, son actuaciones que no resultan obligatorias, a diferencia de lo que ocurre con los demás requisitos que acaban de enumerarse (3) .

En el presente caso, el tribunal consideró que no se había agotado la vía gubernativa porque en la respuesta al requerimiento especial el contribuyente no atendió las observaciones en los términos en que la DIAN las expuso y, por ende, no atendió aquel en debida forma.

Se observa que el requerimiento especial 160762000000058 de 28 de agosto de 2000, planteó la modificación de la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente al bimestre 2 de 1997 de la demandante, en el sentido de adicionar ingresos por operaciones gravadas y proponer sanción por inexactitud (fls. 1 y 25 al 30 cdno. ppal.).

La respuesta al requerimiento especial fue presentada por escrito, dentro del término legal, por el representante legal del contribuyente y contiene las objeciones al requerimiento (fls. 1 al 13 anexo 2).

En consecuencia, la Sociedad Centrifugados Concisa Ltda. atendió en debida forma el requerimiento especial. No es acertado sostener que atender el requerimiento en debida forma es oponerse a las glosas planteadas por la administración, porque además de restringir el derecho de defensa del contribuyente, el artículo 707 del estatuto tributario exige que se presenten objeciones al requerimiento, sin limitar el alcance de estas.

Así las cosas, la actora podía prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación de revisión (mayo 3/2001), como en efecto ocurrió al presentar su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto definitivo, el 3 de septiembre de 2001 (fl. 61 cdno. ppal.).

Por lo anterior, el recurso de apelación tiene prosperidad, por lo que se revocará la sentencia apelada y, en consecuencia, la Sala proferirá decisión de mérito.

La actora manifestó en la demanda que la liquidación oficial de revisión es nula, porque el requerimiento especial fue proferido por fuera del plazo legal, toda vez que el auto de inspección tributaria que ordenó verificar el impuesto sobre la renta del año 1997, no suspendió el término de firmeza de las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes a los bimestres de 1997.

Para la entidad demandada el requerimiento especial fue oportuno, con base en el artículo 705-1 del estatuto tributario, que prevé que los términos para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones de IVA y retención en la fuente, serán los mismos que correspondan a la declaración de renta del contribuyente respecto de los períodos que coincidan con el año gravable.

Esta disposición fue adicionada por el artículo 134 de la Ley 223 de 1995, con la finalidad de que cuando la administración tributaria efectuara revisiones en el impuesto sobre la renta y encontrara inconsistencias en las declaraciones del impuesto sobre las ventas o de retención en la fuente, pudiera modificarlas, teniendo en cuenta que la declaración del impuesto de renta se presenta en el año siguiente al período gravable denunciado.

Pues bien el término para notificar el requerimiento especial y para que queden en firme las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retención en la fuente es de dos años, el cual empieza a contarse a partir de la fecha del vencimiento para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable correspondiente, cuando se haya presentado oportunamente.

Si aquella es extemporánea, el término inicia a partir de la fecha de presentación de la liquidación privada inicial y si refleja un saldo a favor, se cuenta a partir de la presentación de la solicitud de compensación o devolución (E.T., arts. 705 y 714).

Si se suspende el término para notificar el requerimiento especial relacionado con el impuesto sobre la renta por alguno de los eventos señalados en el artículo 706 del estatuto tributario, también se suspenderá el plazo de firmeza de las declaraciones de retención en la fuente y de IVA, porque eso es lo que dispone el artículo 705-1 ibídem ya transcrito, cuando señala que los términos “serán los mismos que correspondan a su declaración de renta respecto de aquellos períodos que coincidan con el correspondiente año gravable”.

Contrario a lo planteado por la parte demandante, el auto de inspección tributaria que ordenó la verificación del impuesto de renta del año gravable 1997 de la Sociedad Centrifugados Concisa Ltda., sí suspendió el término para proferir el requerimiento especial respecto de los períodos de IVA y retención en la fuente del mismo año.

En el caso sub examinela actora presentó su declaración de renta por el año gravable 1997 el 3 de junio de 1998 (fl. 15 del anexo 2) y se notificó el auto de inspección tributaria, decretada de oficio, el 2 de junio de 2000; en consecuencia, el plazo para proferir el requerimiento especial tanto del impuesto sobre la renta, como de los períodos de IVA y retención en la fuente de 1997 venció el 3 de septiembre de 2000, por la suspensión por 3 meses del término de firmeza.

Toda vez que el requerimiento especial 160762000000058 de 28 de agosto de 2000, correspondiente al bimestre 2 del impuesto sobre las ventas, fue notificado el 30 de agosto de 2000, se profirió dentro del término legal, por lo cual el cargo no está llamado a prosperar.

También alegó la demandante que el funcionario comisionado en el auto de inspección tributaria no estaba facultado para investigar el impuesto sobre las ventas, por lo que hay incompetencia y desviación de poder.

Al respecto se advierte que si bien el auto de inspección tributaria fue proferido para verificar el impuesto sobre la renta del año gravable 1997, ello no obsta para que si, en desarrollo de la diligencia, se obtienen pruebas que afectan otros impuestos o períodos estas se trasladen para determinar tales tributos.

Dicha circunstancia no afecta la validez del requerimiento o de la liquidación oficial, porque al trasladar al IVA pruebas obtenidas dentro de la actuación de renta no se actúa por fuera de las competencias legales ni se incurre en desviación de poder, pues de acuerdo con el artículo 684 del estatuto tributario, la administración tributaria cuenta con amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Por tanto, el cargo tampoco prospera.

En relación con la sanción por inexactitud, la sociedad alegó que la administración no justificó su procedencia en la liquidación oficial, ni demostró que se hubiesen utilizado datos o factores falsos equivocados o incompletos de los cuales se derive un menor valor a pagar.

Sin embargo, la sanción por inexactitud aparece motivada en la liquidación oficial, sin que el contribuyente hubiese invocado o intentado demostrar ante la jurisdicción que los ingresos censurados por el fisco correspondían a operaciones excluidas.

En consecuencia, no fue desvirtuada la legalidad de la liquidación oficial demandada, por lo que la Sala negará las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 14 de agosto de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda. En su lugar:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería a la abogada Flor Elena Fierro Manzano para actuar como apoderada de la entidad demandada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuelvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de agosto de 1997, expediente 8456, M.P. Delio Gómez Leyva. En el mismo sentido, la sentencia del 1º de abril de 2004, expediente 13788, M.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(2) Sentencia del 9 de agosto de 2002, expediente 12915, M.P. Ligia López Díaz y auto del 20 de febrero de 2003, expediente 13636, M.P. Germán Ayala Mantilla.

(3) Sentencia de la Sala de 9 de septiembre de 2004, expediente 13860, C.P. Ligia López Díaz.

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