Sentencia 14337 de abril 10 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN RECHAZADA POR EL PROCESADO

EXTRACTOS: «Según lo ha establecido esta Sala, tanto en el anterior régimen procesal penal como en el actual, la sentencia dictada de manera anticipada debe estar precedida de la rigurosa protección de los derechos y garantías que señala la Carta Política, al punto que la legislación establece la posibilidad de no dictar el fallo cuando el juez advierta la violación de garantías fundamentales (1) ; por tanto, cuando el fallador no se percata del quebranto de tales garantías o con su proceder las conculca, imperativo resulta invalidar lo actuado conforme a la ley procesal penal, ya de oficio o a solicitud de los sujetos procesales.

(1) Cfr. Sentencias del 8 de marzo de 1996. M.P. Dr. Jorge Córdoba Poveda y de 4 de marzo de 1996. M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll, entre otras.

Ahora bien, si la sentencia anticipada constituye un mecanismo de política criminal orientado a conseguir la efectividad de principios tales como la celeridad, la economía procesal y la eficacia a cambio de una rebaja de pena, cuya facultad dispositiva de carácter discrecional ha sido discernida por la ley en cabeza del procesado, por ser quien puede provocar su trámite, al punto que ella no puede ser solicitada por el defensor sin la anuencia de su representado, y solo este puede aceptar o no los cargos formulados, imperioso resulta concluir, que en punto del fallo de condena que el Estado profiere con base en el instituto mencionado, le corresponde sujetarse rigurosa y estrictamente a lo que clara, libre y realmente ha aceptado el procesado.

En efecto, no en vano esta Sala reiteradamente ha sostenido que es viable la aceptación parcial de cargos, como cuando se aceptan solo algunos de los delitos imputados, caso en el cual resulta procedente romper la unidad procesal y proferir el fallo únicamente sobre aquellos comportamientos admitidos; tal comprensión jurisprudencial del instituto fue recogida normativamente por el legislador en el inciso 8º del artículo 40 de la Ley 600 de 2000.

En este asunto se advierte, que efectivamente se presentó una irregularidad al ser condenado Orlando Escobar Muñoz por el delito de extorsión, deduciendo la circunstancia de agravación punitiva establecida en el inciso 2º del artículo 355 del anterior estatuto penal, habida cuenta que él aceptó el cargo formulado por la Fiscalía por el punible de extorsión, pero no la mencionada agravante, de donde puede colegirse que respecto de ella no renunció a que fuera el Estado el que por tener la carga de la prueba debía demostrar su materialidad, así como su responsabilidad.

No obstante, es pertinente destacar que no se está aquí en presencia de una aceptación parcial de los cargos, en cuanto la circunstancia específica de agravación punitiva entra a conformar en un todo la estructura óntica de la imputación, como que no es escindible del delito de extorsión y por tanto, no sería viable jurídicamente disponer la ruptura de la unidad procesal para que se le investigue de manera separada, como sí ocurre, como ya se advirtió, cuando se aceptan los cargos formulados por unas conductas punibles y por otras no.

Es evidente que si el procesado no aceptó la referida agravación, que resulta inseparable del comportamiento que sí asumió, correspondía al juez, o en su caso al tribunal, abstenerse de proferir fallo, pues en verdad no hubo una real aceptación de las imputaciones presentadas por el ente acusador; adicional a ello, si el juzgador no solo no se abstuvo de proferir la sentencia, sino que, pasando por alto el rechazo que Escobar Muñoz expresó sobre la circunstancia de agravación punitiva imputada, procedió a dictar el fallo por el delito de extorsión agravada que fue confirmado por el ad quem, no hay duda que fue más allá de la órbita de autonomía y aceptación de la que es exclusivamente titular el procesado.

Por tanto, de una parte se advierte que con el fallo reprochado no sólo se fracturó la estructura conceptual del debido proceso, sino que se afectó el derecho de defensa de Orlando Escobar, en la medida en que se le sorprendió en la sentencia con una imputación más gravosa que la aceptada por él y que materialmente se reflejó en un aumento de la pena impuesta, con lo cual se encuentra satisfecho el principio de trascendencia que rige la declaratoria de las nulidades (num. 2º del art. 308 del anterior Código Procesal, que corresponde al num. 2º del art. 310 del nuevo estatuto).

De otra se vislumbra, que si la aceptación de los cargos formulados por la Fiscalía por parte del procesado constituye requisito de procedencia de la actuación ulterior, esto es, del envío de la actuación al juez para que profiera la correspondiente sentencia, la ausencia de tal admisión de responsabilidad impide la continuación del trámite propio del fallo anticipado, debiendo entonces surtirse el procedimiento ordinario.

Si lo cierto es que en la audiencia de formulación de cargos no hubo una real aceptación de ellos por parte de Orlando Escobar, y pese a ello se imprimió a la actuación el trámite exclusivo de la sentencia anticipada, pues el fiscal remitió las diligencias al juez; este procedió a dictar el fallo condenando por el delito de extorsión incluyendo la agravación punitiva rechazada por el procesado, y a su vez, el tribunal confirmó la providencia, es evidente que se incurrió en irregularidades sustanciales que afectaron tanto el derecho al debido proceso, en cuanto fueron inobservados presupuestos procesales de la actuación posterior que culminó con el fallo de condena con lo que se socavó la estructura del trámite, como el derecho a la defensa del procesado, que fue sorprendido con un fallo por unos cargos diversos a los que efectivamente aceptó.

Así las cosas, se impone la necesidad de restablecer el quebranto ocasionado al actor declarando la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de formulación de cargos inclusive, en la cual, como ya se advirtió, no hubo real y efectiva aceptación de las imputaciones presentadas por la Fiscalía por parte de Orlando Escobar, habida cuenta que la circunstancia de agravación establecida en el inciso 2º del artículo 355 del Código Penal derogado que él no aceptó es parte integrante e inescindible del delito de extorsión, y si aquella no fue aceptada, la conclusión que emerge es que el cargo en su integridad, ante la imposibilidad de fraccionamiento, no fue admitido por el procesado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

(...).

2. CASAR oficiosamente la sentencia, en el sentido de declarar la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de formulación de cargos, inclusive.

3. En consecuencia, se dispone remitir las diligencias a la Fiscalía 146 Seccional de Palmira o a la que haga sus veces, para que rehaga la actuación.

4. Los medios de prueba obrantes en el proceso conservarán su validez.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen».

(Sentencia de casación, abril 10 de 2003. Radicación 14.337. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

SALVAMENTO DE VOTO

He salvado el voto porque si bien estoy de acuerdo con que se debía casar la sentencia, no comparto la determinación consistente en anular y retrotraer la actuación hasta la audiencia de formulación de cargos. Esa razón no tiene mucho sentido: si el procesado aceptó el cargo por extorsión y no la circunstancia de agravación, bastaría con casar y hacer la reducción correspondiente, con lo cual nada extraño sucedería al derecho y sí, más bien, se negaría la razón de ser de la casación y, desde luego, la filosofía de las “terminaciones anticipadas de los procesos”.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

_____________________________