Sentencia 14358 de agosto 5 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL

POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

EXTRACTOS: «La Sala únicamente se ocupará de las razones de disentimiento expuestas por la Fiscalía General de la Nación, toda vez que la parte actora no impugnó oportunamente la decisión del a quo.

3.1. Responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad jurisdiccional.

El ejercicio de la actividad jurisdiccional del poder público como fuente de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, comprende dos grandes hipótesis, a saber: la primera, constituida por aquellos daños causados por actos propiamente jurisdiccionales, y la segunda, por actos u omisiones que no comportan tal naturaleza, pero que se producen en el proceso mismo de la prestación del servicio de la administración de justicia.

En el primer caso, se trata de actos proferidos por los jueces y los particulares constitucional y legalmente investidos de función jurisdiccional (2) mediante los cuales interpretan y aplican el derecho, huelga decir, actos a través de los cuales ejercen la función de “declarar el derecho”, que, por regla general, hacen tránsito a cosa juzgada, como ocurre con las sentencias y otras providencias jurídicamente equivalentes a ellas, proferidas en cualquiera de las distintas jurisdicciones que componen el sistema judicial, ya sea civil, penal, contencioso administrativa, labora (3) .

En cambio, en el segundo evento, se hace referencia a las demás actuaciones tanto de los jueces como de los demás funcionarios del aparato de justicia y aún de sus auxiliares, que no tienen la virtud de hacer tránsito a cosa juzgada, pero que son inherentes y necesarios para la debida prestación del servicio, esto es, para el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales, como por ejemplo, los actos del personal de secretaría, los actos de los peritos, secuestres, partidores, curadores, etc.

Adicionalmente, en tratándose de la justicia penal en particular, dentro de los actos que integran la primera de tales hipótesis en referencia, la doctrina y la jurisprudencia distinguen e imparten un tratamiento especial a la privación injusta de la libertad, como título específico de imputación de responsabilidad del Estado, tal como hoy en día acontece desde el punto de vista legislativo a partir de la expedición de la Ley 270 de 1996.

En ese contexto entonces, para efectos de establecer la procedencia de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en esta materia, bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la jurisprudencia de la corporación distinguía los conceptos de error judicial y falla del servicio judicial. En el primero se incluían los actos típicamente jurisdiccionales, en tanto que en el segundo quedaban comprendidas todas las demás actuaciones de orden administrativo del aparato de justicia, vale decir, las actuaciones administrativas de la jurisdicción (4) .

Sin embargo, debe advertirse que hasta la década de los años ochenta la jurisprudencia del Consejo de Estado siempre afirmó que no era posible deducir responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado a partir de los actos jurisdiccionales, porque los daños que se produjesen por error del juez —se decía—, eran el costo que debían pagar los administrados por el hecho de vivir en sociedad (5) en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que éste haya actuado con “error inexcusable”.

Pero, como es bien sabido, el fundamento y alcance de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en general, sufrió una sustancial modificación con la expedición de la Constitución de 1991, ya que a partir de ésta, hoy en día la fuente primaria y directa de imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado, tanto contractual como extracontractual, está contenida en el inciso 1º del artículo 90 de la Carta, conforme con el cual: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas”.

De tal manera que, en el caso concreto de la responsabilidad de naturaleza extracontractual, el Estado tiene la obligación de indemnizar todo daño antijurídico que produzca con su actuación, lícita o ilícitamente, voluntaria o involuntariamente, ya sea por hechos, actos, omisiones u operaciones administrativas de cualquiera de sus autoridades, o de particulares especialmente autorizados para ejercer función pública, pero que la víctima del mismo no está en el deber jurídico de soportar, cuya deducción puede ser establecida a través de distintos títulos de imputación, tales como la falla del servicio, el daño especial, el riesgo, la ocupación temporal o permanente de inmuebles, el error judicial, el indebido funcionamiento de la administración de justicia, la privación injusta de la libertad, entre otros.

3.2. Responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad

En el subjudice, resulta pertinente registrar el tratamiento que el tema ha tenido a partir de la expedición de la Constitución Política del año 1991, y la regulación legal contenida en el Código de Procedimiento Penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, en el Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto-Ley 2700 de 1991, expedido en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueran conferidas al Presidente de la República en el literal a del artículo constitucional transitorio 5º, cuya vigencia se extendió hasta el 23 de julio de 2001, en los artículos 242 y 414 se consagraron, expresamente, dos normas relativas a la responsabilidad del Estado por motivo de la administración de justicia en materia penal, así:

a) En la primera, se estableció responsabilidad como consecuencia de la cesación de procedimiento o sentencia absolutoria proferidos como conclusión de la acción de revisión de la sentencia penal, en los eventos señalados en el artículo 232 de ese mismo estatuto.

b) En la segunda, se estableció responsabilidad patrimonial del Estado por razón de la privación injusta de la libertad, en los siguientes términos:

“ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia, absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave” (destaca la Sala).

La interpretación y aplicación que de dicha norma ha hecho la jurisprudencia de la corporación no ha sido uniforme; en efecto, respecto de este tema pueden observarse tres distintas directrices.

a) En un comienzo, si bien fue enmarcada dicha disposición en la noción de daño antijurídico prevista en el artículo 90 de la Constitución, por considerarse que representaba un fiel desarrollo de ese canon constitucional, con carácter restrictivo se dijo que en tales eventos la responsabilidad estatal se veía comprometida por razón de una actuación ilegal del Estado, como por ejemplo, la detención de una persona como consecuencia de una captura con desconocimiento de las exigencias legales (6) .

Así mismo, se manifestó igualmente que la responsabilidad prevista en la disposición en comento, es de carácter objetivo y tiene como fundamento el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso; por manera que, para su deducción —se dijo— es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir, que no interesaba averiguar si aquél actuó o no con culpa o dolo (7) ; aunque, se agregó, el error judicial se debe reparar no solo en los casos de una injusta privación de la libertad, sino en todos los demás eventos en los que se demostrara, con fuerza de convicción, la existencia de una manifiesta equivocación (8) .

De esa manera entonces, se condicionó la configuración o procedencia de la responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad, a la demostración de un error jurisdiccional y no a la sola circunstancia de probarse una cualquiera de las tres hipótesis que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, esto es, que en sentencia o providencia equivalente el procesado haya sido absuelto por encontrarse que el hecho punible imputado no existió, o que no lo cometió, o que la conducta no estaba tipificada como punible, porque —se afirmó—, cuando medien indicios serios en contra del sindicado, la detención es una carga que todas las personas deben soportar por igual y que, por lo tanto, debía probarse de modo específico y suficiente el error o la ilegalidad de la decisión que dispuso la detención.

Al respecto, en sentencia del 25 de julio de 1994, se dijo:

“Ella (la sindicada) fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediaran circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas” (9) (se adicionan la nota entre paréntesis y las negrillas).

b) Pero, en una segunda época, esa carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error jurisdiccional respecto de la medida de detención, fue reducida tan solo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal (10) porque, con relación a los tres eventos allí señalados, la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados.

Así, por ejemplo, en sentencia del 17 de noviembre de 1995, esta Sala manifestó:

“3. En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional” (11) .

Luego, en sentencia del 12 de diciembre de 1996, se reiteró el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y que por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en ese motivo, era indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino, la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportar el daño causado.

Sobre el particular, se expuso:

“Esta norma instaura legalmente la responsabilidad estatal por daños causados por la administración de justicia, para los casos en que los particulares sean privados injustamente de su libertad. En su segunda parte, ella consagra tres casos en los cuales se dispone que la detención preventiva decretada en un proceso penal, mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, debe tenerse como injusta y por ende da lugar a indemnización de quien la sufrió, salvo en los casos en que sea la propia víctima la que la haya causado por su dolo o su culpa grave.

... En la legislación colombiana éste es uno de los pocos casos en que el legislador ha resuelto, por ley, la situación fáctica, no dejando al juez ninguna alternativa distinta de valoración jurídica. En otras palabras, a él no le está permitido manejarla faceta RELATIVA que tiene la falla del servicio, ora para indagar lo que podía demandarse de éste, ora para hablar de la responsabilidad patrimonial desde una CONCRETA REALIDAD, como lo enseña el profesor Tomás Ramón Fernández” (12) (mayúsculas fijas del original negrillas fuera del texto).

Y, más adelante, se concluyó:

“... Se reitera que es un tipo de responsabilidad objetiva en la medida en que no requiere la existencia de falla del servicio, razón por la cual no tiene ninguna incidencia la determinación de si en la providencia que ordenó la privación de la libertad hubo o no error judicial; y no es posible la exoneración de responsabilidad de la administración con la sola prueba de diligencia que en esta caso se traduce en la demostración de que dicha providencia estuvo ajustada a la ley (13) (resalta la Sala).

c) Sin embargo, también se ha puesto de presente que el Estado no siempre está en el deber jurídico de indemnizar todo daño que sufran los particulares, sino, únicamente aquellos que comporten la característica de ser antijurídicos, es decir, aquellos en los que el Estado no se encuentra habilitado por un título jurídico válido para establecer o imponer la carga o sacrificio que el particular padece, o sea, cuando éste no tiene la obligación jurídica de soportar dicho menoscabo a sus derechos y patrimonio, independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto estatal, o de que la conducta del agente del Estado, causante del daño, haya sido dolosa o culposa.

En sentencia del 27 de septiembre de 2000, la Sala precisó lo siguiente:

“Debe anotarse, adicionalmente, que no cualquier daño da lugar a la existencia de un perjuicio indemnizable. Los ciudadanos están obligados a soportar algunas cargas derivadas del ejercicio de las funciones administrativas, y sólo en la medida en que, como consecuencia de dicho ejercicio, se produzca un perjuicio anormal, puede concluirse que han sido gravados de manera excepcional. Y es claro que la anormalidad del perjuicio no surge de la ilegalidad de la conducta que lo causa; bien puede existir un daño antijurídico producido por una actuación cumplida conforme a derecho, o un daño no antijurídico producido por una actuación ilegal.

Así, si bien el hecho de que se adelante una investigación, de cualquier índole —penal, disciplinaria, fiscal, etc.— genera preocupaciones e incomodidades a las personas que resultan vinculadas a ella, no siempre se causará, por esa sola circunstancia, un perjuicio indemnizable a los afectados. Su existencia, en cada caso, deberá ser demostrada” (14) (resalta la Sala).

Y, más adelante, respecto de las restricciones a la libertad individual producidas como consecuencia del ejercicio de la función de administración de justicia en materia penal, se anotó:

“No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio (15) . He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado” (16) (Se agregan negrillas)

5. La responsabilidad de la entidad demandada en el caso objeto de juzgamiento.

En el caso bajo estudio se encuentra demostrado que respecto del señor G..., se dictó por la dirección regional de fiscalías, el 6 de diciembre de 1993, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fl. 178, cdno. 2).

Así mismo, existe oficio del 30 de noviembre de 1993 (fl. 178, cdno. 2), en que se informa que el señor G... fue retenido en las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá D.C.

Por otra parte, obra copia de la providencia del 25 de abril de 1995 de la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional (fls. 247 a 278, cdno. 2), en que se ordenó la libertad inmediata de L... El referido despacho judicial, para disponer la libertad del referido señor, razonó así:

“Atina el apelante cuando en las censuras dirigidas a las motivaciones del a quo en esa parte de la providencia, porque en verdad aquí el funcionario si obró por simples pálpitos, sospechas y conjeturas y no fincado en pruebas capaces de resistir la decisión medular del proceso.

Las transcripciones de las conversaciones telefónicas grabadas solamente están indicando eso: que G... dialogó con dos de sus compañeros, algo que de per se no configura indicio alguno digno de consideración, con más veras cuando las charlas se refieren a situaciones rutinarias, no seriadas ni en clave, perfectamente audibles, inteligibles y reveladoras de un comportamiento usual en una sociedad como la nuestra. Las conversaciones por si solas no son indicativas de la pertenencia de G... a la organización criminal como lo entendiera el de instancia; menos todavía son indicadoras de estar sirviendo de cómplice o encubridor en unas actividades que no puede presumirse conocía con anticipación, así fuese el jefe inmediato de algunos de los procesados. Insístese: su carácter de jefe no lo compromete de necesidad cuanto a falta de pruebas quedaría apenas la inferencia de tener bajo su mando a otros, presunción aquella susceptible de ser infirmada, tal como sucediera.

En segundo término, la tangencial referencia hecha por el conductor P... no tiene fuerza vinculante ni capacidad suasoria determinante para colegir que por la tenencia de unos dólares ajenos se estaba en presencia de uno de los miembros de la banda, porque si se examina con el debido cuidado esa reponencia, se logra concluir que las cabalas de G... estaban dirigidas a los otros componentes de la escolta, sin que el “secreteo” y las conversaciones “en corrillo” sean aspectos sintomáticos de la preparación, consumación o comentarios respecto de unos delitos. Las llamadas telefónicas que le hicieron no tienen connotaciones delincuenciales, como tampoco los permisos o licencias que concedía, ya que entre sus funciones se encontraban precisamente esas. A cambio de acusarlo de algo, el indicado testimoniante dijo desconocer cualquier fechoría a cargo o por obra de G..., lo cual de ninguna manera implica que no incurriese en irregularidades o atentados contra el ordenamiento.

A lo precedente cabe aunar la ausencia de imputación de parte de M..., del testigo resguardado con reserva de identidad, de otros deponentes y de los propios incusados, aspectos de suma importancia que reclaman un pronunciamiento radicalmente opuesto al acogido por el funcionario jerarquizado.

Y a la adopción de la postura en comento contribuye el señalamiento de parte de J..., quien en punto a este ciudadano tuvo manifiestas contradicciones, imprecisiones y equívocos en cuanto concierne a los lugares de reuniones, modo en que lo conociera y forma en que lo trató, semblanzas que hacen perfectamente diferente su situación con relación a los restante procesados, quienes no pueden comunicarle circunstancias materiales no conocidas o impregnarle de responsabilidad por el hecho superfluo de tener ligámenes funcionales o empatía para realizar ciertos trabajos oficiales. La responsabilidad penal es de riguroso corte personal, en donde cada cual obtiene compromisos en la medida en que culpablemente actué (sic) u omita, sin que los delitos endilgados sean predicables a título culposo; puesto que para nada se haya mencionado en el sub examine alguna hipótesis emparentada con el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional de Estupefacientes.

En el contexto, fáctico, normativo y jurisprudencial antes descrito, no cabe duda que los daños reclamados por el señor G... en la demanda por motivo de la medida de detención preventiva de que fueron objeto, sí tienen la calidad de antijurídicos, dada la injusta privación de la libertad a la que fueron sometidos, y por consiguiente, deben ser reparados patrimonialmente. Las razones son las siguientes:

En materia penal la detención preventiva de las personas, en tanto intromisión o limitación al derecho fundamental a la libertad (C.P., art. 13), es de carácter excepcional y cuenta con una regulación precisa y exigente, por manera que, según las circunstancias de cada caso concreto que deben ser analizadas por el juez contencioso administrativo, puede configurarse una responsabilidad patrimonial del Estado aún en eventos de privación de la libertad por cortos períodos de tiempo y dentro del tiempo preestablecido en la ley, siempre y cuando el perjuicio sea grave y anormal, por cuanto, “la existencia de una duración máxima predeterminada por la ley no invalida en absoluto el criterio del plazo razonable puesto que, aún dentro del límite legal de duración, la prisión provisional puede dejar de tener fundamento, decayendo entonces la razonabilidad de su existencia y convirtiéndose en consecuencia su prolongación en irrazonable” (17) .

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, de los documentos aportados se advierte, de una parte, que el señor G..., estuvo privado de la libertad desde el 30 de noviembre de 1993 y, por lo menos, hasta el 25 de abril de 1995, en que se ordenó su libertad incondicional, esto es, por un período de 16 meses y 25 días, sin que la medida de detención tuviera un sustento real como bien lo determinó la fiscalía delegada ante el Tribunal Nacional en su providencia del 25 de abril de 1995, que ya se trascribió parcialmente, en la que se afirma que el fiscal regional que profirió la medida de aseguramiento...” obró por simples pálpitos, sospechas y conjeturas y no fincado en pruebas capaces de resistirla decisión medular del proceso...” (fl. 270, cdno. 2).

Se indicó, además, que no existían ni siquiera indicios, que quienes rindieron declaración dentro del proceso, incluso los sindicados, no formularon imputación alguna contra el señor G..., en síntesis que no existían razones valederas para vincular a G... al proceso penal, a pesar de lo cual se dictó en su contra medida de aseguramiento, que por lo demás se hizo efectiva, causando a éste un perjuicio que no estaba en la obligación jurídica de soportar, advirtiendo que tal como se mencionó en la parte inicial de esta providencia, el pago de las condenas que se impongan se cancelarán con cargo al presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, en virtud de la autonomía que en ese aspecto tiene la mencionada entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2699 de 1991.

Por tanto se confirmará el fallo apelado en cuanto declaró la responsabilidad estatal».

(Sentencia de 5 de agosto de 2004. Expediente 14.358. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar).

(2) En Colombia, según lo preceptuado en el artículo 116 de la Constitución de 1991, administran justicia la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales, los jueces, y los jueces penales militares; en algunos casos el Congreso de la República (arts 174, 178, num. 3º), excepcionalmente también algunas autoridades administrativas (aunque no les está autorizado la instrucción de sumarios ni juzgar delitos), como es el caso de la Superintendencia de Sociedades, lo mismo que los particulares en la condición de conciliadores, árbitros, jueces de paz, y las autoridades de los territorios indígenas.

(3) Como es el caso de los autos mediante los cuales se pone fin al proceso judicial, v.gr. cesación de procedimiento penal, aprobación de conciliación judicial, perención del proceso, aceptación de desistimiento de la demanda, etc.

(4) Véase el recuento jurisprudencial que sobre el particular se hace en las sentencias del 24 de agosto de 1990 y 10 de mayo de 2001 de la Sección Tercera de la corporación, expedientes 5451 y 12.719, respectivamente.

(5) Ver sentencia del 14 de febrero de 1980, expediente 2367 y auto del 26 de noviembre del mismo año, expediente 3062. No obstante, en sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la corporación del 16 de diciembre de 1987, se estableció que la responsabilidad patrimonial del Estado sí resultaba comprometida con ocasión de la actividad jurisdiccional, cuando quiera el juez aún actuando dentro del ejercicio de sus funciones acudiera o incurriera en vías de hecho o irregulares, porque, en tales eventos —se dijo— no se le podía exigir a la víctima del desborde público individualizar al autor mismo de la función mal prestada para poder obtener de éste la reparación del perjuicio sufrido.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de septiembre de 1994, expediente 9391.

(8) Idem.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 8.666.

(10) Otros casos de detención injusta, distintos a los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser por ejemplo los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación lo sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 10.056.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

(13) Idem.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601. En similar dirección, véase la sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

(15) Sobre la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, se pronunció esta Sala en sentencia del 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, extendiéndola a casos en que la absolución se ha producido por razones distintas a las previstas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y concretamente por aplicación del principio in dubio pro reo.

(16) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.

(17) GARCÍA PONS, Enrique, Op. cit., pág. 234.

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